Abr 10, 2017 | Comunidad
“La educación del pueblo no se vende, se defiende”. Plaza Congreso se vestía de blanco una vez más cuando un nuevo avance por parte de la Policía Federal arremetió con el reclamo de los docentes, reprimiéndolos con gas pimienta y golpes. Tras la represión, cuatro docentes quedaron detenidos en la Comisaría N° 6 con el cargo de “resistencia a la autoridad”. Los maestros, convocados por distintos gremios, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), estaban montando la estructura para armar la escuela itinerante, una medida pacífica para continuar con el reclamo por la apertura de paritarias nacionales y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La escuela itinerante es una alternativa al paro como forma de protesta y consistiría en un aula con capacidad para treinta personas, ubicada en un principio frente al Congreso Nacional pero que luego recorrería distintos distritos del país. Según informaron desde los gremios docentes, el lunes habrá un plenario de CTERA donde se decidirán las nuevas medidas para la continuación del reclamo.
En una jornada de manifestación pacífica, que ni siquiera afectaba la circulación vehicular, los docentes permanecían Plaza Congreso desde el mediodía del domingo, cuando comenzaron con el armado de la escuela itinerante. Esta modalidad alternativa se decidió ya que a pesar de los paros y de la gran Marcha Federal Educativa, a la que concurrieron más de 300.000 docentes, alumnos y autoconvocados, el Gobierno Nacional sigue firme en su negativa a llamar a paritarias. Llegada la noche del domingo, los trabajadores de la educación fueron interrumpidos con una violenta represión con gas pimienta y golpes. Cuatro docentes quedaron detenidos, entre ellos, Juan José Mauro y Miguel Acuña, delegados de UTE. A las nueve y media los dirigentes de los gremios comunicaron la desconcentración de la Plaza, pero otras organizaciones llegaron a la puerta del Congreso para manifestar su apoyo a la situación docente y repudiar la acción violenta de la Policía Federal. Hasta la medianoche hubo movimiento en la Plaza Congreso, que una vez más se convirtió en el escenario de la resistencia contra el ajuste del Gobierno de Mauricio Macri.
Luego de la represión, el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, encabezado por Eduardo Macchiavelli, informó mediante un comunicado que se le “sugirió” al personal policial el desarme de la carpa porque no tenían autorización para instalarla. Sin embargo, el permiso había sido solicitado por parte de los gremios docentes, sin haber obtenido respuesta del Gobierno de la Ciudad.
Actualizado 10/04/2017
Mar 16, 2017 | Comunidad
Con el cielo cada vez más cubierto y el pronóstico amenazante de lluvias, cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre. El histórico Puente Pueyrredón es el epicentro de una jornada de protesta que se completa también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, e incluye ollas populares en distintos puntos del país. La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reúne a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tiene como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social -sancionada en diciembre del año pasado y reglamentada por Mauricio Macri el pasado viernes 10 de marzo- y medidas urgentes para contener las demandas sociales de los sectores más golpeados por el estancamiento de la economía.
Las respuestas del gobierno ponen el viento en contra: cuatro meses de estancamiento de las medidas prometidas y una fila de efectivos de la Gendarmería preparados para desalojar a los manifestantes. Horas después llegaría la convocatoria al diálogo. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a abrir una mesa formal de discusión la semana próxima.
El histórico Puente Pueyrredón fue el epicentro de una jornada de protesta que se completó también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denuncia Roxana, trabajadora de la Municipalidad de Avellaneda, que asegura ver más comedores y merenderos que nunca en su barrio. “La convocatoria es de cada uno, venimos porque vemos que todo está muy mal”, agrega. Y recuerda que si bien ella todavía tiene trabajo, muchos de sus compañeros fueron despedidos entre el año pasado y lo que va del 2017.
La urgencia en la implementación de Ley de Emergencia Social se basa en las medidas que prevé necesarias para enfrentar la situación que atraviesan los trabajadores de la economía informal y desocupados. Entre ellas, la creación de 400.000 puestos de trabajo y el establecimiento de una canasta básica alimentaria de 6300 pesos para todos los programas de trabajo.
Cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre.
