Jul 6, 2017 | Trabajo
El viernes pasado, a última hora, la Comisión Nacional de Valores anunció la fusión entre las empresas de Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Cablevisión Holdings (Grupo Clarín). Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aún no se expidió sobre el caso, fuentes cercanas al organismo dejaron trascender que la autoridad regulatoria no se opondría a la operación, con lo cual la responsabilidad podría quedar en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia luego de que las dos empresas formalicen la fusión por absorción. ANCCOM dialogó con los especialistas en materia de comunicaciones, Glenn Postolski, Fernando Krakowiak y Diego Rossi, para comprender el impacto social y político de esta fusión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en Argentina.
«La fusión con Telecom constituye la consumación definitiva del triunfo político del Grupo Clarín sobre quienes buscaron impulsar una regulación capaz de ponerle freno a la concentración del mercado audiovisual. Si bien el desmembramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había significado un punto de quiebre, esta compra posiblemente convertirá a la sociedad que surja de la fusión en la empresa argentina más grande del país”, explicó Krakowiak, periodista de Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En la misma línea, Rossi, maestrando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y profesor de la UBA, opinó que “desde el DNU 267 de 2015, el gobierno de Cambiemos fue tomando medidas que permitieron que esto sea posible. Invocando la libre competencia, han producido una concatenación de compromisos políticos que vienen desde la campaña presidencial. Puede ser un buen negocio para Clarín y David Martínez (empresario mexicano titular de Fintech), pero si lo vemos desde el lado de lo público existe un conflicto de intereses. Los que perdieron fueron todos los argentinos. El gobierno negoció su autonomía y su capacidad regulatoria en función de los intereses de estos medios”.
Por su parte Postolski, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, sostuvo: “que el principal grupo multimedios se posicione como una de las empresas dominantes, formando un conglomerado de comunicaciones que pasa a ser una de las principales empresas del mercado, -tanto en la producción de contenidos como en la distribución- distorsiona o genera condiciones para que las corporaciones tengan cada vez mayor peso”.
Socios desde 2005 por la compra de Cablevisión, la composición accionaria de la nueva firma tendrá como accionista mayoritario a Fintech, con un 41% de las participaciones, mientras que el Grupo Clarín obtendrá un 33% del capital accionario. El resto de las posesiones cotizarán en el mercado. La nueva unión entre las empresas apunta a una estrategia de complementariedad de servicios que le permite reforzar sus posiciones en el mercado. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holdings, ingresará definitivamente al mercado de la telefonía móvil; en tanto que Telecom, podrá acceder al segmento de televisión por cable. “En realidad es la primera vez que va a suceder, porque regulatoriamente estaba prohibido que las telefónicas brinden televisión paga; con esa prohibición efectiva el cuádruple play no se podía brindar – apuntó Krakowiak -. Lo que estableció el ente regulador es que a partir de enero de 2018 las telefónicas puedan brindar televisión paga, entonces en este caso Telecom/ Clarín van a poder ofrecer un combo (eventualmente, no digo que lo vayan a ofrecer) en el cual incluyan televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y banda ancha. Ahí estaríamos frente a la oferta de lo que se conoce como cuádruple play”.
Monopolio en el interior del país:
Los tres especialistas coincidieron en que uno de los principales puntos de conflicto que traería la consolidación de esta nueva estrategia de negocios por parte de ambos conglomerados comunicacionales sería que, en muchas zonas del país, la empresa puede funcionar como la única prestadora del servicio de internet por banda ancha. “Hay muchas localidades del país donde Telecom y Cablevisión son las únicas dos empresas que ofrecen el servicio, y en esos casos va a quedar un solo operador –señaló Krakowiak-. Es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al momento de evaluar la aprobación de la operación de concentración económica resuelva fijar algunas exigencias para la aprobación y puede ser que desinviertan en algunas de estas localidades o ver la posibilidad de que ese mercado sea desafiable por otros operadores. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno. Hasta ahora no ha demostrado ser muy exigente para con ese grupo”.
La situación del monopolio, según Postolski, traería como una de las consecuencias que “sólo ellos tendrían capacidad de llegada y capacidad de imponer los precios, lo cual es un condicionante para el acceso a la información de una buena parte de la sociedad, en particular de esas localidades”. En tanto, Rossi consideró que este escenario “es insostenible porque existen zonas donde no habría competencia”, de modo que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería anularlo y exigirles a los actores abrir el panorama, si no se produce una convergencia asimétrica”.
