“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.
¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.
Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.
No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.
Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.
Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.
Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.
Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.
Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.
En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.
¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.
Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.
Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?
Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.
¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.
No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.
A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.
En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario,quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.
“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa.Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.
En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.
“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.
En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absolutade la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.
Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.
Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.
El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.
El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.
Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.
Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.
La protesta del perejil
La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.
En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.
Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.
“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.
Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Colectivo Passarinho, un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores brasileños residentes en Argentina, realizó la semana pasada su propio festejo del Día de la Independencia frente a la embajada de su país en Buenos Aires para protestar por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Planean realizar otra acción en octubre, cuando Michel Temer, devenido en nuevo mandatario, llegue de visita a la Argentina.
Al haberse delegado las funciones presidenciales en el representante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Dilma -referente del Partido de los Trabajadores- el programa gubernamental de política económica que se impone en el país vira hacia el neoliberalismo. Para los integrantes del Colectivo Passarinho, el avance de las políticas neoliberales parece un diseño que amenaza con extenderse en toda la región latinoamericana.
El comienzo de este proceso -detallan- se desata con el Golpe de Estado en Honduras de 2009 y el de Paraguay de 2012. En el primer caso, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue removido por orden de la Corte Suprema, con la excusa de haber convocado a una votación popular consultiva para saber si debía modificarse la Constitución que permitiera la reelección. En el segundo, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido a partir de un juicio político que se inició por pedido de la Cámara de Diputados, lo acusaba de mal desempeño de sus funciones.
En el caso de Brasil, según Marina Rosa, integrante del Colectivo Passarinho, el golpe ya había empezado a gestarse en 2013 con la instalación pública por parte de los medios de comunicación del discurso sobre «la corrupción política», a partir del descubrimiento de la policía brasileña de una red de lavado en relación a Petrobras, conocida como «Operación Lava Jato».
Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”.
Dilma Rousseff fue recientemente destituída, acusada de incumplir normas fiscales por usar fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno. La estudiante explica: «La operación Lava Jato involucraba a políticos de distintos bloques. Se instaló el discurso de que primero se la sacaba a Dilma del cargo y luego se enjuiciaría a los demás, incluido Temer, pero luego sólo se lo hizo con la presidenta. Además, el incumplimiento fiscal del que se la acusó, ahora con el nuevo gobierno se dispuso como legal».
Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”. Pero, en realidad, la corrupción ya está forjada en las relaciones de un sistema político viciado en el cual primó, a lo largo de la historia, el paradigma conservador: «Un gobierno progresista cuando llega al poder se encuentra con una máquina que ya existe. La cuestión es si el gobierno progresista negocia; en caso de que no, no hay protección mediática», dice Pavel Tavares. El estudiante analiza esto en relación a Argentina: «Cuando actualmente en el gobierno de (Mauricio) Macri se toman medidas que perjudican a la población, como la suba de tarifas, al mismo tiempo se busca reforzar continuamente desde el poder hegemónico mediático la imagen de corrupción del gobierno anterior, para establecer la oposición de lo correcto-incorrecto, y legitimar otro tipo de medidas como las neoliberales. La resistencia a estas políticas se construye diferente, porque el gobierno asumió de manera democrática. La derecha en Argentina logró construir un representante, la de Brasil no tenía una imagen fuerte para las próximas elecciones».
En la región, Venezuela, Ecuador y Bolivia repudiaron al denominado “golpe blando” en Brasil y retiraron sus embajadores”. Uruguay, a su vez, respondió con una nota en repudio. El gobierno argentino, en cambio, describió como constitucional al gobierno de Temer y espera su visita el 8 de octubre. El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas. Para continuar la lucha, los residentes brasileños planean manifestarse el día de la visita y hacen un llamado a la unidad de los opositores: «Como personas de izquierda, estos últimos años estuvimos más tranquilos en el contexto latinoamericano. Nos olvidamos que esa tranquilidad podía ser una nube pasajera».
El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas.
