Un proyectil en la comunidad de Ivanyan, en la región separatista de Nagorno-Karabaj.
Armenia es un país de mayoría cristiana ortodoxa, con características étnicas particulares y un alfabeto propio. Está situada en una región de mayoría musulmana chiita. Entre 1915 y 1923 se desarrolló el Genocidio Armenio a manos de los llamados Jóvenes Turcos quienes respondían a los intereses del Imperio Otomano. Esto incluyó matanzas y migraciones forzadas, y se estima que cerca de 1,5 millones de armenios fueron asesinados. Esta masacre dio origen a la diáspora armenia, un proceso migratorio que llevó a la constitución de comunidades por el mundo. De los 12 millones de armenios, sólo 3 millones viven en su nación. Por otro lado, está Azerbaiyán, un país de afinidad etnico-religiosa con Turquía, que triplica a su vecina Armenia en población, territorio y PBI. Su economía explota recursos gasíferos y petrolíferos que Azerbaiyán explota del mar Caspio, y exporta a Israel y el sur de Europa.
Cronología de una guerra anunciada
En 1988 se inicia un conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán conocido como la guerra del Alto Karabaj. Ocurrió durante la desintegración de la Unión Soviética tras la fallida reestructuración económica de Mijail Gorvachov. En 1991, Nagorno Karabaj se proclama República Independiente, pero no recibe ese reconocimiento por la comunidad internacional. En 1994, un alto al fuego puso fin a la disputa por Artsaj. En esa disputa los armenios tomaron los territorios que rodean a Artsaj para conformar un cordón de seguridad y facilitar el vínculo con el territorio, desplazando a los azeríes de la zona. Las tensiones permanecieron y en 2016 hubo una nueva escalada que llevó a la “Guerra de los 4 días”. A mediados de 2020 comenzaron nuevamente las tensiones y para septiembre se recrudece el conflicto.
Aquí amerita una aclaración, “es la primera vez que el conflicto militar en 30 años tiene un nivel tan alto y dura tanto tiempo”, sostiene Paulo Botta, analista y profesor universitario especializado en Medio Oriente.
Muchos analistas entienden que estos enfrentamientos son de origen religioso, pero existen divergencias al respecto.
Al enfrentamiento se suma un nuevo problema: las acusaciones cruzadas y las dificultades para esclarecer los hechos. Mientras Armenia sostiene que los azeríes atacan a civiles e involucran sicarios sirios en el conflicto, los azeríes señalan que los armenios disparan misiles contra su segunda ciudad más importante.
Muchos analistas entienden que estos enfrentamientos son de origen religioso, pero existen divergencias. Según Botta “es un juego geopolítico. Acá estamos hablando de un territorio, no es un conflicto religioso”. En otro sentido, Claudio Fantini, periodista y politólogo, entiende que la religión juega un rol importante pero que esta “debe ser entendida como un molde cultural. El cristianimo y el islam pasan a ser una forma de ver el mundo y relacionarse”. Ambos coinciden en que las dimensiones del territorio no son nada desdeñables.
El español Jorge González Márquez, periodista de Descifrando la guerra, sostiene que “el componente étnico es fundamental para la comprensión histórica del conflicto. En su origen éste se debe a las aspiraciones de una población -respaldadas por un Estado- en territorio azerí que, debido a sus diferencias étnico-religiosas con la mayoría de la población azerí, busca alcanzar la independencia o la unificación con un tercer Estado, que les respalda, y con el cual se sienten más identificados”. González Márquez agrega la importancia histórica de la región para ambas naciones. “Susha, para Azerbaiyán, y Stepanakert, para Armenia, son ciudades con notable relevancia en la construcción de su mito histórico”. “No podemos ignorar el hecho de que la región posee una importante riqueza mineral”, agrega.
Una casa dañada durante los enfrentamientos entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas en el distrito de Tartar.
¿Qué hace el resto del mundo?
La comunidad internacional siempre fue activa en este conflicto. En 1992 se formó el Grupo de Minsk para resolver el enfrentamiento, encabezado por Rusia, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, hoy los países del cáucaso toman acciones independientes. “Desde que se reinició el conflicto, se ve un activismo muy fuerte por parte de Turquía, [que] está alentando a Azerbaiyán y le está brindando todo su apoyo”, sostiene Fantini, en tanto explica que “desde que llegó al poder Erdogan, uno ve un proceso de sultanización del cargo de gobernante en Turquía”
En el mismo sentido, Botta considera que “Turquía está con una política exterior muy asertiva, muy activa en toda la región del mediterraneo oriental. Ahora en el Cáucaso se ha posicionado de una manera clarísima del lado de Azerbaiyán. (…) se ha convertido en un vínculo muy claro el apoyo turco a nivel militar”.
