Jul 5, 2017 | Comunidad
Dos meses después de las denuncias efectuadas por la rectora Raquel Papalardo tras la irrupción de policías en la escuela Mariano Acosta, fue cesanteada de su cargo. La comunidad educativa organizó el lunes último al mediodía un abrazo a la institución para exigir la reincorporación de su rectora. Papalardo no pudo participar del acto porque, tras recibir la comunicación oficial, sufrió un pico de presión y los médicos le indicaron reposo. Al día siguiente, los estudiantes cortaron las calles Urquiza y Moreno en solidaridad con la histórica rectora y denunciaron que la supervisora los amedrentó cuanto intentaban realizar una asamblea.
El abrazo fue presidido por Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), quien aclaró que a Papalardo no la jubilaron sino que la cesantearon. “Raquel tiene cuarenta años de docencia en esta institución, no había nacido la Ministra que la cesó cuando ella ya estaba dando clases aquí”, dijo indignado López. También, recordó que dos meses atrás la rectora impidió que las fuerzas de seguridad hicieran inteligencia en actividades escolares controlando los centros de estudiantes y afirmó que el motivo de su despido se debe a que la rectora defiende la escuela pública y no se arrodilla.
El próximo paso que dará la comunidad educativa será presentar acciones legales. “Vamos a ir a la Justicia, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a pedir una entrevista con Rodríguez Larreta para que se avenga a derecho y garantice no la restitución, sino la continuidad de Raquel Papalardo en el establecimiento”, dijo López.
La comunidad educativa organizó el lunes último al mediodía un abrazo a la institución para exigir la reincorporación de su rectora.
Silvina Hermosa, presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Mariano Acosta y madre de un alumno, leyó una carta que Raquel escribió para el abrazo. Según las palabras de la rectora, que desea jubilarse en ejercicio, el mismo Ministerio que hoy la deja cesante, es el que este año, mediante una resolución interna, le prorrogó su cargo hasta el 31 de diciembre del 2017, con el incremento de horas a desempeñar en el Mariano Acosta. “Por ello permanecí en la escuela entre 10 y 12 horas diarias, todos saben de mi pertenencia y compromiso con la visión pedagógica y formadora de ésta escuela. Lo público no da lugar a trenzas ni oportunidades fáciles para conseguir cargos, lo público y educativo se construye artesanalmente y día a día, no cumpliendo solo un horario. Todos saben que durante mi gestión se regularizó el funcionamiento administrativo y nunca tuve sumario ni irregularidades en ninguna gestión política. En lo pedagógico se ampliaron los proyectos educativos. Seguramente no todo es elogiable, pero en cada acción que llevo a cabo, sea con el personal docente, no docente, con los estudiantes o con las familias, evalúo las consecuencias humanas e institucionales”, escribió Papalardo. En la carta Raquel señaló que, en dos instancias, y por concurso, tuvo la oportunidad de desempeñar un cargo como supervisora, pero no lo aceptó porque cree en la valorización de la escuela como instancia pedagógica. “Cuando el viernes 30 de julio llegué a mi casa alrededor de las veinte horas y el portero me hizo entrega de unas fotocopias de cédulas de notificación de carácter no urgente, dejadas en el buzón por alguien, comencé a leerlas y tuve una conmoción, temí por mi salud, experimenté el miedo a perder mi trabajo, circunstancia social extendida que preocupa a todos. Inmediatamente registré la pérdida de remuneración y suspensión de la obra social. El Ministerio de Educación ha decidido comunicar de este modo y hacer uso ciego de un procedimiento administrativo, pero sinceramente creo que me cesan, porque soy referente de la defensa de los estudiantes, de la escuela pública y de la demanda de los docentes”, relató Papalardo. Según la rectora se observan errores en la resolución de la Ministra cuando dice que Papalardo estaba de licencia el 22 de mayo, ya que se reintegró el 17 de abril a sus tareas habituales después de una fractura. Además, Papalardo denunció la forma en que fue notificada y dijo: “Existen medios habituales de comunicación mediados por la secretaría, pero eligieron esta modalidad, un camino de torpeza gerencial, un camino que pone a todos los niveles de decisión humanamente oscuros. Por ello puede ser entendido como persecución personal. Esto se conecta con una política educativa más amplia, hay prácticas de amenaza ante demandas docentes, se los desprestigia, arremetiendo con discursos de ineficiencia para instalar la idea de la educación como un gasto, sustituyen los expertos locales por consultoras externas. En estas circunstancias han decidido unilateralmente que yo no pertenezca más a ninguna escuela de la Ciudad, en términos de cese administrativo, sin siquiera esperar a que se haga la consulta correspondiente a un trámite en curso”.
En la carta Raquel también expresó sus deseos de jubilarse estando en la escuela, esperando su último día de trabajo al frente de ella y por eso solicitó su continuidad. El discurso de la directora finalizó con una dedicatoria: “A los funcionarios que han roto el clima de bienestar que sostiene el normal desarrollo de maestros, profesores, alumnos y de las familias del colegio Mariano Acosta desequilibrando el proceso educativo, mínimo para el derecho a la educación. No vamos a bajar los brazos, haremos todo lo que tengamos que hacer, no se puede destruir lo que se hizo durante toda una vida”. Silvina Hermosa agregó: “Desde la Asociación Cooperadora y desde nuestro lugar como padres pedimos la continuidad de la rectora, porque trabajamos en conjunto con ella todos los proyectos educativos y las necesidades que tiene esta institución. A veces nos íbamos a las nueve de la noche de las reuniones y Raquel seguía trabajando y atendiendo las necesidades de esta comunidad educativa”.