Espectro y convergencia, sus flexibilizaciones
La asignación de espectro dispensada por el Estado en los últimos meses, según indicó Krakowiak, “si bien se hizo en el marco de una negociación, fue de manera poco transparente la forma en que el gobierno la llevó a cabo tanto con Clarín como con las tres grandes telefónicas, una de las cuales ahora es de Clarín”. El problema es que el espectro fue asignado – aunque aún no adjudicado- por el Estado tanto a Clarín como a las telefónicas, a demanda y no mediante una licitación pública, en donde debe haber una puja por el precio, para que de esa forma el Estado pueda incrementar los ingresos del activo que vende. Krakowiak explicó que “con Clarín hubo una jugada polémica porque compró unas empresas que tenían un espectro destinado a un determinado uso y una vez que tenía asignado ese espectro y esas empresas, pidió el cambio de función de ese activo”. Es decir, el espectro que compró no era apto para brindar telefonía móvil, pero una vez adquirido pidió cambiar su función y utilizarlo para esos fines. “Cuando lo compró lo pagó a un precio mucho más bajo que lo que se tendría que haber pagado si se vendía para brindar telefonía móvil”, subrayó el especialista, y agregó: “No está mal, de por sí, otorgar el espectro a las empresas, el tema es qué contraprestaciones se fijan a cambio de ese espectro. No sólo en cuanto a lo que pagan esas empresas para hacerse de ese activo, sino también por los posteriores compromisos de inversión que asumen para mejorar el servicio a partir del uso de ese espectro”.
Si bien no hubo muchas declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, expresó en el programa radial «Y ahora quién podrá ayudarnos», que estaba de acuerdo con que hay que tener cuidado con la concentración de medios pero que “hoy en el mundo tener servicios de Internet separados de los de la telefonía no tiene futuro, esto es la convergencia».
En referencia a esto Postolski explicó que “lo que aparece como parte de un discurso tecnológico, donde la convergencia es una panacea, en realidad se busca por detrás que exista una empresa con una posición cada vez más consolidada en los distintos sectores del mercado de las telecomunicaciones y la comunicación, lo cual termina siendo una barrera para la aparición de otros competidores”.
En relación a este tema, Krakowiak aclaró que “no necesariamente brindar servicios convergentes es sinónimo de brindar servicios de manera monopólica o dominante. Podrían brindar servicios convergentes varias empresas. Está claro que en el mundo no hay decenas de empresas en los mercados que se repartan en porciones iguales, siempre son dos, tres o cuatro y depende de la regulación y de los límites que se impongan a la concentración del mercado”. Para el caso argentino, explicó, “esos límites que ponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se flexibilizaron, y entonces la responsabilidad de regulación que tiene el gobierno queda en manos de la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia”.
En cuanto al rol del Estado como interventor, Postolski sostuvo que “tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar posiciones monopólicas. Yo creo que en un mercado que concentra cada vez más la lógica de negocio, donde todo está pasando por la telefonía celular, bien vendría repensar cuál debería ser el rol de la intervención del Estado en ese sector. Regularlo y generar condiciones de servicio universal y de abaratamiento para mejorar el servicio para el conjunto de los ciudadanos”.
Actualizada 06/07/2017
Jul 6, 2017 | Trabajo
A poco más de 48 horas de la intervención al sindicato dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los trabajadores del gremio de repartidores de diarios se reunieron en asamblea frente a la sede ubicada en Venezuela 2365 y declararon el estado de alerta y movilización. El secretario general desplazado, Omar Plaini, volvió a repudiar la medida: “Hay una intención jurídica y política, porque esto es cosa juzgada. Además, es incomprensible porque el juez no tiene facultades, es un juez penal correccional”, dijo en diálogo con ANCCOM.
La asamblea de los canillitas contó con el apoyo de la CGT, a través del Movimiento de Acción Social Argentino (MASA) y la Corriente Federal, las regionales de la CTA, las juventudes sindicales de diferentes centrales obreras y otras organizaciones sindicales como aeronáuticos, curtiembre, dragado y balizamiento y alimentación. Con el de los repartidores de diarios ya suman cuatro los sindicatos que fueron intervenidos por la Justicia desde que Mauricio Macri asumió como presidente.
En la calle Venezuela, entre Alberti y Pichincha, se montó un escenario en el que, luego de enumerar las organizaciones sociales, políticas y sindicales que manifestaron su solidaridad, Plaini se dirigió a sus compañeros. El dirigente se refirió a la tradición de lucha del gremio y enumeró las seis intervenciones anteriores sufridas entre 1955 y 1989.