Otro interrogante es la participación de Rusia, que tuvo un rol clave en el alto al fuego del 94. Por su afinidad con Armenia, se esperaba un rol más activo porque “Armenia forma parte de las grandes instituciones de cooperación euroasiática guiadas por Rusia, particularmente la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la cual el ataque a una de las partes debe ser considerado como un ataque a todas”, sostiene Botta.
Sin embargo, Rusia mantiene neutralidad diplomática. “El gobierno actual de Armenia [con Nikol Pashinian como Primer Ministro, electo luego de la Revolución del Terciopelo en 2018] tiene una relación muy tensa con el ruso. Entonces, a pesar de que Armenia tiene una estructura de vinculación histórica muy fuerte con Rusia, y existe una base rusa en la segunda ciudad de Armenia, Gyumri, con tropas rusas que se hacen cargo de la seguridad en las fronteras entre Armenia e Irán, y Armenia y Turquía. A pesar de todo eso, la relación con el actual gobierno armenio no es muy buena. Y esa sería una de las causas por las cuales ha sido tan tibia la respuesta de Putin”.
Rusia es además el principal socio comercial de Armenia. Las remesas enviadas por armenios en aquel país no son menores. Al cierre de esta edición, Putin apelaba a la colaboración de Erdogan para respetar el “alto al fuego” y desescalar el conflicto.
Estados Unidos y la Unión Europea no toman una postura clara en el conflicto.
Mientras tanto, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos no toman una postura clara. Desde la UE, Francia “se posicionó de manera muy clara del lado armenio. En este caso no tiene solamente que ver con Azerbaiyán sino sobre todo con Turquía, porque Francia en los últimos dos meses ha chocado con Turquía por las fronteras en el mediterraneo con Grecia, por la política turca en Libia, y por los yacimientos de gas en el mediterrano oriental.” dice Botta.
Otro actor para atender es Irán, con el cual limitan los dos países. “Se considera que el 20 por ciento de la población iraní son azeríes, hay más azeríes en Irán que en Azerbaiyán”, detalla Botta, quien agrega que “ha habido varios intentos de reunificar a los azeríes del norte con los azeríes del sur, y eso no es algo que le agrade mucho a Irán”. En el mismo sentido, Fantini prevé que el temor de Irán “es que los azeríes, si se vuelven fuertes con el apoyo de Turquía, busquen crecer territorialmente”.
Israel también tiene un interés estratégico. Armenia denunció la venta de armas por parte de Israel a los azeríes y como respuesta retiró a su embajador en el país. Este accionar no es arbitrario: “El 40 por ciento del petróleo que consume Israel es azerbaiyano”, analiza Botta, y agrega que “esta relación también beneficia a Israel. Mientras la relación entre Israel e Irán es cada vez más tensa, Israel tiene un aliado en la frontera de Irán, lo que no es menor”.
Sobre una posible resolución, los panoramas son poco alentadores y diversos. “Si Azerbaiyán impone su poder sobre Nagorno Karabaj, no sé si va a seguir permitiendo que la mayoría sea armenia. De un modo u otro van a empezar a hacer limpieza étnica para turquificar ese territorio”, advierte Fantini.
Botta, por otro lado, considera que un escenario así es poco probable y resultaría contraproducente para Azerbaiyán, porque busca convertirse en un actor relevante de la comunidad internacional. Respecto a las posibles reconfiguraciones de la región,
González Márquez agrega que podríamos estar frente a un nuevo escenario geopolítico. “El primero de estos cambios sería la entrada de Turquía como un actor central para la región, algo que ocurriría si Azerbaiyán consigue imponer su criterio en el proceso diplomático o una victoria militar.El segundo sería el potencial ‘retorno pleno’ de Armenia a la esfera de influencia rusa, y el tercer cambio destacable sería el declive final de la influencia occidental en la región”.
Al cierre de esta edición, seguía vigente el alto al fuego impuesto el sábado 10 de octubre, que fue incumplido por ambos países a pesar de la insistencia de la comunidad internacional en respetarlo y evitar la escalada del enfrentamiento armado.
Misa por la paz
Carlos Varty Manoukian, presidente del Centro Armenio de la República Argentina, explica la posición de la comunidad local y la “misa por la paz” realizada el miércoles 14 de octubre.
Carlos Varty Manoukian, presidente del Centro Armenio de la República Argentina
¿Qué interpretación hace del conflicto?
El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán no se puede entender si no se aplica una visión retrospectiva. Para entender el día de hoy, hay que conocer la historia del Imperio Otomano y su heredera, Turquía. El único obstáculo frente al panturquismo fue y es Armenia y su pueblo. A partir de 1850 hasta 1922 inclusive, lo intentaron por medio de matanzas y deportaciones. Esto resultó en que el 70 por ciento de los armenios fueron asesinados y hoy, con los ataques a poblados indefensos, hospitales e iglesias, Turquía y Azerbaiyán quieren terminar el trabajo. Turquía y Azerbaiyán tienen 90 millones de habitantes, contra Armenia y Artsaj con 3 millones. Turquía y Azerbaiyán ocupan una superficie de casi 900 mil km cuadrados, contra Armenia y Artsaj de casi 50 mil. Es una lucha terriblemente desigual.
