Mar 25, 2020 | Novedades, Trabajo
La consigna de resguardo general ante el coronavirus, “Quedate en casa”, no cuenta para ellas y ellos: día tras día van hasta los supermercados a cumplir con su trabajo cotidiano, una labor que más allá de todos los cuidados, los ubica en una primera línea de contagio. El impulso de esta nota es escuchar sus voces, sus experiencias en estos días tan excepcionales, en el que una tarea que puede caracterizarse como “común” se ha tornado clave y vital para que el funcionamiento de emergencia de cada ciudad salga lo más airoso posible frente a la pandemia. Cajeras y cajeros de supermercados le cuentan a ANCCOM de su trabajo en estos días de incertidumbre.
Tamara: «Un señor me dijo que, nos guste o no, teníamos que abrir, y se me reía en la cara».
“La situación me preocupa un poco, y más cuando veo que la gente sale y no respeta que uno sí se quiere cuidar”, dice Tamara, 33 años, que trabaja en una sucursal de Almagro de una cadena de supermercados. “Creo que es lo que más miedo me da –agrega-. Yo tomo los recaudos necesarios y con eso creo que podemos llegar a estar bien. Por mi parte, ya tengo el hábito de lavarme las manos y la cara desde mucho antes, son costumbres que creo que uno debe tener más allá de una pandemia”. Tamara es cajera durante 48 horas a la semana y cuenta que un compañero suyo no quiso ir más hasta que pase la cuarentena, por miedo a contraer alguna enfermedad y perjudicar a la familia. A ella le ofrecieron hacer horas extras, pagas, pero no aceptó.
“La empresa no mandó nada, todo lo tuvo que comprar mi jefe: guantes, alcohol en gel, lavandina –cuenta-. El más expuesto en nuestro caso es el cajero; como repositor te podés cuidar un poco más, pero tratamos de cuidarnos entre todos. Todavía más cuando la gente no quiere respetar el tema de la cantidad de personas que entra al local, o la distancia entre cada uno. Hay cosas que nos tomamos con gracia, pero pensando en frío te das cuenta de que la gente es muy cruel. Por ejemplo, un señor estando en la fila de afuera decía que no queríamos trabajar, y cuando lo atendí me dijo que nos guste o no teníamos que abrir y se me reía en la cara”.
Al igual que Tamara, Irene, 27 años, cumple 48 horas semanales como cajera de esa misma cadena, y asegura que se toman las precauciones necesarias en la sucursal de Retiro, donde lleva más de dos años trabajando: limpieza extensa con lavandina y desinfectante, uso generalizado de guantes y mascarilla, el lavado de manos reiterativo con jabón o alcohol en gel, y la limitación de acceso al local, que no debe superar la suma total de seis personas. El mayor riesgo que enfrenta el personal, asegura, es la inconsciencia de los clientes: “Algunos no respetan las reglas –dice-. Vienen más de tres veces durante el día sin ningún tipo de cuidado personal, y tienden a generar pequeñas discusiones por la limitación a la hora de entrar, o porque solo puede ingresar una persona por grupo familiar. Una vez dentro del local, pierden mucho tiempo, haciendo que los que están esperando afuera lo pierdan también y se expongan”.
La tensión en el trabajo la inhibe de seguir las noticias sobre la propagación del COVID-19. Su mayor prioridad, dice Irene, es reducir la preocupación que le genera esta clase de información y proteger a su compañera de departamento, una señora de 70 años que es calificada como paciente de riesgo: por eso respeta cuidadosamente las recomendaciones básicas de higiene, tales como la desinfección de los artículos que ingresa, o quitarse los zapatos al entrar a su hogar.
Tamara cuenta que algunas parejas van al súper como si se tratara de una situación normal. “No les podés hacer entender que uno se tiene que quedar afuera, para darle la oportunidad a otro de que pueda comprar –dice-. También hay gente que se pelea en la fila, porque cada uno se formó una historia diferente de lo que es el coronavirus. Nosotros tratamos de tomárnoslo con gracia, porque tenemos que pasar el día. Pero hay mucha gente dando vueltas al pedo, creo que a muy pocos les importa el bienestar de los que tenemos que venir a trabajar. Ayer, por ejemplo, atendí a un señor que compró cuatro chicles”.
Rodrigo: «Tomo todos los recaudos para no contagiarme».
