Ago 14, 2021 | DDHH, Novedades
Por primera vez, el Poder Judicial argentino condenó a dos genocidas por abusos sexuales y violación que cometieron contra prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada (EX ESMA) durante la última dictadura cívico militar. Después de diez meses de juicio oral, Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes obtuvieron justicia. “Tanto mi mamá como yo estamos satisfechas, conmovidas, con una mezcla de sensaciones, pero no de olvido. Porque la justica repara y acaricia, pero no borra, y me parece que está bien que así sea. Una no se olvida, más después de tantos años y el sufrimiento pasado”, comenta Georgina Andina, hija de Mabel Zanta, sobre sus sensaciones y las de su madre luego del veredicto. Andina tenía 12 años y su hermano Marcelo 19, en los primeros días de septiembre de 1977, cuando fue secuestrada por el genocida Alfredo Astiz.
El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sentenció al ex miembro de la Armada Jorge “Tigre” Acosta a 24 años de prisión y a Alberto “Gato” González a 20 años por los delitos sucedidos hacia las tres mujeres entre 1977 y finales de 1978. Estos delitos fueron catalogados por el veredicto como de lesa humanidad e imprescriptibles, avanzando en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Desde Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) advierten que el pedido de la Fiscalía había sido de 25 años de prisión.
Las tres sobrevivientes de los horrores de la última dictadura cívico militar, y denunciantes en esta causa, lograron un juzgamiento histórico en la Argentina donde se reconoce que en la ESMA se abusó y violó a las mujeres que tenían cautivas. El testimonio de Mabel Zanta es particular porque es la primera vez que su caso es tratado dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad.
“Mi madre durante mucho tiempo, casi te diría que desde el año 78 hasta aún hoy, cada 6 de septiembre -que es el aniversario del momento que la secuestran- se caía. En general, el mismo día y si no uno o dos días antes, se tropezaba en la calle o alguna cosa le pasaba. Durante muchos años la acompañó el miedo y muchas pesadillas. Hay que pensar que el miedo de mi vieja estuvo en el marco del miedo de muches, que también tuvo que ver con la falta de justicia durante tantos años. Esto es algo que me acaba de contar mi mamá con relación a cómo lo sobrellevó”, explica Georgina.
Acosta fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2, la unidad operativa que funcionó en la ESMA, y se lo acusa de delitos de violación agravada, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. Mientras que Gonzáles, oficial de Inteligencia e exintegrante del grupo, se lo declaró “coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades”.
Es la primera vez que ambos genocidas son enjuiciados por delitos de este tipo. Sin embargo, las nuevas penas serán unificadas con las condenas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por sentencias anteriores que recibieron en juicios orales y públicos. Desde La Imposible, la radio de H.I.J.O.S que funciona en el Espacio Memoria (ex Esma), afirman que se registraron otros casos de violencia sexual, pero todavía permanecen en la etapa judicial instructora.
Es la primera vez que se juzga un delito sexual como delito de lesa humanidad. Significa poder juzgar a genocidas, asesinos y ladrones también como abusadores y violadores, es una gran conquista que se vincula con los derechos humanos y la perspectiva de género. Hoy sabemos que estos crímenes se daban en el marco del disciplinamiento social y no tenían que ver solamente con la militancia política, sino que este disciplnamiento llegaba hasta el cuerpo”, comenta Georgina quien cree fuertemente que con este fallo queda al descubierto la relación entre la violencia de derechos humanos y el sometimiento de género en nuestro sistema machista y patriarcal, llevando a más juicios de este tipo.
Pasaron diez meses desde que el juicio comenzó y terminó este viernes de manera privada. Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti dictaminaron culpables a los dos genocidas de casi todos los delitos que el Ministerio Público Fiscal los acusó. Este fue representado por Marcela Obetko y Leonardo Filippini en el debate donde no hubo querellas.
Georgina expresa que se sienten muy agradecidas con el Ministerio Público Fiscal y que fueron diez meses que llevaron expectativas y ganas de, que, con esta sanción, finalmente se pudiera juzgar el delito sexual por delito de lesa. “Me parece que en este país y en todo el mundo, las víctimas y los familiares de las víctimas nos hemos acostumbrado a que la justicia tarde. Estamos hablando de fallos que llegan más de 40 años después del delito. Mi mamá tiene 81 años y recién ahora puede sentir que sus violadores y los jefes de sus violadores son juzgados y condenados”, agrega.
Los fundamentos este fallo histórico se darán a conocer a través de su lectura en una audiencia fijada para el próximo día 12 de octubre a las 17 horas.
Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades
El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y deberá ser tratado en el recinto. Fue trabajado por las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara Baja. La iniciativa, que tiene media sanción en Senadores, obtuvo este martes 91 firmas a favor sin modificaciones.