Excepto los imputados y su defensa, todos en la sala sintieron el impulso de aplaudir con furia y saltar de sus asientos. Pero se contuvieron. El juez Alfredo Ruiz Paz había sido claro al inicio de la jornada: “Esta presidencia no va a permitir ningún tipo de manifestación a favor ni en contra. Ni silbidos ni aplausos ni nada por el estilo. Si no se respeta esta indicación, aunque sea por una sola persona, procederé a desalojar la totalidad sala”. Nadie en el público quería perderse el último capítulo de una historia que comenzó hace treinta y ocho años, el 6 de octubre de 1978, cuando José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit –embarazada de ocho meses- fueron secuestrados y llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en ese entonces a cargo del comodoro Luis Trillo, uno de los imputados. Por esos hechos también estaban acusados Omar Rubens Graffigna –Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ese año- y Francisco Gómez, quien se apropió del hijo menor de la pareja, nacido en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada un mes después.
Rosa Tarlovsky –madre de Patricia- secaba sus lágrimas con un pañuelo. Sentados a su lado, sus nietos Guillermo y Mariana contenían su emoción, mientras tomaban de la mano a sus respectivas parejas. Los tres familiares son querellantes en la causa, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
El presidente del Tribunal acababa de afirmar la condena a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Graffigna “por resultar co-autor del delito de privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia o amenaza”. El magistrado interrumpió su discurso. “¿Hay un bebé llorando en la sala? –inquirió fastidiado- . Y al saber que era el hijo de un familiar de la familia Pérez Roisinblit le indicó, confundido, a la madre del chico: “No, no se lo lleve. Disculpen, voy a volver a leer esta sentencia”. Así fue como todos pudieron volver a escuchar ese veredicto inédito: por primera vez se condenaba a uno de los jerarcas de las juntas militares que había logrado sortear todas las instancias judiciales en las que había estado involucrado hasta el momento. Más temprano, cuando el imputado tuvo la oportunidad de decir unas palabras finales antes de la sentencia, prefirió discurrir una vez más acerca de la Guerra de Malvinas, homenajeando a oficiales y suboficiales de la fuerza como ex comandante y en nombre de todo el pueblo argentino.
Los otros dos imputados prefirieron no emitir palabra cuando tuvieron su turno para hablar, a las diez de la mañana. Ambos tienen información acerca del destino final de Patricia y José Manuel, que prefirieron no revelar en esta causa. A Trillo, el Tribunal le otorgó la misma pena que a Graffigna, mientras que a Gómez le asignaron doce años de prisión por considerarlo partícipe secundario del crimen.
Por primera vez en todo el proceso, se presentaron decenas de medios nacionales e internacionales para realizar la cobertura periodística. Apenas cabían las cámaras y trípodes en la sala de audiencias. Solo tenían autorización para quedarse algunos minutos previos al comienzo de la jornada, luego debieron esperar afuera. Adentro, el juez enumeraba otros aspectos del veredicto que, además de las penas a los acusados, incluía el pedido de investigación por la posible comisión de delitos de la que habrían resultado víctimas Mariana Eva Pérez –al ser sustraída junto a su madre en el momento del secuestro-, los testigos que declararon haber sido secuestrados en la RIBA y las personas que ellos indicaron que también fueron detenidos en la misma época en la zona Oeste. El tribunal también ordenó que se investigue la posible comisión de delitos por parte del vicecomodoro Raúl Pírez Apolonio, el suboficial Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2002-, el ex miembro de la Fuerza Aérea Jorge Cóceres y los NN apodados “el Oso”, “Patón” y “El gringo”. Al mismo tiempo, la sentencia solicita indagar la posible participación de Graffigna y Trillo en el delito en la sustracción de Guillermo Pérez Roisinblit -por el que oportunamente fuera juzgado y condenado Gómez- y también pide realizar actuaciones para saber quienes fueron los responsables del saqueo del negocio de cotillón perteneciente a José Manuel Pérez Rojo.
Casi cien personas aguardaron durante más de tres horas la lectura del veredicto, que tomó poco más de diez minutos. Entre ellos se encontraban familiares y amigos de los querellantes, representantes de organizaciones sociales y militantes por los derechos humanos. Una de ellas, Marcela Bublik, es la autora de la biografía de Rosa Tarlovsky, publicada en 2013. “Una de las cosas que siempre guió a Rosa como luchadora fue este juicio, además de la lucha por encontrar a todos los nietos, no solo al suyo, a quien pudo recuperar hace quince años“, dijo.
