May 25, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.
Entre tanto, apareció una nueva iniciativa, encabezada por Máximo Kirchner, presidente del interbloque del Frente De Todos (FDT) en la Cámara Baja, que propone un nuevo marco regulatorio, algo que descolocó a propios y ajenos. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal convocaron a una sesión especial a fines de marzo para extender la legislación vigente, pero quedaron lejos del quórum. Se ausentaron oficialistas y, además, representantes del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) de provincias petroleras que decidieron no estar en su banca ni conectarse de manera remota.
Con la presión del tiempo y de los reclamos encima, un día antes de su vencimiento, el Gobierno Nacional prorrogó el actual régimen de biocombustibles por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigor un nuevo marco regulatorio, según dicta el decreto 322/2021. De esa manera, estableció su vigencia hasta el 12 de julio del corriente, que puede ser reemplazado en el caso de que se apruebe otra legislación, por lo que toma en cuenta la existencia de proyectos con estado parlamentario. La medida busca asegurar un “adecuado análisis y debate” permitiendo la continuidad temporaria de la normativa actual.
La norma vigente estipulaba que los biocombustibles deben tener una participación del cinco por ciento en los combustibles líquidos derivados del petróleo. Distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, elevaron a diez y a doce por ciento el corte de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Esto impulsó su desarrollo en provincias en las que se producen soja, maíz y caña de azúcar, bases de los combustibles alternativos.
El proyecto consiguió dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.
El proyecto de Máximo
La iniciativa del diputado Kirchner, que lleva la firma de otros quince legisladores, establece una nueva regulación con plazo hasta 2030, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la prorrogue por cinco años por única vez. El proyecto señala a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, como autoridad de aplicación para regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable. Además, otorga un rol más relevante a empresas no exportadoras y busca frenar la salida de divisas y promover la industrialización, sustituyendo la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. En diálogo con ANCCOM, Martínez consideró que la nueva legislación “enfatiza el resguardo de las PyMEs, de las fuentes de trabajo y del bolsillo”, atendiendo a “cuestiones que eran reclamadas”. Para el secretario, a su vez, otorga la “previsibilidad que necesita cualquier actividad” con un enfoque “participativo y federal”, que se evidencia “en la comisión especial de análisis y seguimiento” que ordena crear.
El texto reduce de diez, según la ley actual, a cinco el porcentaje mínimo de biodiesel sobre la cantidad total de la mezcla con gasoil y/o diésel oil. Con respecto al bioetanol, mantiene el corte en un doce por ciento y en un seis tanto los que son elaborados a base de caña de azúcar como de maíz. La autoridad de aplicación podrá, en el caso del biodiesel y del maíz, disminuirlo hasta un tres. Marcos Cleri, diputado oficialista de Santa Fe, expresa que la baja sería “para que no aumente la nafta y las plantas sigan produciendo” pero que también “puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones”. Por último, continúa la eximición del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que en el caso de ser mezcla recaerá sólo sobre el componente fósil.
El martes 18, después de varios intentos frustrados por falta de acuerdo, el proyecto consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Omar Félix, diputado mendocino del FDT y presidente de la primera comisión mencionada, evaluó que “da previsibilidad al sector y cumple con los compromisos internacionales”. Además, indicó, en coincidencia con Martínez, que “protege a las empresas, a la actividad y, por sobre todo, al bolsillo de los argentinos”.
Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal son quienes más se oponen al marco propuesto. Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti, advirtió que si se aprueba “se pueden perder muchas fuentes de trabajo”. En igual sentido se pronunció Mario Negri, presidente del interbloque de la principal fuerza opositora, alegando que “atenta contra la economía de diez provincias” y acusando al proyecto de “anti Córdoba”. Su par provincial pero oficialista, Eduardo Fernández, cree en cambio que “expresa la experiencia acumulada del sector” y que con la intervención estatal “la industria tendrá más equilibrio”.
Las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta conforman la Liga Bioenergética.
El escenario legislativo
El proyecto sorprendió a propios y ajenos porque la prórroga al régimen actual parecía estar encaminada. Sobre la media sanción del Senado se apoyan la mayoría de las críticas. Tanto la demanda de renovación, como la propuesta de un nuevo marco regulatorio, son transversales a las fuerzas políticas, sujeta a la lógica productiva de cada jurisdicción. Las que producen petróleo se quejan de la rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinerías están obligadas a pagar. Las productoras de biocombustibles señalan que no hay forma de introducir energías renovables sin la participación estatal.
