May 25, 2019 | Comunidad, Novedades
Nora Coriñas y Sergio Maldonado participaron de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia por los cuatro adolescentes asesinados por la policía en San Miguel del Monte.
La marcha fue convocada a última hora. Los acontecimientos obligaron a hacerlo. Por Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal. Sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos y todas las otras cosas que no podrán ser más. Emilia Vasallo, Nora Cortiñas, Mónica Alegre, Sergio Maldonado y madres cuyos hijos fueron víctimas del gatillo fácil encabezaron la marcha. Caminaron con rapidez, muchos con lágrimas en los ojos. Las calles retumbaron ante el grito colectivo: “¡Se va a acabar, esa costumbre de matar!”.
El domingo en la madrugada cinco jóvenes de entre 13 y 22 años de San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, salieron a dar una vuelta en auto. En una colectora, la policía empezó a perseguirlos y dispararles y el auto, fuera de control, chocó contra un camión. Cuatro pibes perdieron la vida y una aún lucha por la suya.
La Bonaerense intentó hacer pasar el suceso como un accidente y los efectivos presentaron los cargadores de las armas con la munición completa. Sin embargo, el peso de las pruebas dio vuelta el caso cuando uno de los peritajes mostró que uno de los cuerpos tenía un impacto de bala. Siete policías de la comisaría local se encuentran presos, de los trece que fueron desplazados de sus funciones.
Ayer, en Plaza de Mayo, el mensaje era uno solo: “Pedimos que dejen de matar a los chicos”. “La doctrina Chocobar y del gatillo fácil avala estos hechos y el Ministerio de Seguridad permite que estas cosas pasen. Es algo sistemático y no son casos aislados”, afirmó una mujer que marchaban al frente de la columna. “Las víctimas de esto son los chicos pobres, los que viven en las villas, los pibes que hacen lo que pueden con su vida para sobrevivir”, añadió.
De los 13 policías sospechados que fueron desplazados de sus funciones, siete se encuentran detenidos.
Guillermo Alberto Lorusso y Ana María Parnasse, integrantes de Ex Detenidos Desaparecidos, miraban desde el Cabildo hacia la plaza. “El incremento de la represión que tiene como objetivo acallar la protesta que cunde por todos lados, por la enormidad de injusticias que se están viviendo”, subrayó Lorusso. Según él, la raíz del problema es la vía libre a las fuerzas represivas que lleva a que se cometan hechos que no tienen que ver directamente con aquello que quieren reprimir: “La matanza de estos chicos no es un hecho político, pero sí tiene consecuencias políticas. Así que nuestra respuesta es política. Esta protesta es un anuncio de que no vamos a dejar pasar estas cosas. Vamos a estar peleando por la justicia que se nos debe”, sostuvo.
Las madres organizadoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil encabezaron la movilización de ayer. Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado por la policía, fue una de las oradoras. “Nos concentramos hoy por la rabia y el dolor que tenemos. Hoy nos congregamos por los pibes de San Miguel del Monte y por los más de 6.000 asesinados por el gatillo fácil”, remarcó en diálogo con ANCCOM. “Todos esos jóvenes merecían vivir y sus vidas valen lo mismo que otras”, dijo y completó: “Nos asesinan chicos de 11 años, como hicieron con Facundo en Tucumán. Nos matan un pibe cada 21 horas y no tenemos otra forma de reclamar porque la justicia siempre está del lado de las fuerzas de seguridad”.
“¿Qué lugar queda para la justicia?”, grita Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, frente al micrófono. “La justicia no existe en un sistema donde nos matan, donde nos explotan. Sin embargo peleamos y seguimos luchando en las calles. Tenemos fe porque creemos que merecemos vivir en una sociedad justa para todos”.
Abr 11, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 juzga a nueve represores acusados de ser responsables de la desaparición de los militantes que participaron de la denominada «Contraofensiva de Montoneros».
“La memoria importa porque permite que cosas así no se repitan nunca. Nutre a la democracia. Ejercicios así traen un enriquecimiento que viene de saber la verdad, que ahora ya sabemos está lejos del relato oficial. La causa que comienza va a aportar varios testimonios que no se han oído antes, son cerca de 250 testigos, y va a favorecer nuestro conocimiento de la historia reciente, lo que ya de por sí es un derecho”, afirmó el nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino en la puerta de la sala en donde se lleva adelante el juicio denominado “Contraonfensiva Montonera”, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín –presidido por el magistrado Alejandro De Korvez–, investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980.
Visiblemente emocionado por el inicio del debate oral, Amarilla Molfino subrayó: “Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”.
