Ago 18, 2015 | inicio
El partido de La Matanza fue una de las zonas afectadas por las últimas inundaciones en la Provincia de Buenos Aires. Las localidades de Virrey del Pino y Laferrere fueron las más perjudicadas del distrito. Según información del mismo municipio, en esos barrios las instituciones educativas se prepararon como espacios de refugio para contener a los evacuados, que fueron, según fuentes oficiales, 1200. De todas formas, esta cifra no contempló a la gran mayoría de vecinos que no asistieron a los centros, y decidieron permanecer en sus casas inundadas, para proteger sus pertenencias y tratar de mantenerlas a resguardo del agua.
El barrio Independencia pertenece a González Catán, en el partido de La Matanza. Allí el domingo amaneció con sol, y bastante caluroso. Ya el viernes había dejado de llover, y el sábado había sido el primer día seco, después de una semana de agua. A la mañana, los vecinos se acercaron y formaron fila en la puerta de la ex escuela 199 -ahora 62- para que el personal de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio les tomara sus datos y los inscribiera en el registro que les permitirá cobrar un aumento en las asignaciones que reciben, a modo de resarcimiento por las pérdidas. Maestros, porteras y personal de la escuela estuvieron en la organización y en la contención de los que se acercaron. También repartieron ropa y agua mineral que llegaron a través de anónimas donaciones. Marina, una de las maestras, cuenta que la escuela funcionó otras veces como refugio para los evacuados pero como el espacio es insuficiente, ahora tratan de ayudar de otra manera.
Las calles que rodean la escuela están asfaltadas, pero esas cuatro calles de asfalto son las únicas del barrio. Muchos de los vecinos que forman fila comentan que, a pesar de todo, “esta no fue la peor inundación.” Silvina, que se considera dentro del grupo privilegiados que viven cerca del asfalto, cuenta: “Se me mojaron varias cosas pero no fue tanto. La otra vez, sí. Nos llegó hasta el pecho. Yo me tuve que ir de casa con los dos nenes y dejar todo. Cuando volví estaba no había nada que no se hubiera mojado, esa vez perdí todo. Después, gracias a mi familia fui reconstruyendo de a poquito”. La inundación anterior fue en febrero de este año, y la mayoría de los vecinos coincide en que aquella vez las consecuencias fueron peores. Sin embargo, aunque más leve, la inundación volvió la semana pasada.
Barrio Independencia, González Catán.
“Es difícil vivir con el agua, prácticamente nos quedamos todos arriba de la cama, subiendo con maderas o ladrillos”, dice Rosa, que vive con siete chicos en su casa. El traslado a un centro de evacuados, dice, es impensable por el miedo a los robos. Fátima tiene quince años y vive con sus padres y hermanos, casi al fondo del barrio, cerca del río. La semana pasada, su familia tuvo que permanecer en la casa de un tío, pero sus padres volvían constantemente para no dejar la casa a la deriva: “Porque si la dejás mucho tiempo sola, te roban las cosas”, advierte.
Lucía Acosta también vive cerca del asfalto, y junto a su esposo Américo se encargaron de llevar comida y agua potable a aquellos que se quedaron en sus casas inundadas, a la espera de que el agua baje. Acosta cuenta que muchas veces, cuando la situación es muy crítica, decide alojar algunos vecinos en su casa. La comida y ropa seca que les ofrece son producto de donaciones que consigue con ayuda de la escuela.