Además, cruzó al gobierno nacional por sus políticas, señaló el aumento de la pobreza, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la deuda. Finalizó con una convocatoria a la unidad de los dirigentes gremiales de cara a un “cese de actividades con movilización”.
Consultado por los motivos políticos detrás de la intervención, Plaini declaró a ANCCOM: “Este es un sindicato comprometido que ha peleado contra los grandes monopolios de la comunicación y se ha expresado públicamente a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el frente de Unidad Ciudadana. Estas cosas después te las cobran”.
La orden judicial se cumplió el lunes cuando más de cien efectivos de Gendarmería allanaron el edificio que al día de hoy permanece ocupado por esa fuerza. Solo quedaron disponibles para los trabajadores la planta baja y el primer piso, necesarios para el funcionamiento de la obra social. La decisión de Martínez de Giorgi se basa en una causa del año 2013 a raíz de una impugnación de las elecciones de ese año presentada por una lista opositora, que derivó en una denuncia en el fuero laboral. La elección fue convalidada por la Cámara 10 de dicho fuero y luego apelada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expidió de manera unánime a favor de las autoridades electas.
Desde que asumió en 2006, la actual conducción mantuvo un enfrentamiento con el Grupo Clarín por los porcentajes del precio de tapa y los días no laborables para los trabajadores del gremio. Gracias a la lucha, los canillitas lograron tener libre su día, el 7 de noviembre, lo que se consagró por ley en el año 2007.
Con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y sindicales, Plaini aseguró que darán pelea para recuperar el sindicato y señaló que trabajarán en una doble vía con ese objetivo. “Por un lado las presentaciones en la causa penal y en el fuero laboral, y por el otro la calle”, puntualizó. Todavía sonaban los aplausos y voces de aliento.
Actualizada 06/07/2017
Jul 5, 2017 | Trabajo
Los despidos continúan en Argentina de manera sistemática. A los casos emblemáticos de Sancor, AGR-Clarín, Banghó y Atanor, debe sumársele ahora el cierre de la fábrica de PepsiCo, ubicada en el barrio de Florida, Vicente López. Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio pasado, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
Ante la noticia, el plan de acción no se hizo esperar. Tanto los delegados de la comisión interna como los operarios optaron por tomar la fábrica. Después, el viernes siguiente temprano por la mañana, realizaron un corte parcial de la autopista Panamericana Ramal Campana para visibilizar el conflicto. Sin respuesta del Gobierno y con la complicidad de Rodolfo Daer, jefe del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), quien sostuvo que no están dadas las condiciones para enfrentar la posición de PepsiCo, los trabajadores se concentraron en el Obelisco. “Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”, dijo María, operaria en el proceso de fabricación de papas Lays.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio.
A partir de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional, no solo los trabajadores del Estado se han visto perjudicados, sino también el empleo privado ha comenzado a percibir las consecuencias políticas. Alejandro es otro de los operarios que estuvo en la manifestación y quien, como los demás, coincide en el motivo del cierre: “Entendemos que es una cuestión política. La empresa comunicó que quiere seguir invirtiendo en Argentina pero que necesitan el cierre de esta planta, lo que no tiene un por qué. La planta es productiva y eso está demostrado”.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio. El Metrobús funcionó con total normalidad pese que a metros la movilización se volvía cada vez más potente. Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaban la escena. Nicolás del Caño, precandidato a diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), estuvo en el reclamo: “El despido lo han hecho de manera ilegal, sin presentar el recurso preventivo de crisis. La legislación obliga a que en caso de despedir a una cantidad importante de trabajadores, se tiene que justificar la crisis previamente. Acá, ni siquiera se justifica, sabemos que tienen ganancias multimillonarias. No pueden demostrar ningún tipo de crisis”. También Myriam Bergman, abogada y precandidata a diputada nacional por el PTS, asistió a la concentración. En diálogo con ANCCOM, indicó: “El caso PepsiCo lo conozco de cerca, se han llenado los bolsillos todos estos años a costa de la salud y la vida de los trabajadores y, de un día para el otro, cierra, dejándolos en la calle. Siempre, en estos casos, lo que hay que destacar es que buscan reabrir en este mismo lugar o en otro, pero con condiciones laborales a la baja”.
Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaron la escena.