La sala de audiencias, durante la primera jornada, lució colmada por los familiares de las víctimas, todos ellos con pancartas con la imagen de sus desaparecidos, y por periodistas y fotógrafos. Los cinco imputados presentes ingresaron escoltados por agentes del Servicio Penitenciario Federal en medio de los abucheos del público, frente a lo cual el presidente del TOCF 4 pidió “solemnidad por los hechos que se ventilan” e instó a mantener las formas.
Las desapariciones que se investigan en este juicio ocurrieron entre 1979 y 1980.
Los acusados son ex funcionarios de los Batallones 201 y 601 de Inteligencia y del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo siguieron la sesión a través de videoconferencias desde Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Otro dos no se presentaron por motivos de salud: Ascheri adujo un sorpresivo broncoespasmo esa misma mañana, mientras que Casuccio se encuentra en terapia intensiva. Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, quienes también integraban la lista de imputados, fallecieron antes del juicio oral.
A todos ellos se los acusa de haber reunido información sobre la operación «Contraofensiva» y sus participantes, procesarla y difundirla a superiores y subalternos para implementar el plan de exterminio en su contra. La Contraofensiva de Montoneros fue un plan delineado en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización, que consistió en el reagrupamiento de militantes que habían sobrevivido a la represión y que se hallaban exiliados en países como México, Cuba y España. El objetivo fue ejecutar acciones armadas y de propaganda que causaran una situación de conmoción y caos que provocaría la retirada de los militares del poder.
Entre los asistentes de la audiencia inaugural –en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio– estaba Daniel Cabezas, quien formó parte de la Contraofensiva y en agosto de 1980 fue detenido en Campo de Mayo, pero salvó su vida al ser legalizado y trasladado a la cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que este juicio es histórico porque por primera vez se habla del “derecho a la resistencia”: “Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”, enfatizó.
Los acusados están imputados por el secuestro, la tortura y la desaparición de 94 personas.
En diálogo con ANCCOM, la fiscal Gabriela Sosti reafirmó la importancia de las instancias jurídicas de reparación y el lugar de movimientos como Montoneros: “En todo caso, habría que pensar los motivos por los cuales el pueblo tomó su derecho de defensa: los pueblos no tienen ganas de estar armados y salir a luchar. Tienen ganas de vivir, de comer, de educarse, de hacer cultura. Cuando a los pueblos se los oprime de determinada manera, uno podría pensar que hasta hay un mandato constitucional para defender los derechos que nos corresponden a todos, para defender la Constitución”.
Se prevé que el juicio se extienda durante todo el año. Las audiencias son los días martes, a partir de las 9, en el TOCF N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden ingresar presentando un documento de identidad.
El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino presenció la audiencia. Sus padres desaparecieron durante la operación Contraofensiva.
Ene 6, 2019 | Novedades
Luis Fondebrider, presidente del EAAF en Malvinas. Foto gentileza EAAF.
“El 12 de marzo de este año estábamos en el hotel, preparados para viajar a Malvinas al otro día. Dos familias estaban ahí; ellos no iban a buscar a los restos de sus familiares, pues las identificaciones no se habían hecho todavía. Pero para sorpresa de todos, esa misma noche tuve la fortuna de contarles que los habíamos encontrado. Viajaron sabiendo la ubicación exacta de sus seres queridos. En el camino preparamos unos papelitos con sus nombres, porque la placa no alcanzó a estar lista, y ellos mismos los pusieron con piedras sobre las tumbas. La distancia se había acortado”, relata Virginia Urquiza, coordinadora de la Unidad de Casos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Dedicado desde 1984 a recuperar cuerpos de desaparecidos y reestablecerles la identidad, primero en la Argentina y luego en otros 50 países, hace siete años que el EAAF comenzó con la identificación de más de un centenar de combatientes enterrados en el Cementerio de Darwin. Noventa han recuperado sus nombres y en sus sepulturas ya no se lee “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. “El recuerdo y la memoria son necesarios”, dice Virginia en la sede del EAAF, en la ex ESMA, donde recibió a ANCCOM.
¿Cómo se inició el trabajo de exhumación en Malvinas?
Fuimos convocados por la Cruz Roja, en el marco del Proyecto Plan Humanitario Malvinas. El Equipo trabaja hace muchos años en misiones internacionales y, dentro de la Argentina, es la única organización de su estilo (trabajando con desaparecidos y casos actuales). Somos muy rigurosos y hemos ido ganando prestigio. La Cruz Roja convocó a tres especialistas de Argentina, tres de gran Bretaña y otros tres de países neutrales, por lo que enseguida pusimos a disposición a nuestros compañeros, que fueron aprobados para ser partícipes de la iniciativa.
¿Cómo se manejó la relación con Gran Bretaña?