¿Qué esperan de la comunidad internacional?
De la comunidad internacional esperamos que frenen a Turquía, que es quien insufla a Azerbaiyan. Las grandes potencias tienen que parar a Turquía en este macabro plan expansionista. Hoy Turquía crea conflictos con Grecia, Siria, Chipre, Libia, Egipto y Armenia.
¿Qué cree que sería necesario para que se dé fin al conflicto?
Para darle fin al conflicto Azerbayán debe sentarse en la mesa de conversaciones ya formada del grupo de Minsk y buscar una salida pacífica al conflicto. Armenia y Artsaj no quieren la guerra, lo único que buscan es vivir en paz.
Misa por la paz, organizada por la comunidad armenia argentina.
¿Cuál es el impacto humanitario de este enfrentamiento?
El impacto humanitario de no parar con este ataque, va a ser otro genocidio.
Se está destruyendo una arquitectura milenaria. Están bombardeando pueblos y ciudades y se está matando a la población indefensa. De no parar, van a completar el genocidio de armenios y la desaparición de Armenia; más la desestabilización de toda la región del Cáucaso.
Si pudiera decirle algo a sus compatriotas en Armenia y en la República de Artsaj, ¿qué les diría?
A mis compatriotas les diría que ellos deben resistir a cualquier precio por la defensa de sus vidas y sus tierras, y que no están solos, la enorme diáspora los acompaña luchando mediante la exposición y la búsqueda de gobiernos que apoyan esta causa.
Marcha de la comunidad boliviana de la Argentina en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
El domingo 18 de octubre será un día clave para Bolivia: las elecciones, largamente esperadas y postergadas, finalmente llegarán y marcarán un momento bisagra en su historia. Mucha agua -también sangre- corrió debajo del puente desde el día en que Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia y exiliarse.
El voto de los residentes en Argentina es de suma importancia, siendo el país del exterior con más ciudadanos bolivianos (del 4,7 por ciento del padrón que corresponde a bolivianos que residen en el extranjero, casi la mitad vive en nuestro país). Tal es así que en las últimas semanas se generaron una serie de cruces, desde el discurso de Jeanine Áñez en la ONU acusando al gobierno argentino de “acoso sistemático”, hasta el tweet del candidato Luis Arce agradeciendo “al gobierno y pueblo argentino por garantizar el derecho al voto de la comunidad boliviana”. Entre tanto tironeo, en un clima de altísima tensión -como no puede ser de otra manera cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la democracia- la comunidad boliviana en Argentina tiene mucho para decir.
De este lado de la frontera, la colectividad boliviana siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en su país desde el golpe. “No hay palabras siquiera para hablar de lo que pasó porque nosotros sabemos que se ganó limpiamente y luego nos han sacado a la fuerza. Nuestros parientes que están en Bolivia la han pasado bastante mal, han sido bastante maltratados. Les han cerrado la boca a golpes. Nosotros tratamos de confiar en que en esta vuelta se pueda volver a ganar pero hasta ahora todavía siguen lastimando y eso genera miedo”, relata Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy de General Rodríguez.
“El pueblo estaba convulsionado, nadie entendía por qué (Evo Morales) había renunciado. Nos marcó muy fuerte ese momento. Es algo que va a dejar una marca muy profunda en la historia, no se va a olvidar nunca”, cuenta Oscar Caiguara, presidente de la Cooperativa para Hortifruticultores 2 de Septiembre de Pilar -visitada por Morales en enero- y también de las Instituciones Unidas de la Zona Norte, Este y Oeste, y agrega: “Este gobierno de facto ha demostrado que no puede gobernar, que no tienen un sentimiento patriótico ni democrático, no aman a Bolivia”.
Se espera un clima de mucha tensión para el día de los comicios.
La fórmula del MAS encabezada por Luis Arce lidera ampliamente la intención de voto. La apuesta de quienes apoyan al ex ministro de Economía de Evo Morales es ganar en primera vuelta y evitar el ballotage con Carlos Mesa, donde el escenario podría complicarse para los sectores populares e indígenas. “Venimos siguiendo las declaraciones del gobierno de facto, como las del ministro (Arturo) Murillo, que vienen operando para desestimar que gane el MAS; advierten que si ganara no van a aceptarlo porque sería fraude. No pueden decir de antemano que va a haber fraude en una elección que no se ha hecho, salvo que piensen en desconocer la voluntad del pueblo”, apunta Luis Fernando Hinojosa, presidente de la colectividad boliviana de Baradero “Juana Azurduy de Padilla”.
En este sentido, desde la Agrupación Cultural Sangre Minera, Mario Chambilla afirma que “en las elecciones sí o sí va a haber tensión. Se viene una pelea larga, nadie va a querer dejar el mando. La verdad es que duele -agrega-. Desde lejos, además, no podemos defender, salir a la calle a repudiar. Nosotros estamos lejos, pero igual lo sentimos mucho. Siempre al país lo manejan los imperialistas, los terratenientes, las empresas grandes que Evo sacó. No les gustó e hicieron lo que hicieron: el golpe”.
