Jul 28, 2021 | Comunidad, Novedades
“Los trabajadores tenemos que empezar a disputar no la distribución del ingreso, sino la creación”, expresa Miguela Varela, integrante de la Red Alimentos Cooperativos. Frente a formas de trabajar, producir y comercializar que priorizan intereses de actores económicos concentrados, se erige una alternativa que ha ido adquiriendo relevancia y propugna un modelo cuyo signo distintivo es la búsqueda de equidad para quienes participan de él.
La economía social y popular tiende un puente entre el fruto del trabajo de innumerables familias y la población a partir de lógicas de producción y consumo innovadoras. En ese marco, se encuentra la salida ofrecida por diferentes organizaciones que aglomeran a pequeños productores, campesinos, cooperativas y empresas recuperadas, que enfrentan dificultades a la hora de ubicar sus alimentos y artículos en los mercados tradicionales.
Una de las propuestas inscriptas en esta línea es AlmaCoop, comercializadora que brinda un canal de distribución a productos de cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores familiares y de la economía popular. Este almacén, que funciona como plataforma de compras comunitarias, cuenta con 14 puntos de entrega activos en la Ciudad de Buenos Aires, y un servicio de envíos a domicilio iniciado con la pandemia. Según Carla Mancuso, la función de AlmaCoop es “ser un intermediario directo entre el productor y quien consume”, apoyándose en un aún exiguo pero incipiente cambio de paradigma. “Notamos un crecimiento de la concientización y la búsqueda por hacerse de productos más armoniosos con el ambiente, productos agroecológicos y orgánicos”, afirma.
Vanesa Acosta, encargada del sector de finanzas, vislumbra en el hincapié que hace AlmaCoop en la comercialización de productos sustentables el reflejo del objetivo fundamental de reemplazar los productos adquiridos en las grandes cadenas de supermercados por aquellos elaborados en el marco de la economía social. Al respecto, asegura: “Decidir dónde hacer la compra de alimentos y el consumo en general es un acto político. La batalla no es solo en términos de escala, sino también una toma de conciencia colectiva”.
También se encuadra dentro de esta economía Alimentos Cooperativos , red de organizaciones abocada a la producción, comercialización y consumo de alimentos de la agricultura familiar y de otras cooperativas. Su presencia en diversas provincias se suma a la tienda virtual y los tres locales de comercio minorista en la Capital Federal. “La idea es generar una cadena de valor propia en el marco de la cadena agroalimentaria argentina, en la que todos sus eslabones estén en manos de quienes trabajamos y no de las grandes empresas”, cuenta Miguela Varela. La vía del cooperativismo choca con los parámetros hegemónicos, alineados a los valores del sistema capitalista. Frente a un modelo “completamente especulativo, enfocado en las ganancias y la acumulación de capital”, se abre un camino que tiene que ver con “poner al ser humano, y el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, en el centro”.
Varela divide los objetivos de Alimentos Cooperativos en tres ejes de acción. El primero, vinculado a la calidad de la agricultura familiar, se orienta hacia la producción agroecológica y el rechazo al uso masivo de agrotóxicos. El segundo eje es el de los precios justos “para los que consumen, pero también para los productores y para quienes trabajamos en la comercialización”. Lejos de ser especulativos y mirar de reojo al mercado internacional o a otras marcas, implica partir de los costos reales que afrontan los trabajadores, necesarios para sostener la estructura. Por último, la cuestión de hacia donde vuelve lo que el consumidor paga: el excedente “no es plata que se fuga o que va a la compra de bienes financieros”, sino que fortalece el desarrollo local y “se transforma en más trabajo y mejor producción”.
Entre las 150 cooperativas que integran la red de Alimentos Cooperativos se encuentra COTRAAVI, centrada en la labor de contratistas de viñas y frutales en Mendoza. La meta, como marca su presidenta, Gabriela Olea, es “poder dar valor agregado al trabajo que realizan, porque la venta de la uva no alcanza para que viva el contratista y su familia”. En efecto, el convenio por el cual trabajan les permite obtener solo entre el 15 y el 18 por ciento de la producción para su beneficio. La generación de valor agregado es representada principalmente por el “sueño” de estos trabajadores de tener un vino propio: “Nosotros tenemos el vino Del Contratista, que salió en junio de 2020, y para ellos es un logro por el que hace años se viene luchando y hoy hemos podido alcanzar”, afirma Olea.