Pronto, el sol adquirió su protagonismo en la fría mañana. Ya era de día cuando las agrupaciones, con los trabajadores de PepsiCo a la cabeza, realizaron un rodeo por sobre el Obelisco, ante la atenta mirada de transeúntes y automovilistas. “No queremos más despidos, no queremos represión, para los trabajadores, ya la reincorporación”, cantaban los operarios de la planta de Vicente López, mientras la Policía de la Ciudad acompañaba la marcha desde sus márgenes. La comisión directiva AGTSyP (el sindicato del subte), la de Foetra (de los telefónicos), AGD-UBA, y seccionales de SUTEBA fueron algunas de las organizaciones que se solidarizaron con la protesta. “Venimos a apoyar a los trabajadores de PepsiCo ante el cierre fraudulento de la empresa y exigiendo la reincorporación inmediata para que vuelvan a trabajar”, dijo Pablo Iturrez, docente y parte de la conducción de SUTEBA Escobar, al tiempo que agregó: “Hay que ser solidarios, se trata de la solidaridad de clase y hay que hacerla efectiva, por eso estamos acá, acompañando la lucha”.
A las 9.30, Camilo Montes, delegado de la comisión interna, agradeció el acompañamiento de los diferentes sectores, a través de un megáfono. “Estamos de pie, junto a todas las organizaciones sociales. Llamamos a todos los trabajadores del país que también salgan a manifestarse. La CGT tiene la responsabilidad principal por no hacer nada, Daer nos traicionó y el sindicato, cuando reclamamos un paro, nos dijo que teníamos que aceptar la plata de la indemnización”, enfatizó Montes.
El control policial, siempre presente.
Luego, el corte en el epicentro de la Ciudad se transformó en una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Los operarios de PepsiCo encabezaron la incursión por Corrientes, mientras que la policía corría por ambas veredas, en su intento por llegar a la avenida Leandro N. Alem y bloquear el paso antes que ellos. Una vez llegada a la intersección entre estas calles, la movilización se desvió por Alem, en sentido hacia Retiro, costeando la larga fila de uniformados con escudos. Al llegar al Ministerio, se montó un acampe, esperando ser recibidos por las autoridades. “El día en que me enteré estaba en el cine con mi familia. Me avisaron en un grupo de WhatsApp, con una foto del cartelito que había pegado la empresa en la puerta de la planta. Fue un baldazo de agua fría porque me encontraba con mi familia y, de golpe, me di cuenta que me quedaba sin trabajo”, le contó Alejandro Sosa de PepsiCo a ANCCOM. María, otra de las perjudicadas por la medida, sostuvo: “Fue muy sorpresivo, uno no cae al principio, pero después, atando cabos, te vas dando cuenta que lo estaban armando de a poco, junto con el gremio”. Para cualquier persona, quedarse sin trabajo es una situación desesperante: “El trabajo es mi sostén de familia. Sin trabajo no podés pagar los impuestos, no podés comer”, agregó María.
Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
“Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”.
Actualizada 05/07/2017
Jul 5, 2017 | Comunidad
Cientos de personas se reunieron este sábado en Parque Centenario para manifestar su oposición a la baja de la edad de imputabilidad. El encuentro fue en formato de foro de debate bajo el lema “Lxs jóvenes no somos el problema”. La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema -que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales- , la Red Argentina No Baja, Unidad Ciudadana y la ATE Capital. Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas críticas a la gestión del gobierno de Cambiemos.
Guido Pablo Veneziale, militante de La Cámpora e integrante del colectiv,o declaró a ANCCOM: “Decidimos organizar este foro contra la criminalización juvenil en respuesta a las políticas que el gobierno de Mauricio Macri está llevando a cabo en contra de los jóvenes, como es la quita del (plan) Progresar, la falta de subsidios a la escuela pública y las universidades, y contra la baja de la edad de punibilidad a 14 años. No podemos llevar adelante este debate cuando no se han reformado los institutos de menores ni las cárceles, y estando por empezar las campañas legislativas; porque lo que está en debate es el futuro de nuestra patria”. Y añadió: “En esta convocatoria se reunieron varios espacios. Participan sindicatos, especialistas, ONG, agrupaciones políticas y los campeones de rap a nivel nacional.”
Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas. En la foto: Juan Cabandié, Raul Eugenio Zaffaroni, Lorena Pokiok y Leandro Santoro, entre otros.