Como desde un principio sentenció Evo Morales, la disputa por los recursos naturales, específicamente el litio, es un factor clave detrás del golpe. “El gobierno de facto implementó políticas impulsadas desde el exterior, básicamente desde Estados Unidos, por el deseo de la obtención de los recursos naturales de Bolivia. En el último gobierno de Morales, se nacionalizaron los recursos naturales, como litio y petróleo, en beneficio del pueblo. Bolivia tiene la mayor reserva del mundo de litio, que es una energía limpia que está en toda la tecnología que utilizamos, como computadoras y teléfonos. Hay quienes quieren ese mineral para intereses particulares, y para eso quieren manejar Bolivia”, analiza Hinojosa, docente de informática en Baradero. “Creemos que esto es algo que en este momento se está llevando a cabo en Bolivia pero que las potencias lo tienen pensado para toda Sudamérica”, concluye.
Esta disputa no es nueva, sino que la historia de Bolivia siempre ha estado marcada por el saqueo de sus riquezas con base en la explotación de los trabajadores. Al respecto, el presidente de la Agrupación Sangre Minera relata que “años atrás, los mineros luchábamos por el pago, ya que siempre había dos o tres empresarios que eran los que dominaban toda la minería y la riqueza se la llevaban para ellos. La lucha siempre fue minera, si no se levantaban los mineros íbamos a seguir siendo dominados. Fueron más de 500 años de robo y explotación. Ahora hay que defender lo que queda que es el litio: y ellos están en busca de eso. Siempre fuimos esclavos -concluye- y con el gobierno de Evo Morales eso cambió, por eso queremos que vuelva”.
En agosto pasado, la Central Obrera Boliviana reclamó la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
Caiguara, oriundo de Potosí, resalta que “Bolivia ha pasado muchos atropellos y humillaciones. Por muchas generaciones se ha luchado por el gas, por el agua, Bolivia ha sido muy golpeada. El golpe de Estado militar, cívico y policial está marcando a toda una generación. Y el pueblo no va a permitir ser sumiso y machacado nuevamente. Mucho tiempo nos han humillado. Ahora es el momento de recuperar la democracia, la dignidad y la soberanía de nuestro país. Lo único que han demostrado es querer saquear a Bolivia, sus recursos naturales, ultrajar y discriminar a nuestros hermanos bolivianos”.
Los 14 años de gobierno del MAS fueron un punto de inflexión en ese aspecto. Afirma Lucía Pari, también nacida en cercanías a Potosí, que “Evo Morales defendió los derechos de la gente campesina fundamentalmente, la gente pobre, las mujeres de pollera que antes no teníamos derecho ni de hablar. Años atrás han explotado mucho a Bolivia y el hermano Evo frenó eso, adelantó mucho al país, eso nadie lo puede negar”.
En este sentido, Hinojosa, que llegó a este país desde Cochabamba en 1993, agrega que “la mayoría de quienes estamos en Argentina hemos venido a buscar una mejor situación económica. Cuando me vine, mi país tenía una situación muy difícil, no había perspectivas de mejora, pero el presidente Morales cambió esto, generó un desarrollo económico y eso empezó a alentar la integración. Las empresas estaban progresando, Bolivia estaba creciendo, pudo pagar su deuda con el FMI, logró tener reservas muy grandes y estaba apuntando inclusive a un desarrollo tecnológico. También se logró salir del analfabetismo, se crearon universidades, se estaba apuntando a una salud integral y gratuita como tiene la Argentina. Cuando me vine de Bolivia no existía todo eso.” Y en relación a lo que se decide este domingo, destacó: “Lo que está en juego son dos modelos de país: uno con perspectiva de crecimiento, con inclusión social, sin racismo; o un país endeudado, que vuelve a la pobreza, a la discriminación y la segregación. Pese a que hay muchos candidatos (cada vez menos, para intentar fortalecer la posición de Mesa), los modelos son dos”.
Cientos de bolivianos residentes en la Argentina acudieron al consulado de su país en Buenos Aires para empadronarse.
En este escenario tan complejo, señala Caiguara, “los hermanos y hermanas que antes pensaban que no querían que siguiera el proceso de cambio de Evo, ahora se han dado cuenta de que estos señores (por el gobierno de Áñez) no gobiernan para todos sino solamente para su sector. Eso ha despertado a la comunidad boliviana aquí en Argentina”. La organización del pueblo boliviano, sea en tierra natal o en territorio argentino, siempre ha sido fundamental en el devenir histórico. “Años atrás uno trabajaba por separado como un peón, pero a partir de que hubo mucha discriminación y explotación por parte de los patrones, cada uno de nosotros nos independizamos pero siempre con una organización, tratando de agruparnos, siempre intentando reunir a la colectividad boliviana”, afirma Lucía Pari, quien será fiscal de mesa el domingo. Entendiendo la importancia que tienen estas elecciones, desde distintos espacios de organización popular incentivan a que quienes residen en Argentina hagan ejercicio del derecho al voto, Pari agregó: “Las hermanas y los hermanos bolivianos tienen que ir el 18 de octubre a sufragar y elegir democráticamente quién va a ser presidente”.