Los estudiantes cortaron las calles Urquiza y Moreno en solidaridad con la histórica rectora y denunciaron que la supervisora los amedrentó cuanto intentaban realizar una asamblea.
Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes habló con ANCCOM de la reacción de la comunidad educativa al conocer la noticia: » El viernes a la diez de la noche nos enteramos que nuestra rectora de un día para otro había cesado su cargo y todas sus actividades. Fue desconcertante y tan impactante que generó este abrazo con más de doscientas personas, en el que no sólo participó gente de la escuela, sino vecinos del barrio de Balvanera, porque es un emblema del colegio y de toda la comuna tres por participar en los diversos espacios de la comunidad”. Con respecto a los motivos del despido, Prieto dijo: “Están en contra de la educación pública como herramienta emancipadora, no es casualidad que esto suceda una semana después del anuncio de un paro docente. Tampoco lo es que Raquel, una de las rectoras más importantes de los colegios de la Capital Federal, con una intachable carrera de defensa a la educación pública, haya sido una de las primeras a la que le toca vivir este grado de violencia institucional por parte del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio de Educación. Desde principio de año que los docentes vienen sufriendo sin paritarias nacional, se caen los techos de los colegios, no hay viandas ni calefacción. En este contexto no podemos dejar pasar esto, Raquel tiene que volver a ser la rectora del Acosta”.
Néstor Mascaro, profesor y representante de UTE expresó su descontento ante el despido de Papalardo y las razones por las cuales fue tomada esa decisión: “Lo que está ocurriendo es una gran vergüenza, no es una casualidad lo que estamos viendo sino otro amedrentamiento más a la educación pública por parte de este gobierno. Nadie puede creer que a Raquel la separaron del cargo por excederse en sus años para jubilarse. Se la ataca porque el Mariano Acosta levanta la bandera de la educación pública con ella como rectora hace diez años. Una década atrás la escuela se caía a pedazos, fue ella la que nos devolvió al instituto, abrió un aula museo, un archivo histórico, un teatro, una radio, y como si fuera poco también un jardín de infantes. Todo eso en una educación pública que no es la que quiere el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el Mariano Acosta es una escuela a la que no se le tuerce el brazo así nomás, acá le vamos a dar pelea porque este es el comienzo de un plan de lucha para que vuelva la rectora Raquel Papalardo. Ella se va a ir por la puerta grande como lo merece una persona de sus características”.
El próximo paso que dará la comunidad educativa será presentar acciones legales. Mientras, las familias se acercaron a la movilización.
Diego Fernández, docente primario de Lengua con más de veinte años de antigüedad, dijo que la idea del abrazo fue demostrar el descontento y que hay una necesidad de movilizarse porque si no se quejan, “ellos” avanzan, refiriéndose a las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Por un lado, Fernández repudió la forma en que se dejó cesante a la rectora: “Si los tiempos legales y administrativos para que se jubile ya se cumplieron, tampoco es la manera de que una persona de su calidad humana y con su capacidad de gestión se entere, por medio de una nota que le llegó a su casa advirtiendo que ese mismo día cesaban sus actividades. La tendrían que haber notificado que si no presentaba los papeles en tiempo y forma se le iba a dar curso al cese administrativo. Y si bien puede llegar la notificación al domicilio particular o a la escuela debe ser entregado en mano al interesado”. Por otro lado, Fernández dijo que más allá de que los tiempos legales se hubiesen cumplido resulta contradictorio reubicar a una persona y a los dos meses darle el cese. El docente reivindicó la gestión de Papalardo: “Por primera vez en muchos años los docentes del nivel primario nos hemos sentido representados, escuchados y contenidos”. Para él, esto es una persecución política e ideológica que data desde que Raquel asumió como rectora. “No se le perdona que este colegio sea participativo y abierto, que aquí hayan estado (el ex juez Eugenio) Zaffaroni, (la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto, (la Madre de Plaza de Mayo) Nora Morales de Cortiñas y que a los familiares de los detenidos desaparecidos de ésta institución se les haya entregado el título, en un acto que se hizo en 2013 en el que participó parte del Gabinete Nacional de ese entonces. La denuncia por el ingreso de los policías a la institución fue sólo la gota que colmó el vaso, la persecución viene de años”, dijo Fernández.
En la misma línea, Matías Zalduendo, maestro de cuarto grado de matemáticas del Acosta y secretario de derechos humanos de UTE- CETERA dijo que a Raquel la cesaron del cargo como parte de una persecución política. Zalduendo hace hincapié en que la situación ocurrió después de que la rectora denunció fuertemente el ingreso de la policía a las escuelas. Pero también cree que la represalia se debe a cuestiones anteriores: “No le perdonan que hace más de diez años viene enseñando a generaciones y generaciones que las convicciones no se dejan en la puerta de la escuela, la importancia de que nos organicemos para cambiar la realidad, que luchar tiene sentido y que las mejores clases las damos unidos en defensa de la Educación Pública”. Mariano Mango, en calidad de miembro de la Comisión Directiva del Sindicato UTE, maestro de la escuela, ex alumno del terciario de la escuela y papá de una alumna reclamó: “Nosotros creemos que fue cesada como un modo de disciplinamiento, como consecuencia de la forma en que ha luchado Raquel, sobre todo en estos últimos meses, al haber defendido a los pibes de ese intento de hacer inteligencia por parte de la Policía Federal. Exigimos la continuidad de Papalardo al frente de esta institución como rectora”.
