May 31, 2019 | Comunidad, Novedades
Crónica de San Miguel del Monte luego del asesinato de cuatro jóvenes por parte de la policía. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM
“Siempre estábamos acá con ellos, todavía no caigo, es raro que no estén”, dice Lucas, de 15 años, en el corazón de la Plaza Alsina. Él era amigo de Danilo Sansone (13) y Gonzalo Rodríguez (14), masacrados junto a Aníbal Suárez (22) y Camila López (13) en la madrugada del 20 de mayo por la Policía Bonaerense tras una injustificada persecución. La única sobreviviente, Rocío Guagliarello (13), aún se encuentra en grave estado.
“La plaza es nuestro segundo hogar, donde cada día nos encontramos todos los chicos del pueblo”, cuenta Lucas. Punto neurálgico en esta localidad de 25 mil habitantes, es el lugar para exigir justicia por los cuatro chicos. Enfrente, la sede de la Municipalidad permanece rodeada por agentes de seguridad.
Yanina Zarzoso, mamá de Camila, agradece el apoyo de la gente: “Este respaldo es lo que me mantiene en pie”, afirma. Ante la pérdida de su hija, denuncia el destrato de las autoridades municipales: “La intendenta Sandra Mayol [del Frente Renovador] nos mintió desde el principio. Nunca se acercó a mi casa para hablar conmigo. Quiero justicia y que caigan los responsables. No voy a bajar los brazos”. Por el momento hay 13 detenidos, 12 de ellos policías más el secretario de Seguridad comunal, Claudio Martínez.
La concejala del PRO, Sandra Ferrandi, organizó una conferencia de prensa para expresar su postura ante la tragedia. Usando expresiones faciales calcadas a las de la gobernadora María Eugenia Vidal, la edil sostuvo: “Tuve la responsabilidad de salir a decir hace mucho tiempo lo que estaba pasando con la Policía. Nadie se hizo eco de lo que yo decía y hoy estamos lamentando cuatro víctimas”.
El concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Mila, retrucó a la dirigente macrista: “No es momento de colgarse medallas. Además este hecho tiene que ver con la política de seguridad que impulsan las autoridades de la Provincia: ante la duda, tirar. Estas políticas pueden causar consecuencias desastrosas y lo que pasó en Monte es un ejemplo”.
La niebla y la gélida brisa acompañan el amanecer de un día pálido en San Miguel del Monte. Esquinas sin ochavas, fachadas añosas y las pintorescas boinas de algunos transeúntes retratan a uno de los pueblos más antiguos de la provincia, ubicado a 107 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos pescadores comienzan a llegar a la desolada costanera de la laguna, el principal atractivo de la ciudad, con sus cañas y sus carnadas. En las calles persiste una fuerte presencia policial mientras los negocios empiezan a subir sus cortinas.
Uno de ellos es el almacén de Roberto, siempre acompañado por su loro Atahualpa. Con algo de recelo frente al equipo de ANCCOM, ofrece un saludo parco. Dice que durante la última semana la calma habitual ha desaparecido: “Lo que pasó con los chicos ha sido un golpe grande para la vida cotidiana. De ahora en más van a salir a la luz muchas cosas que antes no se sabían de la Policía”, asegura.
“Quizás se destapen varias ollas”, vaticina el locutor de Radio Monte, Lucas Ariel Rizzoli, en uno de sus descansos del aire de la FM 90.1. “Acá sabíamos cuáles eran los policías corruptos pero no teníamos pruebas. Además es gente que ubico del pueblo”, admite Rizzoli. En Monte casi todos se conocen. “La única forma que teníamos para filtrar este tipo de informaciones era través del humor. Tras el despido de toda la cúpula policial se contaron alrededor de 60 personas dispuestas a declarar”, precisa.
No todos piensan como él. Gabriela, una maestra de primaria, opina que “la gente tiene miedo a hablar. No quieren declarar porque si el que te tiene que cuidar te mata, es difícil exponerse”, razona. La dueña de un kiosco que no quiso dar su nombre para “no comprometer a su familia”, dice que tras el asesinato de los chicos “se trabajó menos y hay gente con temor de salir”.