La impotencia que sienten en el barrio por el abandono es aún más grande que el dolor por las pérdidas. “Desde que empezó el agua, acá no vino nadie”, dice Fabiana Martínez. Ella y su marido, Enrique Gutierrez, viven en el barrio desde fines de la década del noventa: “Los bomberos entraron una sola vez a la mañana para sacar a una chica discapacitada que vive enfrente, y vinieron porque los llamaron. Dijeron que iban a volver a la tarde, pero no regresaron más. Nosotros hablamos por teléfono con Defensa Civil y no nos dieron bola. Cuando llamamos siempre dicen que van a venir pero nunca aparecen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a vivir bajo el agua? Ni siquiera son capaces de ir allá al fondo, mojarse un poco y averiguar qué les pasó a esos vecinos donde el agua los tapó”, dice y agrega: “Es lamentable porque nadie quiere venir, nos tienen como olvidados”. Fabiana Martínez y Enrique Gutiérrez criaron siete hijos, ahora ya tienen nietos. En su casa el agua ya se ha ido y empezaron a limpiar: “Cuando baja el agua -describe- quedan el olor a podrido, los virus, las bacterias… A veces no tomamos conciencia y andamos descalzos en el agua que está contaminada. Acá la mayoría son pozos, no hay cloacas y cuando viene mucha agua todo eso rebalsa”.
«Sabemos cómo es el tema agua, entonces tenemos algunas cosas levantadas dentro de la casa, todos los días. La mayoría de la gente que vive acá hace años ya sabe que cuando llueve, y se junta agua en las dos canchas de acá al lado, seguro nos inundamos” afirmó Enrique Gutiérrez, vecino afectado por la inundación en el barrio Independencia, González Catán.
“Las cosas más importantes que tenemos, como los colchones, la ropa y la heladera, lo levantamos todo. Y aunque esta vez la inundación no fue tan grande, igual el agua cubrió todo”, cuenta Gutiérrez y, con cierta resignación, subraya que ya están “experimentados en el asunto”: “Sabemos cómo es el tema agua, entonces tenemos algunas cosas levantadas dentro de la casa, todos los días. La mayoría de la gente que vive acá hace años ya sabe que cuando llueve, y se junta agua en las dos canchas de acá al lado, seguro nos inundamos”.
La falta de obras hídricas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, las escasas obras para la urbanización del barrio, la pavimentación nula, las cloacas nunca realizadas y las viviendas totalmente precarias: todos motivos que se mezclan y confluyen en las constantes inundaciones. “La realidad es que ningún gobiernos hace nada. Y nosotros, los que tenemos pocos recursos, somos los que pagamos el precio. Después, ellos siempre te la quieren arreglar con un colchón o una frazada”, concluye Gutiérrez.
Entre las casas y las calles casi no hay separación, por lo que el barro se esparce cómodamente dentro de las habitaciones. En algunas viviendas todavía hay algo de agua, en otras pueden verse puertas con cadenas y candados, son las que pertenecen a vecinos que aún están evacuados. En la casa de Laura, sus cuatro hijos se amontonan en una habitación seca, mientras el resto de las paredes y el piso aún está húmedo y el baño todavía inundado. Algunas frazadas y manteles no se han mojado pero el moho los ha alcanzado: “Hay cosas que estoy limpiando, pero otras ya no sirven y las tengo que tirar” dice Laura, con bronca.
Barrio Independencia, González Catán.
En medio de la inundación, Sandra Araujo y su esposo se quedaron en la casa llena de agua. A los chicos los llevaron con su tía, a la que “le habían prestado una casa en el asfalto”. Ella es ama de casa y él trabaja en una fábrica de estructuras metálicas. Los días que vivieron con la vivienda anegada, Sandra permanecía sobre la cama y su esposo se encargaba de hacer las compras y de cocinar para ambos: “Perdimos los colchones, la mayoría los tuve que tirar. Las camas de los chicos ya no dan para más después de tantas veces que se mojaron. Pero uno nunca se acostumbra. Hace unos años, yo tenía una casilla y me tapaba el agua, tenía que irme con familiares o quedarme en los colegios. Ahora levanté mi casa con sacrificio, y al final estoy en la misma”, masculla Sandra, “No se puede acostumbrar uno a esto -completa-, yo no me puedo acostumbrar y lloro. Si están los medios necesarios para poder arreglar los brazos del río, ¿por qué no lo hacen?”