Rodrigo tiene 21 años y trabaja en un hipermercado de otra gran cadena, en San Fernando, que adaptó sus horarios a la pandemia y fijó un horario exclusivo para mayores de 65 años entre las 7 y las 8.30. Tras el cierre, a las 20, su horario de trabajo se extiende hasta dejar todo listo para la jornada siguiente. Tiene una imagen grabada de la previa a la cuarentena, en un paisaje de góndolas vacías e interminables colas concentradas en los pasillos: se corría la voz de un desabastecimiento y eso generaba una gran histeria colectiva que sólo el Presidente podía aclarar. “Estaba en la caja y viene una clienta con el carro lleno de fideos, de harina, de las cosas básicas –dice Rodrigo-. Nos pusimos a hablar y se puso a llorar, me contaba que estaba muy nerviosa, que le asustaba un montón ver a la gente tan desesperada por llevarse todo, o que hubiera escasez de ciertos productos. Con la calculadora del teléfono iba haciendo cuentas de cuánto estaba gastando, le temblaba la mano. Fue impresionante”.
“Tomo todos los recaudos para no contagiarme –dice Rodrigo-. Y para no pasárselo a una persona mayor, que es la que puede pasarlo mucho peor que yo. Antes y después del trabajo me ducho. Me pongo constantemente alcohol en gel y aprovecho cuando voy al descanso para lavarme las manos al llegar y también a la hora de ir de vuelta a la caja”.
Cinthia: «Hay episodios de discusión y pelea, tenemos que bancarnos eso».
Cinthia, de 23 años, trabaja en una gran cadena de supermercados, en una sucursal del microcentro porteño, a pocas cuadras del Obelisco. Para protegerse utiliza guantes: “Cuando me los saco, me lavo las manos con alcohol en gel”, cuenta. En los últimos diez días fueron variando los horarios: cuando empezó la cuarentena obligatoria sólo para personas con síntomas y/o que hayan viajado al exterior, el volumen de clientes aumentó y les pidieron cerrar a las 11 de la noche; con el nuevo y actual horario de cierre, a las 20, no pueden juntarse más de cinco clientes dentro del local. Y la paciencia, para Cinthia, es el trabajo extra de la jornada laboral. “La gente hace fila para entrar. A veces algunos clientes no entienden que esta es la manera de organizarnos, que es por su bien, y hay episodios de discusión y pelea –cuenta-. Tenemos que bancarnos eso”.
Mar 18, 2020 | Novedades, Trabajo
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.
Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.
Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.
La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”
“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”
Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.
Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.
“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.
Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.
Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.
El día a día
Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”
La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.
“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.
En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”
Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”
Mar 18, 2020 | Novedades, Trabajo
A fines del año pasado la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) realizó una publicación en sus redes en la que recomendaba a la comunidad aeroagricola “minimizar el uso habitual del principio activo glifosato, limitándose a los casos que sean específicamente indispensables y prescriptos por profesionales agronómicos”. El vicepresidente de la Federación, Diego Martínez, sostuvo que el comunicado estuvo relacionado con una serie de prohibiciones de la fumigación aérea en distintos departamentos de las provincias con actividad agropecuaria, sobre todo Buenos Aires y Santa Fe.
Según el dirigente desde FeArCA se busca ir contra la demonización de los pilotos fumigadores y entiende que “es una actividad regulada desde lo aeronáutico y lo agronómico. Operamos y aplicamos según lo que reglamenta el SENASA. Entonces, el problema tendría que ver con los permisos que dan nuestras agencias”. Sin embargo, desde la Federación no se cuestionan si las autorizaciones del SENASA están basadas en información correcta y actualizada, aún sabiendo que existen múltiples investigaciones que prueban la toxicidad y cancerigenocidad del glifosato. Por ejemplo, en la Antología Toxicológica del Glifosato publicada en 2018 se reúne una vasta producción científica que refuta los argumentos en los que se basan las habilitaciones.
En entrevista con ANCCOM el piloto Marcelo De Dio, quien efectúa fumigaciones en la provincia de Santa Fé, sostiene que “lo más riesgoso de la actividad es el vuelo pero después el transporte y la aplicación de los químicos es segura, pero por supuesto que tiene que estar regulada para dejar tranquilos a todos”. Aunque la fumigación se encuentra normativizada tanto desde el agro como desde la aviación las pautas impuestas por los entes reguladores no siempre se cumplen. “Entramos continuamente en contacto con los agroquímicos. Lo que más intentamos es no aspirarlos. Se trata siempre de tener ventilada la sala para que se vayan los vapores. Rara vez usamos máscaras o guantes”, cuenta De Dio y le resta importancia a las implicaciones que esto puede tener en la salud de los pilotos.