Después de veinte minutos de espera al pie del Puente Pueyrredón, los efectivos armados forman y caminan rumbo a tres de sus vehículos, dejando paso a la multitudinaria columna de trabajadores. Más de cuarenta organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) son protagonistas de la jornada de protesta y pueden avanzar pese a la tentativa de desalojo, previamente anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Cristian Cervera, del Frente Popular Darío Santillán, afirma que la reglamentación llega demasiado tarde, y que la idea es evitar que la implementación siga el mismo camino. Lleva a su hija atada en el pecho entre dos telas que hacen de cuna artesanal, y mientras la cubre del humo de un cigarrillo, agrega: “Hay un diálogo abierto que el gobierno habilita porque tiene que buscar formas de dispersar las movilizaciones, pero después reacciona así, poniendo policía”.
La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reunió a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tuvo como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social.
A la denuncia se suma Caly Flores, integrante de la CTEP. “La reglamentación fue un manotazo de ahogados que el gobierno tuvo que hacer para frenar el avance del pueblo”. Al respecto de la urgencia por las medidas que contempla la norma, Flores afirma que desde diciembre no aumentan los salarios de los trabajadores de la economía popular, que ganan alrededor de cuatro mil pesos por mes, suma que no alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia. “Nos dicen que estamos gordos, pero estamos mal alimentados, con una dieta sin proteínas a base de fideos y arroz”, concluye.
En medio del Puente y ya llegado el mediodía, un grupo de mujeres cortan papas y abren latas de arvejas, mientras otras preparan el fuego para la olla popular. La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales. Pablo, empleado en una cooperativa, también se autoconvoca al corte de calles para visibilizar su situación económica: “Desde el 2010 que cobro 4.000 pesos por mes”, denuncia y reclama salario digno y obra social para los trabajadores de cooperativas.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denunció una trabajadora.
Además de la implementación de la Ley, las distintas organizaciones llaman al paro nacional. En representación de muchas de ellas, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña la jornada del miércoles en los cortes de calles y llama a un paro general para el 30 de marzo. José “Pepe” Peralta, secretario general de la CTA Autónoma Capital, opina que la Ley de Emergencia salió muy tironeada y todavía está la duda de que realmente se ponga en vigencia. Además, apunta contra la CGT por no haber definido la fecha del paro general la semana pasada: “Esto no es una cuestión de dirigentes, se trata de las necesidades que tiene el pueblo”.
El corte de calles concluye a media tarde en la Ciudad de Buenos Aires, cuando finalmente la tormenta estalla sobre el cemento y las organizaciones se ven obligadas a desconcentrar. Pasada la tarde, la jornada concluye con un “ruidazo”, en distintos puntos del país, en protesta por el aumento en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Y, como respuesta, se escucha una nueva promesa de diálogo.
La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales.
Actualizado 16/03/2017
Dic 1, 2016 | destacadas
“Me gustaría estar más contenta, pero ahora mismo lo que estoy es desinflada”. Dos horas después del veredicto, Alika Kinan empieza a vivir su verdadera reparación. Para Pedro Montoya, Ivana García y Lucy Alberca Campos también empieza un nuevo ciclo, ahora tras los barrotes. Acusados del delito de trata, el dueño del prostíbulo “El Sheik” y sus dos cómplices fueron condenados a siete y tres años de prisión, respectivamente. Además, la Municipalidad de Ushuaia deberá indemnizar a Alika con 780.000 pesos, menos de la mitad de la suma propuesta como resarcimiento por la querella. Es la primera vez que una víctima logra llevar a juicio a sus proxenetas. Y al Estado.
Con toda la expectativa puesta en las noticias del sur, agrupaciones y autoconvocados se reunieron el miércoles en la puerta de la Casa de la provincia de Tierra del Fuego en Buenos Aires para apoyar a Alika a la distancia. “Al proxenetismo lo tenemos adentro de las casas”, resumió Mariana Pérez, miembro de la Campaña Abolicionista que lucha por desentrañar las redes de prostitución y por hacer cumplir la Ley de Trata. “Veinte años de explotación y siete de cárcel. No es nada”, se quejó Liliana Azaraf, también integrante de la Campaña, después de escuchar el veredicto de la jueza Ana María D’Alessio. Nadie parecía conforme con la sentencia. “Esperaba una condena más aplastante”, le dijo Alika a esta agencia en diálogo telefónico desde Ushuaia.