El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses, intensificado por la sucesión de dos casos resonantes que involucraron a menores de edad: el crimen de Brian Aguinaco, en diciembre de 2016 en Flores, y el asesinato de un niño de 3 años el pasado 7 de junio en Lomas de Zamora. A raíz de esta polémica, que se suma a la situación de hostigamiento policial sufrida por estudiantes secundarios y docentes de la escuela Mariano Acosta, los integrantes del colectivo “No Somos El Problema” decidieron convocar a la ciudadanía para combatir lo que consideran un atropello a los derechos de los jóvenes por parte del actual Gobierno. Desde este espacio, denuncian que se está produciendo una persecución contra la juventud y advierten que el proyecto de penalizar a los adolescentes a partir de los 14 años, promovido por el ministro de Justicia Germán Garavano, es una propuesta regresiva e ineficaz, ya que advierten que con ello sólo se logrará reforzar la violencia que se pretende resolver, estigmatizar a niños y adolescentes -especialmente de sectores desprotegidos– y profundizar el abandono gubernamental de las políticas sociales, educativas y de salud en función de una mayor represión.
En diálogo con ANCCOM, Daniela Innamorato, de Peronismo Militante, manifestó: “Este es un espacio promovido desde la juventud, y la idea es que todos los jóvenes, más allá de los partidos y las identidades políticas, puedan participar. Decidimos venir porque entendemos que la baja de edad de imputabilidad estigmatiza a la juventud y confunde a la sociedad en términos de criminalizar a los jóvenes desde un lugar ficticio. Buscamos visibilizar el problema y lograr que la juventud se organice en defensa de sus propios derechos.”
El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses.
A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema como Gabriel Lerner, abogado, ex Secretario Nacional de Niñez y Adolescencia y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, y Gabriela Tozoroni, trabajadora social en ATE Capital en el área de Juventud, entre otros. Más tarde, se realizaron distintos foros de debate, conducidos por especialistas, sobre diversas temáticas: Políticas públicas y seguridad ciudadana, Violencia institucional, Precarización laboral y trabajo infantil, y Derechos Humanos.
A cargo de la primera comisión, Gabriel Lerner expuso: “En la ciudad, en materia de seguridad tenemos una gran inequidad territorial entre el norte y el sur que se corresponde con la enorme desigualdad social. En el caso de los homicidios, la incidencia de los chicos cuando son victimarios es infinitamente menor a la incidencia de cuando son víctimas de los delitos. Esto quiere decir que los pibes no son el problema sino que padecen el problema. No son peligrosos sino que, por la desigualdad social y el accionar policial, los pibes en nuestra sociedad están en peligro.” Y agregó: “El planteo de este Gobierno de legitimar que para tener mayor índice de seguridad hay que ampliar las dosis de represión es una idea nefasta que lo único que produce es mayor sufrimiento popular y que de ningún modo mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Cualquier modificación progresiva en materia de políticas de inclusión social –en iniciativas como Conectar Igualdad, el Plan Qunita y los planes Progresar – tendría mucha mayor incidencia en mejorar los índices de seguridad que bajar la edad de punibilidad.”
A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema.
En la misma línea, Leandro Santoro, politólogo de la UBA y líder del espacio político Los Irromplibles, integrante del mismo foro, afirmó: “Para garantizar seguridad a la ciudadanía se necesitan políticas integrales. La desigualdad es la principal causa de violencia ciudadana y las tensiones sociales que generan la marginalidad, la exclusión y la pobreza terminan provocando situaciones de inseguridad. La gestión de derecha no solo no puede resolver esos problemas, sino que los profundiza. Por eso ellos solamente tienen políticas de seguridad, y limitan la concepción de seguridad ciudadana exclusivamente a la presencia policial. Para los que tenemos una formación de izquierda, la seguridad parte del concepto de igualdad. Si en una sociedad no está garantizada la igualdad, es difícil hablar de estabilidad social.”
Tras finalizar el debate, Santoro expresó en diálogo exclusivo con ANCCOM: “Nos invitaron los chicos para pensar una propuesta programática para la unidad ciudadana, contribuir a la reflexión sobre el debate del futuro político y construir argumentos defensivos frente a una derecha que intenta estigmatizar a los pibes, cuando en realidad el problema de la participación juvenil en el delito es ínfima. Es poner el foco donde el problema no está, asumiendo una posición demagógica y populista a los efectos de darle tranquilidad a un sector de la sociedad que está asustado todo el tiempo porque es víctima de operaciones mediáticas que tienden a hacerle creer cualquiera que es distinto a uno es una amenaza.”
La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema , que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales.
Por su parte, Florencia Gentile, socióloga, plenarista del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes por la Legislatura Porteña e impulsora de la Red Argentina No Baja, manifestó: “El proyecto de bajar la edad de punibilidad es una arista más del avance de la mirada criminalizadora sobre los adolescentes. No nos parece casual la mirada represiva sobre los mismos sujetos sociales que en los últimos años fueron protagonistas. El proyecto de la baja se presenta supuestamente como respuesta al problema de la inseguridad, pero esto es falaz porque, según las estadísticas, los delitos cometidos por los pibes de menos de 16 años son ínfimos. El Estado tiene que intervenir sobre esa problemática a través de las áreas sociales y educativas, y no de las áreas penales.”
