Jun 4, 2019 | Entrevistas
Sandra Raggio es categórica en sus definiciones. Y no se puede ser de otra forma. Directora general en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en las áreas Organización Pública Autónoma y Autárquica, cuyos objetivos apuntan hacia la defensa de los Derechos Humanos, actualmente pasa sus días entre La Plata (sede de la Comisión) y San Miguel del Monte, aquel pueblo de alrededor de 21.000 habitantes que se vio convulsionado por la persecución policial del 20 de mayo último que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y la internación con graves heridas de una niña de 13 años.
“No fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un hecho fortuito, sino todo lo contrario. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que ya venían sucediendo”, explica en relación a lo que ella califica como la “masacre” de San Miguel del Monte. Masacre que se llevó las vidas de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años) y Aníbal Suárez (22 años), quienes viajaban en el Fiat 147 que terminó colisionando contra el acoplado de un camión estacionado luego de haber sido perseguido (balacera mediante) durante varios kilómetros por la Policía Bonaerense. Rocío Guagliarello (13 años) es la única sobreviviente, todavía internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
El relato de Raggio vierte una lluvia de nombres que se amontonan junto al polvo de “20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura” en la provincia de Buenos Aires y en todo el país: Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, Alejandro Granados y Patricia Bullrich son algunos de los avatares que fueron apareciendo sobre este fondo que mezcla a la exclusión social junto a la represión sin eufemismos que realiza el Estado. “¡Lo que pasa es que ahora el presidente los recibe!” se indigna Sandra al hablar de la “doctrina Chocobar” y el incremento desmedido de la violencia estatal llevada adelante por el actual gobierno de Mauricio Macri.
Impulsora desde el año 2002 del programa “Jóvenes y Memoria” (destinado a alumnos de colegios secundarios, donde se les ofrece la posibilidad de contar sus experiencias personales o las de su comunidad en relación a la violencia simbólica e institucional), Raggio hará hincapié en la responsabilidad ineludible del Estado en todos los casos de violación a los Derechos Humanos: “Siempre las comete el Estado, porque es el garante de todos nuestros derechos”.
¿Ya había sucedido algún hecho similar en San Miguel del Monte?
Hemos relevado múltiples hechos anteriores que ahora saltan a la luz. Por eso se entiende por qué la comunidad de Monte salió rápidamente a desmontar la versión policial. Esa policía no contaba con la buena opinión de la comunidad. Nosotros estuvimos relevando distintos casos de abuso policial: desde causas armadas, torturas en las comisarías, detenciones ilegales, amenazas. De todo. Involucran a buena parte de los oficiales que hoy están detenidos. Lo de Monte no fue un accidente. No fue una tragedia ni un hecho fortuito. Lo que sucedió fue una masacre. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que venían sucediendo y terminan en este episodio, y que si la policía y las instituciones actuaran como tienen que actuar, no debería haber ocurrido nunca. Hay episodios que narraron los chicos que están en la plaza, que son los amigos de Gonzalo y Danilo, donde cuentan cómo eran hostigados permanentemente por la policía. El propio Danilo había estado detenido ilegalmente. ¡Un niño de trece años había estado detenido!
¿Cómo fue eso?
Eso fue claramente un episodio de arbitrariedad policial. Estaban en la plaza, una noche. Ellos rapeaban, andaban con sus skates y hacían parkour. Antes, en las plazas había jueguitos infantiles. Había hamacas y toboganes. Hoy un chico de 13 años no se hamaca, sino que anda en skate o rapea. Es un espacio de recreación de los jóvenes y así lo usan, en su derecho de uso del espacio público. Sin embargo la policía estaba permanentemente hostigándolos, tratando de sacarlos de la plaza. Al parecer las plazas tienen que estar vacías para que haya seguridad. Entonces, hubo un episodio en que uno de los chicos conecta el celular en el enchufe de los tomacorriente de la plaza, hay algún desperfecto y se cortan las luces. Después desenchufa el celular y las luces vuelven. Y a partir de ese momento viene la policía y empieza todo. También había pasado algo con un skate y un cartel que había ahí en la plaza y, bueno, les preguntan quiénes son, cómo se llaman y decidieron llevarse a algunos a la comisaría. Lo que le dicen después a la madre es que a Danilo se lo llevaron “por jetón”. Porque Danilo les dijo “soy fulano de tal” y otras cosas. Ni siquiera fue un enfrentamiento, digamos. No admitió el bardeo, puso un límite. Y por eso se lo llevan y estuvo detenido alrededor de cinco horas en la comisaría. Un niño. Los niños no pueden ser retenidos por la policía. Pero se lo llevaron y eso está en el registro de entrada de la comisaría.
¿Esta forma de actuar de la Policía en San Miguel del Monte es análoga a cómo se comporta en toda la provincia?
Sí, en toda la provincia. Y en muchas otras policías provinciales también. Lo que pasó en Tres de Febrero, un día antes, que con la masacre de Monte no está teniendo repercusión pública. Es un caso donde a un hombre (Diego Cagliero) lo fusilan. Él levanta las manos y lo fusilan. Y esto no sucede sólo en el Conurbano. Hay una idea de que las policías sólo son bravas en el Conurbano porque se lo asocia con el delito. Pero no, también sucede en estos pueblos, que tienen diez o veinte mil habitantes y donde no hay problemas de inseguridad. Cualquiera que vaya a Monte se da cuenta. Están las bicicletas sin atar en la vereda y no las roban. Todos están con la puerta abierta. En Monte no hay nada que justifique la saturación policial que se lleva a cabo. Hasta había llegado el grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
¿Y a qué se debe eso?
Las distintas gestiones creen que la mejor promesa que le pueden hacer a la gente es la seguridad, que haya más patrulleros y más policías. Es parte de las campañas políticas. Cuando se fue (Daniel) Scioli (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires), dejó casi 100.000 agentes policiales. Cuando entró había 60.000. ¿Qué problemas de inseguridad se resolvieron? Ninguno. Los índices de delito en la provincia de Buenos Aires siguen aumentando. En Monte, creo que el hecho de inseguridad más grave de su historia es el que ocurrió este 20 de mayo. Y lo ejecutó la policía. Cuatro homicidios y lesiones gravísimas a una chica. Entonces, es momento de replantearse de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Esto que sucedió es resultado de 20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura. Y en eso se inscribe sin ninguna duda la “doctrina Chocobar”, que es la que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a nivel nacional. Ahora no es necesario dar la voz de alto para disparar. Bueno, eso pasó en Monte.