La comunicación con el Gobierno de Gran Bretaña fue realizada desde la Cancillería, que se puso en contacto hasta llegar a un acuerdo. El tema excedía la dimensión política y de soberanía, estábamos hablando de algo más grande: el derecho internacional humanitario, es decir, cumplir con los protocolos que demandan que toda persona que muere en un conflicto armado esté enterrada como corresponde, con su nombre y bajo los rituales que su familia o cultura dispongan. Eso permitió que los dos países se pudieran sentar a charlar. Cuando comenzamos a trabajar con las muestras en 2012, no sabíamos si en algún momento íbamos a poder ir a Malvinas para cotejarlas. Y finalmente, en 2017, el Equipo arribó a las islas, después de años de negociaciones entre los dos países. El trabajo contrarreloj comenzó el primer día, pues una de las condiciones impuestas era que ningún cuerpo o resto podía permanecer fuera de su tumba por más de un día.
¿Cómo fue el trabajo de campo en el cementerio?
Fueron tres meses muy intensos, de junio hasta agosto. Se montó un laboratorio móvil en el cementerio de Darwin: un container con toda la maquinaria que la Cruz Roja puso a disposición. El trabajo diario consistía en abrir la sepultura, llevar los restos al laboratorio, tomar las muestras para hacer el análisis antropológico, determinando la edad, altura, lesiones. Muchas veces estudiar objetos personales. Se pudo comprobar que efectivamente los soldados estaban en cajones, aunque el paso del tiempo los deterioró. Parte de nuestro trabajo también consistió en darles cajones nuevos.
Visita de familiares y miembros del EAAF a Malvinas en 2018. Foto gentileza EAAF
¿Cuál es la relación del EAAF con los familiares de los ex combatientes?
Los familiares son nuestros jefes. Trabajamos cuando ellos quieren que lo hagamos y quieren tener la posibilidad de una respuesta y un resultado, aunque no sea de identificación, porque se dieron casos en donde los restos no estaban dentro del universo de muestras, es algo increíble. Las familias tienen la certeza de si está, o no. Es un momento muy especial porque la mayoría ha estado más de 35 años esperando. Nunca tuvieron información oficial respecto al fallecimiento; se enteraron de lo sucedido por los testimonios de los que volvían. Tuvieron que reconstruir ellos mismos la historia y la posibilidad de tener una lápida con el nombre de su familiar hace la diferencia. Ya no tienen que adoptar cualquier cruz. El equipo ha identificado exitosamente a 112 de 122. Las dos últimas familias notificadas viajaron el último 13 de marzo y pudieron ponerle nombre a las tumbas de sus seres queridos.
¿Qué supone que una persona sea enterrada con su nombre?
En Malvinas se dio una situación de separación de un cuerpo y su identidad. El Estado argentino no identificó a sus muertos, el cuerpo se separó de su historia, de todo lo que esa persona era. Ahora las familias tienen un lugar donde pueden ver el nombre y apellido de los suyos, lo que no es menor. Esto les permite comenzar la etapa de despedida, el duelo. Volver al lugar donde la persona descansa es fundamental. Para el familiar, el nombre le devuelve la historia que se había perdido. Todo lo que esa persona fue antes de morir. La memoria es un derecho humano que merece ser respetado.
¿Qué queda por hacer en Malvinas?
Faltan diez identificaciones, pues hay algunas familias que han sido difíciles de encontrar. Hay una sepultura que fue mal nombrada, y nos dimos cuenta recientemente. Hay tres personas que se suman a las que deben identificarse. Esperamos que las familias se contacten con nosotros o con la Secretaría de Derechos Humanos. Además, también estamos esperando los resultados de las últimas muestras que tomamos. A medida que se va acotando, se va poniendo más difícil. Es un trabajo complejo pero esperamos que se pueda hacer pronto.
¿Cómo atraviesa Malvinas a la memoria colectiva?
Malvinas es un tema reciente en nuestra historia. Las consecuencias de la guerra se ven en el presente y cuando tuvimos que ir a entrevistar a las familias. El ejercicio de acompañarlos, de estar para ellos, supone cuestionarse muchas cosas propias. Más allá de que se intente separar la vida privada y la profesional, no se logra. Cuando viajás con las familias, cuando ves sus caras, cuando les das la noticia, hay algo que te atraviesa: como argentina, como mujer que recuerda la guerra, como humana. Se genera empatía con las personas que tenés enfrente. La dictadura operó ocultando y escondiendo. Solo hay que mirar cómo volvieron los ex combatientes; silenciados, en la mitad de la noche. No fuimos a vivarlos a ninguna plaza. Recuperar todo esto, volver a mencionarlos, darles nombre, recordarlos, y todo este trabajo, permite empezar a poner en valor ciertos hechos históricos. Esto sucedió, ¿qué nos queda? Hacer lo que podamos para repararlo. La incertidumbre no es justa para ningún ser humano.
Foto gentileza EAAF