A pesar de las aplastantes pruebas contra el accionar policial, hay vecinos que eligen apuntar a las víctimas, como Laura, propietaria de un comercio lindante a la iglesia, frente a la plaza: “Es una suma de responsabilidades, incluidas la de los padres. Deberían hacer un mea culpa. Eran chicos de 13 y 14 años que estaban en la calle a la madrugada. Yo tengo un nieto postizo de esa edad y a las ocho de la noche no está afuera de la casa”.
Cerca de allí, Silvia, empleada de una agencia de autos, describe a Monte como “un pueblo conservador, donde importa mucho el qué dirán”. Pero reconoce: “Nunca había visto tanta movilización en el pueblo. La movida más grande la hicieron los pibes en la plaza”.
Los pibes y las pibas hacen piruetas con sus bicicletas y patinetas que dejan boquiabiertos a propios y extraños. Otro grupito improvisa malabares con una pelota de fútbol naranja. La colectiva feminista Vivas organiza una pintada de remeras para protestar contra el gatillo fácil. El beat emerge desde el corazón de la plaza a través de unos poderosos parlantes y unos chicos rapean encima. “La diferencia entre nosotros es que yo disparo con mis palabras”, remata Demián Méndez, alias “Asima”, mirando a la distancia a los uniformados apostados en el Palacio Municipal.
“Hay que acompañar constantemente a los chicos para que puedan transformar la bronca a través del arte y la palabra. Hay varios que se manifiestan a través del rap y lo hacen excelente. Transmiten lo que les pasa, lo que sienten por lo que pasó y cómo extrañan a sus amigos”, sostiene Antonela Casale, referente de Vivas, y agrega: “Los pibes masacrados hoy se convirtieron en los hijos de todos nosotros. Esto no tendría que haber pasado nunca, pero tomemos esto como una forma de darnos cuenta de que el gatillo fácil y la doctrina Chocobar nos lleva a la muerte y a la injusticia”.
Hasta hace pocos días, Danilo Sansone y Gonzalo Rodríguez solían pasar las tardes en la plaza rapeando y andando en skate. Asima escribió una canción para homenajearlos y para despedirse de ellos, “Vuelen alto mis guerreros”, que dice así: “Yo siempre lo digo, van a ser todos testigos / la violencia no soluciona nada pero qué pasa si perdés un amigo / nada te lo devuelve, ni siquiera a los tiros / hoy fue gatillo fácil, ojalá que no le pase a algunos de los hijos que acá estamos parados / pidiendo justicia por todo lo que pasó / la verdad que los extraño / a veces cantamos demasiadas cosas / a veces estábamos ahí caminando por la laguna / como siempre mirando la luna / tratando de llegar a algún lugar / que ahora no van a estar pero vamos a cumplírselos de una”.
La Plaza Alsina ya no será la misma, será la plaza de Camila, Gonzalo, Aníbal y Danilo: será para siempre la plaza de los pibes.
May 30, 2019 | DDHH, Novedades
“Falta de personal”. Eso es lo que alegó la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto, tras suspender las indagatorias en las que debían rendir cuentas 18 militares de las Fuerzas Armadas denunciados por cometer crímenes de Lesa Humanidad contra los soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas, a 11 años del inicio de la causa.
Hugo Robert, ex combatiente y presidente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), repone el momento en el que Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos de la institución, le informó acerca de esta resolución: “Estábamos esperanzados desde que se habían enunciado las fechas de las indagatorias dictadas por el anterior juez, el doctor Calvete. Pensábamos que la jueza Borruto, de quien teníamos buenas referencias respecto a temas de Derechos Humanos, iba a dar mayor celeridad a la causa. Ésta fue una muy mala noticia. Pero el CECIM está acostumbrado a reponerse de los golpes de tanta injusticia desde hace 37 años.”
Los militares están acusados de actos de tortura tales como estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de sus cuerpos hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes, violencia sexual y discriminación racial. “En todos los años que tiene la causa se ha discutido muchísimo sobre diferentes cosas. Por ejemplo, la calificación y el derecho, pero lo que nadie ha puesto en discusión es que se cometieron torturas y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de investigar y llevar la causa a juzgamiento, con lo cual, no puede haber ningún tipo de argumento para frenar el proceso de Verdad y Justicia. El CECIM La Plata cree y afirma con convicción que son crímenes de lesa humanidad las torturas cometidas en Malvinas”, expresó Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los representantes legales del organismo.
