La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
“¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es aquello por lo que te pagarían?”, decía Alejandro Melamed en una charla en el auditorio de la «Expo Empleo Jóven» que se realizó en La Rural el 30 y 31 de mayo último. Fuera del auditorio, en la sala principal, había 200 mesas con promotores y personal de recursos humanos de cada una de las empresas que participaron de esta propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prometía 10.000 puestos de trabajo en su campaña publicitaria.
La multitud de jóvenes ilusionados que se acercaron al predio y las longilíneas filas que se armaban parecieron desnudar uno de los grandes problemas de la actualidad socioeconómica: los crecientes índices de desocupación, en los cuales los universitarios ocupan la mayor porción.
Al preguntar para dejar el currículum en la empresa Exxon, la respuesta fue que buscaban dos áreas específicas. Al repetir la pregunta en YPF, sólo señalaron el e-mail al que había que enviarlo. Después de cada larga fila, compuestas por centenas depersonas, las respuestas se asemejaban.
Falsa expectativa: muchos jóvenes salieron desilusionados por no obtener una entrevista.
Por los pasillos de la Feria se encontraba Fabián Pereyra, el Director de Políticas de Juventud, organizador de la exposición. «Las empresas en este momento están atendiendo jóvenes que se están acercando. Si les dijeran sólo que carguen virtualmente el currículum, no habría ningún joven en la fila. Entiendo la polémica, que algunos dicen que hay precarización laboral, pero acá están las principales empresas del país generando 11.000 puestos de trabajo», dijo Pereyra en diálogo con ANCCOM. Sin embargo, agregó: «¿Cuántos abogados o periodistas pueden trabajar de lo que estudiaron? Es un mundo muy cerrado, esta feria sirve para que los chicos despierten otra vocación. Pienso también que hay que darles herramientas a los jóvenes para generar emprendimientos propios. Queremos que los chicos cumplan sus sueños».
Largas colas en las afueras del predio de La Rural de Buenos Aires para ingresar a la Expo Joven 2017.
Momentos más tarde, en la mesa de la marca de ropa 47 Street, la encargada de recursos humanos le dijo a una mujer: «Ah, pero vos sos de La Plata. ¿Viajarías a Capital todos los días?» La mujer contestó un “sí” rotundo. Su presencia en la Feria se debía a que hace seis meses que está sin empleo. “Vine porque no hay trabajo por ningún lado, y acá se ve mucho gasto de plata en los stands, en la folletería, en el espacio, para que después sólo te digan que tenés que entrar a la web de la empresa o enviarlo por e-mail», expresó a ANCCOM. Un grupo de chicos entre 18 y 19 años esperaban en otra larga fila para realizar un entrenamiento de entrevista laboral. «En las mesas nos trataron bien, fueron amables», dijo uno de ellos. El amigo agregó «yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”. Un joven de 28 años se acercaba a la salida porque tenía que asistir a su clase universitaria. Había estado tres horas en la cola para entrar a la feria, ya adentro, tuvo que hacer más filas, en muchos casos, para recibir folletos y bolsas de promoción.
«Yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”, explicó un joven mientras se retiraba del predio.
«Había otras expectativas, los jóvenes pensaban que muchas de las empresas harían las entrevistas acá, en las mesas, pero no», dijo un promotor de la marca Coca-Cola. Sólo en algunos casos se daba la selección en el momento. La gerente de recursos humanos de 47 Street separaba currículums y hacía marcas con lapicera, según ciertas respuestas de disponibilidad o residencia: «Me parece mejor que vengan y tener el cara a cara para la selección». En la mayoría de los casos la búsqueda laboral no se diferenciaba de la que cualquier joven podría hacer desde su casa, enviando currículums por mail. El objetivo de la Feria parecía ser ampliar la base de datos para cuando surgieran propuestas en las empresas, más que incorporar nuevos empleados.
El despliegue de múltiples stand y merchandising no alcanzó para cumplir con las expectativas reales de estudiantes y jóvenes trabajadores.
Puntual, llega Hebe de Bonafini. Lleva una blusa con vivos rosados que hacen juego con sus labios y sus uñas pintadas. Como siempre, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo luce su pañuelo blanco en la cabeza, bordado a mano por las mismas madres, una costumbre que dice: “No queremos abandonar´.