Antonio trabajó largos años en el negocio de la aerofumigación y ya prestó testimonio en diversas investigaciones, a partir de allí sufrió perjuicios que hoy le hacen querer mantenerse en el anonimato. Aún así entiende que es un tema de vital importancia que debe ponerse en agenda. “En definitiva para ser piloto aeroaplicador necesitas horas de vuelo, no significa que estés en conocimiento del daño que puede provocar su actividad. Falta información para que los pilotos puedan estar al tanto del peligro al que se enfrentan”, sostiene el ex piloto en diálogo con ANCCOM y explica el por qué de la férrea defensa a esta actividad. Antonio entiende que “las aplicaciones muchas veces escapan al control del Estado y eso causa mucho daño. Habría que establecer otro tipo de controles más exhaustivos y el Estado no sé si cuenta con la infraestructura para lograrlo porque la actividad abarca mucho territorio”.
Así se pone de manifiesto la complejidad de la problemática que involucra a diversos actores, desde los dueños de los campos, los trabajadores y también consumidores, comunidades de escuelas rurales y ciudadanos en general que conviven en las inmediaciones de los campos fumigados, sin mencionar el daño que los agroquímicos producen en el medioambiente. Una modificación de la manera en que se maneja la fumigación de las plantaciones debería contemplar que muchas personas viven actualmente del trabajo de la fumigación, como es el caso de estos aviadores. “Muchas veces importa más, cómo vivimos, qué le damos de comer a nuestras familias, si no no haríamos esto”, resume Antonio.
Un primer paso en este terreno se ha dado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires donde se ha creado el Observatorio Técnico de Agroquímicos para abordar el uso de principios activos en el agro desde una perspectiva científico-técnica. “La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación que debe adecuada es un problema que tiene que ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”, declaró a Telam el ministro, Javier Rodríguez. El funcionario sostuvo que “hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate. Esa será la función del Observatorio”. De esta forma podrán realizarse propuestas para legislar conscientemente la aplicación de agroquímicos.
El activismo que busca promover buenas prácticas agrícolas para un desarrollo sustentable y el bienestar de los pueblos actualmente fumigados sigue dando duras batallas contra los magnates del agronegocio que no reconocen el problema de los agrotóxicos. Aún así la sola prohibición de la fumigación aérea, no ligada a una regulación consciente de los principios activos por parte de las autoridades correspondientes, sólo lleva al malestar y preocupación de quienes trabajan diariamente en estos rubros.
Mar 11, 2020 | Novedades, Trabajo
Electrocución, choques de vehículos, caídas desde alturas y a pozos, derrumbe de instalaciones, golpes, atrapamientos y explosión de calderas son solo algunas de las numerosas causas que produjeron las 534 muertes en el ámbito laboral durante el 2019. El disparador de estas fallas: la reducción de costos empresariales.
Estos datos fueron relevados por la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y registran un 35% más -lo que equivale a 200 muertes más- que el informe emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): una cada 14 horas, contemplando un crecimiento de casos respecto al año anterior (una muerte cada 21 horas).
La exposición de estas víctimas ignoradas por el aparato oficial se ha logrado a partir del cruce de información periodística, sindical y datos obtenidos por compañeros del ámbito laboral. “Esta es una cifra provisoria. Sabemos que la mayoría son trabajadores en negro, pero la información no está oculta solo por eso: en muchos casos, las empresas niegan la responsabilidad”, señala Oscar Martínez, miembro de esta entidad fundada en 2016.
Así ocurrió con el obrero Maximiliano Sueiro que, sin casco, cayó cuatro pisos tras la ruptura de un andamio en la Cámara Nacional Electoral donde trabajaba, y cuya muerte fue presentada como un “accidente”. La trabajadora rural Zulma Zarza también fue víctima de la precarización laboral en noviembre, al ser obligada a trabajar en medio de una tormenta eléctrica y exponerse a un rayo que acabó con su vida. En diciembre, la muerte del empleado de mantenimiento Roberto Ruíz, causada por un escape de amoníaco, fue catalogada por la empresa Ecocarnes como una “falla humana” que no compromete al frigorífico, pese a las advertencias realizadas veinte días antes por otros trabajadores y trabajadoras sobre una falla similar a la que acabó con la vida de su compañero.