Las elecciones en Bolivia son un llamado de atención a velar por la democracia en la región. Frente a un gobierno que accedió mediante un golpe de Estado y en medio de un panorama harto complejo, las distintas instituciones y organismos internacionales competentes deberán garantizar la transparencia de estas elecciones para que se respete, sin vacilaciones, la voluntad del pueblo.
Antes de la pandemia, Evo Morales, exiliado en la Argentina, marchó en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
Los diputados del Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley busca reformar el artículo 22 bis de la Ley 26.815 del Manejo de Fuego, sancionada a fines del año 2012 y promulgada el 10 de enero de 2013. A partir de esta iniciativa se prohíbe realizar modificaciones en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”, con el fin de “garantizar su restauración” y “desalentar los incendios forestales y la especulación financiera e inmobiliaria”.
“Tomamos una ley que ya teníamos en funcionamiento a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como ámbito de aplicación. A este lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. Aplicamos cambios sustanciales sobre esa legislación para proteger las áreas cuando sean solucionados los siniestros, principalmente, en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Hicieron un daño pero no van a poder usar esas áreas para sus fines de negocios. Es una urgencia ponerle fin a esta problemática”, declaró el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja.
Esta modificación prohíbe el uso de los suelos afectados por incendios forestales por 60 años en el caso de los bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, pastizales o matorrales.
Así, el proyecto de ley busca proteger los ecosistemas que puedan ser afectados por incendios, muchas veces intencionales. En el primero de los casos, las modificaciones prohíben cambiar el uso y destino de la superficie de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con especial atención a los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta al uso que tenía la superficie al momento del incendio.
El 95 por ciento de los incendios son intencionales.
En el caso de la prohibición a 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, también se busca desalentar los emprendimientos inmobiliarios y se prohíbe la modificación del uso de la superficie para agricultura intensiva.
“El objetivo es frenar el ecocidio. Que esas áreas como bosques nativos, humedales, no puedan modificar los fines originales que tenían antes de ser incendiados por el término de 60 años. Frenar los negocios y proteger el planeta cuidando los servicios ecosistémicos es el fin principal”, afirmó Leonardo Grosso (FDT).
Esta iniciativa impulsada por el Jefe del Bloque oficialista, Máximo Kirchner, logró adhesiones en los interbloques del Consenso Federal y Federal para el Desarrollo. Además, incluye las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sin embargo, el proyecto no logró ninguna adhesión dentro de la segunda minoría en Diputados.
“Hay consenso con casi toda la oposición menos el interbloque de Juntos por el Cambio, que en este tipo de casos siempre privilegia los intereses de sus amigos y no los intereses de la comunidad”, opinó Grosso.
Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, actualmente once provincias tienen focos activos: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.
Los incendios forestales ya han destruido más de 200 mil hectáreas.
Los incendios forestales ya han destruido 90 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná, y si sumamos los focos activos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa este número asciende a 200 mil hectáreas de humedales perdidas. Se estima que el 95 por ciento de los incendios son intencionales, y en el caso de Córdoba estos siniestros amenazan con destruir el único tres por ciento de bosques nativos que tiene la provincia.
“El 95 por ciento de estos incendios son intencionales y buscan reemplazar esas áreas por proyectos inmobiliarios, por producción ganadera y depredan estas zonas para poder utilizarlas a su antojo. Son los mismos intereses económicos minúsculos de siempre y, aunque son pocos, son muy poderosos”, agregó el diputado del Frente de Todos.
Esta reforma no es un proyecto aislado en materia ambientalista en nuestro país. El pasado 25 de septiembre la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado firmado por 23 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe que busca proteger los derechos a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
“Esta modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego está enmarcada en una agenda integral de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que también contempla a la Ley de Humedales, la mejora de la Ley de Bosques y la suscripción al Acuerdo de Escazú. Argentina está cambiando el paradigma de las políticas ambientales”, continuó el diputado.
En el caso de encontrar consensos y voluntad política en ambas Cámaras, los tiempos administrativos habituales del Congreso, entre el debate en comisiones y su tratamiento en los recintos, puede lograrse la sanción de la modificación en menos de dos meses. Se trata de un simple cambio que incorpora el artículo 22 bis a una norma ya existente.