Después de cantar el Himno Nacional argentino, se realizó un abrazo simbólico al colegio por el que alumnos, exalumnos, docentes y no docentes dieron una vuelta a la manzana del colegio con la bandera nacional cantando: “Somos de Plaza Miserere, la escuela normal, Acosta”. Luego tanto alumnos como docentes se retiraron a las aulas, ya que como dijo Eduardo López: “El mejor homenaje que le podemos hacer a Raquel es continuar enseñando”.
Actualizada 04/07/2017
Jun 29, 2017 | Comunidad
Docentes y alumnos de distintos bachilleratos populares de la Ciudad de Buenos Aires decidieron movilizarse al Ministerio de Educación porteño, el 28 de junio último, para visibilizar sus reclamos y exigir una solución al Estado, tras la falta de respuestas por parte de la ministra, Soledad Acuña.
A pesar del frío, la convocatoria reunió a más de cien personas al ritmo de bombos y cantos originales. Una de las frases más repetidas durante la jornada fue: “No somos privadas ni estatales, somos populares”. Los reclamos comunes a todos los bachilleratos que se leían tanto en las pancartas como en los volantes que diseñaron para la ocasión son: el reconocimiento de los bachilleratos populares por parte de Ministerio, la planta funcional y la titularización docente para todos los trabajadores, la aceptación de las parejas pedagógicas, los boletos y becas para los estudiantes y el financiamiento integral.
Fernando Lázaro miembro de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), organización que creó bachilleratos populares en 2004, dijo: “Venimos trabajando junto a otras organizaciones, abriendo `bachis´ populares, y exigiendo al Estado el reconocimiento de estas experiencias de educación popular”. Según Lázaro, un bachillerato popular es una escuela media para jóvenes y adultos autogestionada por las organizaciones y movimientos sociales, es gratuita. Estos espacios educativos están insertos barrios carenciados, en fábricas recuperadas. “Los bachilleratos populares desde que nacieron arrancaron su lucha en base a necesidades de abrir escuelas que tenían los vecinos, mientras que el Estado no garantizaba ese espacio para las personas que habían sido expulsadas del sistema educativo tradicional. A partir del funcionamiento mismo de las escuelas comienzan los pedidos por el reconocimiento”, contó Julián Larrea, docente del bachillerato popular de Parques Patricios. “Pensamos a la escuela como organización social y desde hace años venimos reclamando, porque si bien tenemos el reconocimiento de varias de ellas, hay otras que las autoridades nos lo están negando. Hay una decisión del Estado, cada vez está más dura, de no reconocer nuevas experiencias. Hay seis que están aún sin reconocer”, señaló Lázaro.
“No somos privadas ni estatales, somos populares”, era uno de las consignas que se escucharon en la movilización.
Como representante del bachillerato popular de Parques Patricios y profesor de tercer año en Ciencias Sociales en el barrio Pompeya, Julián Larrea, denunció: “No tenemos ningún tipo de reconocimiento, por lo cual no podemos emitir títulos, ni becas para los estudiantes, tampoco salarios para los docentes, y mucho menos un financiamiento integral”. Esta situación vuelve problemático el trabajo de muchos profesores y la ausencia de materiales torna dificultoso el aprendizaje por parte de los alumnos. Son cincuenta los estudiantes que asisten al bachillerato de Parque Patricios, jóvenes de 18 años hasta jubilados. “La currícula sigue creciendo año a año en tanto el Estado no dé respuestas a la educación para adultos. Las materias que se cursan no son las convencionales, decidimos de manera autogestiva, entre profesores y estudiantes, qué materias vamos a dictar teniendo en cuenta las necesidades mismas del territorio y de los distintos estudiantes que asisten al bachillerato”, explicó Larrea.
Marta Álvarez, tiene 28 años, es de nacionalidad boliviana y comenzó el bachillerato hace tres años en “Casa Abierta”, en la villa 31. Actualmente cursa el tercer y último año del bachillerato en donde enseña Larrea. “Para mí es una buena experiencia poder estudiar, creo que me están dando no solo la oportunidad de terminar la escuela, sino de ser alguien en la vida, tanto a mí como a mis treinta compañeros. Hoy mi meta es terminar la secundaria para poder estudiar algo más. En el bachillerato todos somos unidos, organizamos entre todos las clases”, contó Álvarez. Ella se lamenta que el bachillerato no esté reconocido por el ministerio de Educación, ya que valora el esfuerzo que hacen sus docentes, quienes no cuentan con la remuneración por su trabajo. Es por ese motivo que junto a sus compañeros asistió al Ministerio en repudio de la situación y en apoyo a sus profesores. “Hacemos muchas actividades para recaudar fondos y así mejorar nuestro espacio de estudio, como kermés y peñas. Así compramos los asientos y mesas que nos hacían falta, porque no contamos todavía con la ayuda del Gobierno”, describió Álvarez.