La mayor cantidad de muertes se generaron en la rama del transporte (19%), casi a la par de la construcción (16%), y la agricultura, ganadería y pesca (14%). Dentro de la industria, en el comercio y los servicios sociales se produjo el 10%, seguidos por los servicios de apoyo a empresas (5%), administración pública (4%), educación (2%), electricidad (2%) y minería (1%).
La mitad de las víctimas fatales no superaban los 40 años de edad. Algunos eran jóvenes ejerciendo su primer empleo que fueron enviados a realizar tareas peligrosas sin contar con la capacitación o los elementos de seguridad correspondientes. También abundan las personas de edad avanzada que, al no obtener una jubilación digna, continuaron trabajando expuestos a riesgos sanitarios.
Otros de los factores denunciados por BAL fue el desarrollo de enfermedades por las pésimas condiciones laborales existentes. La organización reclama que el trabajo debe ser considerado como un factor de afección ya que, como se señala en el informe, “el patrón de desgaste -o sea la forma y ‘velocidad’ con que las patronales nos enferman, nos hacen envejecer, nos accidentan e incluso nos matan- depende del lugar y la forma en que participemos en la producción”.
Mientras que en 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en su apartado “Protección de la Salud de los Trabajadores” que las enfermedades laborales causan entre el 70 y el 80% de las muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, la SRT publicó en el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017 que en Argentina se produce solo un 3%. Según BAL, esto no se debe a ningún carácter excepcional del país, sino a la falta de registro oficial y al rechazo del 70% de las denuncias hechas a la ART por parte de trabajadores y trabajadoras en los últimos tres años.
Ana Zabaloy, directora de la Escuela N°11 de San Antonio de Areco, falleció el pasado 9 de junio por el cáncer que evolucionó mientras ejercía su profesión. En 2011, comenzó a denunciar las fumigaciones en horario escolar que, en una ocasión, le provocó parestesia facial e insuficiencia respiratoria. “Se encontró con muchísima soledad. El Estado no respondió, y sus compañeras docentes no la acompañaron”, relata Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida que Ana fundó en defensa de un campo educativo libre de agrotóxicos. Como amiga, no solo vivió su enfermedad, sino también su empobrecimiento económico debido a los gastos excesivos en medicamentos y tratamientos que la ART no aceptó cubrir.
“Las ART cumplen su rol: ganar plata. Poner un empresario junto a otro empresario es un chiste de mal gusto. Ellos subregistran toda la información”, concluye Martínez y, frente a los logros obtenidos por su agrupación en un marco de negligencia, agrega: “Si los trabajadores queremos saber qué nos pasa tenemos que buscar nuestra propia información. Nadie nos va a regalar la defensa a la vida y la salud”.
Ene 31, 2020 | Novedades, Trabajo
El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.
Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”
Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.
El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.
Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’
Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.
“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.
La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega. Una exposición que es doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores sypuestamente“independientes”.
A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.
Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.
La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.
La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.
Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”
Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.
Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.
Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.
Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.
“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”
Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.
Ene 22, 2020 | Novedades, slider, Trabajo
Antes de terminar 2019, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció el lanzamiento de un plan de microcréditos que saldrá a mediados de febrero. Según la página web oficial del organismo, consiste en un financiamiento destinado a emprendedores que “no reúnen las condiciones para obtener préstamos bancarios tradicionales”. El monto varía entre 5 mil y 30 mil pesos, según la finalidad, con una tasa de interés entre 2 y 3% anual. El objetivo del préstamo es el acceso a capital de trabajo: insumos, materiales o herramientas que permitan una mejora en las condiciones de producción. Además, el programa cuenta con un asesoramiento gratuito para los beneficiarios a través de asociaciones civiles.
El proyecto anunciado por Arroyo retoma lo planteado por la Ley Nacional de Microcréditos aprobada en el 2006: la promoción de microfinanzas para el desarrollo de la economía social. “Cuando se creó la ley, se consolidó una actividad que existía en las tinieblas y la puso en primera línea”, comenta Oscar Minteguia, Secretario de Desarrollo Social en el Municipio de San Martín y especialista en economía solidaria. Y respecto al nuevo plan, agrega: “Por supuesto que hay mucho por mejorar. El Estado en estos trece años se encontró con un montón de incidentes que hace falta subsanar: esa ley hay que ajustarla y adaptarla al tiempo de hoy y a la perspectiva del gobierno nacional, que es de generación de empleo, sustitución de importaciones y fortalecimiento de las economías regionales. Por ejemplo, la ley prevé un presupuesto estático del momento de su creación de 100 millones de pesos por año. Eso no alcanza ni para empezar a charlar.”