El arribo del Coronavirus a suelo argentino activó el sensor de distintas alarmas que preocupaban al Gobierno nacional y a los ciudadanos. El aislamiento, como única medida lógica y posible en el inminente contexto, llevó a los sujetos a resguardarse en sus hogares. Si bien, desde un principio, se estableció la división entre trabajadores esenciales y no esenciales, la dinámica de la economía diaria se frenó abruptamente para todos los escalones sociales. Entre distintas problemáticas que se profundizaron, y otras que se agudizaron, el Ingreso Familiar de Emergencia llegó con la idea de tapar algunos agujeros. Ante un entorno nuevo surgieron las inevitables preguntas: ¿Fue suficiente el monto del IFE? ¿Fue correcta la forma en que se decidió entregarlo? ¿Qué tan útil resultó ser? ¿Qué consecuencias económicas dejará la pandemia a nivel global y nacional?
Juan Alberto Enrique, economista y columnista televisivo, analizó la medida: “Es inédito el esfuerzo. Son 90 mil millones de pesos. Es admirable, sobre todo los sectores más bajos. Está bueno que el derrame arranque de abajo para arriba. Eso hizo que la economía no se haya derrumbado aún más. Creo que debería seguir un poco más la ayuda para todo el país. Cuando no hay actividad económica se frena la velocidad del dinero, y la tenés que recomponer con emisión monetaria. Creo que el monto debería ir a $15.000 por lo menos”.
En este sentido, Hugo Bedecarras, docente de la carrera Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, opinó: “El IFE era una decisión indispensable para sostener y garantizar las necesidades mínimas y básicas de alimentación. Luego de cuatro años de un modelo de Estado empresarial, donde generó condiciones de extrema pobreza, se instaló un aislamiento social obligatorio, donde vastos sectores de la población (muchos de ellos invisibilizados), estuvieron postergados y sin acceso a condiciones mínimas de subsistencia, fue condición indispensable generar recursos para que puedan acceder los alimentos necesarios para sobrevivir”.
El gobierno estimaba en tres millones de personas los beneficiarios del IFE. Finalmente fueron casi nueve millones.
Ante la imposibilidad de poder ejercer la actividad laboral, o en el mejor de los casos cumplir con dicha obligación y no sufrir una quita considerable del salario, surgió una cuestión que giró más en torno del seno familiar que del núcleo político: ¿Hasta qué punto es suficiente un bono de 10.000 pesos para sostener los gastos de una familia? Juan Enrique consideró: “No, no es suficiente. Pero bueno, algo es algo. Creo que el Estado puede hacer mucho más. Recién estaba cruzando mensajes con gente del Gobierno y les estoy diciendo que los bancos que tienen colocados 2.4 billones de pesos en el Banco Central con una tasa del 38%, podrían obligarlos a prestar a tasa 0% a la gente que no cierre los comercios. Para que por lo menos en dos meses tomen ese crédito de 0% a pagar recién el año que viene y poder pagar alquileres, costos y así más o menos mantener la economía. Sería algo inédito para una situación inédita”.
El IFE se trató de una medida para ayudar o colaborar con una parte de los gastos familiares. Bedecarras, más empapado con los barrios carenciados del oeste del conurbano bonaerense, explicó: “Me parece muy escaso, es insuficiente ese importe, las familias tienen que complementarlo con la concurrencia a comedores barriales y comunitarios, con la entrega de mercadería a través de las escuelas, o violar la cuarentena para salir a conseguir un poco más de ingresos que permita una alimentación mínima y suficiente. Me parece un importe escaso. Pero absolutamente indispensable”.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en su sitio web, la crisis económica que se generó con la pandemia trajo consigo la incapacidad de generar sustento a casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal del mundo. En esta línea, la OIT y la Comisión Económica Para América Latina y Caribe (CEPAL) en relación a los niños, niñas y adolescentes (comprendidos dentro de los 5 y 17 años) analizó la concreta posibilidad del incremento del trabajo infantil. Éste podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, es decir, que entre 109.000 y 326.000 niños y niñas podrían entrar al mercado laboral infantil. Frente a esta dura realidad, el IFE recobra valor y es uno de los bastiones para dar pelea a la crisis económica en Argentina.
Pablo Tavilla, Director General del Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Moreno y docente en la UBA se expresó en relación a lo que significa el IFE: “Estaría bueno que sea un monto mayor o se cobrara con mayor asiduidad. Porque ante un periodo de recisión y de insuficiencia de gasto yo lo hubiese pagado más veces. Esto responde a una idea de cómo veo yo las relaciones causales en la economía, de la importancia de la demanda para poner en marcha la rueda. Pero en general no tengo grandes críticas a la medida”.
El Estado lleva aportados 90.000 millones de pesos en el IFE.
El bono de 10.000 pesos, como ya se dijo, resultó ser para las autoridades una herramienta útil para evitar que la crisis se profundizara aún más. Pero, ¿cómo lo han tomado las personas que cobraron esta ayuda? Gastón Amestoy, de 27 años, quien vive en el Partido de Lezama, expresó: “La medida la tomé más que positiva. Somos muchísimos los que nos encontramos trabajando en la informalidad, con escasa cobertura médica y cobro de aguinaldos, por ejemplo. Entiendo que no es un plan social sino una ayuda por un tiempo determinado. Ojalá sirva para sentar bases de la realidad que vivimos los no reconocidos por el sistema”.