Con tanta calma como firmeza, Hebe describe el primer año del gobierno de Macri. Señala, también, cómo ve a los jóvenes, a las clases medias y a los sectores privilegiados. Describe escatológicamente a la CGT y menciona con ternura sus recuerdos de Fidel Castro y Néstor Kirchner. Inventa cantitos y se anima a contar cómo se puede ser feliz a pesar de los golpes recibidos. Una larga y amplia conversación que va de Sandro hasta la lucha armada.
Hasta el próximo 31 de diciembre se encuentra abierta en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra colectiva en homenaje a la activista Lohana Berkins, organizada por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Diversas organizaciones de género y diversidad sexual reflexionaron sobre la figura de la militante fallecida, su legado político y la situación actual de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y travestis), en relación al proyecto de ley de reparación histórica para víctimas trans y travestis de la violencia institucional.
Josefina Fernández, coordinadora del Programa, explicó el motivo por el cual decidieron realizar una muestra en homenaje a Lohana: “Fue pionera en las luchas por la ampliación de los derechos de su comunidad y lo hizo poniendo en cuestión los mandatos binarios y heteronormativos. Batalló por la derogación de los edictos policiales que permitían la detención de travestis por el sólo hecho de serlo. Durante cuatro años polemizó con la Inspección General de Justicia por el reconocimiento jurídico de su Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Lohana llevó su empresa hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recordó y agregó: “Era una abolicionista convencida y luchó por desnaturalizar el vínculo entre prostitución y travestismo, creando la Escuela Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú como estrategia de autoempleo. Logró, gracias a su empecinamiento, que el Ministerio de Educación de la Nación ordenara a todos los establecimientos educativos de la CABA y las dependencias de la Secretaría de Educación garantizar el respeto a la identidad de género, cuando todavía no teníamos Ley de Identidad de Género. Con la convicción de que la educación es un derecho fundamental históricamente negado a travestis, transgénero y transexuales se sumó a la creación del Bachillerato Popular Mocha Celis”.
La muestra colectiva que homenajea a la activista se enmarca en el certamen “No es igual, nada da igual”, que desde hace cuatro años se lleva adelante y que tiene como objeto mostrar los avances y las brechas aún existentes en materia de género y de diversidad sexual: “Lohana fue una de las personas que más luchó por visibilizar y achicar la falta de oportunidades y derechos, según la libre elección sexual. En esta oportunidad optamos por este homenaje, sabiendo que su partida había generado una tristeza que podía expresarse no solo a través de imágenes fotográficas –formato característico del certamen-. Decidimos entonces dos cosas: ampliar el soporte del material y quitarle el carácter de concurso. No queríamos una muestra que premiara calidad sino una en la que pudieran participar la mayor cantidad de personas a las que Lohana les transformó la vida”, agregóFernández.
Desde La Colectiva Diversa y Antipatriarcal Desde el Fuego, Paula Lo Cane también reconoció la relevancia de la figura de la referente LGBT: “Contribuyó de manera pujante y crucial en la comprensión de cómo nuestras luchas se imbrican con nuestras experiencias vitales y forjan nuestras identidades, entendiendo cómo los condicionamientos y los mandatos sociales sexogenerizados subyugan de formas particularmente terribles a las identidades femeninas y feminizadas. En ese entendimiento, Lohana sabía dónde pararse y desde dónde decir las cosas. Sabía cómo romper con un binarismo deshumanizante y cómo agrietar en los cimientos de esa opresión que ella comprendía patriarcal. Sabía cómo moverse en la calle y en las instituciones que intentaba subvertir”.
A poco tiempo de su muerte, las organizaciones que intervienen en la lucha contra el patriarcado, con cierta sensación de cierta orfandad, se preguntaron cómo seguir: “En este momento -sostuvo Laura Perez Regoli, miembro del colectivo Mala Junta– es interesante pensar el legado de Lohana en su integralidad. Pensarla como una militante social que disputó lo institucional, pero que tuvo su escuela en la calle, en el territorio. Que no perdió de vista esa dimensión a la hora de ocupar otros espacios de poder, pero que tampoco desperdició oportunidad alguna para disputar con el orgullo disidente en esas esferas que tan alejadas de la furia travesti aparecen. La vocación de poder pero con una claridad política de cómo acumular para los marginados, los oprimidos, los trabajadores, los que están sin trabajo”.