El interbloque Federal mostró cohesión interna a la hora de presionar en contra del proyecto oficialista, y también para impulsar el tratamiento de otras opciones, incluida la prórroga de la Cámara Alta a través de solicitudes para sesionar. Además, presentó su propia iniciativa para elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en naftas al 20 por ciento y de biodiesel en gasoil al 16. Alejandro Rodríguez, diputado bonaerense, resaltó que el objetivo es “sumar fuentes de trabajo e inversiones en la zona centro del país, con eje en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe». A su vez, brindaron su apoyo a la propuesta de una nueva Ley para el Desarrollo de los Biocombustibles, dada a conocer el año pasado por el cordobés Gutiérrez, también integrante del interbloque.
Con respecto al proyecto con dictamen, Rodríguez opinó que “no es bueno para la producción, para el medio ambiente y para las políticas públicas”. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos al marcar que, si bien “hace falta una nueva ley” y “se han escuchado todas las demandas de nuestra región”, hay que discutir que “no se bajen los cortes que ya hay porque causaría perjuicios”. Por otro lado, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo todavía no ha definido su postura, a diferencia de los monobloques Movimiento Popular Neuquino y Partido de la Justicia Social que sí decidieron, al menos, acompañar el tratamiento de la iniciativa de Máximo Kirchner.
En la Cámara Alta, dentro de la mayoría oficialista, hay pocas declaraciones luego de que quedara trunca la prórroga. En especial, no ha emitido declaraciones María de los Ángeles Sacnun, autora de dicha iniciativa parlamentaria, a la que también habría tomado por sorpresa la ausencia de la misma en el temario que el Ejecutivo ordenó para las sesiones extraordinarias. Quien sí tomó la voz fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El senador por San Luis pidió que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y que “se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.
Empresarios y medio ambiente
Rodríguez Saá se expresó en esos términos en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), entidad que solicitó el encuentro por la situación legislativa actual. El principal foco de crítica a la nueva iniciativa pasa por el papel de la Secretaría de Energía, que también es responsable de la producción petrolera en el país, por lo que habría un conflicto de intereses para la prosperidad de ambos sectores.
En la reunión informativa de comisión, llevada a cabo hace más de un mes como puntapié inicial en el tratamiento del proyecto, varios representantes del empresariado habían mostrado su disgusto, en especial con respecto a la baja del corte de biodiesel. El diputado Cleri deslizó que “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que no consiguieron la totalidad de sus demandas”. Al mismo tiempo, el Centro Azucarero Argentino (CAA) manifestó su conformidad ya que “contempla los temas de interés”, por lo que espera el respaldo de los legisladores del noroeste argentino.
Por otro lado, el legislador mendocino Omar Félix volvió a destacar que “no se van a dejar de cumplir los compromisos internacionales” en materia de medio ambiente y que “no significa que esos valores vayan a estar fijos para siempre”. Por último, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, rechazaron la postura de sectores del oficialismo y de la oposición porque “benefician a las grandes multinacionales” y “ninguno de los problemas principales que sufren las mayorías populares se están poniendo en debate”. Una nueva piedra en el camino del oficialismo a nivel legislativo.
May 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.
La estrategia será avanzar en los consensos necesarios, de acuerdo a la postura que cada jurisdicción mostró en las últimas reuniones de los Consejos Federales de Salud y de Educación, en las cuales la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas defendiendo la presencialidad en las escuelas y rechazando las cuatro etapas de riesgo propuestas. La especulación pasa por el apoyo de los oficialismos provinciales del Frente De Todos, sumado a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes.
El proyecto define los parámetros de situación epidemiológica según la cantidad de casos cada cien mil habitantes: bajo riesgo (50 a 150 casos); mediano riesgo (150-200); alto riesgo (250-500); y Alarma Epidemiológica Sanitaria (más de 500 y 80% de ocupación de unidades de cuidado intensivo-UTI), única instancia en que se suspende la presencialidad escolar. Además, avala la disposición de restricciones de acuerdo a la gravedad de cada lugar y aclara que las decisiones del PEN serán de “forma razonable y proporcionada”, previa consulta con la jurisdicción correspondiente. También brinda potestades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en empleos públicos y las limitaciones sobre el transporte, mientras que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.