La autora estaba sentada en la puerta del Tribunal, a la espera de que abrieran el acceso al público para presenciar la lectura de la sentencia, anunciada para las dos de la tarde. El reloj todavía no marcaba la una y ya se había armado una fila de veinte metros. El ingreso era por orden de llegada y quienes quedaron afuera debieron seguir los acontecimientos a través de una pantalla ubicada en la sala contigua. La acompañaba Estela Elijis, quien fuera compañera de colegio y de facultad de Patricia: “Durante la dictadura todos estábamos distanciados de todos por el terror que se vivía –explicó-. Yo temía, en el transcurso de todo lo que fue pasando, que Patricia hubiera estado muy comprometida en su integridad. Cuando apareció el primer listado de desaparecidos en el año 83 la busqué y vi su nombre. Después la fui a buscar a su mamá”. Más tarde conocería a Bublik –recomendada por Rosa-, quien la entrevistó para la biografía. Hoy son amigas.
Durante el cuarto intermedio, el bar de la esquina del Tribunal se quedó sin mesas ni asientos libres. Rosa y sus nietos esperaron ansiosos, rodeados de sus abogados, amigos y familiares. Las meseras repartían café y medialunas de acá para allá. Leandro Despouy, abogado defensor de los derechos humanos, ex presidente de la Auditoria General de la Nación, estuvo charlando largo rato con Guillermo y se quedó hasta el final de la jornada. Antes de volver a la sala de audiencias, el hijo menor de Patricia y José Manuel salió a tomar aire a la puerta del bar. “Todavía esperaba que Gómez dijera algo, diera alguna información, pero no lo hizo. El abogado defensor mintió cuando afirmó que yo alguna vez dije que ese hombre era ‘un pan de Dios’. Nunca podría haber dicho eso”, señaló en alusión a la audiencia de alegatos de la semana anterior.
No fue posible conocer los gestos de los imputados cuando conocieron el veredicto. La cantidad de agentes penitenciarios que los rodeaba se había multiplicado para esta ocasión. Guillermo Javier Miari y Sergio Díaz Dalaglio, sus defensores, no hicieron ningún gesto mientras oían la sentencia. Apenas los jueces y las querellas abandonaron la sala, estallaron los abrazos en medio de un aplauso que duró varios minutos. “José Manuel y Patricia, ¡presentes!”, gritaron los asistentes a coro.
A la salida, Rosa Tarlovsky se halló circundada de micrófonos, cámaras y grabadores. La vice-presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aclaró que estaba dispuesta a hablar y sacarse todas las fotos que hiciera falta. Recordó que todavía resta encontrar cuatrocientos nietos, que a su vez hoy probablemente ya tengan hijos que tampoco conocen su identidad. “Todos estos años que viajé al exterior con esta causa, encontré solidaridad, respeto. ¿Qué más puede pedir un ser humano? Estoy muy agradecida”, concluyó. La respaldaban sus nietos a ambos lados, que también respondieron preguntas de los periodistas. “No obtuvimos ninguna respuesta en este juicio acerca de adonde están nuestros padres, pero al menos tres de los responsables recibieron su condena”, afirmó la hija mayor de Patricia y José Manuel. “¿Estás conforme con los doce años para Gómez?”, preguntó alguien. Ella y su hermano intercambiaron miradas y respondieron al unísono: “No, es muy poco”. “No por una cuestión de que se pudra en la cárcel o no –completó ella-. Sino porque la cantidad de años es la medida de la gravedad del delito en el que incurrió. Vamos a apelar”.
“Mi hermana y yo coincidimos en que lo correcto sería haberlos juzgado por desaparición forzada de personas, y no por la privación ilegítima de la libertad, porque si solo los hubieran privado de su libertad, tendrían que seguir con vida, lógicamente. Pero la cantidad de años para Trillo y Graffigna en cierto modo puede llegar a reparar el daño que nos hicieron”, expresó Guillermo en su declaración y recordó que Gómez “tiene información precisa no solo de lo que sucedió con mis padres, del calvario que tuvieron que vivir, sino seguramente sobre dónde están sus restos. Y además tiene información de tres o cinco nietos más que están apropiados y no tienen su identidad, y van por la calle viviendo una mentira. Todo esto lo sé por boca de él”.
Los amigos y militantes permanecieron en la vereda del Tribunal durante una hora más a la salida de la sala. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban. Se sacaban fotos con Guillermo, con Mariana, con Rosa. Se abrazaban. Antes de despedirse, la prensa tomó una foto de la familia unida, y luego otra que incluyó a sus abogados y los de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación, también muy emocionados con el resultado del proceso judicial.