“Estamos hoy ante la posibilidad de dictaminar sobre una ley integral y ejemplar en materia de derechos al acceso a una alimentación saludable y también de defensa de los consumidores y consumidoras. Es nuestro deber regular y exigirles a las empresas que vayan de frente, que dejen de ocultar información o manipular los deseos de la gente diciendo lo que no es con estrategias de marketing o publicidad engañosa”, señaló una de las principales impulsoras de la ley, Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, bloque que promovió el proyecto.
La ley que se debate plantea un sistema de advertencias de octógonos negros con la palabra “Exceso” para aquellos alimentos que sobrepasen la cantidad recomendada de nutrientes críticos, y regular tanto la publicidad como la distribución en entornos escolares de estos productos con el objetivo de evitar enfermedades crónicas no transmisibles. El proyecto fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores en octubre de 2020. A pesar de tener una gran aceptación entre los representantes, la sociedad y organismos de bienestar de la salud, recién esta semana fue discutido preliminarmente en Diputados, después de cuatro reuniones informativas, con más de 40 expositores.
El proyecto ya fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores.
Por esta razón las organizaciones propulsoras, la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Consumidores Argentinos y la Fundación Argentina de Graduados en Nutrición lanzaron la iniciativa #EtiquetadoClaroYa. A través de la viralización en redes y de su página web invitan a involucrarse y conocer más sobre el proyecto.
Las organizaciones hacen énfasis en que la nueva norma debe aprobarse sin modificaciones del texto original. “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”, comentó Florencia Guma, nutricionista y cofundadora de Sanar.
Las disidencias que se propusieron durante el plenario principalmente fueron por el formato del etiquetado y el perfil que se tomará como parámetro para establecer qué producto llevará cada etiqueta. La diputada Carmen Polledo del PRO no comparte que los parámetros sean establecidos por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y propuso en su proyecto alternativo remplazar los octógonos negros por un “método menos agresivo y más integral” de categorías de alto, medio y bajo y asignar colores correspondientes: verde, amarillo y rojo. Este sistema es el aplicado actualmente por el Reino Unido. Esta alternativa contó con doce acompañamientos, mientras que la del presidente de la Comisión de Salud Pública, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, con disidencias similares y sugiriendo extender los plazos de adaptación de las industrias, obtuvo cinco apoyos.
El dictamen a favor habilita al proyecto de ley a ser tratado en el recinto de Diputados.
Según la diputada Polledo “otra cosa central que está en discusión es si nos conformamos con informar, promover y educar o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras. Es decir, con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios. Sobre esto raya este proyecto y es uno de los principales aspectos de qué sistema de etiquetado se va a adoptar en nuestro país”.
En este sentido, la diputada Lampreabe comentó: “Autoritario me parece a mí, es imponer a la sociedad consumos alimenticios que afectan su salud sin su consentimiento y sin que estén informados”. Aseguró que no se trata de prohibir ningún alimento, sino de informar cuando tiene algún exceso de nutrientes críticos como grasas, azúcares, sodio, entre otros. “Una cosa es cuando uno decide comprarle una bolsa de caramelos a su hijo, a sabiendas que no es lo mejor para su nutrición. Otra cosa muy diferente es cuando le está dando sin saber que hay en los caramelos, en las galletitas, en los yogures o en los cereales del desayuno”, agregó la diputada.
Ante esta discordancia sobre los parámetros de los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales para la salud, el Ministerio de Salud de la Nación ha realizado una investigación. En ella compara todos los tipos de etiquetado y concluye que el perfil de nutrientes de la OPS es el que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Además, aclara que el sistema de advertencia de octógonos negros tiene los índices más altos de modificación de patrón de compra y comprensión de la información incluso en grupos vulnerables, según la evidencia internacional.
Luego de una jornada de aproximadamente cinco horas, el dictamen a favor habilita al proyecto de ley acerca del etiquetado informativo en alimentos a ser tratado en el recinto de Diputados. Después de varios años desde su comienzo, sabremos si la iniciativa se convertirá en ley y Argentina se unirá a la lista de países con herramientas de salud pública para decidir sobre nuestros consumos alimenticios.
Jun 30, 2021 | Comunidad, Novedades
Se cumplen ocho meses desde la media sanción del proyecto de Ley de Etiquetado en la Cámara de Senadores y puede perder estado parlamentario si no se aprueba este año. Organizaciones sin fines de lucro, sociedades médicas y agrupaciones en defensa de los derechos del consumidor reclaman en redes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa para que se establezca como una reglamentación integral sin modificaciones para generar una alimentación saludable y evitar enfermedades crónicas no transmisibles.
Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales) asegura: “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Eso cubre un montón en cuanto a la educación. Creo que todos nos merecemos estar educados sobre el tema y tener información sobre lo que comemos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”.