Las dos décadas de dolor comenzaron cuando Alika llegó (engañada por una promesa laboral) a Tierra del Fuego desde Córdoba y fue capturada por una red de trata que la obligó a ejercer la prostitución en un local que la Gendarmería recién allanó en octubre de 2012. En ese operativo, el escuadrón 44 de la fuerza detuvo a los encargados del prostíbulo.
Desde Buenos Aires, Margarita Meira, referente de la agrupación Madres Víctimas de Trata, también esperó el resultado del juicio. “Nosotras sabemos dónde están los depósitos de chicas y atacamos directamente”, le explicó a ANCCOM. Su hija, Graciela Susana Bekter, tenía 17 años cuando la secuestraron, y 18 cuando la encontraron muerta. “Cuando yo iba a la SIDE me decían que la iban a encontrar pero la tenían ellos mismos secuestrada”, afirmó la mujer.
Con la sentencia y el juicio cerrado, Alika está decidida a mantenerse firme en la lucha. “No me generó nada verlos, porque desde el principio supe que son culpables”, explicó.
El proceso judicial, señaló, “cierra un ciclo” en su vida. Finalmente, podrá dejar la ciudad que eligieron por ella. Aunque el resarcimiento económico del Municipio fueguino no llega a cubrir los daños ocasionados en tantos años de explotación sexual, para Alika representa un nuevo comienzo. “Ese dinero lo voy a usar para darle un futuro digno a mis hijas”, subrayó.
Su destino es incierto, pero su lucha continúa. Al salir del Tribunal, las palabras de Alika viajan por el aire y retumban en la calle Sarmiento, en la puerta de la Casa de Tierra del Fuego. “Vamos a seguir adelante porque son miles las víctimas y son miles las demandas, esta es sólo la primera”.
Actualizada 01/12/2016
Nov 15, 2016 | inicio
Alika Kinan habla con voz firme y segura. Es la primera mujer sobreviviente del delito de trata que lleva a juicio a sus captores y proxenetas en el marco de un proceso considerado histórico. El Tribunal Oral Federal de Ushuaia dará a conocer el veredicto el próximo 29 de noviembre. La Fiscalía pidió penas de entre cinco y doce años de prisión para los imputados. “Son muchos años de explotación, y se deben pagar con la cárcel”, se ilusiona la mujer que se animó a saltar el cerco de un oscuro sistema prostibulario. Una red que captaba mujeres en estado de vulnerabilidad en distintos lugares del país para luego trasladarlas a Ushuaia, alojarlas en habitaciones del prostíbulo “Sheik” -donde vivían en condiciones deplorables- y explotarlas sexualmente.
Alika era cordobesa pero ahora es fueguina: pasó veinte años en el “Sheik” y hace cuatro que camina en libertad por las calles nevadas de Ushuaia, la ciudad al sur del sur, donde las noches de invierno son más largas que en cualquier otra localidad del país y donde llegan personas de todo el mundo que embarcan o desembarcan, que están de paso o se quedan. En octubre de 2012, el escuadrón 44 de la Gendarmería Nacional allanó el prostíbulo y detuvo a los dueños del local, Ivana García y Pedro Montoya, pareja que tenía como encargada del bar nocturno a Lucy Alberca Campos, también imputada en el caso. El juicio comenzó el lunes 7 de noviembre y cerrará a fines de este mes, cuando la jueza Ana María D’Alessio decida el destino de los acusados. Se trata del primer juicio contra responsables de trata de personas con fines de explotación sexual, habilitado por la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, sancionada en 2008.
“Es como pensar que tenés un tajito, pero tenés una hemorragia, algo que no se puede detener; yo pensaba hablar de un recuerdo y empezaron a aflorar muchísimas cosas”, cuenta Alika en diálogo con ANCCOM al reconstruir el momento en el que decidió avanzar con la denuncia que ahora permite que sus captores estén en el banquillo.
El proceso para “rebobinar” y contar su experiencia como víctima del delito de trata de personas no fue fácil. La acusación trasciende a los responsables del prostíbulo donde pasó dos décadas y también alcanza al Estado, en este caso representado en la Municipalidad de Ushuaia, por generado las condiciones para la explotación sexual ilegal. Por eso, la querella requirió una condena civil de 2.365.067 pesos contra los tres enjuiciados y en forma solidaria contra la Municipalidad de Ushuaia, institución a la que se consideró responsable de haber «facilitado» y «legalizado» la situación de trata.