Una organización gremial como lo es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), presente en 16 provincias, también orienta su acción hacia una línea similar de cambio de la matriz productiva. Daniela Carrizo, miembro de UTT, expone una serie de metas que incluyen el acceso a la tierra, la agroecología, y la oposición a un modelo “opresor, extractivista, del agronegocio que pone a la familia que produce en una situación de dependencia”. Es una lógica que abarca tanto la producción como la comercialización de alimentos: “Podes cambiar la forma de producir, pero para un mercado que sigue siendo el mismo. Necesitamos un lugar en donde vender ese producto agroecológico, por eso hay que pensar en un cambio estructural”.
Una suerte de estrategia para que más productores modifiquen sus prácticas en pos de la sustentabilidad involucra como primer paso “comercializar directo a través de asambleas de precios, donde los compañeros puedan decidir qué van a vender y cómo”, explica Carrizo. Juegan un rol para ello los cinco almacenes propios, además de la Red de Almacenes Soberanos inaugurada el último 9 de julio en Banfield. “Cada vez que alguien entra a un almacén de UTT se está llevando el trabajo y la organización de un montón de compañeros, cooperativas y fábricas recuperadas”, agrega Carrizo. La segunda medida es interpelar a la gente, para comentarle que aquello que están comprando se produce de forma diferente, bajo criterios beneficiosos para el medioambiente y los trabajadores.
La disputa discursiva por el sentido de las prácticas llevadas adelante desde la economía social y popular constituye una herramienta clave para la expansión de este modelo alternativo. Vanesa Acosta ve en la entrega presencial de productos en los nodos de AlmaCoop la posibilidad de “discutir y debatir sobre las formas de consumo y de dónde vienen los productos” con el público. Su compañera, Carla Mancuso, reconoce en esta misma línea que “es una definición política a quién se le compra y a quién no”. Por su parte, Daniela Carrizo sostiene que “generar otra cultura de consumo” y “saber en dónde se pone la plata” puede favorecer la proliferación de una economía más solidaria y sustentable. “Muchos factores hicieron que como sociedad nos cuestionemos qué consumimos, qué impacto tiene y a qué estamos contribuyendo”, añade la integrante de UTT.
Un actor central, interpelado directamente por las luchas de las organizaciones, es el Estado. “La mirada del Gobierno está en las grandes corporaciones, y nosotros al ser más pequeños muchas veces hemos sido ignorados”, declara Gabriela Olea, de COTRAAVI. El desinterés resulta en la imposibilidad de obtener beneficios, tales como créditos. Un ejemplo es el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, promovida por UTT y trabada en el Congreso, que promueve la implementación de un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. “Si no hay una política activa para que las cosas cambien y se replique en forma masiva, va a depender siempre del que quiere y puede cambiar”, explica Carrizo. Pero esta falta de intervención puede también generar confusión sobre lo que el cooperativismo puede conseguir por sí solo, tal como aclara Miguela Varela: “Circula la mirada de que desde la economía popular se puede combatir la inflación. Esto no es posible únicamente desde este sector, debe ir acompañado de muchos otros factores”. Los precios justos no siempre coinciden con los más baratos del mercado y, según Varela, “el fenómeno de la inflación es estructural en la Argentina, tiene determinantes mucho más complejos, no todos locales”.
