Oct 22, 2021 | DDHH, Destacado 1, Novedades
En el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo celebra un nuevo aniversario. Se cumplen 44 años de lucha y de la fundación del organismo, que invita a participar de la campaña “Florece Identidad”. Con el objetivo de visibilizar, una vez más, la búsqueda de los nietos y nietas que todavía no conocen su verdadera identidad.
“Al principio los buscábamos con entusiasmo y con alegría, por ahí con algunas lagrimitas. Pero nos dimos cuenta de que nos iba a costar mucho. Entonces decidimos dejar las lágrimas en la casa y salir a buscarlos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y logramos lo que nos habíamos propuesto, dijimos que hasta que el último nieto no recobre su identidad no nos íbamos a separar. Así lo hemos hecho y todavía seguimos buscando. Yo hace 47 años que busco a mi nieto. Pero todavía guardo la convicción de que no me voy a ir a vivir a las estrellas hasta que no lo encuentre, para poder contarle lo que fue la familia, lo que fueron sus padres y los proyectos tenían para él”, reflexiona Sonia Torres la máxima referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.
En 1977, el organismo de derechos humanos referente en Argentina y el mundo nació organizado por madres en busca de sus hijos e hijas secuestrados por la última dictadura cívico militar. El terrorismo de Estado desapareció 30.000 personas y unos 500 bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Desde ese entonces, Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a esos nietos y nietas que ven violada su identidad. Durante ese camino han desarrollado numerosas entidades y herramientas para garantizar este derecho, y ya restituyeron la identidad a 130 nietos que hoy conocen su historia. Por ello el 22 de octubre, el día que estiman ya estaban conformando este colectivo con las 12 primeras Abuelas, fue instituido a partir de 2004 como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a las Abuelas.
Sonia, a sus 92 años, sigue buscando a su nieto, nacido durante el secuestro de su hija Silvina Parodi y su marido Daniel Orozco, dos días después del inicio del golpe de Estado de 1976. “Yo digo que soy Abuela hace 47 años porque a la media hora que me avisaron que la habían secuestrado ya estaba en el cabildo preguntando por mi hija. Y como estaba embarazada de seis meses y medio, a medida que transcurrían los días buscaba también a mi nieto. Yo tuve una suerte que no tuvieron todas las abuelas, seguí paso a paso lo que fue la desaparición, la tortura y la muerte de Silvina. Y aunque te parezca doloroso, es mucho mejor conocer que estar en permanente agonía sin saber a dónde está”, agrega.
La incertidumbre es el factor común que recorre todos los relatos de las Abuelas. Pero también lo es para la numerosa cantidad de personas que cuestionan su identidad, así lo afirma Laura Rodríguez, miembro del equipo de Presentación Espontánea de Abuelas. En lo que va del año tuvieron 2.756 consultas a través de mails. Pero, de esa cantidad, solo 388 en CABA y GBA completaron el trámite para comenzar la búsqueda de información y ser analizados. Es decir, que de la cifra original solo 1.922 nacieron entre 1975 y 1983, y todo el resto se arrepiente o abandona el proceso.
Explica Rodríguez: “Esa gran cantidad de consultas es mucho más grande que la totalidad de nietos buscados. Abuelas, con respecto al derecho a la identidad, abrió una pregunta importantísima, instaló un problema. Que, si bien como práctica existe en todo el mundo, como pregunta solo existe en Argentina. Cualquier persona que empiece a plantear alguna duda sobre su origen se va a encontrar con una relación que le va a decir que llame, pregunte o consulte, sobre todo las generaciones más jóvenes. Lo que grafican los números es todo lo que Abuelas pudo iluminar. La posibilidad de buscar, de preguntar, de conocer esos mecanismos de búsqueda y de sintetizar todas las escuchas”.
Luego de una campaña de difusión, generalmente se recibe una gran cantidad de consultas y aquellos con la edad correspondiente son invitados a realizar una entrevista, que ahora también puede ser virtual. Cada proceso es particular para cada persona y dar el paso de plantear su duda puede ser un proceso muy demandante. “Imaginate que de repente te enteres que no sos hijo de quien te crió o de quienes se hacen llamar mamá y papá. Y empezar a pensar que hay una familia que te puede estar buscando, o tener la duda y que nadie te la quiera aclarar. Entonces necesitan contención y nosotros lo que proponemos es justamente atender esa demanda y tratar de dar la mejor respuesta. Los casos son personas que vienen con una necesidad de poder ser ayudados en ese camino, que a veces les tomó muchos años llevar a delante”, comparte Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido en 1997 y el primero en integrar la Comisión Directiva de la organización.