La lectura de fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el 6 de octubre, exactamente treinta y ocho años después de la desaparición de José Manuel y Patricia.
Mirá el video que ANCCOM preparó con testimonios exclusivos de Mariana, Guillermo y Rosa:
Se agota el ancho y, hasta donde se vio, el largo de la 9 de Julio. La columna sur se derrama sobre ella al ritmo de bombos lejanos. La serie de banderas, alterna colores: agrupaciones sindicales, estudiantiles, organizaciones barriales, fábricas recuperadas, PyMEs y organismos de Derechos Humanos, entre otros. Encabezada por Avellaneda, y respetando cierto orden geográfico, a medida que la columna avanza se visualizan agrupaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y de ciudades patagónicas. La misma imagen se repite en los frentes norte y oeste: todos convergen en la 9 de julio y así comienza a concluir la Marcha Federal que se inició tres días antes, el 31 de agosto, en todo el país, bajo la consigna: «Un pueblo movilizado para terminar con el tarifazo, los ajustes y los despidos». El cierre es en Plaza de Mayo a las 17. La Marcha Federal es una de las tantas costumbres noventistas que se retoman este año.
Entre la organizada heterogeneidad de banderas, se destaca -algunos metros detrás del telón del Frente Ciudadano de Avellaneda- la figura de San Cayetano, cargada sobre los hombros de dos manifestantes. A su paso, suspendido en el aire, va recibiendo reverencias, agradecimientos y rezos breves. La imagen del santo, ornamentada con flores blancas, sostiene un cartel que se queja: «Lo que San Cayetano te da, Macri te o quita». Encabeza ese grupo el Frente Ciudadano de Isla Maciel, con el Padre Francisco «Paco» Olivera, párroco de Nuestra Señora Fátima.
Previo a la marcha, la columna sur se nucleó en la Plaza Alsina de Avellaneda, en dónde el intendente Jorge Ferraresi presidió un acto en el que además hablaron representantes de las provincias de Neuquén y Chubut y Jorge Baradel, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Provincia de Buenos Aires (Suteba). «Fueron discursos que hablaron de la unidad del campo popular, de la lucha contra este gobierno neoliberal que nos está sacando día a día los derechos», comenta el Padre Paco, sosteniendo una bandera blanca con letras gruesas y rojas que piden por la libertad de Milagro Sala. «Tres curas de la Opción por los Pobres hicimos una pequeña oración pidiéndole fuerza a San Cayetano para que sigamos en la lucha», agrega inmediatamente, con los ojos azules distraídos en el flamear de la bandera. «Después nos sumamos a la marcha por el Puente Pueyrredón, puente histórico, dónde los trabajadores cruzaron para exigir la libertad de Perón hasta llegar a Plaza de Mayo».
A medida que avanza por la avenida, reducida a dos carriles por la doble hilera de micros estacionados, la columna se va nutriendo de otros grupos de manifestantes que desembocan desde las calles aledañas. En avenida Belgrano se desvía para encaminarse finalmente por la Diagonal Sur hasta Plaza de Mayo.
Los Curas en Opción por los Pobres, cuenta el Padre Paco, están repartidos en las distintas columnas. Algunos partieron desde Jujuy y llegarán al último punto de encuentro desde La Matanza, encarando el tramo final por Avenida de Mayo. «Nosotros no entendemos que ser cura pueda ser de otra manera. Yo siempre digo que el día que vea un alma caminando, a lo mejor cambiaré. Somos personas de carne y hueso, con necesidades. Creo en un Dios que comparte el pan, que es pan partido y compartido para todos, un Dios que dice ´no matarás y el hambre es un crimen´, un Dios que quiere que vivamos con dignidad y si no hay trabajo, aunque tengamos el pan, no estamos viviendo con dignidad. Un Dios que no quiere que explote un hermano a otro hermano».