El papel desempeñado por las cooperativas es vital para la supervivencia de pequeños productores a lo largo y ancho del país, y la forma en la que mejor pueden cumplir sus objetivos es actuando en conjunto. “Es necesario fomentar el asociativismo con las comercializadoras para generar espacios de discusión política que puedan reclamar y tensionar con el Estado”, sostiene Carla Mancuso, de AlmaCoop. Gabriela Olea, presidenta de COTRAAVI, nota que “el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto” y, por ende, solo un accionar mancomunado puede lograr que las familias reciban, a través de las cooperativas, la justicia social que merecen. Para Miguela Varela, de Alimentos Cooperativos, una economía en manos de la gente con otra forma de producir y consumir supone también otra forma de vinculación entre actores: “Hay que tratar de generar vínculos de reciprocidad, tejer alianzas más profundas. Nadie sale adelante solo, y las cooperativas ofrecen una salida colectiva, la de la autogestión solidaria”. Lejos de sumarse a la idea del emprendedor individual, plantea la necesidad de organizaciones “más horizontales y democráticas, que trabajen en red con todo tipo de actores”.
Una economía con otros parámetros, interlocutores y fines. Un modelo que, como plantea Daniela Carrizo, busca “que la cooperativa venda, que el trabajador reciba lo que corresponde, y que el vecino pueda comer productos de calidad”. La importancia que reviste este sistema, marginado por actores políticos y económicos, es reflejada tanto por las causas que defiende como por la cantidad de personas a las que alcanza. “Da beneficios a familias y pequeños productores que por muchos años fueron el último eslabón de la cadena”, comenta al respecto Gabriela Olea. La alternativa, esbozada a nivel discursivo y ratificada en el acto de consumo agroecológico, está lejos aún de tomar la delantera en la contienda. Pero la forma de abonar el terreno para que un cambio real sea factible existe ya en la sociedad civil, tal como expresa Vanesa Acosta: “Necesitamos discusiones en torno a otro modelo económico, y estas cooperativas son ejemplo de que eso es posible”.
Jul 28, 2021 | Géneros, Novedades
La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.
Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar.
Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana.
Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.
Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.
Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental.
En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44.
Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.
Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”.
Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.
Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”. Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades.
“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.
Jul 28, 2021 | Comunidad, Novedades
“NewNew – The Control My Life» es una aplicación móvil presentada a finales del 2020 y es hoy la novedad en aplicaciones para influencers junto con Tik Tok. Se trata de una plataforma mundial con sede en Los Angeles, paga y solo disponible para dispositivos de Apple. Tal como explica su cofundadora y directora ejecutiva, Courtne Smith, NewNew tiene como antecedente otra app lanzada en 2018 denominada Surprize. En ese momento ella trabajaba en el staff del rapero Drake y en esa aplicación se regalaban artículos de lujo a los usuarios, desde cosméticos Kardashian, billeteras Gucci o entradas para un concierto del músico. En este caso, los usuarios jugaban una trivia de un minuto y ganaba quien contestara en menor tiempo. También la comunidad elegía a través de votaciones qué productos regalar. Hasta ese momento, la app se sustentaba con publicidad, recibía productos de marcas lujosas y generaba interés en diversos públicos. Tras estas experiencias, Smith decidió reconfigurar el objetivo de la app, diseñándola como un medio de conexión entre famosos y fans, generando así vínculos más estrechos y sobre todo, monetizándolos.
Una de las patrocinadoras de la app es la estadounidense Andreessen Horowitz, líder en las inversiones relacionadas a aplicaciones móviles. Entre los inversores también está el empresario y cofundador de PayPal, Peter Thiel, y el reconocido actor Will Smith (quien no tiene ningún parentesco con Courtne).
Pero no todo quedó allí, ya que en 2020 la aplicación recibió el respaldo de Snapchat, que incluyó a la nueva app en su programa Yellow Collabs. NewNew se encuentra en su etapa “beta” y se describe a sí misma como “un mercado de valores humano donde comprás acciones en la vida de personas reales, para controlar sus decisiones y ver el resultado”.
