Feb 13, 2019 | Noticias en imágenes
El pasado viernes 8 de febrero se llevó a cabo la primera asamblea para organizar el #8M, cuarto Paro Feminista, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
En el encuentro con sede en la cooperativa Mutual Sentimiento y antes de que se abra la lista de oradorxs, se cedió el espacio para representantes de distintos países como Perú, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y una representante del movimiento feminista Kurdo, quienes contaron las realidades y conflictos que se están viviendo en sus territorios. También estuvieron presentes las intervenciones de las referentes de los sectores en lucha como Pilkington, Madygraf, Siam, Inti e Interpack.
“Que abra esta asamblea una identidad trans ya quiere decir algo”, fueron las primeras palabras de Paula Arraigada, militante feminista trans que encabezó la lista de oradorxs. Hizo hincapié en que “acá no sobra nadie”, citando a Nora Cortiñas y que “el feminismo popular se construye con todxs, con debates, con sororidad y sin prácticas patriarcales”, tomando clara posición frente a los movimientos TERF. Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, estuvo presente y también recalcó que el movimiento feminista “se construye con unidad y con todxs adentro”.
Luego tomaron la palabra María del Carmen Verdú, referente de CORREPI; María de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Claudia “La Negra” Albornoz del frente de género de La Garganta Poderosa. Albornoz dijo: “Las villeras estamos acá, queremos un acampe nacional y feminista que marque historia”. Estuvo presente Sandra Chagas, activista uruguaya y afrodescediente; Nina Brugo, abogada histórica feminista; entre otras.
A las 21 se dio por concluida la primera asamblea, con algunos puntos claros: el enemigo es el gobierno de Mauricio Macri que precariza las vidas de las trabajadoras, no importa el rubro al que pertenezcan; que el movimiento es inclusivo con las disidencias adentro, que hay se seguir luchando por la legalización del aborto y que el feminismo viene a cambiarlo todo.
Feb 6, 2019 | Novedades, Trabajo
Cooperativa Los Cabritos ubicada en el barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires.
El bullicio se transforma en quietud una vez atravesada la puerta de entrada a Los Cabritos, mítico restaurante especializado en parrilla ubicado en la avenida Juan B. Alberdi al 6100, justo en el corazón del barrio -o “la República”, como lo llaman sus orgullosos habitantes- de Mataderos. En el interior, el aroma característico de la carne asada se cuela en cada centímetro del ambiente, más allá del silencio y la penumbra, típicos de un tiempo intermedio entre almuerzo y cena.
Mientras observa el asador y las dos parrillas ubicadas a la izquierda de la entrada, Jorge Jaian (54), secretario y uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo, traza un pequeño recorrido histórico del lugar: ”Los Cabritos abrió en mayo de 1979 y creó una gran expectativa tanto en el barrio como en las zonas aledañas. Ocupaba el lugar clásico de la gastronomía de esa época, caracterizado por espacios amplios manejados por grandes sociedades”. Inmediatamente, aclara, que si bien el negocio se vio afectado a nivel general por los vaivenes económicos del país a lo largo de las últimas tres décadas, los conflictos comenzaron al poco tiempo de la inauguración y se acentuaron con la implosión socioeconómica en el 2001. “Yo estoy desde el ’99, acá la crisis golpeó muy fuerte, tanto en la concurrencia como en los sueldos de los empleados. Encima, a los pocos años falleció el gerente y quedamos acéfalos. Además, los socios propietarios nos daban cada vez menos bola, hasta que dejaron de responder”, recuerda con gesto de resignación.
La cooperativa Los Cabritos abrió en mayo de 1979.
Osvaldo Zubeldía, histórico director técnico de Estudiantes de La Plata, sostenía que “a la gloria no se llega por un camino de rosas”. Este axioma parece adecuarse perfectamente al trayecto recorrido por los trabajadores, como deja entrever Jaian. En 2014 la situación estaba tan irregular que nos clausuraron. En ese momento hicimos una reunión y tomamos la decisión de hacer una cooperativa, fue una idea que salió a la fuerza desde una conciencia colectiva. En 2016, tuvimos que sortear un extenso corte de gas y a partir de ahí empezamos a levantar”, detalla. Inmediatamente enumera a diversos actores que fueron preponderantes a la hora de permitir que la determinación diera sus frutos. “El presidente Carlos Carvalho se puso el equipo al hombro, hablamos con los integrantes de Alé Alé (NdeR: cooperativa gastronómica ubicada en Palermo), que fueron tan solidarios como la gente que nos acompañó. Por otro lado, una abogada especializada en el tema y el Movimiento de Empresas Recuperadas (MNER), junto con el diputado Gabriel Fuks y varios legisladores de la Ciudad, fueron clave a la hora de que nos otorguen la habilitación en 2015”, asegura.