Inmediatamente detrás del Frente Ciudadano de Isla Maciel marcha ATECH, Asociación de los Trabajadores de Chubut. Melisa y Luján, de Puerto Madryn y Rawson, repasan el recorrido que arrancaron el 31 de agosto en Comodoro Rivadavia. Pasaron por Trelew en un acto en el Museo de la Memoria, en el lugar en donde ocurrieron los históricos fusilamientos, pasaron por Puerto Madryn, por Viedma, siguieron por Bahía Blanca, después por Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata, para llegar ahora, dentro de poco más de una cuadra, a Plaza de Mayo. «En todos lados se iban sumando compañeros», aclara Melisa, tan orgullosa como cansada después de tantos kilómetros. Toma mate para mantenerse a ritmo, estimulada también por la masividad de la marcha.
En relación a la situación de Chubut, Luján advierte: «Está en un momento muy crítico. Yo trabajo en la construcción y cada vez hay menos trabajo. Se pararon los planes Procrear y tampoco se están cobrando las becas Bicentenario. El gobernador (Mario) Das Neves persigue a los dirigentes sindicales. No hay derecho a manifestarse, están echando gente por sumarse a las marchas y a los reclamos”. Como docente, Melisa plantea que su situación es igual de delicada: «Los profesores y maestros estamos de paro porque la inflación ya nos comió el salario. Nuestra paritaria cerró en 24% y la inflación ya está alcanzando el 50. Pero si paramos, somos malos docentes porque no vamos a trabajar».
Una vez a orillas de la Plaza, la columna se detiene. La voz metálica y enardecida de la locutora anuncia a través de los parlantes la incansable lista de agrupaciones que están marchando para finalmente estimar una convocatoria de más de 200.000 personas. Cada grupo responde al anuncio de sus siglas con cánticos particulares, aunque hay un canto que abarca toda la plaza: «Unidad, de los trabajadores».
Arriba del escenario que fue montado de frente al Cabildo, se termina de condensar el paisaje de diversidad y la consigna de unión. Allí se encuentran gremialistas de diferentes centrales obreras, como Daniel Catalano (ATE Capital), -quien se encargará de leer una carta escrita por la dirigente jujeña ilegalmente encarcelada Milagro Sala– Roberto Baradel (SUTEBA), Sergio Palazzo, (Bancarios), Víctor Santa María (Trabajadores encargados de edificios), Eduardo Lopez (UTE), Omar Plani (Canillitas), Pablo Moyano (Camioneros), junto a los principales oradores del acto de cierre, Hugo Yasky y Pablo Micheli (CTA Autónoma). También algunos dirigentes políticos como Alejandro Godart (MST), Daniel Filmus (Diputado del PARLASUR), Carlos Tomada (FPV), entre otros. Además están presentes Estela de Carlotto y Taty Almeida, junto a otras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ovacionadas y reconocidas por todos los presentes.
Cuando le toca su turno, Micheli no da rodeos: «Hay que dejarse de joder con el sectarismo y con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo, sin perder la identidad. Las diferencias las discutimos en la calle codo a codo, no tirándonos piedras”. A continuación le responde al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quién el jueves por la mañana declaró que la marcha tenía “tintes políticos e ideológicos”: “No queremos ajuste, esa es nuestra ideología”, replica Micheli, antes de rematar: “Ajuste violento o gradual, ese es el debate del equipo económico. Ni violento, ni gradual, ajuste las pelotas. No vamos a pagar con despidos, suspensiones, rebaja salarial, salario indigno, impuesto a las ganancias, precariedad laboral”.
Antes de ceder el micrófono, Micheli aborda el tema de las paritarias apuntando contra el discurso oficial: “Desde el Gobierno hablan de darles tiempo, pero cuando tienen que transferir recursos a mineras y al capital concentrado tienen una celeridad pasmosa. Mientras que, para reabrir paritarias, comienzan a poner peros”.
Hugo Yasky lo sucede en la palabra, como último orador, marcando que el acto fue posible gracias a la convergencia de movimientos sindicales y estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, PyMEs y pequeños productores del agro, trabajadores informales, empresas recuperadas y organizaciones de izquierda. “Esta unidad”, sostiene, “es el mapa del campo popular que el neoliberalismo quiere dividido. Si construimos la unidad con la convicción de la lucha para la liberación, emancipación y justicia social, entonces somos invencibles.”