“Creemos que ha habido una gran presión del lobby militar y que este retardo de Justicia se parece mucho a la impunidad. La jueza va a tener que entender, en algún momento, que no se puede ocultar el pasado. ¿Cuánto tiempo piensa, la doctora Borruto, que los torturados en Malvinas pueden seguir esperando un poco de justicia? Es inadmisible lo que está pasando. Creemos en la razonabilidad de la jueza y en la necesidad, después de 37 años, de tener una bocanada de Justicia para quienes, pacientemente y bajo el imperio de la ley, están esperando, al menos, que los acusados le digan a la jueza por qué torturaron a soldados en la guerra. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más van a ocultar lo que pasó en Malvinas?”, arremete Robert entre aires de resignación y esperanza.
En menos de 30 días los excombatientes saborearon una victoria y la vieron esfumarse. Tras recibir la ansiada notificación por parte del Juzgado Federal de Río Grande de que se llevarían a cabo las indagatorias los días 27, 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio, donde los militares denunciados por estas graves violaciones a los derechos humanos deberían sentarse en el banquillo de los acusados -para rendir explicaciones y que un juez de la Nación les lea los delitos por los que se encuentran siendo investigados- llegó el lunes 27 de mayo la suspensión de las indagatorias sin especificar una próxima fecha. En respuesta a esta suspensión, los letrados y el secretario de Derechos Humanos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para tener una reunión con la jueza Borruto. Estarán acompañados también por quienes se han constituido como querellantes en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
La jueza adjudicó dicha decisión a la falta de recursos que exige la trascendencia y complejidad de la causa, por lo que solicita la creación de una secretaría específica debido a la repercusión que puede llegar a alcanzar el caso.
“Cuando mi sueño de una patria justa y soberana se ponía en marcha, tres palabras derrumbaron mis construcciones al respecto: ‘Falta de personal’. Imposible creer que son las razones que se interponen entre la mentira y la verdad, difícil comprender que de un día para el otro cambiaron las condiciones en su juzgado, en el cual lleva mucho tiempo trabajando como para que no se pueda concretar el llamado a indagatoria para dar explicaciones sobre los hechos por los que se los denuncia”, enuncia Silvio Katz, excombatiente, denunciante y parte del CECIM, que encarna en primera persona el comunicado oficial del centro que ha sido publicado en sus redes sociales.
Parecería que la impunidad ha ganado un capítulo más en esta historia. Los soldados de Malvinas, y su causa por la verdad y justicia, deben afrontar otro golpe, entre tantos. La Guerra de Malvinas, a 37 años de su finalización, aún sigue siendo una herida abierta. Katz, interpelando directamente a la Jueza Federal desde su carta abierta, declaró: “Veo con inmenso dolor y enojo cómo los autores de tan traicionero acto festejan hoy la decisión que usted tomó, y en eso me baso para pedirle un gran favor: que dé un paso atrás, solo uno, que nos permita a todos los argentinos dar un gran paso adelante y que se cumplan los sueños de los bien nacidos y los que creemos en los derechos humanos: un país con Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía”.
May 30, 2019 | Comunidad, Novedades
Desde el año 1997, cada 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estableció esta fecha para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de nuestro país. En lo que va de 2019 (hasta el 26 de mayo) se realizaron 356 procesos de donación de órganos que permitieron que 736 pacientes en lista de espera reciban un trasplante. ¿Qué significa eso? Que hasta el momento se han realizado 201 intervenciones más de ese tipo que en igual período de 2018, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento.
De acuerdo con el informe publicado en enero de 2019, los 40 años del Incucai y de la donación y trasplante en la argentina consagraron el sistema con un nuevo marco jurídico y se alcanzaron resultados inéditos. La Ley de Donación y Trasplante 27.447 sancionada en julio de 2018 y conocida como “Ley Justina”, resultó ser una poderosa herramienta que generó un impacto positivo a favor de la donación de órganos, tejidos y células, fortaleció el sistema y simplificó los procesos. La norma recuerda a Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió en noviembre de 2018, mientras esperaba un trasplante de corazón.
