“Es muy difícil imaginarla de otra manera que no sea viva”

“Es muy difícil imaginarla de otra manera que no sea viva”

Laura Calampuca y Gustavo Melmann en el año 2017.

“Vos ves las caritas de las fotos y no se puede creer, yo no lo puedo creer.  Para mi todos los días son 4 de febrero, porque es muy difícil imaginármela de otra manera que no sea viva” dice, en voz baja y quebrada por las lágrimas, Laura Calampuca, mamá de Natalia Melmann. Hoy se cumplen 20 años desde que su hija fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar.  Natalia tenía 15 años cuando encontraron su cuerpo con el ADN de sus cinco femicidas. “Una -subrayas- quisiera estar en el lugar de ella, y que esto no le haya sucedido a ella sino a mí”. 

Laura Calampuca y Gustavo Melmann se habían mudado a Miramar en 1992 con sus cuatro hijos, para que ellos crecieran en un lugar tranquilo. “Fue una nena muy querida, habíamos tomado la decisión de cambiar nuestras vidas e ir a un mundo mejor. Encontramos una ciudad que era para nosotros la ciudad de los niños, Miramar”, dice Gustavo, quien por momentos se quiebra cuando habla de cómo era su hija. “Nati era un ente totalmente solidario, siempre pensaba en los demás, quería en ser obstetra, no pensaba tener hijos, quería adoptar porque decía que había muchos chicos en la calle que necesitaban padres, y estos le cercenaron la vida”.

Miramar tenía 7 mil habitantes cuando fue secuestrada en plena calle a la salida de un boliche, entregada por Gustavo “Gallo” Fernández, quien vio su pena reducida a 10 años de prisión. Laura cuenta que fueron a la Comisaría ese mismo 4 de febrero. “La Comisaría lo sabía, el intendente lo sabía, el comisario lo sabía”, Laura se queda en silencio y agrega: “Hasta el pueblo sabía quién la había matado.”

Natalia fue encontrada cuatro días después de su desaparición en una casa abandonada de Copacabana, un barrio alejado del centro, había sido ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. “No me permitieron verla, tenía una mamá que la quería ver. Nadie se animaba a venir y decirme mamá ya está, ya lo encontramos. Estaba todo el pueblo en el vivero, menos yo, que seguía esperando en la puerta de los bomberos para salir a Mar del Sur a buscarla.”

De los cinco asesinos, sólo tres están presos: el sargento primero Oscar Echenique, el cabo primero Ricardo «el Mono» Suárez y el sargento primero Ricardo «Rambo» Anselmini. Laura cuenta que en el juicio desfilaron muchos policías ofreciendo testimonios falsos para proteger a los asesinos. Los tres habían logrado salidas transitorias en 2017, que la familia consiguió que fueran revocadas, uno de ellos vivía a cuatro cuadras de la casa de Laura y habían puesto una patrulla policial para proteger a los asesinos. “Yo veía la patrulla e iba y les preguntaba a los policías: ¿Por qué ustedes, la policía como institución, asesinaron a mi hija?”

 

Pese a las amenazas que la familia de Natalia ha recibido por parte de los familiares de los ya condenados, que llegaron incluso a dejar mensajes en su tumba, no piensa moverse de Miramar. “Me quedé a vivir acá, porque no podía vivir en otro lugar en que ella no estuviera, y para que cuando me vieran a mí la vieran a ella, a ella viva.”, dice Laura. 

Ricardo Panadero, el cuarto sospechoso, que fue parcialmente identificado por muestras de semen en el cuerpo de Natalia, recién en el 2018 fue nuevamente llevado a juicio. Había sido sobreseído y apelado en varias oportunidades sosteniendo que las pruebas no eran concluyentes, su muestra de ADN había arrojado un 97 por ciento de similitud con la encontrada en el cuerpo de Natalia. 

Por otro lado, la familia de Natalia exige que se avance sobre la investigación del quinto ADN encontrado en el cuerpo de ella, su quinto asesino se encuentra libre. “El ADN ya está, estuvo en el cuerpo de Nati” dice Laura. 

 

Familiares y amigos reclaman justicia desde hace 20 años.

Para su mamá y su papá no pasaron 20 años, aunque sus asesinos queden libres en dos años, cuando cumplan con sus condenas, la pérdida y el vacío resuena en la casa de Laura que con la voz bajita de llanto contenido dice: “A ella le escribo todos los días, a cada rato, cada cosa que se me pasa por la cabeza se la escribo,  diciéndole todo lo que siento, todo lo que pasa, como si estuviera acá, está acá, está en casa”. 

Hoy en conmemoración y junto con la Secretaría de Derechos Humanos se colocará una placa con la foto de Natalia para recordarla en la plaza central de Miramar como víctima de violencia institucional y violencia de género.  “Por amor seguiremos luchando -asegura la mamá-, es el compromiso que tomamos con Nati. Aunque nos lleve toda la vida que todos los responsables vayan a la cárcel.” 

Aumentan todas las formas de violencia contra las mujeres

Aumentan todas las formas de violencia contra las mujeres

El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.