Más allá de las promesas electorales, ¿cuáles creé que son las causas de la impunidad de la Policía Bonaerense?
En gran medida es también porque la política criminal, la persecusión del delito, está en manos de la policía y no de la justicia. El 90 por ciento de las detenciones que convalida la justicia son aprensiones que realiza la Policía Bonaerense en situaciones de flagrancia. O sea, no son órdenes judiciales. En la Constitución Nacional se dice que nadie te puede detener sin una orden previa de un juez. Bueno, en el 90 por ciento de los casos te detiene la policía. Porque le parece que sos sospechoso, porque vio que estabas haciendo algo, porque llamaron al 911. La mayoría de los fiscales convalidan lo que hace la policía. Y en eso convalidan causas armadas. En Monte, un montón de denuncias que tenemos son por causas armadas que hacían los policías.
¿Por qué funciona de esa forma?
Por muchas cuestiones. Una tiene que ver con la estadística, con el número de resolución de casos. Cuantas más detenciones hacés, mejor controlás el delito. No hay una política de seguridad racional, que apunte a desarmar las redes criminales. Cuando hablan de la persecusión al narcotráfico, ¿qué es lo que termina siendo? Un montón de detenciones y aprensiones por narcomenudeo. O a consumidores. Entonces, quienes organizan el mercado de la droga y el narcotráfico no están presos. Lo están los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Otra cosa: la baja de la edad de imputabilidad. Acá tenemos el resultado de lo que implica la persecusión y criminalización de los chicos. Termina en tres niños muertos en Monte. Los policías deberían haber estado cuidando a esos chicos. Eso es lo que queremos, que los cuiden. Que cuando están en la plaza esté el Estado cuidándolos, porque es un espacio público. El Estado tiene la obligación de cuidarnos en el espacio público. La mano dura tiene buena prensa. Acá teníamos a (Alejandro) Granados (ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), al que le decían “El Sheriff”, que hacía unas escenas donde sacaba un revolver y decía cómo perseguía a los delincuentes. Y ahora tenemos a Bullrich que hace alarde de su dureza y genera dispositivos y programas en el Ministerio de Seguridad de la Nación para proteger a los policías acusados de violación a los Derechos Humanos. ¿Por qué los policías creen que pueden encubrir? Porque se sienten impunes. Porque hay un discurso público que los habilita. En la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, para que sea el Ministerio Público Fiscal el que controle a la policía. Está la ley y nunca se crearon. Si existiera esta política, los vecinos y vecinas de Monte hubieran denunciado mucho antes lo que pasaba. Hoy hay un miedo muy grande allí. Los vecinos que tuvieron la valentía de declarar ahora tienen miedo a las represalias. Porque además la policía actúa corporativamente. Si todos estos hechos se hubieran denunciado a tiempo, si hubiera actuado la justicia, si hubiera actuado el Ministerio de Seguridad, si hubieran actuado las autoridades de Seguridad del municipio, esto no hubiera ocurrido. Si las cosas fueran como deben ser, si el Estado funcionara cumpliendo con la ley, esto no hubiera ocurrido.
Hay una política de seguridad ineficiente, como usted relata, y que tiene estas consecuencias. ¿Por qué se sigue haciendo entonces?
Es una gran pregunta. Incluso, y es una opinión personal, creo que ni siquiera les da rédito político. Ni siquiera ganan elecciones con esto. En verdad, tiene que ver con la forma de gobernar a ciertas poblaciones que se consideran “poblaciones excedentes”, digamos, y que son producidas por el mismo sistema. Porque las políticas más duras se acrecientan en nuestro país al calor de las reformas neoliberales. Y la respuesta que tiene un Estado que expulsa por sus propias políticas macroeconómicas a ciertos sectores de la población es controlar. ¿Cómo controla? A partir de la política criminal. Esas poblaciones son posibles criminales. ¿Qué hace en los barrios pobres? No hace unidades sanitarias, no asisten ni nada de eso. Patrullero y control. ¿Qué hace con los pibes que están en la periferia? Que no vengan al centro, que no generen problemas. Construye la idea de que el expulsado del sistema es peligroso. Cuando es al revés: es la víctima de la producción de esa desigualdad. La pregunta que hay que hacerse es por qué, por ejemplo, durante gobiernos que promovieron los Derechos Humanos y la inclusión, se siguieron sosteniendo políticas de seguridad de mano dura. En la provincia de Buenos Aires, Scioli las sostuvo. Las profundizó en los últimos años de su gestión, supongo que porque creía que era una demanda social. Pero no le dió resultado, porque perdieron las elecciones. (Carlos) Ruckauf, que fue el gobernador de la mano dura en la provincia, desapareció de la política. Él hizo campaña y ganó las elecciones en el 99 diciendo lo mismo que Bullrich. Él fue el inventor de la “doctrina Chocobar”. Un adelantado. Él decía “¿Qué le diría a un policía si está persiguiendo a un delincuente? Meta bala, mate al delincuente”. Bueno, acá estamos.
La “doctrina Chocobar” es entonces una continuidad.
Es una continuidad. ¡Lo que pasa es que ahora el presidente lo recibe! La ministra de Seguridad de la Nación lo premia y lo felicita. O sea, han corrido un poco más el límite. Y también se ha corrido el límite de las prácticas policiales: se sienten más impunes. Porque hay que entender el hecho de las cuatro muertes, pero también hay que pensar por qué todos ellos creyeron que lo iban a poder cubrir. Porque muchas veces lo hacen. Los encubrimientos lamentablemente son exitosos y, en muchos casos que nosotros conocemos, es imposible llegar a la condena porque ya encubrieron. Destruyen pruebas, amedrentan a los testigos, plantan armas. Y las fiscalías a veces miran para otro lado.
¿Cómo está el ambiente ahora en San Miguel del Monte entre la gente, la policía y la intendencia?