El proyecto
Emiliano Litardo, abogado y militante de la organización Abogados por los Derechos Sexuales (ABOSEX), trabajó junto a Berkins, Diana Sacayán (asesinada el año pasado) y Marlene Wayar –todas activistas y referentes de la comunidad LGBT- en el proyecto de ley presentado el pasado mes de mayo en el Congreso de la Nación que consiste en que el Estado reconozca y repare mediante una pensión graciable a todas las personas víctimas de la violencia institucional por motivos de su identidad de género. “En 2014, gracias al incentivo de Lohana, nos reunimos para empezar a armar el proyecto basándonos en un precedente que en ese momento ya tenía estado parlamentario que fue la ley de pensión graciable para ex presos políticos. Lohana venía pensando en una propuesta similar por lo que ella le imprimió toda la politicidad que necesitaba. Lo presentó junto a la diputada Diana Conti”,relató.
Sin embargo, el proyecto de ley tuvo que ser suspendido en su tratamiento debido a que en paralelo se debatía otro en la Ciudad de Buenos Aires que proponía otorgar un subsidio a las personas trans mayores de 40 años que hubieran rectificado sus datos registrales. “Ese proyecto comenzó a tener muchas críticas de los principales medios de comunicación, específicamente de Jorge Lanata, no por el proyecto en sí mismo, sino por el monto del subsidio que iban a cobrar. Esto implicó que se abra un debate en torno a la cuestión económica lo cual avivó muchas manifestaciones transfóbicas. Por esta razón Lohana decidió congelar el tratamiento del proyecto de reparación histórica para que no fuese lastimado”, detalló Litardo.
Finalmente, en mayo de este año, el proyecto de ley volvió a ingresar en el Congreso de la Nación. Propone una pensión graciable a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia institucional cometidas por cualquier fuerza de seguridad federal, por motivos de su identidad de género. “Específicamente a aquellas que fueron víctimas de los edictos policiales que tuvieron vigencia en todo el territorio nacional, pero principalmente, en Capital Federal -amplía el abogado-. No es un subsidio ni una indemnización, y la suma se estipula en relación al mínimo básico del índice de trabajo público, que habría que ver en qué monto se fija para el próximo año. El proyecto busca la posibilidad de alcanzar una vejez digna. Después de aprobado, los gobiernos provinciales deberían replicarlo para que tenga incidencia en sus territorios”.
Actualmente el proyecto cuenta con más de veinte firmas correspondientes a diputados y diputadas de diferentes bloques, principalmente del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda y los Trabajadores. También lo apoyan algunos radicales. En el caso del PRO, algunos legisladores manifestaron apoyar el proyecto aunque aún no lo han firmado. El tratamiento de la iniciativa continuará en marzo del año próximo, cuando la Comisión de Seguridad Interior comience a sesionar y lo ponga en agenda. Luego, deberá ser tratado en tres comisiones más: Presupuesto, Derechos Humanos y Seguridad Social.
«Optamos por este homenaje, sabiendo que su partida había generado una tristeza que podía expresarse no solo a través de imágenes fotográficas –formato característico del certamen-. Decidimos entonces dos cosas: ampliar el soporte del material y quitarle el carácter de concurso», dijo la coordinadora Josefina Fernández.
La presentación del proyecto fue acompañado de lanzamiento de la campaña “Reconocer es Reparar”, la cual tuvo gran recepción social y cobertura mediática. Para Litardo, esta campaña permitió “el acercamiento de personas trans mayores de 50 años de las que surgió, como una consigna importante para toda la comunidad, la idea de la vejez travesti-trans. Desde una perspectiva gerontológica crítica que piensa la vejez en términos ideológicos, da cuenta de que es un proyecto que viene a subsanar toda una matriz de violencia que no obturó solamente la vida de las que sobrevivieron, sino que también obturó el acceso a una vejez en igualdad de condiciones. Una vez más la comunidad trans con este proyecto nos enseñó que la vejez para algunas personas es un privilegio”.
El abogado también describió cómo fue el proceso de recolección de datos: “Una de las preocupaciones de Lohana era poder demostrar todas estas violaciones, y eso se logró porque pudimos articular el trabajo con el Ministerio de Seguridad de la gestión anterior, y accedimos a los legajos policiales de muchas compañeras donde está sistematizada la forma en la que la policía las ‘chupaba’ por la aplicación del artículo dos y podían pasar en un calabozo por más de 30 días, sufriendo todo tipo de vejaciones”.