María Echever trabaja hace tres años en el bachillerato popular Darío Santillán como docente del área de Ciencias Sociales dando clases de Historia, Sociología y Filosofía en la sede de Barracas, en la Villa 21-24. También trabaja algunos días realizando tareas en la secretaría popular que es el espacio que tienen para la organización de la escuela. “Vinimos al Ministerio a reclamar por el reconocimiento de los bachilleratos aún no reconocidos; la reapertura de la planta orgánica funcional lo que posibilita que nuestros docentes cobren salarios; por la aceptación de las parejas pedagógicas”, enumeró Echever. En todos los bachilleratos populares los profesores trabajan en parejas pedagógicas, sin embargo solo se reconoce uno por aula. En esta misma línea Lázaro planteó: “Las parejas pedagógicas son parte de la estructura del bachillerato popular. Nosotros consideramos que construimos a partir de las diferencias, estas no se pueden negar y es a partir de esa concepción que trabajamos con parejas pedagógicas, para dar cuenta de las múltiples realidades. Como hay tantas realidades en el aula creemos que con un docente no es suficiente y por eso trabajamos con dos. También consideramos que es rico que entre los profesores puedan proponer y debatir ideas desde distintas perspectivas pedagógicas y políticas”. Además, Echever demanda por becas, boleto estudiantil gratuito y el financiamiento integral de las instituciones populares. “El Estado no se hace cargo, hay algunos bachilleratos que tienen reconocimiento de títulos, pero no de salarios, otros tienen ambos, pero no un financiamiento integral. La situación de los distintos bachilleratos populares es diversa, pero estamos la gran mayoría conglomerados bajo la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que es una herramienta que nos permite realizar este tipo de acciones colectivas con más fuerza. Es a raíz de la unión de todos los `bachis´ populares que hemos conseguido el reconocimiento de muchos el años pasado, pero aún falta mucho más”, agregó Echever.
Los reclamos comunes a todos los bachilleratos se leían tanto en las pancartas como en los volantes que diseñaron para la ocasión.
Franco Armando, profesor de Historia de la Clase Obrera en el bachillerato popular Salvador Herrera ubicado en la villa 17, barrio de Pirelli, contó: «El bachillerato popular viene a dar una respuesta a la falta de centros de educación de nivel medio en los lugares de menos recursos, como las villas”. Según Armando, su bachillerato tiene el reconocimiento del Estado como institución educativa, pero no de los profesores y es por eso que se congregaron frente al Ministerio. La escuela popular lleva cinco años de existencia y tan solo dos años de reconocimiento oficial. “Pero no tenemos ningún tipo de sueldo ni tampoco becas para los estudiantes. Hace doce años que el macrismo está en la Ciudad y desde las distintas organizaciones venimos dando lo que el Estado no brinda, ya sea comedores, bachilleratos o centros comunitarios”, añadió Armando.
Gisela Cayetá es profesora en el Bachillerato Popular Independencia de la materia Educación Popular y Género desde el 2011, y es egresada de la misma institución. “Nuestro bachillerato está reconocido, venimos a apoyar a los que faltan y no tienen voz. También venimos a reclamar que actualmente nos quedamos sin espacio para enseñar. Hace siete años veníamos funcionando en la Facultad de Psicología de la UBA y nos echaron. Ahora nos encontramos en un local prestado y estamos pidiendo un espacio propio”, manifestó Cayetá. Gabriela Mariel, una de sus alumnas, contó que empezó este año a estudiar. Ella tiene 19 años y una hija de tres años con la que asiste a clases. “El lugar que actualmente ocupamos a veces lo podemos usar y otras no, y esto nos juega en contra porque perdemos días de estudio”, dijo. Además, manifestó su apoyo a los bachilleratos populares y reconoció que si no fuera por sus docentes, ella no podría terminar la escuela. “Me gustaría terminar el secundario que es lo más importante para poder conseguir un trabajo, pero también quisiera seguir estudiando”, confesó.
Juanjo González coordinador del bachillerato Sol del Sur de Villa Soldati, trabaja como docente de Cooperativismo de primero, segundo y tercer año, desde que comenzó hace 4 años. “Estamos en una situación intermedia, porque el Sol del Sur está reconocido formalmente por el Ministerio, pero los profesores no cobramos un sueldo por nuestra labor, el nivel edilicio es precario y teóricamente íbamos a tener becas este año, pero no se efectivizó para este primer cuatrimestre”, denunció González. Además, planteó que la enseñanza popular es una alternativa a la educación formal, que en estos momentos no estaría conteniendo a los chicos y chicas que no pueden terminar la secundaria. Desde esa perspectiva exigieron el Estado que reconozca como un derecho la educación que están supliendo los bachilleratos populares. Pablo Hupert, compañero de Juanjo González, profesor de Historia de primero y tercero en Sol del Sur dijo: “Nos reconocieron como establecimiento privado, cuando no lo somos, y a los privados no les dan becas. Pedimos, además de las becas, el financiamiento de la infraestructura, el mobiliario, computadoras, útiles y materiales como cualquier otro colegio estatal”. Hupert subrayó que los bachilleratos tienen un costado afirmativo, más allá del reclamo al Gobierno, que es la autogestión. “Las autoridades no pueden creer que todos los años se sigan abriendo bachilleres populares. El año pasado abrieron ocho y este año cuatro más”, exclamó Hupert. Hay distintas posiciones dentro del bachillerato popular, algunos piensan que la educación popular es la manera de cambiar al mundo, pero Hupert, tiene una visión distinta, cree que es una manera de cambiar a los que están dentro, tanto alumnos como docentes, y que eso puede ayudar a tejer otro tipo de relaciones, pero que no sería un reemplazo del viejo partido revolucionario que vendría a aportar a la generación de una vanguardia de clase obrera consciente. “En general el bachillerato al que pertenezco está en una red de `bachis´ que siguen al bachillerato Paulo Freire, cuya línea está marcada por la frase `la educación no va a cambiar al mundo, pero va a educar a los hombres que van a cambiar el mundo´. Para mí, no es una cuestión de conciencia, sino con una nueva forma de relacionarse, de cooperar con los demás. Acá en vez de encontrarse con un colegio que los expulsa porque son de la villa o porque no pueden cursar todos los días, se encuentran con una escuela que los contiene”.