Alberto Maceira, presidente del INCUCAI, destaca el crecimiento alcanzado en los procesos de donación de órganos. “El aumento pasó de un promedio de 3,5 trasplantes diarios realizados en 2018 a 4,8 este año. Esto supone una vida más que se salva por día gracias a la donación”, aseguró.
De los 736 trasplantes realizados en lo que va del año, 451 fueron renales, 190 hepáticos, 41 cardíacos, 30 renopancreáticos, 14 pulmonares, cinco hepatorrenales, tres pancreático, uno intestinal y uno cardiorrenal. Se realizaron también 610 trasplantes de córneas. Los 356 procesos de donación de órganos concretados representan un aumento del 59% con respecto al mismo periodo del año 2018, en el cual se realizaron 224 procesos.
Las jurisdicciones de Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán fueron las de mayor tasa de donantes, ya que alcanzaron los 12 por millón de habitantes. En 2018 se superó la marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en nuestro país, con 701 procesos de donación realizados que permitieron que 1.681 pacientes en lista de espera accedan a un trasplante de órganos. A principios del año próximo se sabrá si esa tendencia continuó durante 2019.
Miriam de Rossi, fundadora de la Asociación Civil Florencia Rossi, una ONG que brinda alojamiento, alimentación y atención especializada, a aquellos pacientes en lista de espera, trasplantados y familiares, afirma que la sanción de la ley fue positiva. “¡Gracias a Dios que hay más trasplantes! Celebro eso, aunque para mí siempre es poco, hace falta más campañas y mayor concientización”. Hasta lograr construir el hogar con el que sueña, la Asociación continúa con las campañas de reflexión acerca de la importancia de la donación de órganos y a la vez brinda asistencia a los pacientes que esperan la llegada de un corazón, un riñón o pulmones, para seguir viviendo.
Si bien las cifras alcanzadas resultan alentadoras para el sistema de donación que trabaja cotidianamente para brindar respuesta a las personas que esperan un trasplante en nuestro país, la asistencia, para De Rossi, resulta cada vez más difícil debido al contexto económico y el ajuste que también afecta a su organización. “La situación está muy complicada. No hay entradas de dinero, no podemos alojar a personas, no me entregan alimentos. Hace 18 años que tengo trato con los diferentes gobiernos que pasaron. Siempre tuve los alimentos necesarios. Pero ahora no. La última entrega fue en diciembre. Desde entonces, no tengo respuesta”, dice, y agrega: “Es la primera vez, en 18 años que me contactan por mail, jamás pasó eso. Y siguen sin entregar alimentos con lo cual, nuestro trabajo se torna cada día más difícil. ”
Los centros de diálisis también se ven afectados por la crisis económica y existe el riesgo de que puedan cerrar y los pacientes tendrían que trasladarse mayores distancias o quedar sin dializarse. “En San Martín hay un centro de diálisis, muchas personas necesitan venir aquí, y desde el centro me piden que les de alojamiento, o un desayuno o un almuerzo, pero no me entregan alimentos. La semana pasada una señora me increpó preguntándome si no los estaba vendiendo, que cómo puede ser que no haya… Es triste. La donación de órganos aumentó, hay mayor conciencia, el principal problema es el económico, sin la ayuda del gobierno, no podemos hacer mucho más por los pacientes”, cuenta De Rossi, preocupada.
La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (C.A.D.R.A.) denunció en abril que los centros privados distribuidos en todo el país atraviesan una delicada situación financiera que ha llevado a varios a endeudarse y realizar procedimientos de emergencia para poder continuar dando la prestación a más de 30 mil pacientes en 300 centros en todo el territorio nacional. Al respecto, Pablo Rabotnikof, coordinador de prensa del Incucai promete: “En caso de que sucediera, ningún paciente quedaría sin dializarse, se los trasladaría a otro centro, es un derecho garantizado por la Ley 26.928, de Protección Integral para Personas Trasplantadas”.
