Ene 29, 2019 | Comunidad, Novedades
Colegio Secundario Mariano Acosta, Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2016, el Consejo Federal de Educación firmó la Resolución 311/16. Uno de sus puntos clave es la prohibición a las escuelas de negar la inscripción por motivos de discapacidad y rechazar la posibilidad de que los directivos deriven alumnos a escuelas especiales. Si bien esta norma significó importantes avances en la certificación de los estudiantes, los erráticos avances en el proceso de conversión educativa a los términos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la falta de políticas públicas en este aspecto llevan a las familias a una lucha interminable. Exclusión, rechazo, discriminación, inaccesibilidad física, son algunos de los problemas con que tienen que lidiar todos los días para garantizar la educación de sus hijos.
“Pasaba -y en muchas jurisdicciones sigue pasando- que las escuelas se negaban a certificar los títulos de estudiantes que cursaban con un proyecto pedagógico individual. Podía ocurrir que un chico transitara toda la escuela primaria sin poder pasar a la secundaria, debido a no estar certificado, porque la escuela consideraba que no era igual de válido su proceso educativo. A esto responde la Resolución 311”, explica Gabriela Santuccione, de Grupo Artículo 24. Si bien la Resolución fue firmada por todos los miembros del Consejo Federal de Educación, no en todas las provincias se aplica de la misma manera, o en ciertos casos directamente se la niega. Esta falencia genera que las familias deban estar muy informadas para poder acceder a los derechos que tienen sus hijos.
El caso de Gregorio es un ejemplo. Su padre, Omar Coronel, destaca el haber contado con el acompañamiento necesario para su hijo con síndrome de down, en gran medida gracias al accionar de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Pero si bien resalta el rol de la organización gremial, considera que tanto la sociedad como las familias carecen de información sobre el tema. Para Coronel, desde su experiencia, “el mayor problema está dado por el desconocimiento de la familia y de parte de la sociedad. Falta saber, por lo menos, cómo enfrentar a las instituciones y cómo hacer valer los derechos de los hijos. La mayoría no sabemos cómo desempeñarnos como padres frente al sistema educativo”.
Grupo de Padres TGD/TEA es un espacio de reunión que surge como necesidad de las familias de chicos con discapacidad, de brindarse mutuamente la información y, especialmente, el acompañamiento que se les obstruye. Se trata de una organización que apunta a socavar las fuerzas del desamparo y la marginación que sus hijos viven en las escuelas. Así lo cuenta Pamela Ratto, madre de Thiago: “Todo el tiempo encontramos barreras en la educación de los chicos. Es una sensación de desesperación y dolor. Rebuscamos apoyos que nos deberían dar las instituciones educativas. Es una pelea constante que nos desgasta a todos”.
Una de las barreras que destaca Pamela, tiene que ver con los acompañantes que muchos chicos con discapacidad requieren en el ámbito escolar. “En vez de venir de la escuela, el acompañante de cada chico hay que pedirlo a la obra social. Es una función que en realidad debería realizar el maestro integrador, pero éste va una sola vez por semana -con suerte- y una o dos horas. No alcanza. Y ni hablar si no tenés obra social, lo que cuesta el acompañamiento de los chicos es inalcanzable”, denuncia.
Pese a la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su perspectiva respecto de la inclusión educativa, las trabas y barreras que las familias enfrentan dificultan considerablemente el ingreso y permanencia de sus hijos en la educación. “Hay padres que todavía eligen las escuelas especiales porque consideran que no tienen opción. O ceden y segregan a sus hijos o enfrentan una lucha agotadora”, cuenta Celeste Fernández, de ACIJ.
Muchas son las dificultades que Celeste señala y permiten dar cuenta de esta elección. Escuelas que se niegan a adaptar la currícula, derivaciones arbitrarias a escuelas especiales en cualquier momento del año, rechazo de inscripción, deslegitimación de los proyectos pedagógicos, entre tantas otras. “Hay familias que han sido rechazadas en más de 30 escuelas”, finaliza.