Por otro lado, Rodríguez remarca lo esencial de la entrevista con Abuelas. “Cuesta un montón llegar, pero no hay personas que no se sientan mejor después de haber tenido la entrevista. Es hora de poder ponerle palabras a eso que no te animabas a decir. Sobre todo, para ordenar, porque son 40 años de hipótesis y sensaciones; en la charla se trata dónde buscar una respuesta. A mí, particularmente, me parece muy importante poner en historia, esto de que todas nuestras historias están ancladas en un contexto y nos sitúan”.
Luego de este paso se completa un formulario y la organización se pone en contacto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), quien verificará que los datos que figuran en el acta de nacimiento coincidan con el libro de partos que debería estar en el lugar de nacimiento. En los casos en que la persona que figura como madre no se encuentre en dicho registro se realiza un análisis de ADN, para comparar con el de los grupos familiares de personas desaparecidas.
La búsqueda es permanente, porque a pesar de los logros de los encuentros concretos y el derecho construido, aún existen alrededor de 300 familias que continúan buscando. Es por eso que la convocatoria a la sociedad para acompañar este reclamo, no para. Este 22 de octubre, la campaña “Florece Identidad” propone a la sociedad, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa a crear pétalos de diferentes tamaños, formas y colores para “construir colectivamente flores que nos inviten a pensar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos”. A la vez, intenta reflexionar sobre la identidad en general, dando cuenta de la riqueza de nuestra sociedad diversa y como metáfora de la esperanza sembrada hace 44 años para ver florecer las identidades que todavía falta.
Para participar se puede descargar la flor de la campaña en la página web de Abuelas de Plaza de Mayo (www.abuelas.org.ar) o, con toda libertad creativa, armar un esténcil, hacer collage, dibujar, pintar, copiar y/o intervenir la imagen con la frase #FloreceIdentidad, para pegarla en algún lugar visible. Además de registrar la acción con fotos o videos en redes sociales este viernes, junto con las etiquetas de la campaña: #Abuelas44Años, #FloreceIdentidad y etiquetar a @abuelasdifusion.
“Sólo con el ejercicio colectivo de la memoria florecerá la identidad de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen”, afirman desde Abuelas en su comunicado. Si dudas de tu identidad comunícate, enviando un mail a dudas@abuelas.org.ar o completando este formulario. Si tenés información sobre un posible nieto/a comunícate a denuncias@abuelas.org.ar. También es posible acercarse o llamar a algunas de las filiales de Abuelas distribuidas por el país.
Sep 30, 2021 | DDHH
En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús declararon los testigos Silvia Cavecchia, compañera de detención de Miguel Ángel Calvo en el Centro Clandestino La Cacha, quien le relató su paso por el Pozo de Banfield mientras compartieron cautiverio; Yamil Robert, hermano de Norma Robert, detenida en Pozo de Quilmes; y Norberto Borzi, hermano de Oscar, detenido en la Brigada de Lanús. Tanto Miguel Ángel Calvo como Oscar Borzi permanecen desaparecidos.
La primera testigo en prestar declaración fue Silvia Cavecchia, secuestrada el 1° de marzo de 1977, junto a otros dos compañeros, en Formosa capital. Pasados 25 días de cautiverio, Silvia fue trasladada por vía aérea a la provincia de Buenos Aires. “Nos llevan en una avioneta que manejaba un piloto, un copiloto y tres asientos en los que íbamos nosotros, esposados en el asiento de atrás” y agregó: “Un Ford Falcón venía al encuentro, lo vimos por la ventanilla. Nos bajan y nos meten a los tres en un baúl”. De esta manera, la testigo relató su llegada al Centro Candestino de Detención La Cacha, ubicado en la ciudad de La Plata, donde padeció un interrogatorio seguido de torturas. Luego del tormento, Silvia fue llevada a un sótano con otra gente, donde alguien le indicó: “No tengas miedo, ya pasaste lo peor, destabicate”. A pesar del terror, la testigo narró que consiguió quitarse la venda de los ojos y reconoció en esa voz a Miguel Ángel Calvo. Silvia Cavecchia estructuró su testimonio alrededor de la figura de Miguel Ángel. Lo describió como una persona que resultó fundamental durante el período de detención, de quien recordó que obraba “siempre apostando a hacernos reír un poco a todos los que estábamos atados a camastros en el piso” y sentenció: “La parte humana, la encontré ahí con él”. La testigo relató que el piso de aquel sótano se encontraba lleno de cables sueltos que “Cachito” Calvo desarmaba para armar figuras con los alambres pelados, que luego regalaba a sus compañeros de cautiverio. Asimismo, Calvo era quien se ubicaba frente a la escalera del sótano y alertaba acerca de la presencia de los guardias.