En la actualidad, 7.642 personas aún esperan un trasplante de órganos; de ellas, 5.667 personas aguardan un trasplante renal, 1.234 uno hepático, 229 uno de pulmón, 160 un trasplante renopancreático y 113 uno cardíaco. Las restantes necesitan otro tipo de órganos. Además, 2.484 personas esperan por un trasplante de córneas. A pesar del difícil escenario económico que atraviesa el país y las complicaciones para quienes esperan un trasplante y aquellos que asisten y gestionan las operaciones, de a poco crece la conciencia social sobre el tema.
May 30, 2019 | Comunidad, Novedades
Una vez por mes, se organiza la Feria Agroecológica de Jáuregui.
A 80 kilómetros de distancia de la ruidosa y desenfrenada Buenos Aires, en los terrenos que se extienden a lo largo y ancho del Acceso Oeste, se abre paso la localidad de Jáuregui, lugar de tierras fértiles para la siembra.
El viento frío de la madrugada del sábado acompaña los primeros rayos de sol que cae sobre los hogares habitados por las familias de productores de la colonia Darío Santillán, quienes se preparan desde muy temprano para dedicarse a cosechar y seleccionar cuidadosamente los alimentos para llevar a cabo la Feria Agroecológica que cada mes organizan. “Si nos llueve, organizamos el edificio y lo hacemos allí”, resalta Frank Ramos, uno de los líderes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), boliviano, que vive hace más de 20 años en Argentina.
Mauro y su hijo de 8 años se preparan para la cosecha. Entre mate y galletitas terminan de equiparse con lo necesario para salir de casa. Caminan por el sendero que lleva al primer sector de siembra. Bien abrigados y con botas de lluvia, penetran con mucho cuidado entre los cultivos de verdeo y puerro y comienzan el armado de paquetes para los 18 bolsones que vendrán a buscar los compradores fijos que tiene la colonia. Esa cosecha que se hace de manera prolija y que lleva su tiempo para realizarlo de manera cuidadosa parece un verdadero arte. Mauro y su hijo no son los únicos. A la distancia se saludan con familias que se encuentran haciendo la misma dedicada tarea con la lechuga, el repollo, el perejil, el cale. En varias idas y vueltas, con carretillas llenas, se logra tener listo lo necesario para darle apertura a la Feria.
Los productores reclaman mayor apoyo del Estado.
“Yo me desvinculé de los productores que están trabajando en La Plata para dedicarme a la agroecología. Esto es diferente porque en el trabajo de la tierra, la renta no te permite mantener la lógica de la agroecología ya que los alimentos tienen que ser manipulados para que se logre mes a mes conseguir el pago del alquiler de las tierras”, comenta Frank mientras recorre los cultivos. Los alimentos, sin ser tratados, tardan en cosecharse entre dos y tres meses.
Esta forma de trabajo hace que Frank se sienta feliz, pero piensa que se puede hacer mucho más, ya que si bien las tierras en las que ahora se dedican a trabajar fueron producto de un convenio logrado en el gobierno anterior, reitera que no cuentan con el apoyo suficiente para poder trabajar dignamente. “Necesitamos más herramientas, como palas por ejemplo. Todo lo que hemos logrado armar es de producción propia, con materiales conseguidos por nosotros como es el sistema de riego”, afirma mientras señala los caños de agua que recorren las parcelas. “Queremos más apoyo del gobierno, que compren nuestras cosechas para poder crecer”, asegura.
Raquel es otra de las productoras que habitan en la colonia. Sus hijas Thalia y Cristina viven en La Plata y cada vez que se realiza la Feria deciden viajar seis horas en colectivo para acompañar a su madre. Preparan las mesas y las verduras que serán vendidas y disfrutan con los chicos de las visitas de los compradores. Así pasan el resto del día. Ellas se cuentan las nuevas noticias, se ríen, conversan, mientras los más pequeños juegan a la pelota en una canchita frente a la iglesia. El domingo nuevamente emprenden la travesía de regreso, muy temprano, para lograr descansar lo que queda de la tarde y así el lunes a primera hora llevar a los chicos a la escuela.
El sistema procura que el consumidor pague un precio más barato y el productor reciba un valor justo.