Cuando, los vecinos del Independencia no reciben respuesta, cortan la ruta 3, en el kilómetro 29: “Si no, no viene nadie”, comenta una vecina al pasar. “Los políticos nos tratan como a los chicos. Nos dicen: ´Hoy no tengo nada para darte, pero quedate tranquilo que te doy mañana´. Y con eso nos conformamos”, concluye Sandra.
Actualización 19/08/2015
Ago 4, 2015 | inicio
Marchar vale la pena. “Los llamados a la línea 144 -la línea telefónica nacional que brinda contención a las mujeres en situación de violencia- crecieron en un mil por ciento y la línea sumó 50 operadores». Tras la multitudinaria manifestación Ni una menos los organizadores dieron cuenta de los primeros efectos concretos que hubo a nivel nacional: «Además el Gobierno Nacional, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, oficializó la Unidad de Registro de Femicidios y la Corte Suprema de Justicia convocó a las autoridades judiciales a colaborar en la confección de otro Registro. En Mendoza, se instrumentó el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista y en Chaco se anunció la creación de un Registro de casos de violencia de género. En Neuquén, se anunció la puesta en funcionamiento de un refugio para víctimas de violencia. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) presentó un proyecto para incorporar licencia por violencia de género en el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres”. También destacan que se afirmaron “políticas públicas que amplían el repertorio de caminos para la defensa de los derechos de las mujeres: desde la conversión en ley de la Asignación Universal por Hijo, hasta la renovación del protocolo de abortos no punibles”. Si bien los organizadores consideran que a partir de la marcha “bastante sucedió”, también insisten en “la deuda que implica que el Plan de Acción para la Prevención –previsto en la Ley 26.485– siga sin hacerse plenamente efectivo”.
La marcha del pasado 3 de junio había sido convocada por un grupo de periodistas, activistas y artistas que plantearon una agenda de cinco puntos: “Implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres que estableció la Ley 26.485; garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia; elaborar el registro oficial de víctimas, para contar con estadísticas actualizadas sobre femicidios, y poder diseñar políticas públicas efectivas; garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, y garantizar la protección de las víctimas de la violencia, implementando el monitoreo de los victimarios”. Además, se propusieron extender a toda la sociedad el grito de “Basta de femicidios” ante la terrible estadística que afirma que, en Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada.
Concentración «#Niunamenos» en repudio a femicidios y violencia de género.
“Pensamos que la marcha fue un hecho histórico, pero es importante seguir pensando sobre ella, que no quede ahí. La idea es que cada uno, en el rol que ocupa en la sociedad, tome también noción de qué cambios tiene que generar para este cambio social que estamos pregonando”, opinó Claudia Perugino, integrante de la nueva Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género que depende de la Secretaría de Derechos Humanos.
Para Perugino es importante profundizar el debate al nivel de lo cotidiano: “Que no sea un hecho que quede en la historia como una marcha más. Esto necesita, y requiere, un cambio de actitudes nuestras. En una casa, por ejemplo, empezar por democratizar las tareas domésticas. Y es difícil. Es más fácil dar un taller o una charla de violencia de género que ponerte con tu marido, con tu hija, con tu hijo, y decir bueno a ver, a partir de hoy quién lava los platos, quién los seca, quién lava la ropa, quién la cuelga. Porque ahí es donde realmente se empiezan a socavar las estructuras patriarcales y machistas de la sociedad, cuando se ponen en debate estos temas”.
La Unidad de Registro se oficializó el 5 de junio, porque fue ese día en que se completó el expediente administrativo que permite su funcionamiento. Pero la creación del Registro comenzó en junio del 2014. Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, y también integrante de la Unidad, reveló a ANCCOM por qué no se dio a conocer la generación del proceso previamente al “Ni una menos”: “No queríamos que pareciera que estábamos haciendo esto de una forma apurada o rápida para decir que algunos de los reclamos de la marcha estaban cumpliéndose. O que quedara como que estábamos siendo oportunistas, porque está muy lejos de eso. Es un trabajo que encaramos con muchísima seriedad. Promocionarlo como si fuera una cuestión en respuesta a una coyuntura determinada, no nos parecía lo más adecuado”.