La tarde cae en la República mientras los colectivos pasan por la avenida Alberdi, aunque el sonido no logra traspasar la puerta ni las ventanas. Patricio Trías (45), encargado de darle a la carne el punto justo de cocción tanto en el asador como en las parrillas, empieza a distribuir los animales con destino de manjar. “Yo trabajé acá cuando era una empresa, y volví hace dos años ya siendo cooperativa. Muy al tanto no estábamos de cómo se hacía, pero acá se votó a un presidente, un secretario, un tesorero, un síndico y vocales que organizan reuniones frecuentes para la toma de decisiones”, explica, destacando también que, si bien hay ajustes y cuestiones organizacionales que se van aprendiendo día a día, el sistema es por demás democrático.
Jaian sube hacia el segundo piso mientras remarca que, dentro de lo positivo, hay dificultades ineludibles tanto internas como externas: lograr un consenso total en las decisiones es tan arduo como pagar las elevadas tarifas de los servicios. Un pasillo de tramo corto conduce a un salón que todavía no perdió la impronta ni el fulgor de los años ochenta. “Este lugar lo abrimos los fines de semana, cuando viene el mayor caudal de gente”, dice, para luego aclarar que los viernes y sábados llegan a recibir 170 comensales. “La mejor publicidad que tenemos es la calidad y el servicio que brindamos, después eso se ve reflejado en el boca en boca”, sostiene. En la misma línea opina Horacio Barreiro (39), un multifunción que desde hace menos de un año reparte sus quehaceres entre la cocina y la limpieza. “La gente está conforme -asegura-, nosotros siempre tratamos de tirar para adelante para nuestro beneficio y el del público”.
Precisamente la comunidad fue quien ponderó a Los Cabritos como una de las diez mejores parrillas de la Ciudad, en una encuesta organizada por el Gobierno porteño en 2018. Fue una de las dos cooperativas, junto al restaurante Los Chanchitos, en ubicarse dentro del selecto grupo. Este suceso llena de orgullo a Víctor Sánchez (53), quien desde hace 21 años se desempeña como mozo. “Estuvimos siete años trabajando en negro, no teníamos ni un aporte. Desde que somos cooperativa la situación mejoró mucho, la gente siempre nos dice lo bien que estamos trabajando y si tienen que remarcarnos algo lo hacen para que sigamos creciendo. A mí me llena de satisfacción que nos hayan elegido como una de las mejores parrillas”, afirma.
No queda ni un rastro de sol. Dentro del salón, algunas luces comienzan a encenderse y el estatismo se convierte de a poco en movimiento. Mientras se acomoda para comenzar su tarea, el cocinero Juan Carlos Sánchez (40) destaca el sacrificio de todos los cooperativistas para sacar adelante el negocio y mantenerse como uno de los lugares más concurridos en el rubro. “Estoy acá desde hace 18 años, y la diferencia con la etapa anterior se nota mucho. Hay más compañerismo, más colaboración, y se trabaja mucho más cómodo”, asegura. En un abrir y cerrar de ojos, todos están en sus puestos mancomunados por el fuego, para seguir dejando a Los Cabritos en el lugar que se ganó a fuerza de voluntad y perseverancia.
Feb 5, 2019 | Comunidad, Novedades
Centro Universitario San Martín (CUSAM), que funciona dentro de la Unidad Penal número 48 de máxima seguridad de José León Suarez.
A pesar de que diversas organizaciones sociales y académicos formularon un rotundo rechazo sobre múltiples puntos del proyecto de ley oficialista, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno intentará nuevamente lograr un consenso entre el oficialismo y la oposición: “Esperemos que salga. En febrero vamos a tener reuniones que se están programando”. En este sentido, subrayó que la propuesta “se trata de un nuevo régimen penal juvenil, no es sólo la baja de edad de imputabilidad”. Las críticas hacia la propuesta no provienen solamente de especialistas en derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también de trabajadores que, además de poseer formación en este campo, también tienen contacto directo y cotidiano con los centros de detención y los menores que circulan por ellos.