Tamara es madre de Lucía, una nena de cuatro años con discapacidad motora que reduce la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo y trae problemas en el desarrollo del lenguaje. Lucía ha pasado por infinidad de médicos, especialistas y tratamientos. Ha tenido graves problemas de salud, siempre con garra y saliendo adelante ella misma. Pero la exclusión no es medicable.
“Lucía es súper sociable. Aunque es la más chiquita no le costó integrarse, se hizo amigos, desarrolló a la perfección su socialización, que es el proceso más importante en la educación inicial. Sin embargo, todo el tiempo encontramos barreras simbólicas. De repente, la integración de Lucía era excelente pero los directivos cuestionaban que no sabía los colores, poniendo el foco en conocimientos más avanzados y en esa etapa irrelevantes. O se nos pedían más requisitos que los legales para la entrada de acompañantes. Vimos mucha falta de información y de predisposición”, cuenta Tamara, quien recorrió más de 40 escuelas hasta encontrar una que incluyó a su hija.
Las familias reconocen reticencia por parte de los establecimientos educativos y de muchos docentes para adaptarse a las necesidades de cada chico en su diferencia. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones edilicias tampoco acompañan?
Cecilia González, arquitecta en Rumbos, cuenta cómo, en áreas como el Conurbano bonaerense, donde los colectivos no están adaptados, llegar a la escuela por su cuenta es una odisea para los chicos con discapacidad motriz. Pero además, cuando lo logran, “si hay rampas en general las hay en la entrada, pero se colocan aulas o laboratorios en pisos superiores y no hay ascensor. Otro de los problemas que más dificulta la estadía de los chicos en la escuela es la falta de baños adaptados. Pocas son las escuelas que los tienen. El baño es uno de los factores que más restringe la permanencia, como también las condiciones ambientales generales de la escuela”, concluye.
Ene 1, 2019 | destacadas, Noticias en imágenes
Familiares, amigos y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón homenajearon, como cada 30 de diciembre, a las 194 víctimas del incendio de 2004. Se realizó una misa en la Catedral Metropolitana, seguida de un acto en la Plaza de Mayo en el que se recordaron los nombres de las víctimas. Luego, una vez más, marcharon hacia el santuario en el barrio de Once.
Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades
Diego Bossio, diputado electo originalmente por el Frente para la Victoria y ex titular del Anses durante el kirchnerismo, es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011, que regula la fabricación y comercialización a un precio único de pasta celulosa y papel para diarios. La iniciativa contó en en la Cámara Baja con el apoyo del bloque oficialista, del massismo y de la UCR, y fue aprobada por 127 votos a favor, mientras que hubo 66 en contra y 3 abstenciones.
“La aprobación de esta propuesta implica una vuelta a la situación previa al 2011, es decir, a la desregulación del sector de producción y distribución del insumo fundamental de los medios gráficos”, explicó a ANCCOM Daniel Badenes, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “Con la reglamentación vigente, Papel Prensa tiene que operar de acuerdo a su capacidad productiva y de acuerdo a la demanda de todos los diarios del país. Si se legaliza la iniciativa, la empresa ya no tendrá la obligación de informar su stock, su capacidad de producción, ni de establecer un precio único para toda compra de más de una tonelada de papel”, puntualizó.
“El proyecto consolida una posición dominante de los que tienen acciones en Papel Prensa como Clarín y La Nación, siendo los principales beneficiados con la aprobación de esta medida, como también de un grupo de medios gráficos que tienen fuerte presencia en las capitales provinciales que le compran a la empresa y que tienen un precio convenido. Quedan afuera los medios más pequeños, regionales o de baja tirada”, dijo, por su parte, Diego Rossi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “El Estado que entiende que el papel es más que una mercancía debería tener una política activa en proteger a los pequeños. No es el caso porque tenemos un Estado cuya política es avanzar en lo que le conviene a los más grandes”, agregó.