La Unidad es llevada a cabo por un grupo multidisciplinario de mujeres –abogadas, comunicadoras y sociólogas– que decidieron colaborar en el trabajo que estaba pendiente. Hasta el momento, la única estadística oficial era la realizada por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Desde el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zembrano”, la organización presentó informes estadísticos anuales a partir de 2009 y se conformó en la única fuente de información. Fabiana Tuñez, directora de la Casa del Encuentro, explicó: “La realidad es que nuestra cotidianidad sigue siendo igual y fundamentalmente con mucho más trabajo. Nosotras tenemos un equipo de 59 profesionales voluntarias que están dentro de la Asociación y. lamentablemente, tenemos que decir que han aumentado mucho las consultas. Pero abogamos que todos los anuncios que se hicieron a partir del 3 de junio efectivamente se puedan profundizar y llevar adelante”. Y agregó: “En lo particular desde la Casa del Encuentro seguimos trabajando como lo vinimos haciendo todos estos años. De hecho, seguimos realizando el informe sobre femicidios este año. Y seguimos atendiendo mujeres derivadas de la línea telefónica 144”.
Los organizadores de Ni una menos explican que es necesario contar con estadísticas oficiales para poder avanzar en el diseño e implementación de políticas preventivas. En ese sentido, el Registro de Femicidios parece un avance. El objetivo, según sus integrantes, es retomar lo que ya existía pero profundizarlo, de modo de generar un resultado más exhaustivo. Ana Oberlin explicó: “Lo que hicimos fue crear un registro que va más allá de un trabajo numérico, o de una investigación cuantitativa. Porque hacemos investigaciones cualitativas. De cada caso hacemos un estudio muy pormenorizado de lo que ocurrió, sobre todo previamente, y de lo ocurrido una vez que el femicidio se cometió, para ver cuáles fueron las respuestas institucionales que se dieron a ese caso”. Perugino también detalló el aspecto cualitativo: “Una de las patas importantes del Registro, sin duda, son las entrevistas con las familias. Ya que son las que nos dan el contexto en que se produjo: si la mujer trabajaba o no, cuánto ganaba, si tenían algún plan social, si tenía estudios, hasta dónde llegaban esos estudios, si sufría discapacidad, si tenía certificado de discapacidad, cuántos hijos tenía, qué edades tenían esos hijos, a cuidado de quién quedaron. Y con el tema del femicida también. Nuestro Registro es bastante amplio en función de la información que se recoge porque queremos tener un panorama completo de quiénes eran estas mujeres, y fundamentalmente saber si falló el Estado, dónde falló en la asistencia”.
Otro de los avances de los últimos dos meses, fue el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la Casa del Encuentro: “Estamos esperando dentro del Congreso de la Nación que se apruebe el anteproyecto sobre la pérdida automática de la patria potestad del femicida condenado. El proyecto se viene trabajando desde el año pasado, y hubo algunas reuniones los últimos días que dicen que ahora hay consenso para que sea aprobado, pero igual tenemos que esperar”, señaló Tuñez. Además, desde la Asociación esperan que el Registro oficial sea un registro unificado: “Esperamos que haya una sola estadística que nos permita medir oficialmente un mapa de todo el país, porque ahora hay dos anuncios: uno del Registro de Femicidios, y el otro de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia”.