Es un ambiente complejo. Fue un hecho que rompió con la tranquilidad del pueblo. En sentido metafórico, porque evidentemente no había tranquilidad en el pueblo. Emergió todo lo que estaba pasando. Hay mucho dolor, porque todos conocían a los chicos y a sus familias. De lo único que se habla en Monte es de lo que pasó. También hay mucha movilización, a pesar de ser un pueblo chico. Y en algunos sectores hay un cuestionamiento de las autoridades políticas de la comunidad. Pero bueno, son diferentes interpretaciones que se hacen. Lo cierto es que hoy vas a Monte y ves que la municipalidad está vallada de policías. Eso es no haber entendido que el problema no es la comunidad, sino quiénes la están custodiando. Al poder político le cuesta entender que ese no es el camino, que hay que reconocer que se equivocan. En el mejor de los casos se equivocan, porque uno a veces puede terminar pensando que saben muy bien lo que están haciendo. Pero démosle la posibilidad de que se estén equivocando y se den cuenta. Y sobre todo es importante que la sociedad se dé cuenta y no avale más este tipo de cosas. Que exija políticas de seguridad serias y no demagogia pura.
¿Cuál es la función de los organismos de Derechos Humanos ante estos casos?
Por suerte en nuestro país tenemos una trayectoria de organización en torno a los Derechos Humanos. Desde lo que pasó durante la dictatura militar, la emergencia de estos organismos se erigió como un lugar de denuncia, de resistencia, de disputa con los relatos oficiales. En ese sentido, los organismos de Derechos Humanos tenemos la obligación de acompañar a las víctimas y a sus familiares, y de demandar al Estado. Demandarlo penalmente, pero también demandar al Estado por la responsabilidad política que tiene en lo que ocurre. Siempre los organismos de Derechos Humanos debemos tener una mirada desconfiada del Estado, porque es él quien provoca esas violencias. Nosotros somos un organismo público. Somos parte, de alguna manera, de la estructura del Estado, pero funcionamos de forma autónoma y autárquica. Y reivindicamos ese lugar. Creemos que lo que hacemos es lo que el Estado tiene que hacer. Sin embargo, no respondemos a la línea gubernamental. Nunca. Tenemos independencia. El presidente de la Comisión es Adolfo Pérez Esquivel, está Norita Cortiñas también. Todos los miembros de la Comisión pertenecen a la sociedad civil y al movimiento de Derechos Humanos, y con esa lógica actuamos. Pero, de nuevo, nos reivindicamos como organismo del Estado y hacemos lo que el Estado tiene que hacer. Patrocinamos a las víctimas porque creemos que el Estado tiene que hacerlo.
Lo están haciendo ahora en Monte.
Lo estamos haciendo ahora en Monte, con la familia de Danilo y la de Camila. También estamos patrocinando a los familiares de las masacres en las comisarías de Esteban Echeverría y Pergamino. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. No hay dispositivos de acompañamiento a las víctimas de violencia institucional. No hay una política seria con respecto a eso. Los papás de los chicos están devastados. Alguien tiene que acompañarlos, asistirlos. ¿Quiénes van a ser? ¿El servicio de salud mental? En el hospital, cuando fueron a retirar los cuerpos les dijeron barbaridades. A Yanina (madre de Camila), el médico le dijo: “Ah, acá está la mamá…si se le puede decir madre”. Al papá de Danilo le dijeron: “¿Para qué tenés diez hijos si no podés cuidar a uno?”. Eso es el Estado también. Creo que esa brutalidad es también responsabilidad del Gobierno. Por los discursos que enuncia. No desresponsabilizo al sujeto que lo hace, de todas formas. Pero, por otro lado, hay un discurso que lo habilita. Los medios de comunicación, muchos periodistas, reproducen esos discursos. Enseguida buscan la responsabilidad en las víctimas y en las familias. Pero en dónde hay que mirar, es al Estado. Un policía tiene un arma reglamentaria, que se la pagamos todos. Balas, que se las pagamos todos. Patrulleros, uniforme, sueldo. Responden al Estado. Son parte de su función pública. Entonces, el Estado está comprometido absolutamente. No es un problema de nombres propios, no son trece (la cantidad de detenidos por la masacre de Monte) los responsables. Penalmente, sí lo son. Pero hay responsabilidades políticas de las que el Estado se tiene que hacer cargo.
¿Qué políticas necesitaría la gente de Monte para comenzar a sentirse tranquila?
Ponerse a discutir la política de seguridad. Que le pregunten a la ciudadanía de Monte qué es lo que precisan. Pero además, que a las policías se las controlen. Que haya un control comunitario de la fuerza. Si las policías van a actuar en las municipalidades, si hay directores de Seguridad, también tiene que haber dispositivos de control y monitoreo. La policía tiene que rendir cuentas a la comunidad todo el tiempo. Nosotros hemos promovido consejos locales de prevención de la violencia institucional para darle atribuciones a ciertos sectores de la sociedad civil, para que puedan auditar a las policías. ¿Quién instruye a los policías? ¿Cuáles son los protocolos? Pidamos protocolos de actuación en la provincia de Buenos Aires. Y hay que discutir el tema del Estado policial. Porque, por ley, los policías tienen obligación de llevar el arma reglamentaria todo el tiempo. Están en estado policial las 24 horas. Muchas veces, las muertes por gatillo fácil son fuera de servicio. Alguien les intenta robar, entonces se defienden y matan. También hay femicidios. Nosotros registramos ocho por parte de policías con el arma reglamentaria.
¿Cuáles son los cambios que precisan la policía y el Estado para poder mejorar esta situación?
Hay que revertir absolutamente todo: profesionalizar las fuerzas, crear la policía judicial, o sea, separar a la policía de calle de la policía que investiga. Hay que crear las fiscalías de violencia institucional. Tiene que haber una dura política de control y transformación de las fuerzas de seguridad. Hay que tener una política de criminalidad que persiga a quienes controlan los mercados ilegales, que investigue el crimen organizado. Si vos vas a detener al que roba las ruedas del auto, pero no al que organiza el mercado de las autopartes, no vamos a resolver nunca el problema. Y muchas veces, en los que organizan ese mercado te encontrás con la policía. ¿La policía no sabe quiénes son los transas de un barrio? Sí, lo saben. Lo saben todos los vecinos. Lo sabe la policía, y los vecinos saben que la policía lo sabe. No van a ir a la comisaría a decir: “Che, a la vuelta de mi casa hay un transa”. ¿Qué podés hacer? ¿A dónde vas a denunciar? Estamos hablando de una democracia que se ha consolidado en Argentina, pero a la que le falta mucho para ser una democracia sustantiva. Hay una deuda pendiente muy grande con las políticas de seguridad, que no se han democratizado ni están al servicio de la construcción de la democracia.