El proyecto oficial asegura, entre otras cuestiones, que los centros de detención especializados tendrán múltiples dispositivos que busquen la reinserción del menor en la sociedad. En el capítulo 12 se enuncian los artículos 74 hasta el 84 que garantizan que en estos sitios de reclusión se desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, así como también poseerán personal técnico y de seguridad capacitado para tales fines. Empero, Nora Schulman, Directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), sospecha: “Antes de aprobar una ley así hay que tener los instrumentos para aplicarla, sino no va a servir para nada y todo va a quedar en letra muerta. Las instituciones y el personal que formula no existen. Dentro de los institutos de menores encontrás celdas para dos chicos pero hay cinco encerrados. La seguridad está a cargo del Servicio Penitenciario, el cual no posee la formación adecuada y encima suelen violarlos. El término instituto es un eufemismo, son cárceles de menores”.
María Paula Vázquez, operadora social e integrante del Centro de Admisión y Derivación (CAD) que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); denuncia la situación actual de estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires: “Lo primero que uno se encuentra cuando ingresa es la parte de escuela, los talleres y la zona de visitas. Pero excepto que tengas autorización, no llegás al alojamiento real, donde están los pabellones y las celdas con rejas iguales a un penal común para adultos. Las normativas internacionales dicen que las celdas son sólo para dormir y que el resto del tiempo los chicos deben realizar actividades que faciliten su reinserción, pero esto no sucede. Así, los pibes pasan muchas horas despiertos en una celda sin hacer ninguna actividad. Además, el sector de seguridad es el que decide si pueden ir a la escuela como si se tratase de un premio, lo cual contradice la escolaridad obligatoria estipulada a nivel nacional. Entonces, la reinserción del chico después de pasar por estos centros no depende de este, sino de la presencia de su familia y los recursos que ésta posea.”
En añadidura, la situación de los institutos de menores empeoró debido al recorte de presupuesto que sufrió la SENAF en un 25% para el 2019, lo cual contradice el artículo 72 de la Ley 26061 que plantea que nunca un presupuesto destinado a la niñez puede ser menor que el presupuesto anual anterior. Actualmente, estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires no poseen el rol de operador social, los asistentes de Minoridad hacen de personal de seguridad y los equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales varían entre tres y cinco personas que deben atender a unos cincuenta chicos.
“Mientras se quita presupuesto para trabajar la protección de derechos, se eleva el presupuesto para las fuerzas de seguridad. En 2016 y 2017 la cantidad de ingresos en el CAD de la Ciudad de Buenos Aires bajó al 50%, pero no es que se mejoró la situación de los menores. En realidad está relacionado con las denuncias que se realizan desde las organizaciones barriales sobre las detenciones irregulares por parte de las fuerzas de seguridad, las cuales muchas veces no realizan la detención, sino que maltratan o torturan a los chicos y después los dejan en libertad. Es una lógica que todavía se sostiene hoy”, señala Vázquez.
La propuesta oficial menciona, a su vez, que se encuentra acorde a los principios establecidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual posee jerarquía constitucional en el país por la Ley N° 23849. Sin embargo, a mediados del año pasado el Comité de los Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas especializado en el seguimiento de la aplicación de dicha Convención, formuló un informe donde instó a la Argentina a no bajar la edad de imputabilidad porque dicha medida no cumpliría con los estándares del Comité. “No sirve en ningún lado. En los demás países de Latinoamérica donde bajaron la edad no resultó en una disminución de la inseguridad. Está comprobado que para reducir la cantidad de menores circulando por el sistema penal hay que garantizarles el sistema educativo, proteger la economía y salud del grupo familiar y que los chicos puedan tener acceso al primer empleo, pero la posibilidades que éstos poseen hoy en día son nulas porque les cierran las escuelas, no pueden pagar los clubes de barrio y tienen un acceso más cercano a las adicciones”, finaliza Schulman.