La iniciativa sigue las variables ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2021, que se encuentra vigente y dentro del marco normativo actual. Las etapas se definen por tres criterios principales, que son la incidencia y la velocidad de los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. En diálogo con ANCCOM, Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analiza que “frente a una situación epidemiológica que no ha mejorado lo suficiente y frente a la discrecionalidad que hay” se impone un instrumento que “pone pautas objetivas para la implementación” de medidas sanitarias. “Es importante definir taxativamente que estamos en un contexto de colapso” en el cual la “intubación fuera de UTI es un determinante independiente de mortalidad”, completa Dubin.
Primera parada: Senado
El martes, al día siguiente de la presentación del proyecto por parte del oficialismo, se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. María de los Ángeles Sacnun, senadora por Rosario y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que condujo el plenario, indicó a ANCCOM que el proyecto “se funda en las facultades que otorga la Constitución Nacional (CN) en los Artículos 41 y 42 y en los pactos internacionales a los que se comprometió el país”. Además, agrega que “se basa en datos objetivos y la previa consulta sostiene el federalismo”, en línea con lo que apuntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo sobre las clases presenciales.
La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.
El rechazo de Juntos por el Cambio fue total y Humberto Schiavoni, senador por Misiones, expresó que “hay absoluta unanimidad dentro de la alianza en el tema”. El problema pasa por lo que entiende el oficialismo y toda la oposición por federalismo de concertación, en relación al acuerdo que debe haber entre Nación y cada provincia. Para Schiavoni, si la consulta “no es vinculante entonces es inconstitucional”, por lo que consideró que, de nuevo, se “entrará en un conflicto de poderes”.
Acuerdo o judicialización
Al igual que en la postergación de las PASO, el centro de atención está puesto en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo depende del consenso con otros bloques para lograr su aprobación, sobre todo por el acelerado tratamiento que busca darle. En Juntos por el Cambio ya habían anticipado su rechazo y advirtieron que intenta otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que se ocupó de la revisión de los fundamentos, lamentó la calificación y afirmó que el objetivo es “dejar atrás la herramienta del DNU y pasar a una ley como marco, donde el Presidente sólo pueda intervenir después de que una Gobernación haya adoptado medidas y chequeado su resultado”. Por su parte, Cecilia Moreau, vicepresidenta del Frente De Todos en la Cámara Baja, puntualizó que los criterios “no deben estar atados a la subjetividad y al uso político”. Sostuvo que “no toda la oposición es la misma” y que “una parte comprende la situación”.
Luego de su aprobación en Senadores, el proyecto será girado a las mismas dos comisiones de Diputados y, de esa manera, la fuerza oficialista entrará en una disputa voto a voto para llegar al quórum de 129 voluntades. Los principales cuestionamientos pasan por el consenso necesario con los gobernadores, los límites a la delegación de facultades y una temporalidad determinada. En el texto se establece que las medidas se revisen a los 21 días y establece su propia vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por los decretos 260/20 y 167/21. Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, criticó que “puede durar hasta que termine la pandemia”, cuando el artículo 76 de la Constitución Nacional “exige que toda delegación tenga plazo fijado para su ejercicio”, mientras “el Ejecutivo viene decidiendo por DNU la duración de la emergencia sanitaria”.
A pocos días del vencimiento del DNU, acuerdan nuevas restricciones para el AMBA.
Negri considera que se “pretende actuar como si fuéramos un país unitario” y que los gobernadores, según establece el artículo 128 de la Constitución son “agentes naturales facultados para velar por su cumplimiento de la Carta Magna”. Juan Manuel López, que lidera a la Coalición Cívica, advierte que el Congreso “no puede delegar facultades que no le pertenecen” y su par del PRO, Cristian Ritondo, evalúa que “el presidente ya tiene bastante poder y se ha extralimitado”. De esta manera, los votos deberán ser buscados en el resto de las bancadas.
El poroteo
El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón, pretende más claridad en los plazos y la terminología, cuestiones que ya fueron comunicadas. Si se resuelven, acompañaría la iniciativa y podría sumarse el apoyo de Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social de Tucumán. El interbloque Federal, presidido por Eduardo Bucca, continúa mostrando una postura heterogénea. Alejandro Rodríguez, y los otros dos legisladores identificados con Roberto Lavagna, adelantaron que rechazarán la medida. A Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, le parece que el sentido es “sólo contradecir a la Corte” y también se mostró en contra. Por el lado del Socialismo, Enrique Estévez considera que, además del consenso y las limitaciones, “debe haber más elementos científicos”. Las mismas inquietudes son compartidas por el bloque Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social, que podrían contribuir con tres votos.