En relación a los fundamentos que promovieron la creación de este proyecto de ley, el especialista aseguró que “no se trata solo de la responsabilidad internacional del Estado en estos casos, sino de desmantelar todas las patas de la criminalización hacia la comunidad LGBT, y en particular a la población travesti y trans que ha sido la más diezmada en todos estos años. En términos económicos es un proyecto de ley que no tiene un impacto fiscal demasiado alto, en tanto y en cuanto las beneficiarias son pocas, estimamos que no son más de 200 personas, la mayoría ha emigrado a otros países y muchas otras han sido asesinadas por este régimen de violencia. En términos simbólicos, es la forma que tiene el Estado de pedir perdón con una acción concreta: dando una retribución económica, no hay otra manera”,pronunció.
Finalmente, el representante de ABOSEX, reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBT en este escenario político y sobre las potencialidades para afrontarlo. “Ya no basta luchar por políticas asociadas al beneficio de ‘tu’ colectivo, sino que tienen que ser cuestiones mucho más amplias donde uno pueda medir el impacto que tienen políticas macroeconómicas al interior de tu comunidad. En relación al vacío de liderazgo que han dejado Lohana y Diana, creo que en ese punto hay que pensar en una reconfiguración del mapa político al interior de la comunidad travesti y trans, que es un debate que hay que comenzar a dar. Sin embargo, las fortalezas son muchas, creo que el movimiento de diversidad sexual demostró su capacidad de hacer política, y la potencialidad que tiene poder hablar con voz propia, donde no haya médicos o jueces que hablen en nombre de uno, sino lo potente de que el colectivo LGBT pueda plantear sus propias agendas en sus propios términos. La comunidad LGBT ha gestado un movimiento que es político, por lo cual la potencia es enorme”, concluyó.
La muestra estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2016, en el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A. Para más información ver aquí
“Lohana fue una de las personas que más luchó por visibilizar y achicar la falta de oportunidades y derechos, según la libre elección sexual, contó Fernández..
El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue tomado por varias centenas de becarios, científicos y docentes universitarios que exigen la incorporación de los 483 investigadores que recibieron la evaluación positiva de sus trabajos para integrarse al Conicet. Además, piden que se garantice el presupuesto necesario para continuar con los proyectos en marcha.
Desde el martes, los trabajadores de Conicet pasaron las noches dentro de las dependencias del edificio situado en la calle Godoy Cruz 2320. El miércoles mantuvieron una reunión con las autoridades del área que resultó insatisfactoria. El gobierno ofreció financiar con dinero de la Jefatura de Gabinete a los investigadores damnificados hasta abril de 2017 y después reubicarlos en universidades nacionales y otros centros educativos, asignándoles cargos y horas docentes.
En la planta baja, los diversos grupos movilizados decidieron marchar a la intersección de las calles Godoy Cruz y Paraguay para hacer aún más visible su reclamo. Allí volvieron a reclamar que sean atendidos por las autoridades y exigen las renuncias del ministro Lino Barañao y del presidente de CONICET Alejandro Ceccato.
Quince años después, aquel miércoles 19 es lunes. El asfalto está igual de caliente y las escalinatas del Congreso ahora se escudan detrás de gruesas rejas. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar las oscuras jornadas del estallido social de diciembre de 2001 y actualizar reclamos y reivindicaciones.
“Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad”, reflexionan las organizaciones convocantes como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras. El diagnóstico pone el foco en el final trágico del fallido gobierno de la Alianza, pero también intenta dar la perspectiva histórica. El secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, profundiza esa evaluación. “Ya se venían produciendo políticas de ajuste con el gobierno anterior pero evidentemente este las ha profundizado y las está llevando a limites extremadamente peligrosos para el cuerpo social de la Argentina. Por eso convocamos permanentemente a movilizar a las calles para obligar al gobierno a modificar esas políticas”, le explicó a ANCCOM.
Quince años después es martes 20 y las convocatorias continúan. Un sector encabezado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llamó a marchar por las mismas cuadras que otros transitaron el día anterior. José Castillo, referente de Izquierda Socialista, evaluó la convocatoria: “Se trata de no olvidar lo que denominamos las brasas del argentinazo que siguen encendidas por más que ahora buscan caracterizar ese momento como un período negro de la historia. Y a esa conmemoración que venimos sosteniendo a lo largo de los años, se le suman las consigas propias contra el ajuste macrista”, puntualizó.