La iniciativa dificulta cada vez más el funcionamiento de medios autogestionados, que, según Rossi, se encuentran bajo una “tormenta perfecta”: “Por un lado, producto de la macroeconomía, tienen un aumento del costo del papel que va de un 110 a un 120%. Por otro lado, el aumento de combustibles que impacta sobre el precio de los fletes, y la devaluación hace que no puedan importar papel. Esta situación tiende a que se vendan menos diarios”, explicó. Además la desregulación podría transformarse en un obstáculo para acceder al insumo en las pequeñas y medianas publicaciones de todo el país, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo, provocando censura indirecta y restricciones a la libertad de información. “Las consecuencias serán ahogar aún más a la prensa gráfica independiente, lo que implicará un achicamiento del sector y afectará a toda la industria, incluyendo a trabajadores de imprenta y vendedores de diarios”, detalló Badenes.
En la defensa de su propuesta, el diputado justicialista argumentó: “Los medios gráficos están atravesando un proceso recesivo independientemente de la macroeconomía, debido a un cambio tecnológico. Hoy cuesta más una tapa impresa que la suscripción digital, por eso se venden menos diarios». Por otro lado sostuvo que la ley en siete años no funcionó, y que al consultar con diferentes medios provinciales, el precio del papel no ha mejorado. Sin embargo, Badenes comentó que las representaciones de diarios cooperativos, de provincias, revistas culturales y sindicatos de prensa no fueron consultados y están en alerta contra el avance de esta resolución.
Diego Bossio es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011.
Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADRICCRA,) habló al respecto con esta agencia y manifestó: “Esta medida concentra la comunicación en los aliados a la empresa distribuidos en grandes centros urbanos, lo que impide que los medios independientes cooperativos asuman el rol de generar un contrarrelato sobre la realidad de todo el país”. Delgado también hizo referencia a la preocupación de la FADICCRA ante la posible sanción del proyecto: “Significaría una negación al derecho a la información y un gran golpe a los trabajadores de la comunicación autogestionada porque supone la negación de espacios, de voces, y de posibilidades de expresión popular, sindical y universitaria que muchas veces se proveen de papel para sus publicaciones y ya no tendrán los medios para hacerlo”.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
Resistencia organizada
La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. es una empresa recuperada por sus trabajadores que produce tapas para empanada, pascualina, copetín y pastel en su fábrica del barrio porteño de Chacarita (Girardot al 345) y comercializa sus productos en el local de venta al público ubicado en Boedo (Avenida Juan de Garay 3768). Al día de la fecha, La Litoraleña se compone de 55 asociados.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes, con la intención de seguir trabajando allí hasta mayo de 2019, fecha límite autorizada por el Juzgado Comercial Nº 18 para que se sustancie todo el expediente de quiebra de la firma.
Sin embargo, sorpresivamente se dictó remate para el pasado 28 de agosto. Así lo relata Luis Baini, presidente de la cooperativa: “Nos llegó la notificación de que se venía el remate una semana antes, el 21. Tuvimos poco tiempo para movernos, hicimos lo que estaba al alcance con nuestro abogado y los compañeros encargados de la gestión”.
En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes.
El 24 se presentó en la fábrica una oficial de justicia, y lo primero que hicieron los trabajadores organizados fue impedir que ingrese al inmueble. Se llamó a la fuerza pública, aunque la resistencia fue totalmente pacífica.
“El 27 volvieron a presentarse para la exhibición pero esta vez estuvimos mejor organizados: vinieron compañeros de cooperativas, federaciones, hubo medios de comunicación también presentes y una vez más pudimos zafar”, comenta Baini.
Durante las primeras horas del martes 28 de agosto, los cooperativistas de La Litoraleña respiraron aliviados: la subasta había quedado sin efecto. Los trabajadores se hicieron presentes en la Liga de Rematadores, en el barrio porteño de Almagro, y allí fue comunicado oficialmente que la cooperativa seguía de pie.