Feb 5, 2019 | Comunidad, Novedades
Inundación en Luján, Provincia de Buenos Aires. Sábado 15 de agosto 2015.
A partir del 8 de enero en el Chaco llovió en un par de semanas lo que debería llover en un año. El fenómeno climático provocó inundaciones no sólo en localidades del interior provincial sino también en el conurbano de Resistencia. Una vez producido el desastre, organizaciones vecinales y religiosas trataron de proveer asistencia a los afectados, pero además distintas ONG denunciaron el desmonte en la región como uno de los principales factores del desborde de las aguas que afectaron a más de 7500 personas. ANCCOM recorrió las zonas afectadas y dialogó con vecinos, especialistas y con el escritor chaqueño Mempo Giardinelli.
Liliana Rosa Pared, del Barrio Los Pinos, cuenta: “Nosotros tuvimos 30 centímetros de agua en la casa. Es una amargura ver todo revuelto y que tu sacrificio sea llevado a la destrucción, hasta las paredes se comenzaron a caer”.
Las experiencias se repiten en miles de hogares con agua hasta las rodillas en el interior de las casas, con agua hasta la cintura en las calles. Así lo describe Sonia Fernández, del Barrio San Pablo: “Nunca hicieron el zanjeo, entre tres y cuatro días sin que el agua salga de casa porque no bajaba en la calle; mi marido es albañil y estuvo dos semanas sin trabajar.”
Teresa Lucía Gómez, del Barrio Carpincho Macho sostiene: “No se podía salir si te pasaba algo porque el agua llegaba a la mitad de la puerta del auto. Los políticos dejaban la mercadería en la ruta porque no querían mojarse y hasta ahí tenías diez cuadras. Esa asistencia no resuelve nada, pero era necesaria porque la gente que vive al día no tenía para comer y no podía salir a trabajar, por eso fuimos a cortar la ruta y a pedir a los políticos que entren”.
Las capillas y parroquias repartieron donaciones y cocinaron guisos, panes, tortas fritas y mate cocido y los acercaron a los vecinos. Hubo mucho trabajo durante la tormenta pero también después, como explica Sofía Vispo Meloni coordinadora de la sede Resistencia de la “Fundación Sí”: “Una vez que la lluvia cesa la asistencia continúa sobre todo con repelentes y artículos de limpieza”. Porque otras consecuencias de las inundaciones, una vez terminadas, son la falta de recolección de residuos y la multiplicación de mosquitos, sanguijuelas y víboras, que convierten los barrios en focos de infección y otras enfermedades.
Muchas voces se levantaron adjudicando la responsabilidad de las inundaciones a los desmontes indiscriminados que se llevan a cabo, no solo en el Chaco sino también en otras provincias vecinas. Esas talas fomentan el cambio climático, produciendo ciclos con fenómenos tan extremos como sequías e inundaciones que asedian alternativamente la zona.
El escritor y periodista chaqueño Mempo Giardinelli, dice vía mail a ANCCOM: “Las responsabilidades son de dos tipos, y ambas confluentes: por un lado el gran responsable fáctico, en su irracional manejo de la tierra, es el latifundio, que sigue siendo negado; y que desde hace décadas tala bosques brutalmente con tal de expandir las fronteras productivas en forma irracional, descontrolada e irresponsable.” Por otra parte, el escritor agrega: “La desidia e incompetencia caracterizó a la mayoría de los gobiernos de los últimos 50 años, y todos –algunos más y algunos menos– y posiblemente por ignorancia pero seguramente por corrupción en los organismos de bosques y por la voracidad de los lobbies empresariales agropecuarios, han dejado y muchos siguen dejando hacer a las oligarquías terratenientes, sean familias o como ahora grandes empresas. Y ese descontrol gubernamental generalizado es ahora peor que nunca antes, gracias a que el gobierno nacional ahora es lisa y llanamente cómplice y actor de los desmontes. Nunca hemos visto algo igual.”