Para cerrar el acto, el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, subió al escenario -acompañado por varios referentes políticos de Unidad Ciudadana y precandidatos a legisladores como Juan Cabandié, Gabriela Cerruti y Leandro Santoro, entre otros– y se dirigió al público: “Pretender aplicarle la legislación de los adultos a pibes de 14 años no es un hecho aislado. Hubo un defecto en la seguridad policial en un barrio que costó la vida de un chico, y de inmediato se les ocurrió que el culpable era un peruanito. Tuvieron una pueblada en una comisaría, y al día siguiente salieron diciendo que lo que había que hacer para evitar que se repita era bajar la edad de responsabilidad penal de los pibes.” A continuación, tomando como evidencia las estadísticas de índices de criminalidad en CABA, el magistrado sentenció: “La realidad que indican los números, tomados expediente por expediente de cada homicidio en la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de varios años, es que de un universo promedio de 200 homicidios por año solo uno es cometido por un menor de 16. ¿Qué es lo que se quiere lograr bajando la edad de responsabilidad? ¿Meter presos a pibes homicidas? Si no hay más que uno o dos por año. Se busca criminalizar a nuestra adolescencia, y esta tentativa es un capítulo más del reforzamiento del aparato represivo del Estado en una sociedad corporativa, donde hay un 70 por ciento de población excluida. Esto no tiene nada que ver con nuestra seguridad; la seguridad es un pretexto.” Tras caer la noche, el encuentro terminó con un festival de hip hop a cargo de los raperos Replik, Trueno y Wos, campeones del género a nivel nacional, que fascinaron al público al ritmo de sus improvisaciones con temáticas sociales en contra de la estigmatización y la persecución de la juventud.
Eugenio Raúl Zaffaroni cerró el acto.
Actualizada 05/07/2017
Jul 5, 2017 | Comunidad
Dos meses después de las denuncias efectuadas por la rectora Raquel Papalardo tras la irrupción de policías en la escuela Mariano Acosta, fue cesanteada de su cargo. La comunidad educativa organizó el lunes último al mediodía un abrazo a la institución para exigir la reincorporación de su rectora. Papalardo no pudo participar del acto porque, tras recibir la comunicación oficial, sufrió un pico de presión y los médicos le indicaron reposo. Al día siguiente, los estudiantes cortaron las calles Urquiza y Moreno en solidaridad con la histórica rectora y denunciaron que la supervisora los amedrentó cuanto intentaban realizar una asamblea.
El abrazo fue presidido por Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), quien aclaró que a Papalardo no la jubilaron sino que la cesantearon. “Raquel tiene cuarenta años de docencia en esta institución, no había nacido la Ministra que la cesó cuando ella ya estaba dando clases aquí”, dijo indignado López. También, recordó que dos meses atrás la rectora impidió que las fuerzas de seguridad hicieran inteligencia en actividades escolares controlando los centros de estudiantes y afirmó que el motivo de su despido se debe a que la rectora defiende la escuela pública y no se arrodilla.
El próximo paso que dará la comunidad educativa será presentar acciones legales. “Vamos a ir a la Justicia, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a pedir una entrevista con Rodríguez Larreta para que se avenga a derecho y garantice no la restitución, sino la continuidad de Raquel Papalardo en el establecimiento”, dijo López.
La comunidad educativa organizó el lunes último al mediodía un abrazo a la institución para exigir la reincorporación de su rectora.