Los reclamos: reconocimiento por parte de Ministerio, la planta funcional y la titularización docente para todos los trabajadores, la aceptación de las parejas pedagógicas, los boletos y becas para los estudiantes y el financiamiento integral.
Mariana Menga es docente de Ciencias Sociales del bachillerato Voces de Latinoamérica del Hormiguero, que funciona en el barrio Rodrigo Bueno, una villa de la Comuna 1 en Costanera Sur. Este bachiller existe desde 2013 y recién en 2015 fue reconocido como escuela de régimen estatal por parte del Ministerio. “Nos costó dos años el reconocimiento y poder sacar los primeros títulos. Actualmente no contamos con planta orgánica funcional, es decir que como docentes no cobramos salarios, no tenemos recursos para infraestructura, materiales didácticos, lo que llamamos el financiamiento integral como cualquier otra escuela de régimen estatal”, explicó Menga. También aclaró que definieron, en el marco de la coordinadora de bachilleratos populares, hacer la concentración frente al Ministerio de Educación porque desde hace meses que solicitan reuniones con funcionarios para que den respuestas a sus reclamos, pero el único diálogo que tuvieron es con la directora de adultos de la Ciudad, quien no dio respuesta alguna a las cuestiones que se plantearon. Mauro Paucra, alumno de Mariana Menga, es peruano y dijo haber venido a la Argentina para darle un futuro mejor a sus hijas. “Pasaron por mi casa algunos docentes promocionando la escuela popular para adultos que no habían terminado la secundaria. Me inscribí para ver cómo era la educación acá, no con la idea de terminar la secundaria. Cuando fui a la primera clase no había llevado cuaderno ni nada para escribir, pensaba volver a casa a buscar los útiles, pero los profesores me facilitaron los materiales y comencé de inmediato. Así terminé primero y segundo y ahora estoy en mi último año. En el país en donde estaba no podía estudiar, vine acá y me dieron la oportunidad. Estoy muy contento con el bachillerato popular, porque no es como una escuela tradicional, todo se comparte, nos comunicamos entre todos, tanto docentes como alumnos, es una experiencia muy buena”, expresó Paucra.
Catalina Neira es docente de Comunicación Popular del primer año del bachillerato 20 Flores de la Asamblea de Flores, que funciona desde el 2010. Trabaja desde el 2012 como educadora y forma parte de la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha. “Peleamos por la aceptación de nuestras prácticas docentes como válidas para el sistema educativo. Hasta el 2015 veníamos teniendo discusiones sobre la oficialización de distintos bachilleratos que se fueron abriendo desde el 2001. A partir del momento que (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta asumieron en la Nación y en la Ciudad, las discusiones cambiaron completamente, siempre fue difícil el diálogo pero se podían generar espacios de negociación. Hace dos años que están muy trabadas y como consecuencia, este año los alumnos no cobraron sus becas. Por lo tanto venimos acá para que el Gobierno reabra las mesas de diálogo que cerró unilateralmente con un manoseo que no corresponde. Hemos establecido lazos con muchísimas instituciones del ámbito público de la Ciudad, porque trabajamos con la población que el sistema educativo formal expulsa constantemente y por eso mismo pedimos tanto por los derechos de los trabajadores como por los estudiantes”. Lorena Sastre es colega de Catalina y se desempeña en la docencia en el área de Desarrollo de las comunidades desde el 2012. “Intentamos construir una educación popular y alternativa. Nos hacemos presentes para exigir el reconocimiento oficial e íntegro por parte del Estado, nuestro bachillerato fue reconocido por la mitad, es decir que emitimos títulos pero los estudiantes no tienen todos sus derechos, la infraestructura es muy precaria y solo se reconoce un docente por aula”. Nilton Junior, es un alumno de segundo año del bachiller 20 Flores, tiene 22 años y empezó a estudiar en 2016. “El bachillerato popular me dio la oportunidad que no me dio ningún otro colegio, yo estoy trabajando y por los horarios no podía cursar en ningún lado”, dijo Nilton. Asistió a la convocatoria para apoyar a sus docentes y exigir que si están reconocidos como escuela pública tengan los mismos derechos que cualquier otra escuela.
La jornada de reclamo y movilización cerró con una negociación parcial y la promesa de reuniones que dividen el reclamo. Fernando Santana de la Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) y miembro de la CEIP histórica transmitió, asomado desde la puerta del Ministerio, lo que manifestó el empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, Gonzalo Mira Senra: “Nos ofrecieron una reunión para el martes que viene a las 6 de la tarde con la segunda de la ministra, para hablar solo con los bachilleratos no reconocidos. Luego la semana del 10, todavía no está confirmado, habría una reunión con los otros bachilleratos por tratar las distintas cuestiones”. Fernando Santana valoró positivamente lo que obtuvieron casi como una victoria: “Estuvimos toda la tarde, creo que conseguimos algo, hay que ver qué sale de esas reuniones. Nos van a entregar una hoja con este acuerdo por escrito. Si nos hubiéramos ido una hora antes no hubiésemos logrado nada”. Al finalizar la concentración pidió a los alumnos que se retirarán con calma porque había un camión de la Policía, para evitar cualquier tipo de problema.
Actualizado 29/06/2017
May 2, 2017 | DDHH
A 41 años de la última dictadura cívico militar que dejó treinta mil personas desaparecidas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos y evitar que queden sepultados en el olvido en un contexto político negacionista que propone solo discutir cifras.