En la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires agrupaciones apoyaron el inicio del juicio iniciado por Alika Kinan, víctima de trata.
La Fiscalía pidió una pena de doce años para Pedro Montoya, nueve para su socia y compañera, Ivana García, y cinco para Lucy Alberca Campos, la encargada del funcionamiento diario del lugar. “El juicio todavía no terminó, pero ahora mismo estoy hecha pelota”, reflexiona la mujer después de recordar el largo tiempo que le llevó reconocerse como víctima de un delito.
Y reconstruye: “Me sacó de ahí mi actual pareja y también mis hijos”, recuerda Alika, después de recordar que son miles las mujeres absorbidas por las redes de este negocio millonario, engañadas ante situaciones de vulnerabilidad y pocos recursos. Sobre las otras siete mujeres que fueron rescatadas del burdel de Montoya y García, Alika dice que es muy difícil que hayan salido de la prostitución porque no les ofrecen las opciones que corresponden: ni trabajo ni posibilidades de denuncia. Para revertir esta situación, Alika armó junto a otras compañeras la Fundación Sapa Kippa, con la que ayudan a mujeres rescatadas o aún bajo el negocio de la prostitución, que quieren salir y no tienen los medios. “Yo no tengo horarios, las chicas me pueden llamar a las dos de la mañana y voy a estar para escucharlas”, subraya. Además, para mantenerse económicamente, Alika trabaja en el área administrativa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Alika se planta frente al reglamentarismo y asegura que la prostitución no es un trabajo que pueda ser elegido. “Si hubiera seguido ahí me hubieran encontrado tirada en una zanja”, razona. Pero ella salió del circuito y sabe que puede lograr que muchas otras mujeres también se animen, por eso denuncia a los responsables y mantiene su postura abolicionista con mucha más fuerza que nadie, con la fuerza que surge de la experiencia propia.
Actualizado 15/11/2016
Nov 3, 2016 | inicio
“Nos encontramos con una ley que es más vieja que yo y que no contempla un montón de cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles”. Con ese diagnóstico como punto de partida, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, defiende el proyecto de modificación de la Ley de Semillas que el gobierno envió al Congreso días atrás. Ex asesor de empresas agropecuarias y profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA), Negri defiende la iniciativa de seis artículos diseñada “en el diálogo con los distintos actores de semillas” y reconoce que la discusión es y será ardua porque “hay muchos intereses en juego”.
¿En qué estado estaba el debate en torno a la modificación de la Ley 20.247 cuando asumió como Secretario de Agricultura?
Cuando llegamos nos encontramos con una ley que es más vieja que yo, por lo que no contempla un montón de las cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles. El INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el Ministerio habían realizado varias resoluciones pero no hubo una decisión política seria para resolver esta falta. Es un tema que se arrastra desde el 2004. Nosotros veníamos con algunas ideas sobre la modificación a la Ley pero la verdad es que las conversaciones con los distintos actores de la cadena de semillas son diferentes si uno no está en el Gobierno.
En los últimos años se formularon distintos proyectos para modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, ¿en qué se diferencian del que diseñó el gobierno?
Lo que pasó en 2013 y 2014 fue que hubo grupos de trabajo que llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley. Lo que nosotros presentamos hoy es una modificación de la ley actual que creemos que es un gran paso para mejorar no sólo la cadena de la soja sino de todas las semillas.
¿Cuál es el eje del proyecto, el punto que usted considera más importante?
Lo más importante del proyecto es que se paga la semilla. Y que el uso propio está restringido a las hectáreas que se compran. Esto es fundamental para nuestro primer objetivo que es el de lograr una buena industria semillera. Si podemos ser el supermercado del mundo también podemos ser el semillero del mundo, y no sólo de autógamas (n.d.r: son aquellas que se reproducen por autofecundación como el trigo, la soja, el arroz y cítricos, entre otras) sino también de muchas otras semillas que se producen en el mundo y que se podrían producir en la Argentina perfectamente.
¿Por qué la discusión lleva tantos años y aún no pudo resolverse?