Silvina Hermosa, presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Mariano Acosta y madre de un alumno, leyó una carta que Raquel escribió para el abrazo. Según las palabras de la rectora, que desea jubilarse en ejercicio, el mismo Ministerio que hoy la deja cesante, es el que este año, mediante una resolución interna, le prorrogó su cargo hasta el 31 de diciembre del 2017, con el incremento de horas a desempeñar en el Mariano Acosta. “Por ello permanecí en la escuela entre 10 y 12 horas diarias, todos saben de mi pertenencia y compromiso con la visión pedagógica y formadora de ésta escuela. Lo público no da lugar a trenzas ni oportunidades fáciles para conseguir cargos, lo público y educativo se construye artesanalmente y día a día, no cumpliendo solo un horario. Todos saben que durante mi gestión se regularizó el funcionamiento administrativo y nunca tuve sumario ni irregularidades en ninguna gestión política. En lo pedagógico se ampliaron los proyectos educativos. Seguramente no todo es elogiable, pero en cada acción que llevo a cabo, sea con el personal docente, no docente, con los estudiantes o con las familias, evalúo las consecuencias humanas e institucionales”, escribió Papalardo. En la carta Raquel señaló que, en dos instancias, y por concurso, tuvo la oportunidad de desempeñar un cargo como supervisora, pero no lo aceptó porque cree en la valorización de la escuela como instancia pedagógica. “Cuando el viernes 30 de julio llegué a mi casa alrededor de las veinte horas y el portero me hizo entrega de unas fotocopias de cédulas de notificación de carácter no urgente, dejadas en el buzón por alguien, comencé a leerlas y tuve una conmoción, temí por mi salud, experimenté el miedo a perder mi trabajo, circunstancia social extendida que preocupa a todos. Inmediatamente registré la pérdida de remuneración y suspensión de la obra social. El Ministerio de Educación ha decidido comunicar de este modo y hacer uso ciego de un procedimiento administrativo, pero sinceramente creo que me cesan, porque soy referente de la defensa de los estudiantes, de la escuela pública y de la demanda de los docentes”, relató Papalardo. Según la rectora se observan errores en la resolución de la Ministra cuando dice que Papalardo estaba de licencia el 22 de mayo, ya que se reintegró el 17 de abril a sus tareas habituales después de una fractura. Además, Papalardo denunció la forma en que fue notificada y dijo: “Existen medios habituales de comunicación mediados por la secretaría, pero eligieron esta modalidad, un camino de torpeza gerencial, un camino que pone a todos los niveles de decisión humanamente oscuros. Por ello puede ser entendido como persecución personal. Esto se conecta con una política educativa más amplia, hay prácticas de amenaza ante demandas docentes, se los desprestigia, arremetiendo con discursos de ineficiencia para instalar la idea de la educación como un gasto, sustituyen los expertos locales por consultoras externas. En estas circunstancias han decidido unilateralmente que yo no pertenezca más a ninguna escuela de la Ciudad, en términos de cese administrativo, sin siquiera esperar a que se haga la consulta correspondiente a un trámite en curso”.
En la carta Raquel también expresó sus deseos de jubilarse estando en la escuela, esperando su último día de trabajo al frente de ella y por eso solicitó su continuidad. El discurso de la directora finalizó con una dedicatoria: “A los funcionarios que han roto el clima de bienestar que sostiene el normal desarrollo de maestros, profesores, alumnos y de las familias del colegio Mariano Acosta desequilibrando el proceso educativo, mínimo para el derecho a la educación. No vamos a bajar los brazos, haremos todo lo que tengamos que hacer, no se puede destruir lo que se hizo durante toda una vida”. Silvina Hermosa agregó: “Desde la Asociación Cooperadora y desde nuestro lugar como padres pedimos la continuidad de la rectora, porque trabajamos en conjunto con ella todos los proyectos educativos y las necesidades que tiene esta institución. A veces nos íbamos a las nueve de la noche de las reuniones y Raquel seguía trabajando y atendiendo las necesidades de esta comunidad educativa”.
Los estudiantes cortaron las calles Urquiza y Moreno en solidaridad con la histórica rectora y denunciaron que la supervisora los amedrentó cuanto intentaban realizar una asamblea.
Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes habló con ANCCOM de la reacción de la comunidad educativa al conocer la noticia: » El viernes a la diez de la noche nos enteramos que nuestra rectora de un día para otro había cesado su cargo y todas sus actividades. Fue desconcertante y tan impactante que generó este abrazo con más de doscientas personas, en el que no sólo participó gente de la escuela, sino vecinos del barrio de Balvanera, porque es un emblema del colegio y de toda la comuna tres por participar en los diversos espacios de la comunidad”. Con respecto a los motivos del despido, Prieto dijo: “Están en contra de la educación pública como herramienta emancipadora, no es casualidad que esto suceda una semana después del anuncio de un paro docente. Tampoco lo es que Raquel, una de las rectoras más importantes de los colegios de la Capital Federal, con una intachable carrera de defensa a la educación pública, haya sido una de las primeras a la que le toca vivir este grado de violencia institucional por parte del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio de Educación. Desde principio de año que los docentes vienen sufriendo sin paritarias nacional, se caen los techos de los colegios, no hay viandas ni calefacción. En este contexto no podemos dejar pasar esto, Raquel tiene que volver a ser la rectora del Acosta”.