Hace unos días, Patricia Bullrich fue entrevistada en un programa de televisión y, entre otras cosas, declaró que “antes, cuando la policía actuaba, aparecía un aparato ideológico como el CELS o Correpi, que lo condenaban por el simple hecho de ser policía”. ¿Qué opinión le merece?
Bullrich es una funcionaria importante en el gobierno nacional. Incluso se hablaba de cierta proyección de ella como candidata, por la buena política de seguridad que había tenido. La policía más dura, la mujer firme. Ella avaló a la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. No se admitió ninguna responsabilidad de su parte. En el marco de un operativo represivo, donde el Estado estaba presente, se produce ese hecho. Aún convalidando la versión judicial de los hechos de que el cuerpo estuvo en el río, aún aceptando esa verdad judicial, ¿la responsabilidad del Estado no existe? En su construcción narrativa sobre la Correpi y el CELS, es notable que para ella los Derechos Humanos sean un aparato ideológico. En buena hora, porque siente que estamos, que somos quienes los controlamos. Ahora, no creo que puedan sostener este discurso. Me parece que la gente vota otra cosa cuando vota. Por suerte. Si no te alcanza la plata para comer, si hay desocupación, si hay pobreza, por más que llenes las calles de gendarmes y policías…la gente no tiene para comer. En la provincia de Buenos Aires, las políticas de promoción de la niñez son el 0,37 por ciento del presupuesto. El Ministerio de Seguridad tiene asignado el 8 por ciento. Con esos dos datos ya tenés cómo se ubica el Estado. A ver si revertimos…bueno, no propondría una política tan radicalizada como decir “vamos a tener 100 policías en toda la provincia”, pero si estuviera más equilibrado ese presupuesto, si gran parte del presupuesto en seguridad se destina a políticas sociales, a protección de derechos, quizás tendríamos una sociedad mucho más segura. La violencia social se acrecienta cuando aumenta la desigualdad social. Esa es la madre de todas las violencias. Si el Estado no lo ve y sólo se le ocurre reprimir las violencias que producen las desigualdades con más violencia, estamos en un problema: hay que advertir que la democracia así corre peligro.
¿La democracia corre peligro hoy en día?
Sí. No en los términos de que haya un golpe de Estado, de que no podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero la democracia es la plena vigencia del orden normativo también. Acá se viola la Constitución todos los días. Si se violan los Derechos Humanos, se viola la democracia. Porque la democracia no es sólo un régimen, una forma de elegir a quienes nos gobiernan. Es otra cosa, tiene que estar vinculada con el acceso a derechos. No sólo los derechos políticos de votar, sino otro conjunto de derechos. No hay democracia plena sin plena vigencia de los Derechos Humanos.
Jun 4, 2019 | Comunidad, Novedades
El presupuesto de este año destinado para Ciencia y Tecnología es un 33% menor al del 2015.
Un joven pasea en bicicleta y se detiene en medio del Parque Rivadavia al ver algo que le llama la atención: una tabla cuadrada de madera en el piso y, al lado, un hombre de guardapolvo blanco sosteniendo una rueda de bicicleta. El hombre le pregunta si quiere acceder a realizar una experiencia de física. El joven, sin dudarlo, se baja de su bicicleta y apoya su mochila roja en el suelo para iniciar el experimento. Se para en la madera, agarra la rueda que el hombre de guardapolvo hace girar, y se sorprende al sentir cómo su cuerpo va girando al ritmo de la rueda. Cuando termina la experiencia, el joven saca un diábolo bronco de su mochila, comparte su habilidad y explica al hombre de guardapolvo cómo funciona. Ambos se halagan y se despiden.
En el Parque, desde lejos, se podía ver un globo blanco y gigante con el lema “S.O.S ciencia”. Los árboles estaban intervenidos con telas de colores, y los postes de luz sostenían carteles con frases como: “Sin ciencia no hay soberanía nacional”, “Sin ciencia no hay futuro” o “No a la fuga de cerebros”.
Lo que sucedía en ese lugar era la segunda edición del Festival Ciencia Paliza, un evento organizado por las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de exponer los temas sobre los que trabajan los científicos argentinos y las consecuencias del ajuste en el área. El presupuesto de este año destinado para Ciencia y Tecnología es un 33% menor al del 2015, lo que representa un recorte de 23 mil millones de pesos.
Diego Golombek fue uno de los científicos que dialogó con el público.
La jornada comenzó a las 14 con la fuerza de la batucada de mujeres Talleres Paliza y contó con la cálida conducción de las científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Valeria Edelztein y Nadia Chiaramoni. Remarcaron que esta segunda edición fue organizada debido a que la situación no mejora desde aquel primer festival en Parque Centenario. Sostuvieron que “la idea es visibilizar el impacto que tiene el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, mostrar qué es lo que hacemos en los laboratorios, crear un espacio de diálogo para escucharnos, discutir propuestas, para ver qué podemos hacer como ciudadanos y también, pasarla bien”.
Durante las cuatro horas que duró el festival, se podían visitar stands que si bien estaban principalmente destinados a los niños, personas de todas las edades se vieron interesadas. La mamá de dos niños de 9 y 4 años expresó: “La ciencia es muy importante en la crianza de mis hijos. Los llevó a un colegio laico y trato de que se fomente la educación razonada y no religiosa. Me interesa todo lo que fomenta el acercamiento a las ciencias duras y sociales. A mi esposo le interesa mucho lo que es el mundo animal, vegetal y a mí todo lo que es cultural. Me enteré por la batucada y nos quedamos porque apoyamos todo lo que sea luchar por el presupuesto en ciencia».