Si bien se dio impulso a muchas iniciativas, se anunciaron otras y aún quedan muchas cosas por hacer, hay un discurso general de satisfacción por lo que generó “Ni una menos”. Ana Oberlin dijo que desde su punto de vista “sirvió para que se empiece a pensar sobre esto de otra manera, y con la seriedad que tiene” y además opinó: “Creo que uno de los sectores más cuestionados fue la Justicia, y creo que la justicia está entendiendo el mensaje de que tiene que estar, de una vez por todas, a la altura de lo que está pasando”. Claudia Perugino también se mostró optimista por la convocatoria: “Ojalá que este reproche social también se dé a futuro y se sigan haciendo convocatorias. Yo rescato del 3 de junio que haya habido muchas convocatorias en las provincias, y en muchos pueblos, y en muchas ciudades, en las que también se hicieron expresiones públicas de repudio a la violencia contra las mujeres”. Por otro lado, Fabiana Tuñez hizo hincapié en el trabajo que todavía queda por hacer: “Sabemos que este es un momento de transición presidencial, pero el Plan Nacional de Acción para la Prevención es fundamental, porque dentro de ese plan tienen que estar contenidos programas de asistencia, de prevención y programas para la modificación de currículas educativas a nivel integral y federal, para todo el país”. También rescató que “hubo una toma de conciencia de parte del poder político, de que algunas respuestas van a tener que generarse. Hasta la marcha las respuestas eran bastante escasas, ahora por lo menos algunas cosas se han concretado”.
Actualización 05/08/2015
Jul 21, 2015 | inicio
Educación: más escuelas, menos globos
Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.
¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?
Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.
¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?
Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.
¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?
Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.
¿Qué otras políticas deben reverse?
Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.
¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?
Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.
¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?
Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.
Vista de la Villa Rodrigo Bueno.
Vivienda: Urbanización de la villa 31
Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.
¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?
Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.
¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?
No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.
¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?
No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.
¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?
Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.
¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?
No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.
¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?
Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.
Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.
Alquileres: sistemas de mediación
Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.
¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?
Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.
Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?
En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.
¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?
Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.
¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?
No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.
¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.
Hospital de Niños de la Ciudad.
Salud: menos ajuste, más inversión
Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.
¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?
Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.
¿En qué situación están los salarios?
En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.
¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?
En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.
¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?
Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.
Jul 14, 2015 | Entrevistas
Diana Malamud perdió a su esposo, Andrés, en el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Desde entonces, junto a otros familiares y amigos de las 85 víctimas, exige justicia. La semana próxima se cumplirán 21 años del atentado impune, en medio de los debates sobre la validez del Memorándum entre Irán y Argentina que permitiría tomar testimonio en Teherán a los iraníes acusados de planificar el atentado. El 6 de agosto, a su vez, comenzará el juicio oral por encubrimiento en la investigación, donde están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y Carlos Telleldín, acusado de haber recibido dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para desviar la pesquisa. También se sentarán en el banquillo los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia; el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y el ex jefe de la Policía Federal, Jorge El Fino Palacios.
¿Qué implica para los familiares que forman parte de Memoria Activa el inicio del juicio por encubrimiento?
Es algo por lo que hemos luchado tanto tiempo, y que se postergaba una y otra vez, que estamos convencidos de que esta es la única posibilidad que tenemos para desenmarañar el encubrimiento, y entender por qué llegamos a esta situación. Porque, en realidad, toda esta gente que está inculpada, funcionarios políticos y judiciales, son de alguna manera, responsables de que 21 años después no tengamos ni verdad ni justicia. Porque de la causa AMIA no sabemos prácticamente nada, no se avanzó.
¿Qué hizo que se demorara tanto el proceso?
Los motivos de la tardanza fueron, fundamentalmente, maniobras políticas, en donde la corporación judicial dilató todo, los acusados interponían recursos, una apelación tras otra… Otra de las cosas que ocurrió fue la dificultad para conformar el Tribunal Oral Federal: se excusaron trece jueces, dijeron que no podían hacerse cargo por diferentes razones, fundamentalmente porque muchos de los imputados forman del Poder Judicial. El ex juez Galeano, los fiscales, el ex jefe de inteligencia, todos tienen relación entre todos, por lo que ningún juez quería integrar el tribunal. De hecho, acabó conformado con una jueza que es de otro fuero, no del Penal. El Tribunal quedó compuesto por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli.
¿Piensa que la partidización influyó en las investigaciones?
Sí, eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en la causa. Creo que el tema del Memorándum, y el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman marcaron también hitos dentro del proceso que hicieron que, de alguna manera, hubiese más presión para que se aceleren los tiempos. La partidización sí tiene que ver, no sé si para bien o para mal. La realidad es que hoy estamos en la puerta de un juicio, que va a ser muy difícil, y estamos preparados para eso.