Si bien entre los senadores el proyecto tuvo 64 votos a favor y 3 en contra, en Diputados el debate se interrumpió. Las organizaciones que trabajan juntas desde la formulación de la ley denuncian que esto se debe a el lobby sobre El Poder Ejecutivo y el Legislativo y puertas giratorias entre los ministerios de Agricultura y Comercio. “El poder de lobby o la interferencia de la industria no es un tema menor. Justamente afecta uno de los sectores quizás más poderosos de argentina: la industria alimentaria”, afirma el Ignacio Drake, responsable del Área de Proyectos de Consumidores Argentinos, en la ONG que busca informar, educar y defender a los consumidores.
María Belén Núñez, miembro de Sanar, señala que la creación de pánico económico y la desestimación de la evidencia científica por la industria de los ultras procesados también retrasa la sanción de la ley. “Tenemos que ver si los tomadores de decisiones no tienen algún conflicto de intereses en el que quieran beneficiar a alguien, en vez de beneficiar a la salud. Por ahí hay gente que salió a decir que las lentejas iban a tener un sello de advertencia, que el tomate iba a tener un sello de advertencia. Todo esto fue también como para desprestigiar un poco la ley y generar confusión en la sociedad”, describe.
Las organizaciones aseguran que el etiquetado es muy difícil de interpretar para el consumidor común. Según la Universidad Siglo 21, a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, solo uno de cada cuatro personas lee actualmente las etiquetas de los productos que compra. Pero, de todas maneras, el Código Alimentario Argentino no obliga a los fabricantes a comunicar la cantidad exacta de azúcar en un producto. “Hoy la gente compra, por ejemplo, un yogurt creyendo que es un alimento saludable y con muchos nutrientes. Pero la industria, para venderlo más, le pone muchísima azúcar, muchísima cantidad de aditivos, sabor a frutilla, olor a frutilla, color de frutilla y terminan siendo golosinas. Es un falso saludable”, agrega Núñez.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se base en tres ejes, el primero tiene que ver con la implementación de un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”, indicando que un alimento ultra procesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de nutrientes críticos, ya sean azúcares, sodio o grasas. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.
Esta clasificación de los alimentos se rige por el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En donde se tienen en cuenta los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales en la salud. Según el Ministerio de la Nación y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, es el perfil de nutrientes que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
“Se da a conocer más la ley por el etiquetado y no por todos los ejes que tiene, porque le toca la imagen al envase del producto y afecta a la industria, que va a tener que modificar cuestiones para evitar los sellos”, comenta Florencia Guma sobre los otros dos ejes del proyecto que son los más innovadores y se relacionan particularmente con la alimentación de los niños y niñas. Uno de ellos estipula que a los productos que les corresponda llevar algún tipo de sello octagonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos, no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos escolares. Magdalena Merlo, coordinadora del Área de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), explica que es allí donde se genera el impacto positivo en la educación nutricional y la salud de los niños. “Históricamente los niños y niñas pasan muchísimas horas en las escuelas donde hay una exposición constante a estos alimentos. Con esta ley, el Estado tendría el deber de priorizar en los programas de asistencia alimentaria la compra de productos que no tuvieran sellos”.
Argentina se ubica en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años, según el informe sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en nuestro país realizado por Unicef. Además, asegura que uno de cada dos chicos y chicas compran alimentos poco saludables atraídos por publicidades y que los contextos digitales están completamente desregulados en lo que refiere a la constante exposición de los más pequeños a alimentos y bebidas poco saludables.
Mientras que la Ley de Promoción de Alimentación Sustentable se mantiene en un limbo, desde Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se presentó un proyecto que supone reemplazar los sellos “Exceso en…” por “Alto en…”, modificando el sistema de perfil de nutrientes de la OPS por umbrales más bajos, excluyendo todas las regulaciones en los entornos escolares y la publicidad. También deja afuera las etiquetas relacionadas con los edulcorantes y la cafeína, María Belén aclara que “son varias diferencias técnicas que son más funcionales a la industria y menos funcionales a la salud. Entonces quedan por afuera bastantes regulaciones y no logra hacer tan efectivo como la evidencia científica de otros países nos está diciendo”.
Lo cierto es que el proyecto original cuenta con el apoyo de numerosas entidades como la OMS, la OPS, Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación InterAmericana del Corazón y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes, por mencionar algunas. Cada vez son más los países Latinoamericanos que aprueban leyes similares, consiguiendo cambios en los hábitos alimenticios. Son el caso de Chile, Perú, Uruguay y más recientemente Colombia.
A pesar de esto y la gran aceptación por parte de la sociedad, que se manifiesta en las redes sociales, todavía no hay fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Tanto Sanar, Fundeps y Consumidores Argentinos, como otras organizaciones médicas y en defensa de la soberanía alimentaria promueven la participación a través de la plataforma Activa el Congreso, en la que quien quieran pueden enviar mensajes a los legisladores solicitándoles que voten a favor del proyecto, para garantizar nuestro derecho a una alimentación más saludable.