Pero ¿en qué consiste la aplicación? Está principalmente dirigida a lo que se llama creadores que pueden ser escritores, pintores, músicos, diseñadores de moda, influencers o cualquier persona que tenga una base de seguidores en plataformas como Twitch, Instagram, Youtube o TikTok. Está diseñada como un medio para que se conecten más estrechamente los ídolos con sus fans. Para esto, sus fanáticos pagan por votar decisiones cotidianas de sus “creadores” como por ejemplo la vestimenta que llevará ese día. Al seguidor se le presentan dos opciones y él elegirá la que considere; además puede pagar las veces que quiera (independientemente del resultado) para poder votar. También pueden pedir tareas o favores personales a los creadores: por ejemplo, en el caso de un escritor, un fanático pudo solicitarle que un personaje de la obra lleve su nombre. Sin embargo, para estas peticiones, los seguidores deben pagar un monto extra que va desde los $20 dólares.
Mientras que otras aplicaciones como Wishbone o Slingshot permiten a los usuarios comparar dos cosas y votar por su favorito gratuitamente, NewNew posibilita votar sobre aspectos del trabajo y la vida personal de una persona pagando por ello. De hecho, hay otras aplicaciones y servicios como PearPop, donde famosos como SnoopDog hacen un comentario en un vídeo por 250 dólares
Para muchos especialistas, la app de alguna manera busca controlar múltiples aspectos de la vida de otras personas como artistas, que pasan así a ser unas “marionetas” de la audiencia. Pero… ¿qué pasa cuando estas formas de interactuar influyen en el comportamiento de los sujetos? ¿Qué sucede cuando la tecnología y la era virtual transforman la subjetividad de los sujetos y sus interacciones en mercancías?
Para responder estas preguntas y analizar la aplicación desde una perspectiva psicoanalítica, ANCCOM diálogo con Diana Sahovaler de Litvinoff, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente y autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual, la psicoanalista expresó: “En principio y desde el lado del fan se trata de un vínculo imaginario con el artista que apela a dejar una huella, una marca en el otro que nos interesa. Esta relación implica una fantasía porque se considera que la participación del fan interfiere en algún aspecto en la vida del artista. Además, lo hace partícipe en la emisión de sus mensajes”. Por el lado del creador, la docente expresó: “El ídolo no solo le pregunta a su público qué quiere que haga sino también a la gran web. En este vínculo, el fan quiere unirse al ídolo, pero el artista principalmente busca ser querido”. Tal como afirma la profesional esto se vincula con el fenómeno universal de querer gustarle a otro. Sin embargo, no todo se explica por lo afectivo sino que además esa relación está monetizada, es decir, el seguidor paga y el ídolo recibe un rédito económico. En este sentido, la autora menciona: “Esta aplicación apela a un público humano que va más allá de la tecnología, nosotros elegimos todo el tiempo sobre cuestiones cotidianas: qué hacer cuando nos levantamos, que comemos o cómo nos vestimos y lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que revela esta app es la gran dependencia de los otros y la necesidad de satisfacerse para ser considerado”.
En cuanto a los tipos de vínculos que se generan, la docente expresa que no hay uno en específico sino muchos: “Se puede poner acento en el control, donde hay uno que obedece y otro que hace, es decir: existe un placer al ver que la otra persona obedece, lo cual complace. Puede ser una relación amante/amado, donde el amado es el ídolo, dejándose querer mientras que el otro, el amante quiere. Incluso como el de madre/hijo donde uno le ordena a otro lo que más le conviene o le hace bien”.
Respecto al impacto de este tipo de aplicaciones, es necesario destacar la voluntad de ambas partes a la hora de participar de estas encuestas. La especialista en este caso afirma que la aplicación no repercute en una patología o angustia directa sino que básicamente “desarrolla una fantasía”. En conclusión, podemos decir que estos cambios de comportamiento junto con el avance tecnológico, lograron transformar la relación entre ídolos y fanáticos mediada por plataformas y aplicaciones. En pocos minutos la información fluye por las redes de los artistas y es fácil reunir a fans de todo el mundo en estos espacios virtuales. Al parecer, hoy ya no representa una odisea atravesar circuitos de seguridad para conversar o acercarte a tu ídolo sino que solo se necesita descargar una aplicación.
Jul 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Comunidades indígenas de Amaicha del Valle y de Quilmes cortan la ruta en reclamo por medidas de cuidado en 2020.