En tanto, el abogado Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela explica: “La provincia del Chaco nació con una matriz forestal desde comienzos del siglo veinte y a lo largo de la historia esto se ha acentuado. No se respetan los tiempos que conlleva la recuperación de los bosques nativos por eso está cada vez más diezmado. Los suelos del Chaco son muy heterogéneos, y pocos son aptos para la agricultura. Los suelos de clase 4 por ejemplo, se tienen que explotar con mucha rotación y mucho descanso, no son aptos para la agricultura intensiva o industrial ya que son muy frágiles pero aun así son utilizados con este fin.” A través de permisos que no respetan la Ley de Bosques, los sucesivos gobiernos han otorgado miles de hectáreas a grandes empresarios y han dado permisos ilegales cambiando el uso de suelo.
El gobernador Domingo Peppo publicó en sus redes la firma del Decreto 298/19 el lunes 28 de enero, que derogó disposiciones que permitían el uso de suelos en categoría amarilla y suspendió el reordenamiento territorial. Al respecto dice Núñez: “El decreto no tiene estado jurídico aún, fue presentado como una buena noticia pero en realidad respondió a presiones que hacíamos desde acá y al escrache realizado por Greenpeace. También dice que van a poner en categoría amarilla a campos y chacras pero en realidad ya existían resoluciones que obligaban a lo mismo. Por otro lado, el decreto suspende el otorgamiento de permisos pero no dice que van a suspender los desmontes”. Finalmente el abogado señala: “Las máquinas están paradas porque el piso está blando pero en cuanto se seque, van a volver.”
Según los datos publicados por Greenpeace, Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años. Más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques: 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas. Así es destruida la esponja natural y el mecanismo regulatorio que tiene la naturaleza para absorber el agua, lo que provoca los desbordes vividos recientemente y que se seguirán repitiendo si no se detiene el avance del desmonte y si no se repara el daño realizado a través de la reforestación de los bosques nativos. ¿El futuro? Una incógnita.
Feb 5, 2019 | Comunidad, Novedades
En 2017, el Gobierno de la Ciudad le cedió por 40 años al club Atlanta, más de 28.000 m2 de tierras públicas.
La placidez del barrio de Villa Crespo se encuentra violentada. En septiembre de 2017, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, con amplia mayoría (46 de 57 legisladores), la Ley 5874, por la cual, el Gobierno de la Ciudad le cedió por 40 años al club Atlanta, más de 28.000 m2 de tierras públicas ubicadas en la calle Humboldt 486, entre Padilla y Camargo. Al mismo tiempo, en esos terrenos fue autorizada la construcción de un estadio cubierto de 30 metros de altura y capacidad para 16.000 personas, donde se esperan hacer cerca de 100 eventos por año.
Una edificación de tal envergadura necesita, según la Ley 6/98 de la Legislatura porteña, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. No obstante, una vez comenzada la obra de la calle Humboldt, la única notificación que tuvieron los vecinos del barrio porteño fue por medio de una nota aparecida en el diario La Nación.
El 28 de marzo de 2018, el periódico publicó: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo.” Un detalle que no advertía la nota: las empresas que llevan adelante el emprendimiento –después de que lo dejara trunco la firma Lugones Center S.A.- son el Grupo La Nación y la multinacional AEG Worldwide, conocida por construir arenas de este tipo a nivel global.
La reacción de los vecinos de Villa Crespo fue inmediata. Se autoconvocaron, se organizaron y por medio de la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo ambiental para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir lo que sería el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.
La única notificación que tuvieron los vecinos del barrio de Villa Crespo fue por medio de una nota publicada en el diario La Nación.
Historia de una obra inconclusa
El conflicto por el microestadio tiene su origen en el año 2005, cuando el entonces jefe de Gobierno Jorge Tellerman cedió los terrenos ubicados en la calle Humboldt entre Padilla y Camargo por medio de la Ley 1643. Siete años después, la Legislatura porteña aprobaba la Ley 4270 mediante la cual entregaba el predio en comodato a Atlanta, con el objetivo de ampliar la sede social y construir un miniestadio cultural y deportivo. Aún así, una parcela de tierra quedaba todavía en manos del Gobierno porteño. En contrapartida, le exigía al club construir una escuela, un centro cultural y un espacio verde.
“Ellos interpretaron de esa ley que se podía construir un estadio cubierto, cuando en verdad nunca los autorizó” explica Jonathan Valdivieso, abogado de la causa a favor de los vecinos.