Así se va llevando a cabo una nueva versión de la Feria. Un sistema de comercialización que intenta llegar cada vez a más personas, en el que las lógicas de venta directa permiten no solamente eliminar intermediarios que hacen que los precios se encarezcan y el consumidor tenga que pagar un precio más alto sino que permite abonar un valor justo al productor por su dedicado trabajo.
Daniel Cacciutto lidera el proyecto llamado Más Cerca Más Justo, que trabaja de la mano de UTT. Considera que es importante que conozcamos de dónde vienen los alimentos que consumimos ya que sostiene que “el alimento es una necesidad básica, en donde la comercialización tiene que estar al servicio de la comunidad y donde nosotros como sociedad nos tenemos que involucrar en entender cómo es ese proceso, en conocer quiénes son esos productores y que se motive la pequeña producción de alimentos”. El proyecto cuenta con un galpón en el Mercado Central, en donde converge con otros emprendimientos como son Mercado Territorial, de la Universidad de Quilmes, También Me Copo, del frente Popular Darío Santillán, Almacoop, de Nuevo Encuentro y Todos Comen, un proyecto pensado para llegar a las clases más marginadas. Trabajan con la misma lógica, en donde se valora el vínculo directo con el productor y se busca mejorar los canales democráticos para la comercialización de sus productos y lograr un precio justo tanto para quien produce como para quien consume.
Las formas de comprar los alimentos varían con el surgimiento de nuevos proyectos que apuestan a mejorar la calidad de vida de aquellos que labran con sus manos las tierras, dedican horas de cuidado y paciencia a cada plantación, sufren cuando el clima no es favorable, disfrutan al ver brotar sus frutos, dedican horas enteras, momentos de sus vidas, a producir para ellos y para todos.
May 30, 2019 | DDHH, Novedades
Existen solo cinco sitios en el mundo designados por la Unesco como Patrimonio de la Memoria de la Humanidad.
El Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz en Polonia, la cárcel donde apresaron a Mandela en Robben Island, el Memorial de la Paz por las bombas atómicas en Hiroshima, son algunos de los lugares que marcaron fuertemente la -trágica- historia de la humanidad y hoy están convertidos en símbolos por haber sido testigos de crímenes contra los derechos humanos. Transformados en emblemas que no merecen quedar en el olvido, han sido resignificados como insignias del Nunca Más.
Estos tres monumentos pertenecen al grupo de los cinco (sumados a La Isla de Gorée en Senegal y el Barrio del Puente Viejo en Bosnia y Herzegovina) que fueron ya declarados Patrimonio de la Memoria por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como Unesco. No obstante, hay un sexto lugar que está en tentativa de alcanzar la misma categoría de reconocimiento internacional: el Museo Sitio de Memoria ESMA.
La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó durante la última dictadura militar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio y también como espacio de trabajo esclavo, de maternidad clandestina y punto de partida de los vuelos de la muerte. Sus paredes, todavía testigo de las atrocidades allí cometidas, funcionan como testimonio de aquella época fatal de la historia argentina. Su núcleo operativo, el Casino de Oficiales, fue convertido hace cuatro años en el Museo Sitio de Memoria. El pasado viernes, en el acto por su cuarto aniversario se presentó formalmente su postulación ante la Unesco para ser reconocido como patrimonio histórico y mundial, proyecto que se viene formulando desde 2015, tal como lo recuerda Daniel Tarnopolsky, representante del directorio de organismos de Derechos Humanos de la ex Esma y en el Centro Internacional de Derechos Humanos de la Unesco.
Se espera que la decisión de la Unesco para el año 2021.
“En 2015 la propuesta entró en lo que se llama lista tentativa de la Unesco, que es una lista donde cada país incluye todas las propuestas que tienen para que ciertos lugares sean nombrados Patrimonios de la Humanidad; y a fines de 2016 la propuesta entró formalmente a la Unesco. Ahora tenemos que trabajar sobre el proyecto final, que lleva de dos a tres años, respondiendo a todos los postulados, que son muy específicos. Es una carpeta que incluye todo lo que es arquitectura, historia, todo lo que sucedió en el espacio desde su fundación hasta ahora -explica y agrega-. Una vez presentado o lo aceptan o lo rechazan. Raramente vuelve con indicaciones de cambio”, por lo que es de extrema vitalidad presentarlo según los parámetros, lo que demoraría, según estipula Tarnopolsky, hasta 2021.