¿Cómo veía Memoria Activa la actuación del fiscal Alberto Nisman?
Era un desastre. Nosotros lo denunciamos en reiteradas oportunidades, tanto de manera informal -a través de nuestros comunicados y en nuestros discursos-, como también formalmente ante la Procuración General de la Nación, en tres oportunidades. Pero nadie nos escuchaba, y nadie nos creía que la causa estaba absolutamente estancada, y que Nisman no hacía absolutamente nada para que avanzara. Es lamentable, porque se perdió mucho tiempo.
¿Qué opina de las diferentes posturas de las otras organizaciones de familiares?
Los familiares tienen derecho a tener la postura que quieran, de todos modos todos ellos son víctimas. El problema principal es que la querella de la dirigencia de la comunidad judía, tanto de AMIA como de DAIA, haya participado en las maniobras de encubrimiento. De hecho el ex presidente de la DAIA –Rubén Beraja– está inculpado en la causa de encubrimiento. Entonces, por un lado son querellantes, y por otro lado están favoreciendo a los acusados, así que el rol de ellos no queda claro.
¿Qué piensa de los debates sobre el Memorándum de entendimiento con Irán?
El Memorándum Irán no lo firmó, no lo aprobó. Con lo cual es un instrumento que no tiene validez, más allá de toda la discusión que se está dando respecto de si es Constitucional o no, la realidad es que no tiene validez y que es un instrumento jurídico que evidentemente no sirvió.
¿Y por qué cree que se sigue debatiendo en el país?
Ahí es donde entra todo el tema político. Instalan el debate mucho más allá del instrumento en sí, pasan a cuestionar quién tiene la razón y cómo se llevan adelante las cosas, y eso tiene que ver con toda la pelea que hay a otros niveles. La verdad es que hoy, discutir por un memorándum que se firmó hace casi ya tres años, y que nunca fue ratificado por la contraparte, no tiene sentido.
¿Cómo ve a futuro el avance de las causas y del proceso judicial que se inicia?
Esperamos que todas estas personas que son responsables de que hoy no tengamos nada sean declaradas culpables. Creo que a los familiares, de alguna manera, nos va a ayudar a ir reparando algunas cosas. Respecto de la causa principal, más allá de la nueva fiscalía que tiene voluntad de investigar, me parece que tantos años después realmente es muy difícil que sepamos bien qué pasó. Y mucho más complicado es que traigan a los imputados para hacerlos declarar. Pero bueno, nosotros seguimos en la lucha, y el viernes que viene hacemos otro acto como cada año. El acto en conmemoración a nuestros familiares muertos a 21 años del atentado, lo hacemos en la Plaza Lavalle, el viernes 17 a las 09.30.
¿Cree que el cambio de Gobierno puede afectar la situación?
Siempre afectan de alguna manera estas cosas pero el juicio ya va a estar iniciado y es algo que no se va a poder parar aunque se quiera.
Diana Malamud en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.
Jul 8, 2015 | inicio
En la madrugada del 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden palotina fueron asesinados por un grupo militar en la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. A pesar de acercarse el aniversario número cuarenta de aquel crimen, el caso permanece sin responsables identificados, con un proceso de investigación reiniciado recientemente, y casi sin visibilización.
Como todos los 4 de julio, el sábado último se realizó en la Parroquia de San Patricio otra conmemoración de los religiosos. Varias personas se acercaron a la misa ofrecida por la comunidad palotina del barrio de Belgrano, con el objetivo de recordar una vez más a quienes consideran mártires de la Iglesia: “Porque entregaron toda su vida al Señor, hasta su muerte. Coronaron toda esa vida religiosa con la muerte del martirio”, dijo a ANCCOM Rolando Savino, quien fuera amigo de los sacerdotes y organista de la Iglesia durante su adolescencia. La misa del sábado fue sencilla, aunque por detrás se halle un movimiento complejo en el que intereses y silencios se disputan, aún, una definición.
