El megadecreto del Gobierno nacional, entre tantas otras modificaciones, permite la compra ilimitada de tierras por capitales extranjeros y hasta la adquisición de lagos y espejos de aguas. La opinión de Gonzalo Vergez, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La Ley 26737, conocida como Ley de Tierras Rurales, fue sancionada en 2011 a raíz de una demanda social. La norma establecía una restricción a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. Gonzalo Vergez, abogado ambientalista e integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), afirma que “la derogación de esta norma implica una cesión de la soberanía nacional” y habilita “a que cualquier ciudadano extranjero, que tenga la posibilidad económica, pueda comprar una cantidad ilimitada de tierras en el territorio argentino”. Además, “atenta contra las economías regionales y la agricultura familiar”.
La Ley de Tierras limitaba el dominio o la posesión de suelo rural por parte de extranjeros al 15% del total de tierras rurales censadas. También prohibía que las personas físicas o jurídicas que sean de una misma nacionalidad extranjera superen el 30% de ese 15% e impedía que ciudadanos o empresas foráneas pudieran ser titulares o poseer una porción de tierra que contenga ríos o cuerpos de agua estratégicos, como es el caso de Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis.
“Ya teníamos una enorme complicación por parte de la ciudadanía en relación al acceso a la tierra y esto se profundiza de forma drástica y categórica. Implica una concentración aún mayor de la que ya tenemos. No hay que dejar de reconocer que venimos de una situación crítica, que a pesar de la existencia de una enorme cantidad de normativa –bosques, glaciares, hidrocarburos, tierras rurales- los derechos no estaban garantizados. Ahora imaginemos cómo van a estar garantizados sin esas normativas”, agrega Vergez.
Con respecto a la minería, el megadecreto de Milei derogó la Ley 24523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la 24695 del Banco Nacional de Información Minera, con la excusa de “reducir” los costos del sector ya que es un área “subdesarrollada”. “Estas dos leyes eran de lo poco que quedaba en una actividad que ya de por sí es bastante oscura, no como la mayoría de las actividades extractivistas, y esto lo que hace es quitarle el último destello de transparencia», asegura Vergez.
En relación a la Ley de Sistema Nacional de Comercio, Vergez sostiene que a una actividad ya flexibilizada, la derogación le da vía libre a las empresas mineras para comerciar como quieran. “La industria minera tiene un sistema de regalías, lo que paga específicamente es muy poco, es un precio vil, solamente el 3% en relación a las inversiones mineras que, además, se calcula sobre el material extraído”. Para Vergez, “son dos derogaciones muy relevantes en materia minera, que profundizan de por sí lo flexibilizado que estaba el sistema y pone en una situación de absoluta vulnerabilidad a los territorios que ya estaban hostigados por las empresas mineras, las cuales venían haciendo enormes destrozos en lo ambiental”.
El DNU, además, acentúa la crisis alimentaria y atenta contra la soberanía nacional a través de la derogación de Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley de Promoción Industrial y las leyes Compre Nacional y Compre Argentino. Al respecto, Vergez subraya que si bien algunas modificaciones parecen intrascendentes, si se las mira en conjunto y en contexto tienen una enorme relevancia. “Estamos atravesando una crisis alimentaria global donde Argentina no es la excepción sino que es un gran exponente, sobre todo por los altos niveles de pobreza e indigencia –remarca–. Este paquete de modificaciones lo que hacen es profundizar las condiciones de desabastecimiento que ya se vienen dando hace un tiempo a pesar de las leyes y favorecer la exportación y al sector agropecuario. Es un paso regresivo en materia socioambiental y en materia de derechos humanos”.