En caso de aprobarse la propuesta, se nombraría al Museo Sitio de la Memoria Patrimonio de la Memoria y a todo el Ente público, es decir, a todo el Espacio de la ex ESMA, como área de protección. La propuesta tiene además un tinte de carácter regional. “La idea es que nosotros representemos a todo el sur de América Latina, es decir, a todos los países que fueron implicados en la Operación Cóndor”, afirma Daniel Tarnopolsky y los enumera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, explica el por qué, en diálogo con ANCCOM: “Para ser patrimonio de la humanidad tiene que haber un lugar que cuente una historia determinada y esa historia tiene que tener ´valor universal excepcional´, es decir, que narre un hecho de valor universal, pero que sea excepcional en tanto único. En nuestro caso estamos presentando el lugar, la ESMA, un centro clandestino, y el valor universal, la práctica sistemática de desaparición forzada de personas”. Continúa Naftal aclarando que, en la Unesco, una vez que hay un lugar que representa un determinado concepto, ya no podrán ser declarados patrimonio otros espacios que representen lo mismo. Es entonces que la declaración del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Memoria visibilizaría otros lugares de la región en donde se haya llevado adelante esta misma práctica. “Por eso tenemos que trabajar mucho, no solamente con los sitios de memoria de la Argentina, sino también con los sitios de memoria de estos países, con los que estamos empezando a conversar. No hay en este momento otro postulante que esté trabajando en un sentido similar al nuestro y eso es muy importante”, vuelve Tarnopolsky.
La propuesta tiene carácter regional:el sitio se convertiría en mojón de memoria de todos los crímenes realizados por las dictaduras latinoamericanas.
La Argentina es ejemplo y pionera en el camino recorrido bajo el halo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo que posibilita que la ESMA pueda llegar a convertirse en ese símbolo, ese concepto, el de la desaparición forzada de personas, ya que, no solo es importante el lugar físico, sino también la historia presente entre los hechos que se narran y lo que hicieron posteriormente las sociedades con ese hecho. A su vez, existe un último punto clave a considerar por Unesco: el compromiso del Estado: que trascienda a los gobiernos y que los distintos sectores de la sociedad civil apoyen, sean partícipes y demuestren la pregnancia política, social y cultural del lugar.
Por otro lado, con el Museo Sitio de la Memoria declarado Patrimonio del Nunca Más, que es una categoría informal dentro de la de Patrimonio de la Memoria, el Estado argentino se debería comprometer a cuidar, mantener y proteger los espacios, impidiendo que sean destruidos y transformados. “Tiene que ver con un reconocimiento internacional, una protección internacional, lo que no quiere decir que estas cosas no van a volver a suceder. No nos inventemos lo que no existe, estas cosas por desgracia van a seguir sucediendo. Pero por lo menos hay un sello, hay un reconocimiento internacional de los desastres”, sigue el director del Ente Público al hablar de los patrimonios. En su portal, la Unesco establece que la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial busca garantizar la no repetición de los crímenes, además de fomentar la paz a través de la memoria y la reconstrucción de la convivencia intercultural. El valor de estos sitios reside en la memoria y en la influencia que los acontecimientos acaecidos en dichos lugares han creado en la identidad de su sociedad.
Conservar los lugares donde fueron secuestradas, torturadas y exterminadas miles de víctimas del terrorismo de Estado argentino durante la última dictadura militar es también una manera de rendirles homenaje y recordarlos permanentemente. Habilitar la visibilización internacional es importante, pero también lo es generar una reflexión y debate al interior de la sociedad argentina. La postulación ante la Unesco busca que Memoria no sea únicamente una canción de León Gieco cantada en los actos de escuela primaria, que no sean pañuelos pintados en las ciudades. Que la historia de Memoria, Verdad y Justicia, sean un elemento identitario de nuestro pueblo y que el grito del “Nunca Más” no sea sólo una categoría informal en los patrimonios, sino una realidad.