El acto, al que asistieron familiares de los trabajadores desaparecidos, colegas, miembros de organismos derechos humanos y reporteros gráficos del Grupo 81 comenzó con un discurso del diputado porteño Gabriel Fucks: “Cuando un grupo de compañeros del ARGRA se acercó con la idea del homenaje no dudamos un segundo en poner a disposición los resorte legislativos para la larga batalla por la memoria de éste segmento en particular, los reporteros gráficos de la República Argentina”, reconoció y agregó: “Parece que cuando se quiere poner un número y discutirlo no queda otra respuesta que la segmentación y la búsqueda en cada uno de los espacios acerca de qué fue lo que pasó y quiénes eran. Es parte de la batalla cultural con la que nos enfrentamos cuando quieren negar lo que pasó. Recientemente apareció el nieto número 122 cuyo padre no figuraba en la lista de desaparecidos. Este tipo de homenajes y encuentros es una forma más de plantarnos y luchar”.
A continuación Alfredo Herms, socio de ARGRA y miembro del Grupo 8,1 contó cómo, en medio de la censura y la autocensura de la prensa, llevaron a cabo una muestra fotográfica –a principios de los 80- para visibilizar lo que estaba pasando en los años de la dictadura. Es este mismo grupo el que tuvo la iniciativa de homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos: “Fotógrafos, camarógrafos, reporteros gráficos, documentalistas, directores de cine y todo aquel que trabajase en relación a la imagen para dar testimonio, porque no hay muertos de primera ni de segunda”. Herms también agradeció al diputado Fucks por transformar la idea del homenaje en un proyecto que fue votado por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que continuará con la realización de un libro y una muestra itinerante. Para concluir convocó a integrar el trabajo “El Ojo como testigo”, en el que se intenta visibilizar 80 vidas en busca de la memoria, la verdad y la justicia, con la intención de recuperar historias, trabajos y sueños para que no queden en el olvido: “Pedimos disculpas por no haber hecho antes este reconocimiento, pero ahora que estamos en este camino nadie nos podrá apartar, porque estos 80 compañeros son parte de los 30 mil compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre”.
la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos .
Antes de finalizar el homenaje, Ezequiel Torres, presidente de ARGRA y organizador del evento, dijo: “Gracias a los compañeros gráficos del 81 por engrosar la lista de los 30 mil, para que no queden dudas. La memoria sirve para aprender, y si algo aprendimos en estos años es que el camino que tenemos que recorrer es colectivo. Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros. Este es un acto fundacional, porque el homenaje no termina aquí sino que abre nuevas puertas y espacios”. Como cierre, Torres y Fucks descubrieron una placa otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a los trabajadores de la imagen desaparecidos en la última dictadura cívico militar.
Gabriel Fucks, junto Ezequiel Torres, presidente de ARGRA.
“Grupo 81”
Ezequiel Torres explicó a ANCCOM que el homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81. “Llegaron a construir la lista de los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos cruzando datos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos. Todo este trabajo lo hicieron a pulmón”.
En los años ochenta, la Secretaría de Información Pública había prohibido la circulación de imágenes vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo y a cuestiones sindicales en los medios, en ese contexto el Grupo 81 desafió a la censura. Alfredo Herms relató cómo el grupo de reporteros gráficos surgió luego de dos acontecimientos que los marcaron para siempre. El primero ocurrió el 14 de septiembre de 1980, cuando murieron Alberto Rodríguez, Víctor Hernández y Nemesio Luján Sánchez, reporteros gráficos del diario Crónica, al caer un avión de la empresa mientras se dirigían a cubrir un partido en el interior. Aún hoy se desconocen las causas del accidente. El segundo, ocurrió esa misma semana cuando se produjo el atentado al Teatro Abierto con un artefacto explosivo en las instalaciones del Picadero. A raíz de esos sucesos, decidieron plegarse a la lucha contra la dictadura y organizaron la muestra de fotografías en homenaje a los colegas y que serviría además para visibilizar todo lo que no estaban mostrando en los medios a causa de la censura y de la autocensura. “Es así que surge la primera muestra del periodismo gráfico con 77 colegas participando, donde por primera vez se muestran los pañuelos blancos de nuestras queridas Madres”, recordó Herms. En el mismo sentido, Aldo Amura también integrante del grupo, dijo: “Nosotros dimos vida a las Madres de Plaza de Mayo, las hicimos visibles”.
Hoy nuevamente se encuentran frente al desafío de mantener viva la memoria: “Nosotros rescatamos del olvido a todos los compañeros que fueron detenidos, asesinados, desaparecidos y de los cuales ninguna institución se hizo cargo. Vinculamos en esta construcción a todos, ingresamos incluso a los compañeros que estaban fuera del tiempo histórico, como Ignacio Ezcurra, que fue un fotoperiodista desaparecido por la CIA durante la guerra de Vietnam porque el Estado norteamericano no quería que el conflicto bélico se instalara en los medios de comunicación. O como Julio Fumarola, reportero gráfico y hermano de uno de los fundadores de esta Asociación, secuestrado por la Triple A y asesinado con más de cien balazos en los bosques de Ezeiza, antes del comienzo de la dictadura. Y Leonardo Henrichsen que fue presidente de ésta Asociación y filmó su propia muerte mientras estaba trabajando, antes del derrocamiento de Salvador Allende en Chile”, contó Amura.
«Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros».