Gran parte de la ovación se convierte en abucheos cuando el titular de la CTA agradece a Pablo Moyano, diciendo que “no hubiese sido lo mismo sin tantos compañeras y compañeros de la CGT. Por debajo, la unidad entre esa central obrera y la CTA crece y se hace fuerte –continúa Yasky- y nos permite decir que estamos en el camino de la construcción de un sujeto colectivo que va a tener la agenda social que el gobierno se niega a discutir”. En sintonía con Micheli, retoma una frase repetida insistentemente por los funcionarios del gobierno de Cambiemos, y en especial por el Presidente Mauricio Macri: “No somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al Presidente le decimos que nosotros queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario. No queremos un bono para llegar a fin de año, queremos un salario para llegar a fin de mes”.
A continuación, Yaski refuerza en los temas abordados por Micheli y hace hincapié en las consecuencias del aumento de tarifas de los servicios de luz, agua y gas. “Necesitamos que a las PyMEs no se las desparrame con tarifazo, y que una familia no tenga que elegir entre comer o pagar tarifas”, reclama, antes de llamar a una nueva marcha de unidad sindical para el 16 de septiembre, día en que se tratarán, en audiencia pública, los nuevos cuadros tarifarios. “Las centrales sindicales, las dos CTA y los compañeros de la CGT, vamos a convocar a estar movilizados, presentes y discutiendo el nuevo cuadro de tarifas”, afirmó. De esta forma, Yaski anunció los pasos a seguir, en consonancia con lo que Micheli había advertido unos minutos antes: “Va haber paro nacional más temprano que tarde”. “O cambia la política económica o acá va a haber lucha todo el tiempo, con paro y movilizaciones, a lo largo y ancho del país. A no conceder un solo milímetro de las cosas conquistadas”.
El Teatro del Pueblo, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, es considerado un ícono por haber sido el primer teatro independiente. Lo fundó en 1930 el dramaturgo y periodista Leónidas Barletta, de cuyo nacimiento -este 30 de agosto- se cumplen 114 años. Su escenario fue un espacio de resistencia a los gobiernos dictatoriales y desde hace más de veinte años está dirigido por la Fundación Carlos Somigliana (SOMI), integrada por algunos de los más importantes autores nacionales.
SOMI tiene como director a Roberto “Tito” Cossa, autor teatral de la Generación del Nuevo Realismo. Hace pocos meses se socializó el conflicto: el colectivo que preside Cossa declaró la necesidad de irse a otro espacio, después de dos décadas en el edificio. El motivo desencadenante es el pedido de los dueños del inmueble, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), de desarrollar una actividad teatral paralela. La noticia despertó temor en el público y en la comunidad artística.
ANCCOM pudo conversar con algunos “somiglianos” y con el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Juano Villafañe, como representante del IMFC.
Los SOMI
La Fundación Somigliana es una entidad sin fines de lucro, que nació en 1990. A lo largo de estos años se ha dedicado a la investigación del oficio del autor y a la divulgación de dramaturgos argentinos. Además de Cossa y Roberto Perinelli, que dirigió 24 años la Escuela de Arte Dramático y formó parte del ciclo inaugural de Teatro Abierto en 1981, hay otros miembros más jóvenes que integran el colectivo teatral, como Andrés Binetti, Mariela Asensio, Raúl Brambilla, Bernardo Carey, Marta Degracia, Héctor Oliboni, Patricia Suárez y Adriana Tursi.
El Teatro del Pueblo, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, es considerado un ícono por haber sido el primer teatro independiente.
¿Cuándo comenzaron a trabajar con el IMFC?
Roberto Cossa: Fue en 1996. Ellos, que son el Banco Credicoop, compraron este edificio y lo reciclaron con ayuda nuestra. Nosotros pusimos la mitad del dinero y acordamos que todo lo que sea teatro, programación, elección de obras, dirección, etc. era tarea exclusivamente nuestra. El IMFC ocupaba el edificio para otras actividades, vinculadas a las ciencias sociales, los lunes, martes y miércoles; nosotros disponíamos de jueves, viernes, sábados y domingos para las obras. En ese momento firmamos un acuerdo, que hoy se ha convertido en precario, en vista de este conflicto. La relación era muy buena en un principio y se respetó. Pero el año pasado dijeron que ellos querían compartir las salas para hacer espectáculos.
¿Por qué se negaron?
R.C.: Porque la Fundación Somigliana tiene una identidad, estos maridajes, como el que buscan ellos, nunca han resultado. El teatro es muy difícil, es conflictivo.