Las conductoras narraron varias historias sobre ciencia y hubo “mateadas científicas” en las que intercambiaban inquietudes y propuestas con el público sobre diversos temas, como el voto electrónico, la educación sexual integral, las tormentas, el narcotráfico, entre otros.
Entre los científicos que conversaron con el público estuvo el biólogo Diego Golombek: “Voy a seguir insistiendo en que la ciencia y la tecnología son el camino, aun cuando estemos en tiempos tan oscuros y urgentes. Si un chico tiene vocación por la ciencia hay que apoyarlo, ya que la ciencia no es para genios, sino para apasionados. Parafraseando al poeta Gabriel Senaya: ´Si queremos futuro, la ciencia es un arma cargada de futuro´”.
Familias y, principalmente chicos, participaron de una jornada reflexiva pero también lúdica.
Una de las actividades más concurridas del evento fue la entrevista abierta a Mario Pecheny, doctor en Ciencia Política, docente, investigador del CONICET y próximamente director del área de Ciencias Sociales y Humanidades de dicho organismo, y Roberto Salvarezza, presidente del CONICET entre 2012 y 2015 y actualmente diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
Si bien Pecheny tendría que haber asumido el directorio el año pasado, los conflictos presupuestarios hicieron que su nombramiento se demorara un año. Con respecto a esta situación, aprovechó el espacio para agradecer a Dora Barrancos, quien fue directora del área desde el 2010 hasta el mes pasado, y renunció en señal de protesta. Finalmente, el doctor en Ciencia Política asumirá el 12 de junio y aseveró que Barrancos tiene “una fuerza inigualable y deja la vara muy alta”.
Durante la charla, las conductoras hicieron mención reiterada a lo ninguneadas que están las humanidades. En el mismo sentido, Pecheny expresó que no está de acuerdo con esa idea de que aquello que hacen los científicos debe ser útil, ya que la utilidad lleva su tiempo. “A cualquier cosa que se nos ocurra, desde por qué nos matamos cuando manejamos mal con el auto, o por qué se embarazan quienes no quieren quedar embarazadas, uno podría buscar la respuesta en términos de ingeniería. Pero no tiene que ver con la calidad del cinturón de seguridad, ni con los métodos anticonceptivos, sino con las relaciones sociales. ¿Por qué seguimos normas?, ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos deseos? , ¿Por qué la gente vota en contra de sus propios intereses? Esas son las cosas que estudiamos en las Ciencias Sociales y hay algunos que no les interesa que se sepa todo”.
Los científicos realizaron una parodia del programa «¿Quién quiere ser millonario?!
En relación al valor de la investigación en Ciencias Sociales agregó: “¿Por qué pensar que no es útil trabajar sobre desempleo, pobreza, cuestiones de salud, violencia, género?”. Afirmó que las investigaciones humanistas no tienen que ver con cosas altamente cotizadas como el “litio” o la “nanotecnología”, pero sí con la “felicidad y el sufrimiento de la gente.”
En cuanto a la fuga de cerebros, Salvarezza sostuvo que los jóvenes científicos tampoco tienen lugar en el mundo privado. “La mayoría de los jóvenes que son muy buenos, tienen contactos en el exterior porque el 30% de la ciencia argentina se hace en cooperación internacional, están buscando futuro en otro lado”.
Además, Roberto Salvarezza expresó que la idea de tener más ciencia está asociada al desarrollo de los países: “Durante 12 años argentina apostó a investigar y a tener mayor número de científicos. Teníamos 3.000 científicos en 2003 y llegamos a tener 10.000 en el 2015. Con esto tampoco alcanzaba, porque en el país tenemos 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa y los países desarrollados tienen 8, 12 o 14”.
Denunció que el Gobierno, en vez de alentar a los científicos, reduce bruscamente su ingreso al CONICET y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por ejemplo. Alguien del público quiso saber:
-Por qué al gobierno no le interesa tener más científicos.
-Cuando al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le preguntaron qué estaba sucediendo con el reclamo de los científicos contesto: “Habría que debatir si la ciencia es una prioridad para la Argentina” – recordó y como buen científico interrogó: “En este sentido el diputado preguntó: “¿Qué país del mundo se cuestiona eso? ¿Estados Unidos? ¿Inglaterra? ¿Francia?”
Salvarezza sostuvo que este gobierno tiene una idea de Argentina que va en contra de lo que están realizando esos países: “No vamos hacia el desarrollo en el que la damos inclusión a todos. Vamos al camino del subdesarrollo, a ser proveedores de materias primas, y como proveedores de materias primas, alcanza para 20 millones de argentinos, los otros veintipico nos quedamos afuera”.
En diálogo con ANCCOM el diputado reflexionó: “Hoy sabemos lo que necesitamos. ¿Pero podemos saber lo que vamos a necesitar dentro de dos años? Está muy bien que uno destine prioritariamente ciertos fondos donde sabés que lo necesitas hoy, pero a toda la ciencia la tenés que financiar porque ninguna sociedad sabe qué va a necesitar mañana. No perdamos de vista lo que es la riqueza del conocimiento o para una sociedad”.
A modo de cierre, Valeria Edelztein y Nadia Chiaramoni propusieron jugar a ¿Quién quiere ser financiado?, haciendo alusión al programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario?, en el que participó una científica del CONICET para ganar dinero y destinarlo a su proyecto de investigación. En el público se formaron dos equipos, uno liderado por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Juan Carlos Reboreda, y otro por la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade. El juego no tuvo dinero como recompensa para el equipo ganador (Filosofía y Letras), pero sí finalizó con un abrazo entre los dos decanos, simbolizando la unión entre ambas facultades que seguirán luchando por más presupuesto para la ciencia.
Jun 4, 2019 | Comunidad, Novedades
Familiares y allegados de las víctimas, docentes de la escuela N°49, la Asamblea de Directores de Moreno, el colectivo Familias por la Educación Pública, gremios como SUTEBA, ATE, CTA, y vecinos y vecinas de distintos barrios del municipio se movilizaron ayer en la Plazoleta Carlos Fuentealba de Moreno, ubicada en la intersección de la Ruta 23 y Acceso Oeste. ¿Los reclamos? Justicia por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y condiciones dignas para el dictado de clases en el distrito.