Reflexiones de colegas y familiares
“La reivindicación de los juicios, los movimientos de memoria verdad y justicia, nuestra memoria de la represión tienen que ver con lo que nuestros compañeros pudieron registrar. Como cuerpo social, la memoria que tenemos de la dictadura es esa a partir de las imágenes que tomaron los reporteros gráficos. La fotografía cumple un rol central para la construcción de nuestra identidad como Nación”, opinó Torres sobre la importancia de los trabajadores de la imagen. En concordancia, Amura expresó: “Un fotógrafo es un historiador porque es parte de la construcción histórica del país”. En la ESMA hay una fototeca en la que se guarda todo el registro fotográfico y se reconstruyó la historia del periodismo. “Había muchos diarios que tiraban todo, hasta los negativos. Hemos podido rescatar y consolidar un guardián de la memoria”, dijo Amura.
Luna y Suyay Henrichsen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino expresaron su agradecimiento por el homenaje. «Esta bueno recordar lo que pasó, por lo que está pasando ahora y para que no se vuelva a repetir. Hoy en día, también, se sigue reprimiendo gente”, dijo Luna. Suyay, por su parte, opinó: “Frente a la situación que está pasando en el país que hagan un homenaje a los desaparecidos en el último Golpe es impresionante. Con respecto a nuestro abuelo seguimos pidiendo justicia, es algo que no se ha terminado. El acto fue importante, haber venido y participado ayuda a mantener viva la memoria y continuar con la lucha de mi abuelo, de todos los fotógrafos y camarógrafos”.
Cristina Inés Bettanin, sobrina de la reportera gráfica Cristina Bettanin y del fotógrafo venezolano Jaime Colmenares, manifestó su alegría por los distintos homenajes que le han hecho a su tía: “Habla de su compromiso militante pero, también, de su pasión por la vida, sus inquietudes, sus deseos, creatividad y compromiso. Me parece muy lindo que sus propios compañeros de trabajo, con quienes compartió muchas anécdotas como así también momentos importantes para el país”. Cristina contó que su tía se tomó una pastilla de cianuro cuando fue rodeada por el Ejército mientras visitaba a su familia en Rosario. “No solo marcó mi vida la historia de mi tía, sino que fue una tragedia familiar muy intensa. En el mismo operativo asesinaron mí papá, detuvieron a mí abuela junto con mi mamá, que estaba embarazada de mí. Las trasladaron a la jefatura de policía del Segundo Cuerpo del Ejército de Rosario. Ahí estuvieron cautivas quince días y nací. Mi abuela le pidió a mi mamá que me pusiera el nombre de mi tía”. Después, afortunadamente salieron de prisión y se exiliaron en distintos países. “Guillermo Bettanin, mi tío, y su pareja, Leticia Jones, también están desaparecidos”, relató Cristina con la voz quebrada. Con respecto al homenaje, Cristina dijo que estos actos siempre son un momento de reflexión y nueva elaboración: “Fue muy lindo cómo al finalizar se fueron acercando compañeros de mi tía a contarme anécdotas que implican en algún sentido el haber sobrevivido”.
Luna y Sushay Henriksen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino .
«El homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81», dijo el presidente de ARGRA, Ezequiel Torres.
Actualizada 03/05/2017
Abr 26, 2017 | Comunidad
Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.
La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.
La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».
La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.
No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.
El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.
En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.
El episodio del Mariano Acosta
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.
Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.
En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.
El repudio
“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.
Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.
La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.
Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.
Actualizada 25/04/2017
Abr 12, 2017 | Comunidad
“Somos ocho trabajadores, ocho familias se quedan sin trabajo”, son las duras palabras escritas en una cartulina azul pegada en la fachada de la histórica pizzería Mi Tío, ubicada en la esquina de Defensa y Estados Unidos del barrio San Telmo. En su interior, una placa colgada en la pared notifica que el Ministerio de Cultura reconoce el sitio como “testimonio vivo de la memoria ciudadana”. Pero aun así las puertas se cerraron para sus empleados.
El miércoles 29 de marzo a la mañana el maestro pizzero Juan Daniel Nieva se dirigía al local sin imaginar que no podría ingresar a trabajar. Los candados habían sido cambiados sin previo aviso. “Cuando llegaron mis compañeros llamamos inmediatamente a una de las dueñas pero no contestó el teléfono”, contó Nieva. “Intentamos ubicarla en su casa pero se había mudado tres días antes del cierre. Al no recibir noticias, nos asesoramos y decidimos entrar porque es legal defender nuestra fuente de trabajo”, explicó el mozo Adrián Fernández.
“El cierre no me sorprendió porque las cosas andaban mal, había pocas ventas y se compraba la mercadería justa para el día”, dijo Nieva. “La dueña mencionó algunas veces que tenía intenciones de dejar el negocio, pero nunca creímos que sería de esta manera. Nos propuso que alquiláramos el fondo de comercio y formáramos una cooperativa pero esto no sucedió, ya que ella no nos creía solventes ni capaces”, agregó Fernández.
“Somos ocho trabajadores, ocho familias se quedan sin trabajo”, las palabras escritas en una cartulina pegada en la fachada de la histórica pizzería Mi Tío, ubicada en de Defensa y Estados Unidos.
“La primera noche dormimos en las sillas. Al día siguiente la vecina de arriba nos prestó colchones”, describió Nieva. Desde el 29 hasta el día de la fecha los empleados realizan turnos rotativos de doce horas para cuidar sus puestos de trabajo. Mientras tanto, continúan atendiendo el local en su horario habitual, de 7 de la mañana a 2 de la madrugada.