A diferencia de las torturas que Miguel Ángel Calvo refirió a su compañera haber sufrido en el Pozo de Banfield, en La Cacha “nunca se lo habían llevado para interrogarlo, nunca le pegaron” y asegura Silvia que pensó que él “era una persona que ya salía”. Luego de algunos días, aconteció un “traslado” en el que se llevaron a todas las personas que estaban en cautiverio con Silvia en el sótano. La testigo puntualizó que tomó conciencia cabal de que “Cachito” Calvo no había salido en libertad a partir de una conversación que ella tuvo con un carcelero que le hizo una seña con la mano, y le alertó sobre el destino de su compañero: “Yo siempre lo interpreté como que «se fue en un avión y lo tiraron»”.
Finalizando su testimonio, Cavecchia exigió “Justicia, Verdad y cárcel a los genocidas”.
El segundo testigo en declarar fue Yamil Robert, hermano menor de Norma Robert, quien permaneció secuestrada en el Pozo de Quilmes a partir del 15 de octubre de 1976. Acerca de su hermana Norma, el testigo contó que, previo a su secuestro, ella residía en la ciudad de La Plata, donde estudiaba Arquitectura y convivía con su marido, Miguel Ángel Andreu. “Mi cuñado sale un día de la casa, desaparece y hasta el día de hoy no sabemos nada de él”, señaló Robert, haciendo referencia al secuestro de Andreu, semanas antes de la desaparición de su esposa. A partir de este hecho, Norma retornó a la casa de sus padres en la ciudad de Carhué, al interior de la provincia de Buenos Aires. Pasado un tiempo, el testigo narró las circunstancias en que se produjo el secuestro de su hermana: “Un sábado a la tardecita, casi noche, mi padre está parado afuera en la puerta de la casa, donde para un auto color negro y preguntan si era la casa de Robert”. Yamil describió que, sin mediación de la violencia, “se bajaron 4 hombres armados pidiendo por Norma”. De acuerdo con el testimonio, los hombres subieron a la hermana mayor de los Robert al auto negro para tomarle declaración, prometiendo dejarla pronto en libertad: “La sentaron atrás, entre medio de los dos policías. Parte el auto, y nunca más tuvimos noticias de Norma”.
A partir de la desaparición de Norma Robert, el testigo subrayó que su padre hizo “todo lo que estuvo al alcance de un padre para recuperar a la hija”, llevando adelante una búsqueda infructuosa durante el período de dictadura. “Mis padres murieron sabiendo que algo le había sucedido [a Norma], con la esperanza de que apareciera viva”. Yamil Robert completó que los restos de Norma fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una fosa común en el cementerio de San Martín, luego de que sus hermanas prestaran una prueba de ADN. El testigo refirió la dificultad personal que le significó atravesar el proceso de recuperación del cuerpo de su hermana: “Me llevó más de un año, hasta que un día junto con mi señora y mi hijo fuimos y retiramos el cuerpo de Norma en Buenos Aires”. Asimismo, confesó que el momento de reconocer los restos de su hermana fue “un momento muy difícil” y agregó que “tenía un tiro en el cráneo”.
El último testigo de la jornada fue Norberto Borzi, hermano de Oscar Isidro Borzi, secuestrado el 30 de abril de 1977 en la Brigada de Investigaciones de Lanús, centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”. Norberto narró la noche del secuestro de su hermano a través de las palabras de su cuñada, Ada Miozzi, y sus tres sobrinos pequeños, Ernesto, Luis y Juan Manuel, quienes se encontraban junto a él en aquel momento. Indicó que un grupo de tareas que se identificó como “fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía” se presentó en el domicilio de “Cacho” Borzi a las dos de la mañana. Durante el ingreso, lastimaron a Oscar en el pecho con un arma y empujaron contra la pared a Juan Manuel, su hijo de entonces tres años. El testigo manifestó que se montó un operativo de gran infraestructura para el secuestro de su hermano, y que los perpetradores permanecieron en la casa durante muchas horas: “Los chicos cuentan la forma en que lo golpeaban, que lo torturaban a su papá, que buscaban cosas en la casa. Así fue que robaron todo lo que había de valor”. Asimismo, Norberto explicó que a su cuñada la obligaron a cocinarles durante todo el tiempo en que estuvieron en el domicilio, “desde las dos de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde, que llegó el entonces jefe de Policía, Ramón Camps, junto a Miguel Etchecolatz y al médico Jorge Antonio Bergés”.