Según dijo el ministro Arroyo durante el anuncio de la medida, “hoy hay 4 millones de personas que están trabajando y les falta maquinaria o herramientas”. Sobre este aspecto, Minteguia considera que “los sectores de la economía popular y solidaria son muy vastos. Es una situación que ha crecido enormemente en los últimos tres años desde que se fracturó el paradigma del empleo asalariado en toda la región y el mundo. El universo de trabajadoras y trabajadores que desarrollan actividad por cuenta propia ya no es marginal, sino de millones de argentinos y argentinas”.
Martin Hourest es economista y considera que el Plan de Microcréditos tiene que ir más allá de una cuestión financiera: “Depende de tres factores: la condición de partida del hogar que lo recibe, el entorno productivo y el entorno jurídico normativo. No es sólo la disponibilidad del recurso financiero la que determina el éxito de una operación”. En ese sentido, explica: “Si en un barrio donde hay trabajadores de la construcción desocupados, a todos les doy el microcrédito para que compren una maquina de cortar mosaico, ese mismo entorno productivo se les vuelve en contra porque genera un sistema que, en lugar de cooperar, los obliga a competir. La lógica de entregar el microcrédito no es desentenderse del entramado productivo en el cual se da sino inmiscuirse en él. Tiene que haber un armazón normativo y jurídico que lo haga amigable”.
Hay otro factor que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar los microcréditos, según Hourest: “El segundo problema que se plantea con estas estrategias es el endeudamiento previo de los hogares. Buena parte de los tomadores de créditos tienen importantes niveles de endeudamiento. Por lo tanto, el Estado tendría que mirar el programa de desendeudamiento, porque sino lo que se logra es dar la plata para una cosa y que objetivamente haya un riesgo alto de que la gente use eso para saldar la deuda que tiene previamente”.
Martin Grandes, es economista e investigador del Conicet. Respecto al plan de microcréditos reflexiona: “El objetivo me parece loable, pero no sé si los emprendedores van a tener demanda mas allá del circuito informal de la economía. Es decir, estos sectores van a producir pero, ¿a quién le van a vender? Son sectores que no están inscriptos, lo más probable es que reactive la economía social informal solamente”.
Poner la Ley de Microcréditos de vuelta en la agenda pública y mediática retoma un debate sobre qué rol debe asignarse al trabajo autogestivo y la economía social: “Si vamos a persistir en pensar que es una economía del mientras tanto, hasta que la gente consigue entrar a la economía “de verdad”, vamos a seguir dándole un presupuesto marginal. Ahora, si se le descubre el verdadero valor que tiene en este contexto económico, hay que destinarle el mismo presupuesto que se le destina a otros sectores de la economía, así como se financia fuertemente al sector energético o al sector extractivista, de transporte o bancario”, señala Minteguia. Durante su gestión como secretario de Desarrollo Social en San Martín ha desarrollado un plan de microcréditos que él considera un caso de éxito: “Llevamos prestados desde diciembre de 2014 hasta hoy 53 millones de pesos en créditos con un 97% de recupero. El secreto está en la metodología y en prestarle a gente que está haciendo. Son personas que no tienen en su registro mental sacar dinero para no pagarlo, eso está en la mente de algunos empresarios”.
Por su parte, Grandes tiene ciertas reservas respecto a los resultados que pueda llegar a tener el proyecto nacional: “Desde un punto de vista macroeconómico, no la veo como una medida que tenga un impacto considerable. Porque no va a llegar (o va a llegar a cuentagotas) a la economía formal. Si eso es bueno o es malo, queda en cada uno juzgarlo. Para mí, en principio es bueno, por lo menos reactiva una parte. Parece una buena medida, pero creo que va a estar circunscripta a lo que es una población de mucha pobreza y de informalidad laboral. No va a tener una repercusión para arriba”.
Martín Hourest también reflexiona sobre el impacto del microcrédito a nivel macroeconómico y asegura: “Tenés que tener conciencia de qué tipo de política estás queriendo hacer funcionar. No podés pedir a una política social que se convierta ella misma en una política productiva, macroeconómica y de distribución de ingreso. La política social es política social. Es un ejercicio de voluntarismo creer que con una política social sacás gente de la pobreza”.