¿Le parece que se correría el riesgo de convertir al Teatro del Pueblo en una suerte de ‘multiespacio’?
R.C.: Exacto y nosotros tenemos un proyecto, sólo hacemos autores nacionales y tenemos una ideología. Eso ha dado una identidad al teatro, nosotros no la queremos compartir. No es posible, ellos no son hombres de teatro.
¿Cuál es la razón del conflicto?
Roberto Perinelli: Quisieron inmiscuirse en nuestra programación y eso es muy desleal porque nosotros hicimos mucho esfuerzo, nunca cobramos un mango, incluso pusimos plata de nuestros bolsillos cuando hizo falta. Ahora que estamos en un buen momento, en vez de felicitarnos, le ven la veta de la rentabilidad y quieren aprovecharse, pero si uno lo piensa con racionalidad, es una racha pasajera, como todo en el teatro
¿Cuál es el objetivo de los Somi?
R.P.:Nunca pusimos un límite de estéticas, poéticas, edades o géneros. Nuestro proyecto persigue siempre hacer buen teatro.
La mirada del IMFC
Juano Villafañe, hijo del titiritero Javier, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” desde 2001, no se concentra mucho en qué es lo que se había acordado históricamente, ni en el prácticamente nulo uso que el IMFC hizo en el edificio del Teatro del Pueblo en estos años.
¿Cuál es su posición en relación a este conflicto?
No pensamos en ningún momento diluir identidades, sino integrarlas y potenciarlas, es la suma de capitales simbólicos históricos, que al socializarlos, los potenciás desde sus propias identidades.
Su escenario fue un espacio de resistencia a los gobiernos dictatoriales y desde hace más de veinte años está dirigido por la Fundación SOMI.
¿Cómo sería la forma de trabajo?
Cuando vos tenés propiedades que te pertenencen, tratás de coparticiparlas. Nunca planteamos un problema de competencia, ni de absorciónde unos a otros. Todas las identidades se van construyendo, no son cosas estancas. La identidad es el compartir, el coparticipar. La idea sería coparticipar todo, respetando los días, espacios y luego ampliar el edificio y marchar en común, agregando esta impronta de tarea experimental e investigativa.
¿Por qué surge esta idea después de veinte años de convivencia?
Porque el Centro Cultural de la Cooperación fue creciendo de una manera tal, que nos obligó a pensar en esta propuesta. Nos parece una propuesta integradora, superadora, de respeto a las identidades, manteniendo lo que cada uno programaba. Planteamos la remodelación del edificio a nuevo y compartir una nueva programación e integrada también desde lo experimental, un teatro que se nutre de otras formas posibles que tienen las artes escénicas.
¿Qué piensa sobre la posible continuidad del Teatro del Pueblo en otra parte?
Por mí que haya mil teatros del pueblo, que florezcan mil flores. No hay un un propietario del Teatro del Pueblo. El teatro sigue en otro teatro, detrás de un sueño hay otro sueño. No termina conmigo la vida, no clausuro los acontecimientos, soy fundacional y multiplicador de acontecimientos, no actos de clausura. Que haya mil teatros del pueblo, es una tradición cooperativa, participativa.
¿Por qué le parece que se negaron los SOMI?
No sé, yo pensaba que una remodelación teatral del espacio edilicio iba a ser un atractivo para compartirlo. Ellos también tenían la idea de hacer una remodelación, eso fue coincidente y ya tenían un diseño realizado. Ellos sí tienen una inversión propia que hicieron con el tiempo, tienen equipos propios, etc. Pero nosotros no queremos vender, si el IMFC compró ese edificio, fue para usarlo.
Un poco de historia
Para Tito Cossa, Barletta, el fundador del espacio, era un “antifascista genético” y “si bien en sus últimos años se había quedado haciendo un teatro antiguo para la época, como escritor era un verdadero talentoso”. En 1943, luego de pasar por varios lugares, Barletta alquiló el edificio y, cuando Perón creó el régimen de propiedad horizontal, lo compró. Al morir, su mujer lo mantuvo abierto con dos actrices del elenco, pero no como teatro, sino como centro de exposiciones plásticas. Perinelli cuenta que estaban ahogadas económicamente. En 1986, una gestión que encabezaba Raúl Serrano convocó a dramaturgos para recuperar el teatro. Sin embargo, la viuda no daba el nombre y por eso en 1987, cuando se instalaron en el edificio, decidieron ponerle Teatro de la Campana, en honor a Barletta, a quien se lo recuerda en el Bajo y en la avenida Corrientes, agitando una campaña, expresando a viva voz: “Asista al teatro esta noche”. El proyecto, con estas características, funcionó muy poco tiempo y con discontinuidad, hasta que se desintegró. Perinelli explica: “En 1996 el IMFC pactó con la viuda pagarle un salario mensual de por vida y la propiedad pasó a ser de ellos. En ese contexto nos llamaron para dirigir el teatro, pero dijimos: ‘Hay que hacerlo realmente un teatro’”.