A partir de esta circunstancia, el testigo sostuvo que el grupo de tareas intentaba apropiarse de los hijos de “Cacho” Borzi y Ada Miozzi. De acuerdo al relato, Jorge Bergés -ex médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, imputado en la causa por sustracción de niños, entre otros delitos- insinuó que Ernesto y Luis eran demasiado mayores para llevárselos, pero cuando intentaron apartar a Juan Manuel “su mamá lo abraza, se niega y les dice que el nene está enfermo del corazón”; por esta razón, los secuestradores desisten de esa apropiación y amenazan a Ada con “volver a buscarla”. Norberto finalizó el relato de aquella noche explicando que los secuestradores de su hermano lo subieron a un Ford Falcon y le indicaron a su familia “que lo miren, porque es la última vez que lo van a ver”. Posteriormente, a partir de testimonios de otras personas, los familiares de Oscar Borzi se enteraron de que permaneció cautivo en la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Oscar Isidro Borzi permanece desaparecido, estado sobre el que su hermano puntualizó que “uno a la muerte se acostumbra”, para agregar “a mí se me murió mi viejo y también fue terrible. Pero yo sé dónde están mis viejos, dónde está el cuerpo de mi viejo, yo sé qué pasó con mi viejo” y sentencia: “Con mi hermano no pasó eso”.
Sobre el final de su declaración, Norberto Borzi indicó que el secuestro de Oscar desintegró a su familia: “A partir de que se llevan a Cacho se terminó la alegría en mi casa. Ya no disfrutamos fiestas, ya no disfrutamos las reuniones familiares”. Asimismo, el testigo declaró sobre su presente que “por pensar de maneras diferentes respecto de la misma cosa, yo no tengo trato hoy con los hijos de mi hermano y con la esposa de mi hermano. Cosa que a mí me hace mucho daño” y agregó: “Esto que yo cuento de mi familia lo sé por tener trato con familiares de otros desaparecidos, y ha pasado en muchísimas familias. Y no estoy hablando de peleas por dinero o por propiedades”. En consecuencia, acerca de la última dictadura en Argentina, Norberto concluye que “este proceso militar, que nos gobernó durante todo ese tiempo, no solamente provocó males o atrasos en lo económico, sino que además provocó un daño terrible a la sociedad. No solamente en lo cultural, sino en todo sentido, porque hay familias desmembradas, porque fueron todos sus miembros desaparecidos”. En perspectiva, Norberto Borzi cierra su testimonio: “Soy un convencido de que se han llevado lo mejor de esa generación, y yo creo que las cosas en el país hubieran sido muy diferentes de no haber ocurrido esto”.
Sep 23, 2021 | DDHH, Novedades
Por medio de una reunión virtual, se realizó el acto de cierre de la primera etapa de la práctica pre-profesional Desclasificados, una iniciativa interdisciplinaria que comprende a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con tres traductorados y los organismos de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Memoria Abierta y el CELS. Del encuentro participaron Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales; Gabriela Minsky, directora del Instituto Superior de Enseñanza “Lenguas Vivas”; así como les integrantes de los organismos pertenecientes a la práctica y los estudiantes homenajeados.
“Estoy muy emocionada porque esta etapa de colaboración que han realizado responde a un deseo añejo de Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó Estela de Carlotto durante el encuentro de cierre.
El Proyecto Desclasificados nació en agosto de 2019, en razón de la última desclasificación de 4.903 archivos por parte de los Estados Unidos sobre el terrorismo de Estado en Argentina. La práctica comprende la sistematización, traducción y relevamiento de dichos materiales en una base de datos de acceso público. Esta base está organizada mediante campos de clasificación de la información (tales como remitente, destinatario, fecha, palabras clave, traducciones, entre otros) y presenta la característica de ser interactiva, brindando la posibilidad de seleccionar filtros de búsqueda y agrupamiento temático y estadístico de los datos.