Frente al altar se encontraban los cinco retratos de las víctimas junto a cinco velas que los iluminaban de cerca. Ahí, mirando hacia la gente, estaban las fotos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden; y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Detrás de ellos, la alfombra roja con los agujeros de las balas, la mismísima prueba del asesinato impune.
La historia
“La masacre de San Patricio” fue el título que eligió el periodista Eduardo Kimel para el trabajo de investigación que realizó durante los años ochenta, y que fue la primera información detallada y certera de lo sucedido.
En la mañana del domingo 4 de julio de 1976, Rolando Savino esperaba, con otros feligreses y vecinos, en la puerta de la Parroquia para la misa de la mañana. Cerca de las 8 creció su preocupación porque ningún sacerdote se hacía presente. Conocía bien a los curas y aquello no era común; por lo que decidió saltar por una ventana para ver qué había pasado. Al entrar, Savino descubrió los cadáveres, corrió en busca de la policía y luego comenzó la confusión forzada. Hubo testigos que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo habían visto movimientos extraños de autos frente a la casa de los palotinos. “Ellos presenciaron cuando llegó un patrullero y le dio la orden al policía de la esquina para que se borre, porque iban a reventar a unos zurdos, y vieron cuando la gente armada bajaba en dirección a la parroquia. Lo que nunca pensaron era que iban a entrar allí”, contó Rodolfo Capalozza, un sacerdote sobreviviente que en aquel momento era parte del grupo de seminaristas.
En la Comunidad de San Patricio había seis seminaristas estudiando, de los cuales cuatro no se encontraban durante la noche del crimen. Uno era Roberto Killmeate, que se había ido a estudiar a Colombia, los otros dos eran Miguel Robledo y Jorge Kelly que estaban ofreciendo un retiro en otra Parroquia, y el cuarto era Capalozza, que sobrevivió porque horas antes había decidido quedarse en casa de sus padres y no volver a dormir a la iglesia.
Capalozza contó a ANCCOM que, junto a los cuerpos de sus amigos, los asesinos habían dejado mensajes: “Consignas como Por los camaradas muertos en el Departamento de Policía, como si fuera una venganza por lo que había sucedido dos días antes en la Superintendencia de Seguridad Federal. O «Por pervertir las mentes de los jóvenes» era la otra leyenda. Todo decía ‘M.S.T.M.’ (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”, recordó el párroco. Sin embargo, los indicios del asesinato fueron ignorados. Eduardo Kimel relata en su investigación: “Hubo una política deliberada para esconder las evidencias. El comando de la zona I se apresuró a atribuirlo a una organización terrorista de izquierda. La presencia de altos funcionarios militares durante el velatorio de las víctimas contribuyó a dar la impresión de que el homicidio era condenado desde las esferas oficiales (…) La colocación de la bomba en Seguridad Federal fue atribuida a los Montoneros sin mayores precisiones”. El periodista explicó que la matanza de los sacerdotes tenía las marcas de una venganza por aquella bomba que habían colocado en la sede policial, pero ambos hechos –la muerte de los palotinos, y la bomba– fueron difundidos como “atentados de la subversión”.
Las dos Iglesias
Otro de los seminaristas sobrevivientes fue Roberto Killmeate, quien había partido a estudiar a Colombia en marzo de 1976. Según Killmeate, desde la llegada del grupo de estudiantes a Belgrano –en 1973–, los vecinos habían hecho sentir su disconformidad: “Estábamos en una época donde había militancia. Es decir, había una serie de conflictos sociales que se expresaban en distintas corrientes de pensamiento, y nosotros estábamos inmersos en ese contexto. Pero el nivel de la gente que asistía a la parroquia estaba en otra sintonía, eran de clase media alta, y no les gustaba aparentemente nuestro proceder, en la forma de vivir más que nada. Empezaron a surgir algunos malestares de la gente local, que dejaba de ir a la misa porque decían que éramos zurdos, peronistas y toda una serie de cosas.”