Quince años después de aquellas jornadas la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra un número frío de 38 muertos por la represión estatal durante el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. En la Ciudad de Buenos Aires fueron Carlos “Petete” Almirón (24 años), Rubén Aredes (24 años), Gustavo Benedetto (30 años), Jorge Cárdenas (52 años), Diego Lamagna (26 años), Alberto Márquez (57 años), y Gastón Marcelo Riva (30 años). Algunos familiares de las víctimas se movilizaron en las jornadas recordatorias y además de las citas en Capital Federal, se hizo un acto en Paraná, capital de Entre Ríos, provincia que registró tres muertos, y en Rosario, donde los familiares de las nueve víctimas -entre ellas, Claudio “Pocho” Leprati- se movilizaron a los tribunales provinciales con una bandera que exigía “juicio y castigo a todos los culpables”. Uno de los señalados como responsable fue quien entonces gobernaba la provincia, Carlos Reutemann. Según CORREPI, las víctimas en otras provincias llegaron a once en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Corrientes, una en Río Negro y otra en Tucumán.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, reivindicó el rol de esta organización como “una de las protagonistas” del 19 y 20. “En ese momento salimos más de cinco mil compañeros de la CCC de los barrios populares en La Matanza. Tomamos la Ruta 3, para ir a la Capital Federal, pero ahí la policía nos esperó para reprimir, y terminamos con 110 heridos de balas de goma, tres de ello con balas de plomo muy graves. Hubo una orden política, de parte del gobernador Carlos Ruckauf, de que me mataran, pero gracias a algunas compañeras que me tiraron al piso, me salvé. No es casual que el gobierno en ese momento, y la justicia también, nos hayan abierto una causa donde me acusaron junto a Luis D´elía -con el que estábamos en ese momento- de ser los responsables de la caída del gobierno de De la Rúa”, recordó.
Christian “Chipi” Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del Frente de Izquierda, destacó a esta agencia la importancia de homenajear a “los 38 compañeros asesinados por la represión estatal y recordar lo que fue una gran rebelión popular que terminó con un gobierno hambreador».
El pasado que vuelve
El pasado se actualiza con los reclamos de condena para los culpables de la represión y de atención a las demandas que no fueron saldadas a lo largo de esos 15 años. “Ahora es importante no sólo conmemorar sino también seguir pidiendo justicia, porque no se ha hecho justicia con todos los compañeros que asesinaron en esos días. Junto con eso -y si bien estamos en otro contexto político, otro momento histórico- también están los reclamos por derechos que venimos exigiendo desde el 2001”, remarcó Alderete. El pasado también se actualiza por las políticas de ajuste. «Hoy estamos soportando ataques a los trabajadores tanto por parte del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, con el crecimiento de la deuda externa y la pérdida de puestos de trabajo, caída del salario, aumento del nivel de pobreza. Es importante recordar la fuerza de la movilización popular porque si (Mauricio) Macri ha podido avanzar hasta ahora es gracias a la tregua de las conducciones sindicales”, dijo Castillo.
Alderete, al igual que el referente del PTS, también señala el desempleo como uno de los principales problemas actuales. “En los barrios, la falta de trabajo la sentimos en carne propia con los compañeros que viven de changa hace muchos años, y que es difícil que entren a la producción. Ahí se nota mucho más, y de forma inmediata, la diferencia con aquellos que tienen un trabajo regular y que por lo menos hacen cortar el pasto o hacen una habitación más. Entonces cuando hay una crisis económica a quienes afecta es a ellos”, subrayó.
En tanto, “Cachorro” Godoy aseguró que «las políticas de ajuste de este gobierno han generado mayor pobreza y desocupación, y la continuidad de estas políticas han provocado recesión, transferencia de recursos desde los sectores que menos tenemos a los más concentrados de la economía, fundamentalmente empresas trasnacionales”. Y advirtió: “En síntesis, un gobierno de ricos para ricos en desmedro de los pobres, que si no se cambian esas políticas nos van a llevar a un nuevo abismo y eso es lo que la mayor parte de los argentinos no queremos”.
La movilización popular en las calles sigue siendo la señal de aliento para las organizaciones que esta semana volvieron a reclamar en el centro porteño. “Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados que heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular”, indicaron en el documento firmado por CTA Autónoma, Movimiento Evita, CCC y otros.