El oficialismo le estará prestando atención a los legisladores de aquellas provincias que lo acompañaron en los Consejos Federales, en especial a quienes representan a Jujuy y a Corrientes, y al diputado Luis Di Giacomo, que responde al senador Weretilneck. A él se suman las dos bancas del bloque Acción Federal, que conduce el riojano Felipe Álvarez, y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino en manos de Alma Sapag.
Por último, restará saber que harán los dos representantes de la izquierda trotskista: Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas. El primero piensa que “no propone ninguna medida para cuidar la vida de los trabajadores” y que “cambia los parámetros de la Sociedad Argentina de Pediatría para suspender la presencialidad escolar”. El segundo deslizó que, si bien “el semáforo epidemiológico se puede considerar”, su partido “rechazó históricamente” los “superpoderes”. Otra vez, el tiempo le juega contrarreloj al Gobierno Nacional y la posibilidad de consensos disminuye, cuando todo debe resolverse en una semana o Alberto Fernández tendrá que apelar a la extensión de las actuales restricciones sanitarias.
Abr 15, 2021 | Novedades, Vidas políticas
La discusión acerca de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) resurgió estos días, a partir de un encuentro en la Casa Rosada entre el presidente del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; Jorge Macri, intendente de Vicente López y el oficialismo, donde se presentó un programa de infraestructura para Buenos Aires. Hasta el momento son cinco las provincias que, por distintos motivos, tendrán calendario electoral propio: Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.
Según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre la realización de elecciones durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – marzo 2021, hay 88 casos en los que se mantuvo la fecha y 41 en los que se pospuso. En nuestro país, la modificación de cualquier plazo incluye cambios en el resto del cronograma electoral, por lo que la presentación de listas y candidatos y el inicio de la campaña también se verían alteradas.
El 16 de marzo la Cámara Nacional Electoral publicó el calendario, de acuerdo a las fechas que se establecen en el Código Electoral y la Ley 26.571, conocida como Ley PASO. Allí se establece que las Primarias serán el segundo domingo de agosto, es decir el 8, y las Generales el cuarto domingo de octubre, en este caso el 24. Para cualquier modificación es necesario consenso político ya que las leyes electorales se aprueban con mayoría calificada (la mitad más uno) en cada cámara. Por esa razón el jueves 8 de abril, aunque de manera informal, se reunieron representantes del Frente De Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. La idea es sumar al resto de los bloques.
Danza de proyectos
El primer espacio en presentar su iniciativa fue el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por el mendocino José Luis Ramón. El 26 de octubre propuso un “suspender las PASO y reasignar los fondos al fomento de la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas”, describió en diálogo con ANCCOM. Ramón aclara que el proyecto está sujeto a un “informe del Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia” ya que “no es momento de resolver problemas de fondo”.
En diciembre se presentaron otros dos. Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente De Todos, considera que suspender las PASO por única vez sería “un gesto político”. El proyecto, que lleva la firma de varios legisladores oficialistas, surgió del “consenso de varios gobernadores del norte del país”. El segundo estuvo a cargo de Carla Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical, por el contrario, prohíbe su suspensión por considerarlas “parte integrante del proceso y sistema electoral”. A su vez, propone reducir los plazos entre las PASO y las Generales, trasladando a las primeras un mes hacia adelante.
La búsqueda de consensos
Con un comunicado conjunto a principios de abril, Juntos por el Cambio sentó su postura en contra de la modificación de cuestiones electorales por considerarlo “inoportuno”, a pesar de que, durante el gobierno de Mauricio Macri, en más de una vez esa fuerza política expresó el excesivo gasto que implican las PASO. De todas maneras, dejó la puerta abierta a una negociación si la propuesta “significa una mejora estructural”. Esa será la puja entre las dos principales coaliciones políticas durante estas semanas. Hay acuerdo para avanzar en una comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia que incluya a varios actores de la sociedad.
Atrás parecen haber quedado la opción de suspenderlas, respaldada por gobernadores norteños y por el presidente Alberto Fernández, y la intención de realizarlas el mismo día que las Generales, comentada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La cuestión es acordar la postergación. El borrador, que no tiene carácter de proyecto de ley aún, presentado por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, propone llevar las Primarias al 12 de septiembre y las Generales al 14 de noviembre. “Tomamos como base el proyecto de la diputada Carrizo”, aseguró Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara Baja, y aclaró que: “tener un mes más para vacunar, es muchísimo”.