Primero porque no estaba la decisión política de llegar a un acuerdo, y después porque hay muchos intereses en juego. El uso propio es un derecho ancestral, pero la tecnología de alguna manera tiene que ser retribuida. Cuando la ley es laxa, ganan los “pillos” y a ellos no les conviene que haya un acuerdo. Además, si no se priorizan las discusiones a largo plazo, se hace difícil actuar.
¿Cuáles fueron los puntos que se debatieron puertas adentro del Ministerio este año para la modificación de la ley?
Fueron muchos: quién paga, a quién, cómo, qué pasa con los infractores. Hoy lo que se paga a los obtentores es insuficiente para poder desarrollar la industria semillera argentina, pero a la vez los que aplican bien el uso propio no son ilegales. Es un tema de derechos de unos contra derechos de otros.
¿Cómo resolvieron las diferencias entre los intereses de la Mesa de Enlace y los de las empresas multinacionales?
Lo que hicimos fue tratar de juntar las puntas lo máximo posible, no pudimos juntarlos a todos en la misma mesa porque los intereses son demasiado divergentes. Fuimos trabajando con cada uno de los actores. Lo que mandamos es lo que creemos más factible para que se apruebe en el Congreso Nacional.
Luego de las negociaciones, ¿cómo quedó la relación del Ministerio con Monsanto?
La relación con la empresa siempre fue buena. Nosotros le mostramos el rol del Estado y qué es lo que queremos. Le decimos que los derechos del obtentor y los derechos sobre la biotecnología son importantísimos para nosotros. De todas formas, no se mostraron conformes con el proyecto.
¿Qué opina sobre los reclamos de la Sociedad Rural (SRA)?
Eso es un tema netamente comercial, es una cuestión de precio. El problema es que hay temas legales, temas de propiedad intelectual, y temas comerciales mezclados en la misma discusión. Nosotros nos reunimos con ellos como nos reunimos con los demás actores para discutir sobre el futuro de la Ley de Semillas.
Recientemente hubo algunos cambios en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿cuáles son las razones de la renuncia de Oscar Alloatti a casi un año de haber asumido en el cargo?
Oscar entró en diciembre y ya estaba cansado. Es un hombre grande y le puso todas las pilas a su trabajo.
El Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI) reclama por una baja en el presupuesto del sector, ¿cómo ve el futuro de la Secretaría? ¿Pasará a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca?
Eso es decisión del ministro. Por ahora estamos ordenando la Secretaría. Lo que hay es un ordenamiento presupuestario. Estamos ajustando los gastos como en todos los Ministerios, lo que no tiene que ver con reducciones sino con aumentar eficiencias. Tenemos un Estado Nacional con un déficit muy grande y tenemos que achicarlo.
¿En qué situación está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)?
El INTA está dentro de esta situación de ordenamiento. No están en juego los salarios ni los presupuestos de investigación, pero tenemos que regular situaciones de gastos que a veces son excesivos. Estamos cuidando el bolsillo como todos los argentinos.
En cuanto al avance en los derechos de propiedad intelectual, ¿se dio en algún momento la discusión sobre la posible adhesión al acta UPOV (Unión de Productores Obtentores Vegetales) 91’?
El proyecto está en el marco del acta de 1978. Hoy queremos cumplir bien UPOV 78’ para analizar si vamos a UPOV 91’, tenemos que ir por partes.
¿Por qué es necesario constituir un nuevo directorio en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)?
Hace muchos años que no tiene constituido su directorio. Lo que queremos es darle más operatividad al instituto, y que el trabajo entre INASE y la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) sea más fluido.
¿Quién se encargará de establecer el precio del canon que se pagará en la compra de semillas?
El INASE va a verificar que el precio esté dentro de las reglas de mercado. Queremos que el valor lo pongan las compañías y los productores según la oferta y demanda, que haya una buena competencia.
Similar al Sistema de Regalías Extendidas…
El sistema de regalías extendidas fue una forma privada de resolver los conflictos. El INASE no va a trabajar en que sea un mercado regulado, sino un mercado transparente. Y entonces el sistema ya no va a ser necesario.
¿Cuáles son los planes para el año que viene?
La idea es trabajar en un proyecto de ley para reemplazar la vigente, pero tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos que se apruebe esta modificación.
¿Cuándo cree que será aprobada por el Congreso?
Por mí que se apruebe mañana, pero eso no depende de nosotros. Queremos entrar a la campaña que viene al menos con la media sanción.
Actualizado 1/11/2016