En el gran reloj circular, las agujas marcaron las 12 y en la pizzería empezaron a desfilar vecinos del barrio, extranjeros que estaban de paso, así como también clientes de toda la vida. Las charlas, las risas, los cubiertos chocando con los platos inundaron el salón. Tres amigos reunidos comían una grande de muzzarella acompañada de unas cervezas, mientras Eugenio Navarro llevaba un humeante café con dos medialunas a un señor que leía el diario.
Navarro es uno de los trabajadores más antiguos, tiene 48 años y hace 30 que es parte de Mi Tío, más de la mitad de su vida. Tiene dos hijos y una nieta a su cargo. Según Navarro, hace seis años que la situación era complicada y fue empeorando: “Antes cobrábamos el jornal completo en blanco y después en el recibo comenzó a figurar solamente medio. Eso era lo de menos, nos empezaron a dar el sueldo en dos y hasta tres cuotas”. Navarro se atrasó en el pago de las tarjetas, los impuestos y el alquiler. “Cuando me enteré del cierre me sentí con mucha impotencia. Si no recupero este trabajo no creo poder conseguir otro a mi edad. Mis esperanzas están puestas en la formación de la cooperativa”.
“El cierre no me sorprendió porque las cosas andaban mal, había pocas ventas y se compraba la mercadería justa para el día”, dijo Nieva. Una vecina acompaña a los trabajadores, bajo la consigna «De Mi Tío no nos vamos».
“Marchen seis empanadas de jamón y queso”, se escuchó a Fernández. En una pequeña y calurosa cocina, Nieva acataba el pedido vistiendo un delantal azul, ligeramente manchado con harina. Tiene 43 años y hace 28 que trabaja en la pizzería. Es padre de tres hijos en edad escolar y sostén de su familia. “No tengo deudas porque siempre fui ahorrador, pero los ahorros no duran para siempre y ya se están acabando”, explicó.
A las 13 Adrián Fernández, apodado el “Chino”, se retiró del local y regresó treinta minutos más tarde con sus dos hijos, una nena y un varón, que vestían guardapolvos blancos. Cumplió 45 años y hace 12 que trabaja en la pizzería. Su sueldo es el principal ingreso en su hogar y al igual que el resto de sus compañeros desde febrero no cobra. “No recibimos los dos aguinaldos correspondientes al 2016 ni las vacaciones, no obtuvimos aumentos no remunerativos, tampoco nos aportaron a la obra social, dejándonos sin cobertura médica y nos deben casi un año de aportes en ANSES”, denunció Fernández con los ojos cansados y tristes. La respuesta que les dio la dueña en ese momento era que más adelante se les iba a pagar lo que les correspondía, que tuvieran paciencia y apoyaran al negocio.
Federico Ezequiel Ledesma regresaba de hacer un reparto, tiene 27 años y hace solo 4 meses que trabaja en la pizzería. Cuando no hay pedidos se encarga de lavar los platos, vasos y utensilios. Vive de su sueldo y alquila. “Me costó mucho conseguir este laburo, por eso no quise dejarlo y abandonar a mis compañeros. Además, me gusta lo que hago y el ambiente de trabajo”.
“Intentamos ubicarla en su casa pero se había mudado tres días antes del cierre. Al no recibir noticias, nos asesoramos y decidimos entrar porque es legal defender nuestra fuente de trabajo”, explicó el mozo Adrián Fernández.
Una señora que pasaba caminando se asomó por uno de los ventanales y gritó: “Fuerza. Estamos con ustedes”. Los vecinos han sido actores esenciales en esta lucha, como Cecilia Calderón, redactora del diario El Sol de San Telmo, quien contó que los vecinos de su edificio formaron un grupo de Whatsapp con el “Chino” para estar alertas: “Los mozos nos contaban que la situación estaba complicada, que les adeudaban sueldos. Al principio lo usábamos para charlar y conocernos. Ninguno era amigo de antes, nos unió el cariño a este lugar que lo queremos como nuestro segundo hogar “. Fue por este medio que el “Chino” les avisó sobre el cierre e inmediatamente se pusieron a trabajar en conjunto. Crearon la página de Facebook “De Mi Tío No Nos Vamos” y el hashtag en Twitter “#DeMiTíoNoNosVamos” que empapela el local; contactaron a los medios para hacer visible el problema y también al Instituto Nacional de Asociativos y Economía Social (I.N.A.E.S.) para que los asesorara legalmente. “Quisimos ayudarlos porque creemos que todos tenemos que tener la posibilidad de trabajar y tener una vida digna, solo con el esfuerzo colectivo y el pensar en el otro tendremos una sociedad más justa”, dijo Calderón.
El viernes 7 de abril Héctor Villaroel, y María Marta y Rosauro Romero, los dueños de de Mi Tío, fue citada a una conciliación en el Ministerio de Trabajo pero no se presentó. “No vamos a bajar los brazos hasta que nos paguen lo que nos corresponde. Queremos formar una cooperativa y con las indemnizaciones sacar adelante el negocio. Hasta entonces seguiremos abriendo las puertas como todos los días, haciendo lo que mejor sabemos hacer nuestro trabajo”, expresó Fernández.
“Me costó mucho conseguir este laburo, por eso no quise dejarlo y abandonar a mis compañeros. Además, me gusta lo que hago y el ambiente de trabajo”, dijo Federico Ledesma.
“No recibimos los dos aguinaldos correspondientes al 2016 ni las vacaciones, no obtuvimos aumentos no remunerativos, tampoco nos aportaron a la obra social, dejándonos sin cobertura médica y nos deben casi un año de aportes en ANSES”, denunció Fernández, rodeado de vecinos.
Actualizado 12/04/2017