Figuritas repetidas
Quince años atrás, durante aquella semana de diciembre, los pasillos y despachos del Congreso eran testigos de los debates en torno a la extensión del período de sesiones ordinaria. La oposición pretendía aprobar la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo a través de la Ley 25.414 y anular el decreto 1570/2001 que impuso el denominado “corralito”. El 19 de diciembre el Congreso sesionó y terminó por asestar un golpe a los superpoderes y a las restricciones para los ahorristas. El desmoronamiento del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó por sugerirle al ex funcionario menemista que presente su renuncia ese mismo día. Mientras Cavallo preparaba su retirada, De la Rúa se maquillaba para hablar por cadena nacional. Esa tarde, anticipó lo que quedaría impreso en el decreto 1678/01 publicado un día después en el Boletín Oficial: la declaración del Estado de sitio. En los considerandos del decreto se argumentaba que “encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones ordinarias” correspondía al Ejecutivo resolver lo que el documento caracteriza como “actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes”.
“Hace 15 años hubo un rebelión popular que enfrentó el Estado de sitio y logró derrocar al gobierno. Pero el “que se vayan todos” sigue planteado en la Argentina porque la reflexión hoy es que finalmente volvieron todos, ahora con el macrismo volvieron los radicales directos de De la Rúa”, dijo el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nestor Pitrola, en la marcha del martes. Y si la reiteración de funcionarios no es un dato novedoso para ninguna administración, cualquiera sea su color, algunas coincidencias no dejan de ser significativas. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy interesada en prevenir saqueos a través de la vigilancia de las redes sociales, en aquel año fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y titular del Ministerio de Seguridad Social. Hernán Lombardi, quien hoy lidera el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, fue el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de De la Rúa. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue hasta el 20 de diciembre secretario de Política Económica. Capítulo aparte merecería Oscar Aguad, quien encabeza el Ministerio de Comunicación, y por entonces se desempeñaba como interventor en la ciudad de Corrientes, cargo que le valió su procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública que logró eludir una vez que la Corte Suprema lo sobreseyera, no por haber comprobado su inocencia, sino porque consideró que se había excedido el “plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva. En la Ciudad de Buenos Aires, este año cumplió funciones -luego debió renunciar por sus declaraciones negacionistas- como Ministro de Cultura, Darío Loperfido. El actual director del Teatro Colón fue, al comienzo del gobierno de la Alianza, vocero de Fernando de la Rúa.
A mediados de diciembre de 2001, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, argumentó que el proyecto de Presupuesto que había enviado el Ejecutivo planteaba “mantener el déficit cero y la reducción del 13 por ciento sobre salarios de estatales y jubilados, pero incluye la hipótesis de que en caso de no mejorar la recaudación ese porcentaje debería ser aumentado o tomar algún otro rubro significativo en el gasto, como es el caso del aguinaldo”. El 19 de diciembre, las tapas de los diarios imprimían los detalles del ajuste: “El recorte es de 6.000 millones”, “las podas más grandes son la caída del incentivo docente”, “a la ANSeS le sacan 657 millones y se eliminan 24.000 empleos públicos”. La reducción de los fondos para educación, y el «esfuerzo fiscal» que pedía el ex ministro Ricardo Lopez Murphy a las Universidades está en la memoria de los estudiantes que se movilizaron a Plaza de Mayo. Axel Bracht, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA tendió puentes con la situación actual. “El año graficó mucho cómo se profundizó el ajuste que venía del año pasado. El reclamo tuvo expresión en mayo, con la marcha que terminó en esta plaza con 70 mil personas, con un nivel de movilización que no se veía hace tiempo. Lo que hoy está pasando en el CONICET es otro cimbronazo que afecta al campo de la Ciencia y Técnica, y también la situación crítica en la que está el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), es otra parte del ajuste”, le dijo a ANCCOM durante la movilización del martes. Y agregó: “Hoy marchamos, acercamos un saludo a este acto, porque entendemos que hay que rememorar todo lo que pasó para hacer crecer el movimiento y reivindicaciones del pueblo que en 2001 sacó a cinco presidentes en una semana. Hoy, una vez más, tenemos que reforzar en todos los lugares a las comisiones internas y centros de estudiantes que expresen un programa popular”.