Según el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en octubre de 2020, Senti-pensarnos Tierra, Epistemicidio y genocidio en tiempos de covid-19, la pandemia y el decreto 297/2020 constituyeron una drástica transformación social y económica para el conjunto del país, siendo las más perjudicadas aquellas regiones con desigualdades estructurales previas donde las condiciones sanitarias, alimentarias, ambientales y educativas ya se encontraban en estado crítico.
Bertha Lozano, trabajadora de la Liga por los Derechos Humanos de Salta, afirma que la problemática es la misma: “los pueblos indígenas, su estado vulnerable, no mejoró absolutamente nada porque los protocolos para ellos no existen, no pueden cumplir nada. Son lugares donde no tienen acceso al agua corriente, por ejemplo”. En esta línea, Cristina Pérez, quien preside la asociación indígena Lhaka Honhat en Salta, señala otras problemáticas: “En la zona, por falta de información muchos pobladores no cumplieron el protocolo. Lamentablemente fallecieron muchas personas de las comunidades sospechosas de covid y que, por la mala atención, no recurrieron al hospital. Seguimos en la misma situación del año pasado: no hay información, no hay traducción en lenguas originarias sobre el tema”.
En el documento El impacto del covid-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva realizado en diciembre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que durante el 2020 varios países latinoamericanos comenzaron a registrar el mayor número de contagiados y fallecidos por el covid-19, situándose entre las 20 naciones a nivel global en mayor situación de riesgo Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile. Según la CEPAL, “el mayor impacto lo sufrirán aquellos sectores de la sociedad que, históricamente, han quedado excluidos del poder político y económico, en particular, los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las personas mayores indígenas”, ya que “se estima que en los países de la región más del 80% de los trabajadores indígenas lo hacen en el sector informal, una proporción ostensiblemente superior a la registrada entre los no indígenas (OIT, 2020 y 2019)”.
Presencia estatal en las comunidades
Tanto para Bertha, como para Cristina el informe de la Comisión señala que hoy los protocolos por la pandemia están ausentes. Y si bien no existe información oficial sobre los casos de covid-19 entre los pueblos indígenas de la Argentina, coinciden en que el impacto puede ser enorme. El informe de la CEPAL indica que hay comunidades que atraviesan “una crisis humanitaria crónica, como los pueblos indígenas wichi, qom, iyojwa’ja y niwaclé de Salta, Formosa y Chaco”. Con respecto a la provincia de Salta, el organismo remarcó que “podría agravar la dramática situación que obligó al gobierno de la provincia de Salta a declarar en enero de 2020 una emergencia sociosanitaria durante seis meses, tras la muerte por desnutrición en pocos meses de al menos siete niños indígenas en la zona, la hospitalización de otros 32 por la misma causa y la existencia de otros 160 en riesgo de desnutrición”.
En palabras de Cristina: “No hay control en el municipio, no hay información de parte del intendente sobre los protocolos. Desde la provincia, solamente se perciben las ayudas sociales (pensión, jubilación, AUH)”. Sin embargo, “el tema de ayudas sociales como el ticket y los módulos alimentarios demoran la entrega, y a pesar de que hubo un decreto sobre la emergencia sanitaria y el tema de COVID, hubo muchas familias a las que les dieron de baja estas ayudas. De parte de la salud no hay informaciones sobre el tema COVID. No hay un trabajo comunitario”. Por su parte, Bertha afirma que el acceso al agua corriente, a una alimentación digna, a su territorio, a la educación, constituyen derechos humanos que los pueblos indígenas van perdiendo o que nunca los tuvieron, y que impacta en la práctica a la hora de tomar medidas preventivas contra el virus. “Sin acceso al agua corriente -afirma- no hay manera de que mantengan protocolo de limpieza ni que se higienicen”.