Actualmente, Killmeate no es más sacerdote porque no comparte la visión de la Iglesia que se intenta mostrar: “A muchos les daba vergüenza pertenecer a una congregación en la que había habido asesinados. Y bueno, yo resistí lo que más pude pero me agotaron. De esa manera no había más posibilidades de diálogo”.
Ante ANCCOM, Killmeate puso en contexto aquella época: “A pesar de que no toda la Comunidad de San Patricio compartía las mismas ideas, había una necesidad de buscar un cambio en la sociedad. O lo buscábamos políticamente en una acción partidaria, o lo buscábamos en forma de religión, en el marco del Documento de Medellín, que había marcado el inicio de la corriente que se llamó Teología de la Liberación. En ese documento, los obispos latinoamericanos habían declarado que la opción de los pobres era una de las opciones principales de la Iglesia, y que la pobreza era causal. El objetivo de esa matanza tan trágica fue conseguido, porque a partir de ahí todos se callaron. En ese momento lo que más se privilegiaba era la Iglesia del poder, acomodada al status quo y no la de un servicio como lo que nosotros nos proponíamos”.
Francisco Chirichella, abogado que impulsa el proceso de beatificación de los sacerdotes, y amigo de la Congregación opinó también al respecto: “Hubo un antes y un después para la Argentina y para la historia de la Iglesia. Esa fue una manera muy certera de acallar a una Iglesia, una situación que se planteó desde el poder mismo”.
Proceso Judicial y Beatificación
“El problema que tenemos es que le cuesta a la Iglesia poner en el altar a algunos hermanos junto a otros de la misma religión que estaban bendiciendo las armas de los asesinos. Entonces poner en el altar a algunos sacerdotes, religiosas y laicos implica de alguna manera, mostrar que otros estaban equivocados”, aseguró el abogado Chirichella.
Durante los primeros años posteriores a la dictadura, la investigación judicial que había comenzado se vio limitada, y los sospechosos habían sido absueltos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego hubo un largo período en que los vaivenes de la sociedad argentina hicieron que se postergara el proceso y ahora, finalmente, el caso es incorporado a la investigación de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la Esma. “El único hecho que se está investigando fuera del ámbito de la Esma, es el de San Patricio. El inconveniente que se le presentó al juez Sergio Torres es que tiene que vincular lo sucedido en San Patricio con un Grupo de Tareas que salió de la Esma. Este año han hecho pericias con una bala que quedó en un cuadro para determinar si es del mismo tipo de las que se usaban en la Esma en aquella época”, dijo el abogado.
Otro 4 de julio en San Patricio
Chirichella comentó, además, sobre los avances en la causa canónica que se inició en 2001, en la que se busca que la Iglesia considere beatos a los cinco palotinos asesinados: “En Roma me parece que hay otra receptividad. La prueba es que Monseñor Romero – el salvadoreño asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa– fue declarado beato, el primero en América Latina. Su caso reúne más o menos características similares al de los curas palotinos. Para considerarlos beatos tiene que probarse que fueron mártires de una Iglesia católica y que fueron asesinados por gobiernos cristianos católicos. Pero esto ha generado dentro de la Iglesia una resistencia muy grande. Por eso estas causas llevan mucho tiempo hasta que se resuelven. Pasaron cuarenta años y cuesta. La de Enrique Angelelli –obispo asesinado en agosto de 1976– ahora está avanzada, se destrabó. Creo que tiene mucho que ver la influencia del Papa Francisco en Roma, y esto nos hace ser más optimistas con relación a los palotinos”.
Roberto Killmeate opinó que la beatificación estará bien para un gran sector creyente, pero no resulta reivindicativa, ya que se vacía el hecho de contenido histórico: “Me parece que tenemos que profundizar y preguntar por qué murió esta gente. Porque hay un testimonio concreto de otro estilo de Iglesia que tiene que prevalecer, y eso no está”, concluyó.