Rocío Parra, de 23 años, que vive a 216 km de distancia de Gastón, en General Rodríguez, consideró: “En un principio, cuando estábamos empezando la cuarentena, y se comenzó a hablar del IFE me pareció una idea genial. Incluso ahora, un poco más avanzada la cuarentena, es una ayuda muy importante la que estamos teniendo porque, por ejemplo, yo desde que empezó la cuarentena estoy desempleada, trabajo como fotógrafa y mi labor vinculada a lo social está 100 por ciento afectada y no tengo una fecha específica de retorno. Así que a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo”.
Uno de los puntos que mayor repercusión y debate generó fue la disposición del cobro. Las casi nueve millones de personas que supieron cobrarlo, debieron cargar una cuenta de CBU (Clave Bancaria Uniforme) en la página de Anses para cruzar sus datos con los del organismo. Una vez realizado este paso, se les notificó mediante mensaje de texto el día del cobro para retirar en la sucursal bancaria más cercana a través de cajero automático. En este punto, Gonzalo Bouza, de 37 años, de Merlo, respondió: “Está un poco mal organizada. Tendría que tener un poco más de orden en las filas de los bancos”. Por último, Gastón detalló: “Tuvo sus baches. Es entendible por la cantidad de gente que lo solicitó. Calcularon que era mucho menor el número de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad laboral y pérdida de derechos. Las distintas formas de pago del primer IFE fueron buenas. La segunda es un poco más compleja. Por ejemplo, yo quedé sin posibilidad de hacer el cambio de domicilio del que figura en mi DNI, y para este nuevo pago presencial en banco estoy a 300 km (antiguamente residía en Ituzaingó). Tengo que ver cómo lo cobro. Aún no me han informado”.
La pandemia provocó la incapacidad de autosustentarse a 1.600 millones de trabajadores informales del mundo.
Hasta el mes de julio, los beneficiados, cobraron dos bonos referentes a los meses de abril y mayo. El tercer IFE (correspondiente al mes de junio) se cobró entre fines de agosto y principios de septiembre. ¿Qué tan importante sería que la ayuda económica se siga manteniendo para las familias compuestas por trabajadores no esenciales, o que han quedado desempleados, una vez que finalice la cuarentena? Rocío Parra reconoció: “Me parece importante que se siga sosteniendo de manera prolongada, ya que no es que se levanta la cuarentena y todos empezamos hacer vida normal. Hay trabajos que van a empezar después de otros y considero que hay mucha gente que perdió su trabajo lamentablemente por empresas que cerraron, otros que no pudieron sostener sus Pymes, y va a ser difícil retomar la rueda de la economía. Mucha gente va a estar buscando trabajo y el IFE es una buena manera de ayudar a la gente. Es necesario, primero, para que se active la economía y, segundo, es un incentivo para empezar de nuevo desde abajo para retomar el país que una vez tuvimos”.
Sin dudas, la problemática de reconstruir puestos laborales para tanta gente será de los desafíos más arduos para el Gobierno. Gastón, desde Lezama, respondió: “Sería bueno que siga hasta que se genere la posibilidad del trabajo formal. Va a ser muy difícil encontrar un mercado laboral bueno después de toda esta situación tan compleja”.
El 21 de agosto, el presidente Alberto Fernández anunció el Decreto 690/2020. Por un lado, estableció la modificación de varios decretos precedentes y de la Ley 27.078, también conocida como Ley Argentina Digital. De esta forma incorporó la definición de servicio público esencial y estratégico en competencia para los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Por otro lado, el servicio de telefonía móvil pasó a considerarse un servicio público. Además, se suspendieron los aumentos de precios hasta el 31 de diciembre y, desde ahora, serán regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
“La consagración de servicio público es la máxima regulación posible que existe en derecho administrativo. Ahí hay tarifas (y no precios), que el Estado fija. Existe, inclusive, la posibilidad de que el Estado tome esa actividad a su cargo”, dice Ricardo Porto, abogado y actualmente secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.
En cambio, respecto a la definición de servicio público esencial estratégico en competencia, Porto advierte que “es todo un tema». Y agrega: «Algunos consideran que es casi un oxímoron, que es contradictorio. Consideran que un servicio público sólo tiene lugar cuando hay monopolio. Ese no es el caso de la Corte Suprema que aceptó que cuando la Constitución regula un servicio público no tiene que ser necesariamente monopólico, sino que es indistinto si es en competencia o no”.
El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra.
Ariel Graizer es el presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), además de ingeniero electrónico especialista en comunicaciones. Esta organización, que reúne a las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet y telefonía, lanzó un comunicado el 24 de agosto diciendo que el decreto 690 “pone en riesgo la subsistencia de más de 1200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales”.