Según el informe de la CEPAL, en Argentina la primera medida adoptada fue la resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir de la cual se ordenó un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país, de las personas que podían acceder al ingreso familiar de emergencia establecido por el Gobierno a través del decreto 310 del 23 de marzo de 2020. No obstante, fue cuatro meses después cuando este presentó una serie de recomendaciones para dar respuesta al covid-19 en las poblaciones y territorios indígenas, elaboradas por la Mesa de Emergencia Sociosanitaria Intercultural (MESI), una entidad de carácter participativo, constituida por representantes de las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales a nivel nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, el organismo destaca la realización por parte de INAI de “videos propagandísticos con recomendaciones para evitar nuevos contagios de coronavirus, relatados en siete idiomas originarios (mocoví, quechua, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, mapuzungun y qom), que se difunden a través de anuncios en los medios y redes virtuales, las radios y la televisión pública. También se preparó material impreso en esas lenguas”.
Con respecto a la cuestión de la interculturalidad, Bertha dijo que “las comunidades ya han tomado conocimiento de lo que es el coronavirus, porque no es gente que no tiene conocimiento de nada: hay personas que tienen acceso a los pueblos y sabe cómo cuidarse. El problema es que no tienen posibilidad, no tienen acceso a la salud pública, a un remedio ni nada de eso. Entonces se cuidan también con lo natural, porque es a lo que tendrían algunos accesos, y que otros ya ni tienen. El monte ya es muy reducido, ese es otro problema”.
Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llegaron al Congreso luego de una caminata de 2000 km.
Una cuestión crónica
Según el CONICET, pese a los cambios institucionales y legislativos logrados desde fines del siglo XX, que contribuyeron al reconocimiento y acceso a derechos territoriales, ambientales, educativos y culturales, resultado de sus históricas luchas y demandas, la realidad indígena exhibe avances aún insuficientes frente a su situación de desigualdad socioeconómica, de irregularidad en la posesión de las tierras que habitan y de una histórica invisibilización, estigmatización y criminalización.
De acuerdo con el segundo informe regional llevado a cabo por la Plataforma Indígena Regional Frente a la covid 19 “por la Vida y los Pueblos”, Pueblos Indígenas y vacunación contra covid-19, a través del Observatorio Regional sobre derechos de Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), entre otros; los pueblos indígenas del norte se encuentran en situación de riesgo, entre ellos el pueblo Qom y Wichi. Según el informe, mientras el primero se encuentra “en situaciones de extrema pobreza por la pérdida de sus tierras, inseguridad alimentaria y con alta prevalencia de enfermedades como la tuberculosis que han provocado muchas muertes”; el segundo “se encuentra en clara situación de riesgo ya que su condición alimentaria y sanitaria es tan crítica que, desde el inicio del año, se registran al menos doce fallecimientos de niños a causa de desnutrición y falta de atención sanitaria”. Al igual que Bertha y Cristina, el observatorio coincide en señalar problemas estructurales tales como la imposibilidad de producir para su autoabastecimiento, las condiciones ambientales producto del desmonte y la discriminación.
Para Bertha, “la única manera que eso se pueda afrontar como una cuestión de responsabilidad estatal es con algún programa claro en la práctica en el territorio. Conozco médicos que se acercan voluntariamente a la zona, pero la gente de la comunidad se sigue muriendo y si es que es de coronavirus, porque ahora van a decir que es de covid y ya no van a decir que es de desnutrición y de todas estas problemáticas que también tienen. Se saca la responsabilidad del Estado sobre el abandono que tienen esas comunidades con respecto a sus derechos. Con donaciones y actos solidarios no podemos solucionar un problema estructural”.
Jul 21, 2021 | Comunidad, Novedades
Desde hace más de dos años, un grupo de familias con graves problemas habitacionales decidió ocupar las tierras pertenecientes al Barrio Ferroviario, que existe hace más de 50 años en la localidad de San Fernando. De esta manera, se formó un nuevo barrio denominado La Victoria, y desde un primer momento sus nuevos pobladores se organizaron y empezaron a hacer jornadas de limpieza, fumigación y ollas populares. Además, el mismo año en que llegaron al lugar (2019) se registraron en el RENABAP (Registro Nacional De Barrios Populares), amparado por la ley 27.453 aprobada en el Congreso Nacional en octubre de 2018; que dictamina que los barrios registrados no pueden ser desalojados. A pesar de esto, el 19 de septiembre del año pasado se produjo el desalojo de 20 familias que estaban allí desde mayo de 2020.