En 2014, la empresa Lugones Center S.A., a cargo de Miguel José Mancini, recibió un crédito del Banco Ciudad por 100 millones de pesos para encarar la edificación del microestadio. Pero un año después, ya comenzada la obra, se desplomó un techo. Desde ese momento, el proyecto quedó parado y la constructora desapareció. Como huella, dejó un pequeño elefante blanco en el corazón del barrio bohemio.
Es en el año 2017 cuando el Grupo La Nación se introduce en la escena. Según Valdivieso, la empresa exigió al Gobierno mayor seguridad jurídica y una nueva ley que estipulara explícitamente una sesión del terreno por 40 años, la autorización para construir un microestadio, exenciones impositivas y del ABL y un compromiso oficial de mantenimiento y conservación de sumideros. Para llevar adelante la construcción, además, era necesaria una reforma del Código de Planeamiento Urbano.
“Para esta clase de edificaciones son necesarios permisos ambientales de los más rigurosos, ya que tienen un impacto más elevado que el resto”, explica Valdivieso y agrega: “La Legislatura aprobó esta construcción sin ningún tipo de examen sobre la obra. La firma que planificó la obra tampoco hizo esos exámenes y consiguió los permisos de un impacto ambiental leve”.
Según la Ley 6/98 de la Legislatura, una vez aprobados los permisos ambientales, es necesaria una audiencia pública para corroborar la conformidad de los afectados por la obra. “Esta consulta jamás sucedió”, detalla Valdivieso.
“Ellos interpretaron de esa ley que se podía construir un estadio cubierto, cuando en verdad nunca los autorizó” explica Jonathan Valdivieso, abogado de la causa a favor de los vecinos.
Fuerza Vecinal
Valdivieso presentó un recurso de amparo en el Juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo a cargo del juez Aurelio Ammirato. Una vez finalizada la feria judicial debería resolverse el pedido de medida cautelar. “Nuestra idea es declarar nulos esos permisos ambientales otorgados y posteriormente suspender la obra”, apunta Valdivieso. “Nosotros peleamos por un ambiente saludable dentro de nuestra vida urbana”, finaliza.
Mora Arauz, coordinadora de la Fundación Ciudad, completa: “Nuestro vínculo es para con el derecho de la gente a discutir su calidad de vida y los problemas ambientales que los rodean. Hay temor de los vecinos a realizar cualquier acción legal, por eso nosotros estamos para ayudarlos y representarlos. Y acá es claro, es totalmente ilegal lo que se ha hecho. Contamos con la ventaja de que hay una gran masa de vecinos organizados”.
Según la institución, ambientalmente se generará un caudal de tránsito inviable para el barrio, acompañado de excesivo ruido que impactaría directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
“Nuestra idea es declarar nulos esos permisos ambientales otorgados y posteriormente suspender la obra”, apunta Valdivieso.
Arquitectura en disputa
Los vecinos de Villa Crespo necesitaron de asesoramiento arquitectónico y urbanístico para comprender la situación que los absorbía y para tomar conocimiento académico del caso. Por eso, el Observatorio del Derecho Ciudad analizó el caso en detalle y subrayó las irregularidades.
“El desarrollo de la ciudad a partir de la inversión privada es algo que ha dominado la sociedad y a los gobiernos. Tiene que ver con un excedente de capital que se materializa en inversión de bienes raíces”, señaló el urbanista Silvio Schachter, colaborador del Observatorio. “La lógica patrimonialista es algo que ha nacido con la Argentina misma –argumenta-. La propiedad está vista como un bien de valor privado, de cambio, y no como un bien de uso con valor social, un usufructo de tierras del Estado por parte de particulares”.
El Estado se ha transformado, con el correr de los años, en el principal vendedor de suelo urbano para uso privado. Esto se conecta, según Schachter, con la idea de concebir a Buenos Aires como una ciudad de la cultura y del espectáculo, tratando de emular a ciudades como Londres o Paris: “La ciudad no tiene el patrimonio antropológico que puede tener alguna localidad de Mesoamérica. Entonces lo que se vende es la idea de la vida nocturna, el espectáculo, que está muy ligado a la idea del mainstream globalizado” explica Silvio.
En sintonía con esta idea, la ciudad encuentra en Atlanta un lugar ideal. “Las grandes ciudades del mundo, tienen su propio estadio cubierto y eso les da ese status. Por eso Buenos Aires busca imitarlo”.