Los trabajadores están muy bien organizados, acompañados por cooperativas y federaciones.
“Lo cierto es que ese inmueble no pertenece a la quiebra, está a nombre de la persona física y por eso mismo lo querían rematar, pero un fallo del Juzgado Comercial Nº 18 nos vuelve a dar la razón”, aclara Baini. E inclusive lograron la habilitación municipal para elaborar productos alimenticios, documentación que nunca había obtenido el anterior dueño.
Los trabajadores agradecen profundamente el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) durante este proceso y todos los que debieron sortear. Un nuevo revés de la justicia había sido superado.
Acreedores buitres
Maciel Santos es uno de los 55 cooperativistas. Trabaja desde hace 26 años en La Litoraleña y tres desde que es autogestionada. Recuerda con orgullo esos orígenes: «Fue una decisión conjunta tomar la fábrica ante la falta de respuestas del dueño y después de que amenazara con echar a 29 compañeros. Eso nos convenció de que teníamos que resistir y hacernos cargo de la fábrica por nuestra cuenta para poder llevar el plato de comida a nuestras casas”.
Durante un año sostuvieron la toma junto a distintas cooperativas y con apoyo del barrio, exigiendo al juzgado correspondiente el permiso para poder producir. Tras un año y medio de lucha consiguieron el permiso laboral y se constituyeron como cooperativa, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y permiso judicial para producir.
“Hace un par de semanas nos enteramos que acreedores buitres que tomaron deuda generada por el ex dueño querían rematar el inmueble donde estamos trabajando. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 50 años o más, y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo nos resultaría casi imposible”, cuenta Santos preocupado.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operacione
Por su parte, Fabián Pierucci es el único que sin ser de la planta de trabajadores de la fábrica, logró formar parte de La Litoraleña. Vivió también momentos críticos, que van desde el proceso de toma hasta la constitución como cooperativa. Es integrante de FACTA y economista.
Actualmente está a cargo del área de planificación: desde allí se emprenden los proyectos productivos, la planificación de ventas, financiamiento y compra de insumos. “Nos juntamos una vez por semana los responsables de cada sector y hacemos la tarea de planificación”, sostiene.
Pierucci reconoce el importante aprendizaje de los trabajadores a partir del proceso de quiebra: “Cuando cerraron la fábrica no había quedado ni un solo trabajador administrativo, ni un vendedor, los únicos trabajadores que quedaron eran de planta. Aprendieron las tareas que antes no hacían y hoy tenemos una verdadera gestión obrera de la producción”, relata.
La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operaciones. “La situación económica es terrible, es muy difícil de afrontar con el costo de las materias primas que nosotros utilizamos como trigo y harina, ni hablar de los otros insumos que están dolarizados. Ahora también se suma la persecución de parte de la Justicia”, afirma Baini el presidente de la cooperativa. Una vez más, la economía social es bandera de resistencia frente al ajuste.
Feb 21, 2018 | Comunidad, Novedades
Cientos de vecinos del barrio de Colegiales realizaron el último sábado un festival en la esquina de Concepción Arenal y Conde en defensa de la Plaza Clemente. El predio está catalogado en el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización parque, es decir espacio verde de uso público. Sin embargo, un cartel de obra anuncia la construcción de cocheras subterráneas y locales comerciales.
El evento fue organizado por un grupo de vecinos autoconvocados que desde hace años esperan que el gobierno porteño cumpla la ley y construya la Plaza Clemente. “El Gobierno de la Ciudad incumple las dos leyes que establecen que acá tiene que haber una plaza. Una de esas leyes es la reforma del Código de Planeamiento Urbano que, entre las distintas zonificaciones que establece en toda la ciudad, habla específicamente de este predio y lo designa como urbanización parque, y la otra es una ley de la legislatura votada por unanimidad en el año 2013 que decidió que esta plaza se llame Clemente en homenaje a Caloi”, explicó Ernesto Golomb, vecino de Colegiales.
En acción: Tute y Rep realizaron grandes dibujos de Clemente sobre los carteles que rodean el predio.