¿Cómo se llevó a cabo este trato?
R.P.: Quien intercedió y daba confianza a esto fue el diputado comunista Floreal Gorini. Fue así como pusimos 150.000 dólares, la mitad de lo que costó el proyecto de reforma para hacerlo un verdadero teatro.
Para Tito Cossa, Barletta, el fundador del espacio, era un “antifascista genético”.
¿Estarían en condiciones económicas de comprar el inmueble?
RC: No tenemos la plata, pero podríamos haber obtenido ayuda del Estado y el Instituto podría haber sido tolerante con los pagos, pero no quisieron bajo ningún caso. Actualmente el subsidio que ayuda a mantener la sala es el de Proteatro y el del Instituto Nacional del Teatro. Ante esta circunstancia, el 31 de diciembre de 2017 deberemos dejar el espacio. La pérdida de este edificio es invaluable, no solo por su excelente ubicación, sobre la diagonal Roque Sáenz Peña, su tamaño y el dinero invertido en tantos años en el mantenimiento de las salas, sino también por ser un símbolo del teatro independiente, con un funcionamiento de más de 20 años ininterrumpidos.
“El teatro del Pueblo no puede desaparecer”
La comisión que conduce el teatro manifiesta en un comunicado, a través de su sitio web: “El Teatro del Pueblo no puede desaparecer. Nos hemos propuesto seguir adelante. Refundar el Teatro del Pueblo, cuyo nombre nos pertenece, allí donde podamos, allí donde nos den las fuerzas. Se apela a todos, inclusive a los espectadores, antes del comienzo de cada obra, con la frase: “Si usted conoce algún lugar que pueda ser convertido en teatro, por favor díganos”. Algunas ofertas han llegado, pero nada seguro, hasta el momento.
Cuando se realizó esta nota, todos los integrantes de SOMI estaban reunidos en el encuentro semanal que tienen los jueves desde hace años. Cossa contó que por medio de una votación, decidieron que fuera él quien saliera de la reunión para hablar de este tema con ANCCOM. Adelanta que tiene una idea, pero que aún no ha llegado a conversarla con nadie en la reunión. Y remata: “El Teatro del Pueblo es un ícono, no puede desaparecer, como no puede desaparecer el Café Tortorni”.
Roberto Perinelli, en la misma sintonía que Tito Cossa, dice: “Este teatro tiene que seguir porque tenemos que continuar con nuestro proyecto, que es estrenar obras de autores argentinos. El teatro independiente está en su mejor momento, por eso a mí me duele mucho este tema, el tarifazo, por ejemplo, porque puede lesionar un proyecto artístico que está en franco reconocimiento y afirmación”.
¿Cómo ve el futuro del teatro independiente, ante las políticas de ajuste?
R.C.: Creo que va a haber cierres, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) ya está hablando de esto. Nosotros pasamos de $1.500 de luz a $7.500. Todavía falta ver cuánto nos viene de agua, gas no tenemos, por suerte.
R.P.:Muy complicado porque no podemos trasladar el precio a las entradas. Diría más, el teatro independiente tiene que ponerse a pensar si no tiene que rebajar el precio.
¿Cómo están enfrentando esta realidad?
R.C.: Tenemos una suerte muy grande, contamos con el éxito de Terrenal, la obra de Mauricio Kartun, que llena cuatro funciones por semana, algo que pocos teatros consiguen. Así que por ahora hemos podido ahorrar un poco.
R.P.: Nosotros hemos tenido temporadas anteriores donde pusimos plata de nuestro bolsillo para pagar una tarifa racional de luz, ahora no nos es fácil pagar esta irracionalidad. Actualizada 30/08/2016