“Rubén era mi compañero de vida. Un auxiliar y un docente excelente, tenía un compromiso social maravilloso. Siempre estaba preocupándose por el otro, siempre buscando algo nuevo que hacer para que sus alumnos de la Escuela 49 estuviesen bien”, comenta Mabel Zurita, esposa del auxiliar Rubén Rodríguez. “Es importante destacar que la situación caótica ya venía anunciándose. Veníamos realizando reclamos a las autoridades pertinentes por las difíciles situaciones que estábamos atravesando en cada una de las escuelas y no hubo respuestas a tiempo” agrega Mabel, que también es docente en Moreno. “Veníamos hace un par de años reclamando ante las carencias de la escuela -dice indignada-, desde los vidrios hasta las dificultades que había con las pérdidas de gas. Quizás venían, miraban y se iban o venían en otra oportunidad a arreglarlo, si es que volvían. A veces dejaban pasar el tiempo o cerraban alguna llave tratando de solucionar de esa manera el problema”.
Mabel Zurita, esposa del auxiliar fallecido Rubén Rodríguez.
Todos los que se acercaron al acto compartían esta lectura. La muerte de Sandra y Rubén no fue un accidente, se podría haber evitado. “Las obras deben hacerse con responsabilidad, no es solamente ir y tratar de ocultar provisoriamente una falencia. En algunas instituciones las obras que se hicieron ya están otra vez en malas condiciones”, explica Mabel.
Viviana, secretaria de una escuela primaria y ex compañera de Sandra y Rubén, comparte los motivos por los que se movilizó en esta jornada: “Me acerco porque conocí a Sandra y a Rubén, trabajé con ellos en la Escuela 49 y lo que ocurrió realmente es inexplicable. Nunca nos hubiéramos esperado que pasara algo así pero, en realidad, solo es consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno”. Agrega que “si las cosas se hubieran hecho como debería ser, si las escuelas hubieran tenido el mantenimiento adecuado o si se hubiera escuchado la voz, el reclamo que diariamente hacía Sandra a cargo de la escuela como vicedirectora, esto no hubiera pasado”.
Pablo Díaz, en tanto, docente y miembro de la comisión directiva de SUTEBA, recuerda a Rubén “en la puerta de la escuela, donde nos esperaba cuando íbamos con el móvil de salud para atender a los chicos. Siempre hablaba con él de la realidad de Argentina, de la realidad de Moreno, compartiendo visiones del país que queríamos. Hace diez meses él estaba ahí para garantizarles algo calentito a los chicos”.
Respecto al reclamo de justicia, Díaz comenta: “Las responsabilidades que nosotros creemos que existen exceden al interventor del Consejo Escolar. Las responsabilidades son aún mayores, del ministro de Educación, de la misma gobernadora María Eugenia Vidal” y agrega: “La situación edilicia es grave desde hace muchos años y excede a la gestión de Cambiemos. Lo que sucede es que a esa precarización a la que ya nos habíamos acostumbrado, la gestión de Cambiemos vino a empeorarla. Hubo un abandono total, por eso nosotros decimos que se trata de un asesinato por desidia”.
La escuela primaria N°49 hoy
La escuela donde murieron Sandra y Rubén se encuentra en el barrio San Carlos II, a sesenta cuadras del centro del Partido de Moreno. Está ubicada en una zona de clase trabajadora, atravesada por la desigualdad de oportunidades y la crisis económica, como tantos otros barrios del conurbano. Dylan, de 9 años, uno de sus alumnos, comenta que “el año pasado nos dieron algunas clases en el campito del barrio, porque la escuela estuvo cerrada por lo que pasó. Nos enseñaban allá con un pizarrón. Sandra era la directora, Rubén era portero y yo era alumno de la Seño Laura. Con lo que pasó todos se pusieron tristes pero también muy unidos”.
Marcela Corvalán es docente de la escuela desde hace veinte años, y además era amiga personal de las víctimas. “La comunidad educativa se sintió muy afectada con lo que ocurrió. Son personas que pertenecían a la escuela desde hace muchos años. Rubén hace 26 años y Sandra, 17. Gente muy comprometida, por eso se sufrió tanto, nos afectó tanto y lo vivimos con tanto dolor”, explica.
Esta primaria es de doble escolaridad, y desde su inauguración cuenta con un comedor escolar. Tiene una matrícula formada por 400 niños y niñas, que desayunan, almuerzan y meriendan en el establecimiento. Marcela comenta que frente a los problemas de abastecimiento del comedor “somos las personas de la escuela quienes tenemos que estar reclamando. Los maestros hacemos lo que podemos. Los cocineros y auxiliares cocinan con amor, hacen lo que pueden para que los chicos tengan su plato de comida diaria, más hoy en día que estamos pasando muchísimas necesidades”.
Hernán Pustilnik es docente de tercer grado en la Escuela Nº 49. Despide afectuosamente a los niños y niñas que acaban de finalizar su jornada escolar. Respecto a Sandra y Rubén comenta: “Es algo que uno no asume nunca, lo que pasó acá. Se van a cumplir diez meses, todavía es imposible de entender y mientras que no haya justicia nosotros vamos a seguir luchando. Es raro estar en la escuela sin que ellos estén. A veces es más difícil para nosotros que para los chicos”.
Respecto al 2 de agosto del año pasado recuerda: “El impacto fue terrible. Lo que pasó acá podría haber pasado en cualquier otra escuela” y agrega: “luego de la explosión vinieron a revisar, se empezó solo por el gas, se descubrió que la totalidad de las escuelas de Moreno tenían pérdidas de gas con riesgo de explosión”.
Marcela Corvalán y Hernán Pustilnik, docentes de la Escuela 49 de Moreno.
¿Qué pasa en las otras escuelas?
Actualmente hay alrededor de noventa establecimientos escolares sin calefacción en el Municipio de Moreno. Muchos de ellos cuentan con una instalación nueva terminada, pero no tienen servicio; otras aún sufren pérdidas de gas. Esto genera frío invernal en las aulas, salas de maestros y comedores y, por otro lado, una severa dificultad para preparar alimentos o infusiones calientes para los chicos que asisten a clases.