Durante el festival hubo música en vivo, actividades participativas para chicos e intervenciones artísticas de distintos dibujantes. Los vecinos organizaron además una colecta de alimentos no perecederos para, a través del grupo Mafalda Consciente, donar aquellos a distintos comedores.
Reconocidos dibujantes como Tute y Rep realizaron sobre los carteles que rodean el predio grandes dibujos cuya figura principal fue Clemente, la creación de Caloi, padre del primero de los artistas mencionados. Tute, quien fue además unos de los principales difusores del evento, destacó: “Fundamentalmente lo que acá se está exigiendo es que se cumpla con una ley votada en la legislatura porteña en el año 2007, estamos reclamando que se construya la Plaza Clemente y que se desanden los pasos de la idea de poner acá un centro comercial con un estacionamiento subterráneo. Desde lo personal el reclamo es no solo como habitante de la ciudad de Buenos Aires sino también como hijo de Caloi, que es el homenajeado en esta plaza”.
Una de las vecinas exhibe lo que debería ser la Plaza Clemente.
Maquetas hechas por los mismos vecinos ilustraban lo que debería ser el predio según la ley y en lo que se convertiría con el proyecto licitado. “La idea del gobierno es construir dos grandes bloques de cemento con negocios a cielo abierto y arriba, como para justificar que esto sigue siendo urbanización parque, poner pasto en la terraza”, afirmó Graciela Magan mientras explicaba una de las maquetas.
Colectivos barriales, figuras artísticas y agrupaciones políticas diversas se hicieron presentes en el lugar para mostrar su apoyo al reclamo de los vecinos. “Hay una ley que explícitamente indica que acá se debe construir una plaza y sin embargo el gobierno porteño quiere hacer un shopping. Hay en la ciudad toda una política de enajenación del patrimonio público y a favor de los grupos inmobiliarios”, sostuvo Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Refiriéndose al proyecto de construcción del shopping y a la licencia otorgada Ernesto Golomb afirmó: “Hay una política desde el gobierno de la ciudad de limitar el desarrollo de los espacios verde y promover emprendimientos comerciales que son un negocio en sí mismo, acá se le estaba dando a la empresa una concesión por treinta años por un canon ridículo”.
El festival contó con una numerosa presencia de vecinos.
Melisa Brarda, vecina de Colegiales y una de las organizadoras del festival, expuso la necesidad de un nuevo espacio verde para el barrio: “Este predio por ley debería ser un espacio verde y público, con acceso libre para todos aquellos que quieran utilizarlo, con vegetación y árboles y con suelo absorbente. Un estacionamiento subterráneo evitaría que escurra el agua de lluvia y modificaría la dinámica del barrio”. Y agregó: “Según la Organización Mundial de la Salud tiene que haber diez metros cuadrados de espacio verde por habitante mientras en la ciudad hay menos del 10% de lo que debería haber”.
El predio en cuestión fue foco de conflicto durante muchos años. En un tiempo Canal 9 lo ocupó y lo usó como depósito de materiales. y también fue una sede del Mercado de Pulgas mientras su predio original era refaccionado. Además, estuvo durante años directamente abandonado.
Algunos de los carteles realizados por los vecinos que exigen el cumplimiento de la ley.
Los vecinos están convencidos de que el festival y la difusión del reclamo van a lograr que la Plaza Clemente por fin se concrete. “A partir de la presión que se fue generando, (Diego) Santilli, vicejefe de gobierno, anunció en una entrevista radial que no se va a hacer el emprendimiento comercial porque la empresa que ganó la licitación ante el escenario de conflicto decidió bajarse. Lo cierto es que todavía está vigente el decreto que le dio el predio a esa empresa en concesión para hacer la obra, con lo cual nosotros estamos pidiéndole a Santilli que firme un compromiso de que se va a hacer la plaza como corresponde. Acá una ley y hay que cumplirla”, concluyó Ernesto Golomb.