“Este proyecto condensa lo que creo que tiene que ser el sentido de las carreras y de la Universidad, ir aprendiendo de manera enredada con otres y con organizaciones. Al mismo tiempo que aprendemos, contribuimos comprometidamente con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló Larisa Kejval que, junto a Clarisa Veiga, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación e integrante de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es una de las principales responsables de la existencia de este proyecto.
La práctica fue llevada a cabo de manera colaborativa, lo que reviste para los estudiantes una experiencia de formación investigativa, a la vez que resulta un ejercicio de construcción colectiva. De acuerdo a las palabras de Marcela Perelman, integrante del CELS y del equipo de coordinación del proyecto, “todo el encuentro cooperativo hace que ese material sea accesible a la comunidad y tenga los usos efectivos que puede tener en su reconstrucción de verdad, en su contribución a la memoria, y muy concretamente en su contribución a los juicios, al proceso de justicia”.
El acto de cierre constó de la entrega de certificados a los 9 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que formaron parte de la práctica. Los practicantes son: por la carrera de Ciencias de la Comunicación, Macarena Sandoval García, Virginia Pombo, Joaquín Bousoño, Agustina Castro, Florencia Sosa y Naiara Mancini; por la carrera de Trabajo Social, Guadalupe González Antúnez; y por la carrera de Relaciones del Trabajo, Cecilia Véliz y Andrea Ayestarán.
Por parte de los estudiantes, sólo hubo palabras de agradecimiento por lo que significó formar parte de la práctica. Cecilia Véliz concluyó que “este proyecto me enriqueció como cientista social, como licenciada en Relaciones del Trabajo, como militante del campo popular” y expresó su voluntad de “participar en otros proyectos que tengan que ver con la responsabilidad empresarial en la dictadura militar”. Por su parte, acerca de la experiencia, Macarena Sandoval recalcó que “el carácter interdisciplinario, para mí, fue una de las mejores cosas de la práctica, y demostró el compromiso de las organizaciones porque cada dos semanas nos traían un invitado para poder seguir formándonos con respecto a los archivos, aspectos históricos, respecto a los juicios, el uso de los archivos que le dan los periodistas”.
La etapa de práctica pre-profesional del Proyecto Desclasificados encuentra un cierre para transformarse en un Programa de Extensión Universitaria, a partir de nuevas líneas de investigación que surgieron de la propuesta inicial, tales como el aporte de archivos a los juicios de lesa humanidad en curso, el análisis de los documentos con información tachada y la producción de contenido de investigación y periodística sobre la base de datos desclasificados.
En consonancia con la puesta en valor de esta práctica hacia el futuro, Guadalupe Basualdo, integrante del CELS y del equipo de coordinación del proyecto, reflexiona que el trabajo también funciona “como experiencia concreta para otros pedidos que podamos realizar, profundizando en relación a información que hoy aparece censurada, pero que vamos a poder solicitar para tener la información completa”.
Hacia el final de la reunión, Estela de Carlotto se mostró muy agradecida con el devenir del proyecto, recapitulando el proceso de lucha en que se inserta la desclasificación y el acceso a los documentos: “Siempre quisimos tener los archivos de EEUU para dilucidar todo lo que se había grabado y establecido allá, y que aportara datos para la reconstrucción de nuestra historia”. Asimismo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hizo hincapié en la importancia del traspaso generacional: “La confianza que hoy Abuelas pone en la juventud, el reemplazo que hoy es para nosotros la presencia de todos ustedes para el día en que nosotras, que iniciamos esta dolorosa pero importante y necesaria tarea, no estemos; ustedes van a seguir caminando a través de los grupos continuando con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Acerca de la importancia de las prácticas de la Facultad con los organismos de derechos humanos, Larisa Kejval concluyó que “es muy importante porque habla del compromiso de la Universidad, no sólo en producir conocimiento, sino en hacerlo público y ponerlo al servicio del pueblo. No producimos conocimiento para su apropiación privada, sino para que esté disponible para el conjunto de la ciudadanía y para que pueda ser usado para otros procesos de investigación y el esclarecimiento de acontecimientos que permanecen encubiertos”.
Finalmente, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación ratificó el compromiso académico con la comunidad y las organizaciones sociales: “Estoy convencida de que tenemos que habitar todas las instancias que la Facultad nos brinda para potenciar estos objetivos que creemos que tienen que orientar a la educación pública”.