Néstor Mascaro, profesor y representante de UTE expresó su descontento ante el despido de Papalardo y las razones por las cuales fue tomada esa decisión: “Lo que está ocurriendo es una gran vergüenza, no es una casualidad lo que estamos viendo sino otro amedrentamiento más a la educación pública por parte de este gobierno. Nadie puede creer que a Raquel la separaron del cargo por excederse en sus años para jubilarse. Se la ataca porque el Mariano Acosta levanta la bandera de la educación pública con ella como rectora hace diez años. Una década atrás la escuela se caía a pedazos, fue ella la que nos devolvió al instituto, abrió un aula museo, un archivo histórico, un teatro, una radio, y como si fuera poco también un jardín de infantes. Todo eso en una educación pública que no es la que quiere el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el Mariano Acosta es una escuela a la que no se le tuerce el brazo así nomás, acá le vamos a dar pelea porque este es el comienzo de un plan de lucha para que vuelva la rectora Raquel Papalardo. Ella se va a ir por la puerta grande como lo merece una persona de sus características”.
El próximo paso que dará la comunidad educativa será presentar acciones legales. Mientras, las familias se acercaron a la movilización.
Diego Fernández, docente primario de Lengua con más de veinte años de antigüedad, dijo que la idea del abrazo fue demostrar el descontento y que hay una necesidad de movilizarse porque si no se quejan, “ellos” avanzan, refiriéndose a las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Por un lado, Fernández repudió la forma en que se dejó cesante a la rectora: “Si los tiempos legales y administrativos para que se jubile ya se cumplieron, tampoco es la manera de que una persona de su calidad humana y con su capacidad de gestión se entere, por medio de una nota que le llegó a su casa advirtiendo que ese mismo día cesaban sus actividades. La tendrían que haber notificado que si no presentaba los papeles en tiempo y forma se le iba a dar curso al cese administrativo. Y si bien puede llegar la notificación al domicilio particular o a la escuela debe ser entregado en mano al interesado”. Por otro lado, Fernández dijo que más allá de que los tiempos legales se hubiesen cumplido resulta contradictorio reubicar a una persona y a los dos meses darle el cese. El docente reivindicó la gestión de Papalardo: “Por primera vez en muchos años los docentes del nivel primario nos hemos sentido representados, escuchados y contenidos”. Para él, esto es una persecución política e ideológica que data desde que Raquel asumió como rectora. “No se le perdona que este colegio sea participativo y abierto, que aquí hayan estado (el ex juez Eugenio) Zaffaroni, (la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto, (la Madre de Plaza de Mayo) Nora Morales de Cortiñas y que a los familiares de los detenidos desaparecidos de ésta institución se les haya entregado el título, en un acto que se hizo en 2013 en el que participó parte del Gabinete Nacional de ese entonces. La denuncia por el ingreso de los policías a la institución fue sólo la gota que colmó el vaso, la persecución viene de años”, dijo Fernández.
En la misma línea, Matías Zalduendo, maestro de cuarto grado de matemáticas del Acosta y secretario de derechos humanos de UTE- CETERA dijo que a Raquel la cesaron del cargo como parte de una persecución política. Zalduendo hace hincapié en que la situación ocurrió después de que la rectora denunció fuertemente el ingreso de la policía a las escuelas. Pero también cree que la represalia se debe a cuestiones anteriores: “No le perdonan que hace más de diez años viene enseñando a generaciones y generaciones que las convicciones no se dejan en la puerta de la escuela, la importancia de que nos organicemos para cambiar la realidad, que luchar tiene sentido y que las mejores clases las damos unidos en defensa de la Educación Pública”. Mariano Mango, en calidad de miembro de la Comisión Directiva del Sindicato UTE, maestro de la escuela, ex alumno del terciario de la escuela y papá de una alumna reclamó: “Nosotros creemos que fue cesada como un modo de disciplinamiento, como consecuencia de la forma en que ha luchado Raquel, sobre todo en estos últimos meses, al haber defendido a los pibes de ese intento de hacer inteligencia por parte de la Policía Federal. Exigimos la continuidad de Papalardo al frente de esta institución como rectora”.
Después de cantar el Himno Nacional argentino, se realizó un abrazo simbólico al colegio por el que alumnos, exalumnos, docentes y no docentes dieron una vuelta a la manzana del colegio con la bandera nacional cantando: “Somos de Plaza Miserere, la escuela normal, Acosta”. Luego tanto alumnos como docentes se retiraron a las aulas, ya que como dijo Eduardo López: “El mejor homenaje que le podemos hacer a Raquel es continuar enseñando”.
Actualizada 04/07/2017