Cristián Ritondo, de Juntos por el Cambio cuenta, en diálogo con ANCCOM que, a la reunión del 8 de abril, su fuerza llevó tres propuestas: “Boleta Única de Papel, la vuelta del voto postal para argentinos en el exterior y que efectivos de las Fuerzas Armadas, el día de los comicios estén en funciones puedan sufragar en la mesa más cercana”.
De Pedro remarcó que esto es una “cuestión excepcional” y que “las modificaciones y reformas más profundas deben ser discutidas fuera de este calendario”, por lo que las primeras dos cuestiones fueron rechazadas. “Sobre la tercera van a buscar un sistema para dar la posibilidad”, completó Ritondo. Si bien aseguran que se va a seguir negociando y que se trasladará el borrador a su Mesa Nacional conjunta, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, aclaró que “este es el momento para cambiar la ley por los plazos que establece el cronograma electoral”.
En el Senado, la situación está más encaminada por la mayoría propia del Frente De Todos y por la postura de la primera minoría. Humberto Schiavoni, presidente del bloque del PRO, considera que es “muy grave desde el punto de vista institucional modificar las reglas del juego de la democracia”. En línea con el comunicado de su partido, afirma que no considerarán “cuestiones coyunturales en función de intereses oportunistas”. Schiavoni, senador por Misiones, criticó el accionar de los oficialismos provinciales que desdoblaron el calendario, ya que demuestra “una cuestión de cálculo electoral” y agregó: “Si llegamos a agosto sin tener inmunizada a la población de riesgo, las PASO van a ser un problema menor”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, pidió a la oposición “tener en claro que no es una cuestión partidaria, sino sanitaria”, ya que en agosto “históricamente suceden los picos de las enfermedades respiratorias”, y espera que haya consensos.
El resto de los bloques
Por el lado del interbloque representado por José Luis Ramón mencionan que van a estar a favor de cualquier iniciativa “que cuide la vida y la salud” y en contra de la “especulación política”. En el interbloque Federal se notan las disidencias internas. El bloque Consenso Federal, encabezado por Alejandro Rodríguez, insiste en implementar la Boleta Única de Papel para la votación de cargos electivos nacionales por creer que “ayuda a minimizar la exposición al Covid-19” al reducir “una gran cantidad de acciones propias del proceso electoral”.
Enrique Estévez, del bloque Socialista, agregó que la “dicotomía entre elecciones y vacunas es falsa”, ya que si se quiere ahorrar “debería implementarse este tipo de boleta”. Estévez consideró que el Gobierno “debería convocar a todos los partidos políticos para analizar las fechas”, pero que no están de acuerdo “bajo ningún punto de vista” en suspenderlas. Esa línea coincide con la postura de Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, pero los otros dos espacios del interbloque sí se mostraron a favor de la suspensión. “Más allá de que históricamente estuvimos en contra, no podemos estar hablándole a la gente de elecciones en mayo”, declaró Carlos Gutiérrez, uno de los hombres de Córdoba Federal, que responde al armado del gobernador Juan Schiaretti. Al mismo tiempo, Andrés Zottos, del Justicialismo, expresó que “exponer al pueblo a votar dos veces en esta situación de pandemia es riesgoso, sumado a lo que se gasta”. El diputado nacional por Salta planteó que con el dinero podrían “comprarse vacunas o insumos para hospitales”.
Por último, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también hay disidencias, si bien coinciden en catalogar a las PASO como un “piso proscriptivo”. Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, considera que se tendrían que eliminar porque “postergar un mes no cambia nada” y repudió que “el gobierno y la oposición estén especulando electoralmente”. Por su parte, Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, señaló que la suspensión es un “planteo de los oficialismos a nivel nacional, y provincial de la oposición como Jujuy y Corrientes”. Sobre su postura, afirmó: “No se pueden cambiar las reglas de juego el mismo año electoral, pero sí podríamos considerar la postergación por un mes”. Además, pidió que más adelante haya una “discusión global” sobre el tema.
El oficialismo, encabezado por “Wado” de Pedro y Sergio Massa, deberá negociar con todas las partes involucradas contrarreloj, mientras avanza el plan de vacunación. La Acordada Extraordinaria N°20 de la Cámara Nacional Electoral, que publicó el calendario electoral, estableció que el 10 de mayo sea la fecha límite para que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a las PASO.