Sep 22, 2021 | DDHH, Novedades
En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de Lanús, declararon las hermanas Silvia Beatriz Gorban y Claudia Dafne Gorban, ambas sobrevivientes de este último centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”. Silvia y Claudia son hijas de Miryam Kurganoff, reconocida intelectual, una de las creadoras del concepto de soberanía alimentaria, que también se encontró privada de la libertad durante la última dictadura cívico militar argentina.
La primera en declarar fue Silvia, la mayor de las hermanas, secuestrada a fines de 1976 en su domicilio de Lomas de Zamora junto a su esposo, Osvaldo Enrique Lapertosa, estando embarazada de siete meses. La sobreviviente y testigo relató la violencia con que los represores irrumpieron en su domicilio aquella madrugada: “Nos ponen contra la pared, nos revisan los roperos, los libros”. Silvia narró que, a pesar de su avanzado estado de embarazo, le pegaron una patada que la tiró por la escalera. “Ahí nos suben a un vehículo, que años después yo identifico como de la Policía, en una parada del colectivo”, describió. Relató también que el traslado hacia la Brigada de Lanús se realizó con tabique y las manos atadas a la espalda, por lo que ella debió permanecer panza arriba.
Una vez arribados a “El Infierno”, donde permanecieron alrededor de 30 horas, Silvia y su esposo fueron llevados a un calabozo de dos metros cuadrados. La sobreviviente relató las torturas recibidas en el centro clandestino de detención: “Durante ese tiempo una sola vez nos sacaron al baño, las siguientes veces había que orinar ahí dentro del calabozo, y los otros detenidos nos decían que había que arrastrar el orín hacia afuera”, recordó y especificó que “habrá habido en ese lugar entre unas 15 o 20 personas. Había alguien que nos daba agua, pero no hubo alimento de ningún tipo”. Silvia también mencionó que durante el interrogatorio que le realizaron hubo una amenaza de fusilamiento, mientras que Lapertosa sufrió golpizas y tortura física por parte de sus captores. En su domicilio había quedado su hijo de dos años, con quien se reencontraron al ser liberados. Silvia Gorban finalizó el testimonio con el deseo de que “ojalá esto llegue a buen fin y se haga justicia, por los que no están, por los que todavía extrañamos, para que esto nunca más vuelva a suceder en nuestro país”.
A continuación, prestó declaración Claudia Gorban, quien fuera secuestrada en la misma fecha que su hermana. No obstante, aquella permaneció detenida por más de una semana en la Brigada de Lanús. La virtualidad de la audiencia le permitió a la sobreviviente declarar desde la misma casa de la cual fue sustraída, 45 años atrás. Aquella noche de noviembre de 1976, Claudia no se había mostrado sorprendida sobre su secuestro, dado que pocos días antes lo había sido su compañero de militancia, “Moncho” Pérez, quien hoy permanece desaparecido.
Claudia Gorban brindó un testimonio rico y extenso, rechazando la oferta del juez de solicitar un receso cada vez que su relato era tomado por la angustia. Acerca de los primeros días en los calabozos de “El Infierno”, la testigo contó la historia de un compañero que se encontraba en un debilitado estado de salud: “Él había sido operado hacía muy poco de apéndice, cuando lo levantaron estaba en el posoperatorio y consecuentemente había desarrollado una crisis asmática”. Claudia continuó la descripción del hecho: “Se escuchaba, era continuo. El silencio era muy pesado en el lugar, hablábamos cada tanto, las voces de todos estaban muy debilitadas, y en ese silencio pesaba la respiración de ese chico. Hasta que una noche dormimos sin la respiración”. Claudia denunció que el joven no recibió atención, ni durante el episodio respiratorio, ni una vez fallecido: “Empezamos a gritar para que los guardias lo vinieran a asistir. Ninguno venía. Pero estaban ahí, se los escuchaba”. Tiempo después, el cuerpo del compañero fue retirado de los calabozos, arrastrado y maltratado. Hacia el final de su testimonio, Claudia recordó a aquel joven fallecido en “El Infierno”, manifestando su voluntad de conocer “quién es el que murió, para decirle a su familia qué día murió su hijo, que por él se rezó un padrenuestro. Que sepan que murió y dónde, esas respuestas que tanto buscamos. Necesitamos poner nombres, apellidos e historias para que dejen de ser NN”.