Más de cincuenta escuelas del municipio aún no dictan clases con normalidad, pese a lo avanzado del ciclo lectivo. En la mayoría de ellas se rota la cursada, es decir que asisten ciertas divisiones o grados unos días y las demás, alternan otros. “En la escuela en la que trabajo por la noche solo están habilitadas tres aulas, damos clases salteadas. Hubiéramos preferido otra respuesta, en especial de la Provincia, que es a quien le corresponden las escuelas de Moreno” explica Hernán.
En el último mes hubo varios episodios de riesgo reportados en escuelas locales. En la Escuela Secundaria N°27 de Cuartel V hubo una explosión causada por una pérdida de gas. El auxiliar, que estaba intentando encender la calefacción, como consecuencia, perdió el 30 por ciento de la audición y tiene daños en la córnea. A diez días del incidente, sigue internado.
Por otro lado, durante la manifestación en la Plazoleta Carlos Fuentealba, varios vecinos denunciaron irregularidades en las escuelas de sus barrios. Ayelén, madre de un estudiante, expresa: “En este momento en la Escuela Secundaria N° 51 de mi barrio, Villa Ángela, están sin clases porque se desmoronó un pozo que había en el patio y a raíz de eso se rajaron los baños”.
Cuando las condiciones edilicias no son aptas, no sólo se interrumpe el acceso a la educación de los niños, sino que también se pone en riesgo a docentes y auxiliares. Daniel Gómez, también presente en la manifestación, afirma: “Hace poco explotó una estufa en la Escuela Nº 72 del barrio La Esperanza. No fue otra tragedia, no pasó a mayores pero es riesgoso. Estamos exigiendo justicia y que todas las escuelas tengan todo lo que tienen que tener”.
Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades
Cada colectivo tuvo su representante en la lectura final del documento.
La situación de las mujeres y las disidencias en Argentina es escalofriante: no se termina de contabilizar una cifra estadística de femicidios que, a las horas, ya es interrumpida por una nueva atrocidad de la violencia machista. La quinta marcha del Niunamenos que se realizó ayer con movilizaciones en todo el país no pudo escapar a esa regla macabra: el sábado por la noche, dos jóvenes de la provincia de Córdoba fueron asesinadas a puñaladas delante de sus hijos y se sumaron a los 133 femicidios en lo que va del año -según cifras del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”-. La enorme potencia verde de la convocatoria de ayer, con la presencia de miles de mujeres, fue a decirle basta, una vez más, a todo eso.
Si -tomando la valiosa palabra de Rita Segato- hablamos de crímenes que enuncian, que tienen claros mensajes y destinatarios, vale decir también que la quinta marcha por el Niunamenos de ayer también fue una enunciación contundente. Y lo fue por muchas razones. Una de las más importantes es que este colectivo, seguido por miles de mujeres que copó Plaza de Mayo y se encolumnó varias cuadras por Avenida de Mayo, buscó visibilizarse representativo de la pluralidad de identidades y colectivos que militan la erradicación de las distintas formas de violencia de género.
“Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”, fue el comienzo de la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones feministas en asambleas.
«Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”, dijo Nora Cortiñas.
Desde un camión que hacía las veces de escenario se leyó el documento del colectivo y la lectura desempeñó, en sí misma, un fuerte papel simbólico: si bien el manifiesto de este año le reservaba a cada una de las pluralidades identitarias y colectivas que lo componen un lugar bien destacado de reivindicación de sus demandas y derechos, la lectura encarnó esa visibilización en los cuerpos que enfocaban las cámaras, con representantes de cada una de esas pluralidades enunciando sus propias realidades y denuncias con espacio y voz propia.
El grito por el aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales demandas, a casi una semana de la nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El reclamo fue acompañado por las exigencias de provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT y el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones, con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el lema urgente de “¡Niñas, no Madres!” que cobró fuerza en los últimos meses.
“El fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el avance en la conciencia y el cambio social que implica que las mujeres dejen de callarse y someterse. Las formas del femicidio son una expresión totalmente desesperada, extraviada y desde luego criminal de intentar sostener el dominio masculino sobre mujeres que se desvían de alguna pauta de sometimiento”, le explicó a ANCCOM, durante la caravana, Martha Rosenberg, reconocida médica y psicoanalista integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más», explicó Alfredo, el padre de Carla Soggiu.
Es que si la llegada de más y más pibas a las calles es el saldo positivo desde la primera convocatoria del Niunamenos, allá por 2015, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes y desesperadas. Desde aquel 3 de junio a este 20 de mayo, se cometieron 1193 femicidios en nuestro país, según cifras del Observatorio mencionado. De esa cifra, el 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema también presentó su informe 2018: de los 278 femicidios relevados, el 83% se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56% fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.
Si algo expresa la fuerza de estas luchas es, justamente, el largo pero firme paso de los familiares de nuestras chicas muertas. “Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más… Para que estén todas vivas -reclamó Alfredo, padre de Carla Soggiu, encontrada muerta en el Riachuelo el 19 de enero-. Hace más de cuatro meses estamos esperando que nos entreguen los contactos de los botones antipánico y no nos hacen caso. Lo pide el abogado, lo pide la Fiscalía y no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué pasó con nuestra hija, que estuvo 90 minutos activando el botón antipánico”. A su lado y abrazada a la mamá de Carla, marchaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en 2016. “Esto no nos puede seguir pasando: como país, no podemos soportar esta desidia con las mujeres. En épocas de crisis, las mujeres y los niños somos los que peor la pasamos. El Estado debe hacerse presente, no puede darles la espalda a las víctimas. Lucía, Araceli, todas esas niñas, desde el cielo, nos están pidiendo que estemos acá reclamando por justicia”, le confió a ANCCOM.
La pluralidad de voces leyendo sobre el escenario le hizo frente a otra compleja pluralidad, la de las distintas formas de violencia contra mujeres y disidencias. La económica tuvo un lugar preponderante en el documento: “La deuda con el FMI, fraudulenta e ilegítima”, “el ajuste” y “los casi 250.000 despidos” fueron parte de un manifiesto que recordó el Cordobazo y exigió la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.
El 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo.
