Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo
Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.
En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.
Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.
“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.
Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.
Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.
El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.
Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.
Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.
Ago 10, 2016 | inicio
«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
Actualización 10/08/2016
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