Luego de algunos días de cautiverio, Claudia fue llevada a la sala de torturas para ser interrogada. El carcelero la acostó sobre un colchón y la empezó a desvestir. En ese momento -relató la sobreviviente-: “se me cruzó por la cabeza que, si yo tenía contacto físico, si a mí me picaneaban, la electricidad se le iba a transmitir a él. Yo le agarré fuerte la mano y le dije: no me suelte”. De esta manera transcurrió un interrogatorio de dos horas sin tortura física. En aquella sala, Claudia estaba acostada en un colchón en el piso, había dos o tres hombres en una mesa haciendo preguntas, y a la derecha de la víctima se encontraba el carcelero en cuclillas, sin poder soltarse de la mano de su cautiva. El mismo carcelero retiró a Claudia del calabozo días después, anunciándole su liberación y manifestándole que sentía un dolor lumbar en razón de la posición en que lo mantuvo durante el interrogatorio.
La víctima cuenta que ese hombre, tenía un perfume muy intenso, y que le retiró la venda de los ojos; pero que ella siguió sin mirar: “Mantuve los ojos apretados porque sentía que ese era mi seguro de vida, que ver era un peligro”. Meses más tarde de haber sido liberada, Claudia recibió en su casa de Lomas de Zamora un enorme ramo de flores con una tarjeta escrita a mano en letra imprenta que rezaba: “Saludos, te deseo suerte, todavía me duele la espalda”.
Como es habitual en los testimonios prestados por las víctimas de este juicio, Claudia recordó con especial interés a Nilda Eloy, quien fuera su compañera de calabozo. “Ella estaba conmigo en todo momento era guiar, acompañar”, comentó y agregó: “Yo sentía que era un hada madrina ahí adentro, tenía una fortaleza muy especial”.
La testigo contó que la única vez que le dieron de comer en la Brigada de Lanús, le sirvieron mate cocido con pan duro; su osadía la instó a pedir una infusión distinta, y aquella compañera de calabozo le reprochó: “No seas estúpida, tomá lo que te dan, quizás sea la única cosa que tomes de acá a mucho tiempo”.
El día de su liberación, Nilda también le advirtió sobre los hábitos de uno de los carceleros: “No tengas miedo, este guardia te va a sacar, te va a llevar frente a la pileta, te va a desnudar, te va a ofrecer bañarte, te va a dejar que te bañes y él te va a ofrecer enjabonarte la espalda. No te preocupes, es lo único que te va a hacer”.
Claudia Gorban hace alusión a la entereza que tuvieron sus compañeros de cautiverio para no transmitir el miedo a la tortura que habían sufrido. Muchos años después, en democracia, cuando Claudia declaró en los Juicios por la Verdad, Nilda Eloy la reconoció por aquella anécdota: “Dijo que no se acordaba el nombre de la estúpida que andaba pidiendo tecito con limón, en lugar de mate cocido. Yo lo contaba con pudor, porque me daba vergüenza haber sido tan ridícula en esas circunstancias, pero la realidad es que esa ridiculez fue la que le sirvió a Nilda para identificarme”. La hermana menor de las Gorban manifestó su infinito agradecimiento a Nilda y a su militancia, que posibilitó el desarrollo de estos juicios por crímenes de lesa humanidad. Y agregó: “Quiero agradecer y abrazar a las Madres y Abuelas que han sido un ejemplo de que se puede llegar a esto con la paz, con esa paz que nosotros siempre soñamos”, dijo Claudia Gorban al finalizar su declaración.
Para cerrar, la testigo refirió a su ascendencia judía: “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy le pido a mis hijos, a mis sobrinos, que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, mientras enarbola el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo con la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos, quienes en estos juicios, esperan obtener un poco de Justicia audiencia tras audiencia.
Sep 1, 2021 | DDHH, Novedades
“Esto no es un acto, es un encuentro de personas queridas”, fueron las palabras con las que Taty Almeida inauguró su discurso, “Personas que tienen memoria”.
En el edificio Casa Nuestros Hijos, dentro del Espacio para la Memoria, la calle “Capitán Hipólito Bouchard” cambió su nombre para siempre por el de “Son 30 mil”. Se trata de la primera arteria de la exESMA que es rebautizada. El acto ocurrió en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas, una conmemoración impulsada a principios de este siglo por de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), con el objetivo de aportar a la toma de conciencia a nivel mundial acerca de la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los Estados.
Del acto participaron Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, acompañadas por demás integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios nacionales como Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación; Victoria Montenegro, legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Horacio Pietragralla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, entre otras personalidades. También hubo presentaciones musicales a cargo de Ignacio Copani y la Escuela Popular de Música, radio abierta e inauguración de murales realizados por Blanca Rice Cabrera y la Sociedad Argentina de Collage.
El Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas se estableció originalmente no solo con la intención de honrar la memoria de las personas desaparecidas, sino también en pos de preservar a futuro aquellos derechos que el mismo Estado debe garantizar. En esta línea, Guadalupe Basualdo, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que el evento de Casa Nuestros Hijos contribuye a “poder conectar las demandas de Memoria, Verdad y Justicia respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura con las desapariciones que siguieron ocurriendo durante la democracia, y que suceden hasta el día de hoy”. Por su parte Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido y miembro de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó: “Cuando hablamos de memoria no hablamos de una memoria estática sino una memoria viva, una memoria que circula, que se alimenta y que se va dando con la militancia y el tiempo”.
Durante el desarrollo de la jornada, Hugo Yasky, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, declaró: “Nos sentimos reivindicados con el cambio del nombre de una calle que pasó de tener el apellido de un militar a llamarse «Son 30 mil», es decir, nuestros compañeros y compañeras desaparecidos”. Frente a los discursos negacionistas de la dictadura militar y la relativización de la cifra, el evento se ubicó en una posición que refuerza el consenso por la memoria que tiene lugar en la batalla por el sentido común. Esther Córdoba, presidenta de la Fundación Música Esperanza, agradeció “la enseñanza que nos están dando las Madres de haber tomado ellas la iniciativa de poder hacer esto” y aventuró la posibilidad de que “en todo el país pensemos qué apellidos deberíamos sacar, porque es una vergüenza que ciertos nombres los tengamos tan presentes”.
Asimismo, sobre la discusión acerca de los derechos humanos en la esfera pública, muchos de los testimonios hicieron referencia a la gestión de Mauricio Macri, finalizada en 2019. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, afirmó: “En cuatro años de neoliberalismo reivindicaron posiciones que ponen en duda el número de desaparecidos y reinstalaron la Teoría de los Dos Demonios. Cuestiones que ya habíamos saldado a partir de las condenas que hubo en este país”. Por su parte, Daniela Saez, Integrante del equipo docente de la Escuela Popular de Música y de la Orquesta Estable de Reconquista, declaró su experiencia: “Venimos de 4 años de mucho embate y mucha resistencia desde adentro y sumado a eso no haber podido habitar físicamente el espacio por la pandemia. Entonce,s retomar nuestra actividad en la ex ESMA es volver a nuestro trabajo, que es resignificar el lugar a través de la música”.
Esta línea es la que intenta seguir Lucila Quieto, coordinadora del Área de Artes Visuales, que impulsa nuevos murales en un recorrido por distintas historias de militancia: “De los setentas, de Madres y Abuelas, y de cómo ese legado nos atraviesa hasta el día de hoy para pensar las luchas del presente”. Esther Córdoba siempre tiene presente la frase de Enriqueta Maroni, una de las Madres: “En este lugar de horror, donde hubo tanta muerte, nosotras queremos que haya vida”.
A pesar de no estar abierto al público en general, el acto dio lugar al reencuentro de muchos militantes de derechos humanos a los que la pandemia había obligado a recluirse en sus hogares: “Qué alegría poder vernos, aunque no nos podamos tocar demasiado”, señala Lita Boitano, madre de Miguel y Adriana desaparecidos durante la última dictadura militar. El evento significó una de las primeras actividades presenciales en el marco de un paulatino retorno a habitar nuevamente el espacio público.
La ausencia forzada por la pandemia de los movimientos populares en el espacio público fue uno de los temas que marcaron la jornada. Carlos de Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), señaló: “Fue y es un problema muy grave porque es en la calle donde los trabajadores y el pueblo construyen la unidad. A través de las redes opera Macri, nosotros operamos a través de los cuerpos, que son los que construyen las políticas de emancipación que queremos”. Por su parte, Horacio Pietragalla remarcó: “A nosotros que nos hicimos de actos, de marchas en la Plaza, de acompañar a nuestras Madres y Abuelas esto es lo que queremos” y vaticinó para el 24 de marzo de 2022: “Queremos que la marcha del año que viene, si es que la pandemia lo permite, sea la más grande de todas y llenarnos de toda esa energía que nos transmite cada una de esas fotos de los 30 mil”.
Ago 27, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.
La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.
“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.
No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.
El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.
Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.
Una historia que se repite
Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.
“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.
“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación.
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.
Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.
“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.