Las organizadoras dijeron que ayer hubo cerca de 100 mil en Plaza de Mayo, aunque sería imposible reducir la marea verde a un número. Tampoco puede simplificarse en una única voz; por eso fue tan potente la lectura en clave diversidad, cada cual con su realidad y todas juntas contra la violencia patriarcal y machista. Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura sentida y pausada de Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, exigiendo, sobre el final de sus palabras, “el derecho a una vejez digna” para travestis y trans. “¡El candombe en la calle no es delito!”, gritaron al cierre del discurso de las afrodescendientes. Una multitud de demandas y una pluralidad de voces se levantó allí, sobre ese escenario improvisado del que la fantástica Norita Cortiñas fue espectadora de lujo, primera línea de la enorme columna de miles y miles de mujeres que cerró la movilización con un pañuelazo verde. Y quién mejor que ella, luchadora incansable por los derechos humanos, para recordar por qué hay que copar las calles: “La importancia de luchar es que dejamos de ser invisibles. Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”.
Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades
Sobre el suelo terracota se posan algunas botas, zapatillas y mocasines –todos violetas- que no cubren ningún pie. Los talles: 38, 36, 22, 16. Una inscripción interpela: “¿Quién se pone en nuestros zapatos?” A modo de intervención, los calzados pintados junto a un igual número de cruces representan a las víctimas de femicidios durante el último año y a los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre. La acción la lleva adelante la agrupación Atravesados por el Femicidio, que nuclea a los familiares de las víctimas. “Ellos nos llamaron para darnos un poco de asesoramiento y contención luego de lo de mi hija. El 24 de diciembre de 2017 ocurrió el hecho. Ella y su pareja tenían que venir a pasar la Navidad con nosotros pero al mediodía nos llamaron para decirnos que tuvo un accidente. Nunca nos imaginamos lo que terminó pasando.” Fredy Garnica es padre de una víctima por femicidio. “Hay que seguir luchando porque en realidad todavía no termina esto -continúa-. El gobierno siempre está ausente. Hay algunos del grupo que todavía no reciben justicia.”
La quinta marcha Ni Una Menos fue convocada para las 16 en la Plaza de los Dos Congresos con dirección a Plaza de Mayo. Sin embargo, los puestos de artesanías y comidas comenzaron a instalarse desde las 14, aprovechando el todavía escaso flujo de gente y la posibilidad de estacionar los autos con la mercadería en la proximidad. Las primeras en llegar mataron el tiempo redirigiéndose de puesto en puesto, algunas preguntaban precios, otras sólo apreciaban la originalidad de la mercadería. Desde pines pintados a mano, parches, remeras con las consignas principales –»Hemos decidido conquistar nuestra libertad», «Respetá mi existencia o esperá resistencia»- hasta stands con venta de copas menstruales, toallitas reutilizables, esposas, látigos, preservativos de regalo y fanzines con información sobre sexualidad. Tampoco faltaron los puestos de comida: el clásico de choripán y la venta ambulante, cada vez con más fuerza, de comida vegana o vegetariana, como el pequeño puesto que con letras grandes atraía al público: “Hambur veggie anti-yuta”.
«Son las mujeres y los cuerpos feminizados las que sufren en primer lugar el ajuste», dijo la politóloga Verónica Gago.
Como es característico del 3J, la multitud que abrazó la movilización fue heterogénea. El objetivo que cohesionó a las diversas organizaciones y a independientes fue la intolerancia a que sigan matando mujeres, travestis y trans y el reclamo al Estado para que se haga responsable. Sin embargo, a este pedido, según las diferentes campañas y luchas, se sumaron otros: Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, separación de Iglesia y Estado, Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas del país, asistencia adecuada a víctimas de trata, modificación de la Ley Antidiscriminatoria, cupo laboral travesti-trans, reconocimiento a las trabajadoras sexuales, eliminación de prácticas racistas, y otras.
Estefanía Camera Da Boa Morte es activista de la columna Negras, Indígenas, Racializadas y Disidencias, que encabezó por primera vez la marcha Ni Una Menos. En diálogo con ANCCOM, la referente detalló los reclamos del sector: “Pedimos ni una migrante menos, ni una afro menos, ni una indígena menos y la autoproclamación de los territorios -siendo el primero y sagrado: nuestra cuerpa-. Estamos pidiendo la plurinacionalidad, que se deje de invisibilizarnos y de tener practicas racistas, capitalistas y coloniales por no reconocer a las treinta y seis naciones indígenas y a las descendencias afroargentinas que hay en el país y por seguir borrándonos de las historias en todo lo que es el nivel educativo.”
Por otro lado, desde la organización Zona, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, también se hicieron reclamos específicos. “Reclamamos primero la inclusión laboral travesti-trans en todo el país, la efectiva aplicación de la Ley de Identidad de Género, la actualización a nivel nacional de la Ley Antidiscriminatoria y la aplicación de ESI en todas las escuelas. Sobre todo nos movilizamos en resistencia a la movida conservadora y de derecha”, argumenta Mariana, referente de la organización.
El color verde, que exige la legalizacón de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tiñó la jornada.
La lucha también tuvo un fuerte reclamo en relación a la crisis económica actual del país. El lema “VivasLibresYDesendeudadasNosQueremos” fue acuñado por el colectivo Ni Una Menos a partir de un consenso generalizado al respecto. La politóloga y militante Verónica Gago explicó la importancia del pedido: “Este 3J nos enfocamos en la situación de la crisis económica, la violencia financiera de la deuda y cómo son las mujeres y los cuerpos feminizados las que sufren en primer lugar el ajuste; estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes, para reponer desde las economías populares lo que el Estado ha quitado como infraestructura pública e infraestructura social.”
Para las 18.30, la Avenida de Mayo se encontraba bajo luces artificiales; ya no quedaban rastros del vibrante cielo celeste que alumbró la jornada. En la cabeza de la movilización estaba el colectivo Ni Una Menos y lo acompañaba la percusión interpelante de tambores y redoblantes de Las Tamboras. Luego de rodear la Plaza de Mayo en medio de música y bailes, las presentes se reunieron, cerca las unas de las otras, en silencio, a escuchar el documento que reunía los reclamos. En una plaza colmada de mujeres, travestis y trans que se movilizaron y salieron a las calles una vez más para ejercer sus derechos, alguien levantó un cartel: “Nos quitan tanto, que acabaron quitándonos el miedo.”