Los habitantes del lugar se ven afectados en diversas situaciones, como las deficiencias en el servicio eléctrico, dado que no cuentan con medidores propios y además el poste que los abastece servicio se encuentra muy lejos del lugar, lo que provoca que tengan inconvenientes por la baja tensión. A su vez, la red de agua no es potable por lo que deben trasladarse varias cuadras para abastecerse para poder cocinar y demás cuestiones cotidianas.
La solidaridad está fuertemente arraigada en el barrio: hace dos años se encuentra el merendero La Victoria. Milagros Castillo, su coordinadora, dice: “Arrancamos justamente por el tema de la necesidad, dado que al barrio llegaron varias familias que la estaban pasando mal, no tenían luz ni agua y para aliviar un poco ese dolor arrancamos con el merendero y ollas populares. Respecto a la situación actual sanitaria comenta: “Ahora vienen mucho más los nenes, antes faltaban, ahora no faltan nunca”
Desde el año pasado, los vecinos crearon una mesa de urbanización en donde participan más de diez personas y articulan diversas actividades con ONG, organizaciones sociales e instituciones religiosas. Todas estas instancias de participación conocen el territorio desde antes y coinciden en la importancia de llevar adelante esta instancia para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida para ellos y las próximas generaciones.
La victoria forma parte del Registro Nacional De Barrios Populares, lo que -al menos en teoría- la deja a salvo de desalojos.
Nahuel es militante de una de las organizaciones que participan activamente de dicha mesa y sobre su trabajo comenta:“Junto a mis compañeros comenzamos a ir al barrio ya que vimos una necesidad grande y empezamos a colaborar con los vecinos, le llevábamos alimentos no perecederos para que poder hacer las ollas populares y también ropa”.
Respecto a la idea de urbanizar el barrio, Milagros dice que fue idea de los vecinos. Se contactaron con un abogado para pedirles asesoramiento y él mismo los contactó con la ONG Habitar, que articula diversas actividades relacionadas al tema. Según Gabriela Torrents (una de las participantes de esta ONG): “El proyecto Habitar consiste en el encuentro de distintas personas a las que nos reúne principalmente la necesidad de transformar las injusticias y la desigualdad urbana”. La mayoría de los integrantes de esta iniciativa son arquitectos y urbanistas que trabajan el problema del hábitat a través de la arquitectura y su transformación. La profesional plantea: “Esta cuestión de trabajar la transformación de la desigualdad por la arquitectura y el urbanismo nos hizo recorrer distintos ámbitos de formación”
Eugenia Jaime, otra de las participantes, comenta que el primer contacto que tuvieron con el barrio fue por los vecinos, dado que le trasladaron la demanda de la falta de agua y el problema que les traía esto ante la situación sanitaria vigente. “Hicimos una primera visita en la ASPO y nos encontramos con un grupo organizado con interés de hacer algo que transforme el hábitat en el que estaban viviendo. Que además era muy sentido para ellos la necesidad de cambiar el tema del agua, sino que también le preocupaba la situación de la vivienda en las que estaban sus vecinos, la situación de los residuos, los caminos y el estado de la calle” .
El aprovisionamiento de agua y luz son solo dos de los problemas de los habitantes de La Victoria.
Con encuestas realizadas por los propios vecinos del barrio, las arquitectas pudieron elaborar un informe en donde se describen las características de las viviendas y las diversas vulneraciones a sus derechos básicos. Eugenia dice: “Es importante resaltar que el primer grupo que nos contactó tenía en claro que tenían derecho a acceder al agua, a las cloacas y a una vivienda digna.
La ONG llevó varias actividades a cabo junto a los vecinos como censos, identificación y mejora de las calles y una plaza para los niños del barrio. Actualmente se encuentra desarrollando diversas actividades de capacitación respecto a urbanización para seguir avanzando en el tema junto con los vecinos.
Jul 21, 2021 | Géneros, Novedades
¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.
“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.
“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.
Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.
Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.
La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.
Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.
Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos. Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.