Además, Graizer dijo: “Para nosotros es un problema que se hayan querido resolver los temas de precio y competencia con un decreto. La definición de servicio público en competencia es una definición rara que necesitamos que esté bien reglamentada, porque los servicios públicos normalmente no están en competencia”. Y agregó: “El tema de la fijación de los precios va a ser muy complejo. Más en un mercado que tiene el 80% de sus costos fijados en dólares y donde hay grandes asimetrías entre los tres prestadores dominantes y las distintas PyMEs y cooperativas que damos este servicio en el país”.
El DNU 690 repone lo que establecía la Ley Argentina Digital del año 2014, que fue derogada por el decreto 267 en el 2015. “Implicaba que el Estado podía intervenir para regular el precio por el cual los operadores mayoristas vendían el servicio a los minoristas, para que no lo hicieran a valores desproporcionados y se pudiese lograr precios equitativos, en particular en el acceso a Internet a lo largo y ancho del país. El DNU repone esta medida y la amplía un poco”, explica Bernadette Califano, investigadora CONICET, Doctora en Ciencias Sociales y especialista en políticas de comunicación, medios y TIC.
«Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”, dice Califano.
Califano agrega: “El DNU 690 establece que la telefonía móvil va a ser considerada un servicio público. Me parece que la reglamentación del decreto debería avanzar en clarificar qué significan todos estos conceptos y qué implicancias tienen. Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”.
Por otro lado, la investigadora CONICET plantea que es fundamental que se implementen regulaciones asimétricas. Es decir, “medidas que tengan en cuenta que en el mercado de servicios de TIC existen distintos tipos de prestadores. Tendría que haber medidas diferenciadas según tipo de actores, según su tamaño, si son prestadores monopólicos únicos en determinadas localidades o si son muchos prestadores. Solo así se podrán generar condiciones de mayor competencia en el mercado”, dice.
En este punto coincide Ariel Graizer y menciona la regulación que se implementó en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva: “Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado. Y eso fue por una buena regulación que promovió el desarrollo de PyMEs tirando fibra óptica en las localidades más pequeñas. Cosas como esas estamos pidiendo que hagan en la Argentina”.
“Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado», ejemplica Graizer.
Para Ricardo Porto, lo más importante para llevar a cabo la reglamentación del decreto es una amplia participación de los distintos sectores. “Lo primero que debería hacer ENACOM es convocar a todos los actores. Y no me parece que esto sea un formalismo, sino que va a compensar lo que es un DNU, que tiene un menor grado de debate. Si bien es cierto que lo aprobó la Comisión Bicameral y lo ratificó el Senado, con lo cual le da una fuerza legislativa importante, de todas formas no es el debate que tiene una ley. Y la convocatoria también debería incluir a los usuarios”, reflexiona el secretario del Senado.
En la sanción de este decreto también se ve involucrada la televisión paga, porque pasó a ser considerada un servicio TIC a partir del año 2015. “El decreto 267 consideró que los cable operadores no eran más servicios de comunicación audiovisual, sino servicios de TIC; a mi modo de ver, equivocada e inconsultamente. Ahora la consecuencia es esta: al declarar los servicios de TIC como servicio público, los cable operadores están así considerados”, explica Porto.
Al respecto, Bernadette Califano considera que “hay que restablecer cierto tipo de regulación por servicio y no únicamente por soporte de transmisión. La TV por cable no es solamente un servicio de transmisión porque emite contenidos culturales, simbólicos, que influyen sobre la construcción de identidades y sobre la idiosincrasia de las personas, como todo servicio audiovisual. Creo que la reglamentación tiene que avanzar también en ese sentido”.
«La reglamentación debería definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”, dice Califano.
Y la investigadora también considera que la regulación del decreto debería “definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”. Por el contrario, el presidente de CABASE dice que el Estado ya tiene una herramienta para resolver esas cuestiones: la definición de servicio universal. “Es un servicio que presta el Estado para que se garantice a toda la población la universalidad del acceso. Aquellos que tengan algún tipo de desventaja o imposibilidad de acceder, el Estado se los garantiza con un fondo: subsidia al abonado para que pueda pagar o subsidia a la empresa para que dé el servicio de forma gratuita, o construyan infraestructura para llegar a esas regiones donde no es rentable llegar”, comenta Ariel Graizer.
“Esa herramienta está desde siempre, todos los países del mundo lo tienen. Todos los operadores de telecomunicaciones de este país aportan el 1% de su facturación para ese fondo y el Estado debería haber hecho primero eso. Después podemos acordar, que es el camino que planteamos nosotros, en hacer un abono social. Pero no a partir de un DNU de prepo, sino en una reglamentación que favorezca el desarrollo”, concluye Graizer.
El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra. Queda ahora pendiente una adecuada reglamentación que permita discernir los términos presentados en el decreto y calmar las preocupaciones del sector privado y los usuarios.