Se trata del primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. El Observatorio Lucía Pérez se formó hace un año, en memoria de la joven de 16 años brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016,  por iniciativa de periodistas de la organización lavaca.org que decidieron  poner en palabras lo que venían viendo con las familias de víctimas de violencia género. Su dinámica se basa en buscar información en expedientes, causas y entrevistas en donde se recolectan datos de distintos casos de violencia. “Es muy importante porque es la manera más fidedigna que nos permite estar tranquilas de que estos datos no mienten, son números tristemente reales. 

Acá mostramos esta cruel realidad. Nadie pone otro número que no es”, afirma Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante del Observatorio. Además, resalta que desde el Observatorio siempre hay diálogo con las familias que quieran acercarse para recibir y también ofrecer ayuda, no sólo para visibilizar los casos, sino también para ponerse a su disposición: “Esto es una red que tenemos desde el sufrimiento y la lucha por la justicia”, expresa la mamá de Lucía.

El Informe hace hincapié en los femicidios territoriales, es decir, aquellos crímenes que se produjeron en un marco de impunidad y violencia institucional, teniendo el Estado y la policía un rol fundamental. Como lo fue en el caso de la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución, ocurridas entre 1996 y 2001 y que fue recordado como el caso de “el loco de la ruta”, en donde se ocultaban las redes de mafia policial, narcotráfico y proxenetas. En ese tipo de asesinatos también puede incluirse el de Lucía Pérez, en donde la camioneta que requisó la policía se encontró droga con intenciones de venta y la cual se estacionaba todos los días frente al colegio de Lucía. O el de Melina Romero, quien desde el primer momento el Poder Judicial y la policía ignoraron su desaparición, tardando semanas en iniciar su búsqueda. Su cuerpo finalmente fue hallado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita. Todos esos femicidios reflejan distintos grados de impunidad institucional.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expresa que el sistema judicial es uno de los bastiones patriarcales más fuertes y de los que tienen más presencia. “El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y a veces no está garantizado”. Por su parte, Montero aclara: “El estado no toma decisiones correctas. Al agresor es a quien hay que extirpar de la vida de la mujer, no como se hace al revés. Se lleva a la mujer a un refugio y es a quien hay que incentivar, darle herramientas, contención, tranquilidad emocional, acompañar y no dejarla sola. Al agresor sí hay que controlarlo y no perderle pisada, él es a quien el Estado debe controlar”.

“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe. 

Lico insiste, por su parte, en la importancia del llamado al 911 en casos de urgencia, en vez de la línea 144 que es la línea de consultas. Pero, si del otro lado no hay agentes con perspectiva de género, capaces de detectar ese riesgo, es en vano. “La capacitación tiene que llegar a todos lados. Que a los agentes se los obligue, una formación consciente y comprometida. Es necesario reflexionar sobre estas cosas que pasan para poder entender que si no tenés perspectiva de género vas a terminar cortando el teléfono y podrías haber evitado que maten a una nena de 14 años”, exclama Lico, haciendo referencia al caso de Florencia Romano de 14 años de la provincia de Mendoza, víctima de femicidio, en donde hubo un llamado al 911 que no fue tenido en cuenta y podría haber evitado el asesinato. 

Marta Montero asegura que la pandemia sacó las peores miserias de las personas y el encierro llevó a que sea más visible la violencia que ya existía en determinados círculos familiares. Según cifras publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante marzo de 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género a la línea 144, en comparación con el mismo mes del año 2019. Pero, en abril de 2020, una vez iniciado el aislamiento, se recibieron 1.735 comunicaciones, un 23% más que el año anterior. “El sistema judicial es uno de los poderes del Estado que está menos informatizado. La pandemia le cayó como un baldazo de agua fría y tuvo que empezar a poner en marcha algunos sistemas de informatización, porque si no era todo a papel y a pie”, afirma Lico y agrega: “La pandemia ha hecho que algunas cuestiones se agilicen un poco más. Algunos juzgados lo están admitiendo, otros siguen en la misma. Te dan el papel y tenés que ir a notificar la denuncia, a veces parece que es el siglo pasado. Además de cargar con la responsabilidad a la mujer. Ella tiene que notificar que él no se puede acercar. Ella tiene que apretar el botón antipánico y él no cumple con la orden. Digamos que la mujer carga con hacer cumplir con las órdenes judiciales. Es casi un delegado de la justicia”.

Además, Lico advirtió que los centros de la mujer estaban cerrados y la atención telefónica dejaba mucho que desear. “Era muy complejo comunicarse. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, muchas en riesgo, no podían ir a los espacios presenciales, ahí faltó el accionar del Estado. El Gobierno de la Ciudad debería haber tomado gente que pueda estar en territorio y solucionar estas cuestiones y la verdad es que no lo hicieron. Las trabajadoras han hecho un gran esfuerzo, muchas son del movimiento feminista muy comprometidas, pero se notó esa ausencia en la Ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables o en los que más dificultades tienen para acceder a los servicios”. Desde la Defensoría del Pueblo se trató de monitorear la forma en la que el Gobierno de la Ciudad manejaba la pandemia en relación con la violencia. Lico afirma: “La verdad es que el organismo que debería atender el derecho de las mujeres, que es la Dirección General de la Mujer, está en una crisis presupuestaria, atiende la emergencia. Cuando hay una emergencia y hay un riesgo alto, digamos que cuanto peor mejor, cuando la situación es extrema se logran algunas cosas. Sobre todo, a través de la intervención de la Defensoría y de los equipos de trabajo, porque si no, no hay políticas sostenibles, ni políticas de prevención”.

Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.

El Informe, además, destaca las otras víctimas de violencia, aquellos niños y niñas huérfanos por femicidios, quienes se convierten en víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres. Si bien existe la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas víctimas de femicidios hasta los 21 años, y sin límite de edad si existe alguna discapacidad, el trámite para que se haga efectiva hace imposible que la ayuda llegue a tiempo, ya que solo puede ser percibida iniciado el juicio. La Ley Brisa se sancionó primero en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una iniciativa legislativa del equipo de género de la Defensoría del Pueblo junto con la Casa del Encuentro. El trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de ANSES, que es el organismo nacional que tiene más bocas en todo el territorio, facilitando así, que se pueda acceder a la reparación. 

Lico señala también la importancia de retirarle la patria potestad, lo que se llaman los cuidados parentales, a los femicidas. “Ha habido casos horrorosos en donde el femicida salía de la cárcel, o no estaba preso porque tenía prisión domiciliaria, y los hijos de esa mujer que había sido muerta en las manos de este individuo vivían con él porque era el padre. Es siniestro, pareciera una película de terror”, expresa la abogada.

Según informa el Observatorio, el 8 de abril de 2020, luego de haberse dado comienzo al aislamiento social obligatorio, desde el Estado nacional se detallaron dos medidas concretas para tratar con violencia de género. La declaración de la línea 144 como servicio esencial y la campaña “barbijo rojo” que constaba de que si una mujer estaba siendo víctima de violencia de género, podía acercarse a su farmacia más cercana y solicitar un “barbijo rojo” dando inicio a un protocolo de acción. “El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020”, expresa el documento y Lico agrega: “Es un problema social, que se modificaría con la aplicación de la Ley Micaela en todos los sectores, con la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Las denuncias son un eslabón muy importante pero solas no alcanzan. Si hay una denuncia y no tenés un policía capacitado con la perspectiva de género necesaria para saber cómo aplicar una medida de restricción o cómo actuar frente a una mujer que toca un botón antipánico o una llamada telefónica porque está siendo víctima de violencia, la orden o denuncia judicial por sí misma no sirve de mucho”.

Finalmente, luego de numerosas cartas enviadas al gobierno por parte del colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, quienes se reunieron bajo la consigna El Estado ausente, nunca más lograron una respuesta este año por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en un encuentro virtual, en donde se dieron algunos lineamientos sobre las políticas públicas hechas hasta el momento. Por otro lado, esto también significó la reiteración del pedido de justicia por parte de las familias, quienes explicaron que muchos de los crímenes de sus hijas siguen impunes y, además, la exigencia de ser recibidas por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que los femicidios deben ser prioridad en la agenda del gobierno nacional. “Nosotras siempre decimos que la justicia es justicia en tiempo y forma. Una justicia que llega tarde o muchos años después no es justicia, no va con su concepto. Estoy convencida de que, si bien las denuncias son super necesarias y el Estado tiene que actuar, tiene que proteger y tiene que hacerlo con diligencia, con la perspectiva de derechos humanos y de género que eso requiere”, cierra Lico. 

Se triplicaron los casos de violencia de género digital

Se triplicaron los casos de violencia de género digital

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas. 

Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.  

Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”. 

Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico,  abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.

Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio. 

Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.

Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.

Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.

Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana. 

Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”. 

Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”. 

El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar 

Pensar las masculinidades en tiempos de feminismos

Pensar las masculinidades en tiempos de feminismos

«Uno de los aportes que podemos hacer los varones es el de una escucha activa, que nos permita interpelarnos sin oponernos defensivamente a los cuestionamientos de los feminismos», dice Fabbri.

Construye sus frases con una firmeza atrapante y cautiva en una conversación realizada en sus pocos momentos libres de interminables jornadas de reuniones virtuales, que se reparten en sus espacios de formación y trabajo. Luciano Fabbri es licenciado en Ciencia Política y Doctor en Ciencias Sociales, hace más de 10 años que coordina talleres sobre nuevas masculinidades y hoy forma de parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social (MasCS), un espacio que tiene como objetivo la intervención en el campo de las políticas de género destinadas a los varones.

Lucho, como lo conocen todos y todas, realiza el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Rosario -su ciudad natal- desde donde opina sobre el impacto de la nueva agenda de género en los varones y la necesidad de pensar nuevas estrategias para transformar nuestras prácticas machistas.

¿Cuál es el papel de los varones en medio de la revolución feminista que estamos viviendo?

En términos colectivos, uno de los aportes principales que podemos hacer los varones es poder ejercer una escucha activa, que nos permita interpelarnos y no oponernos defensivamente a las resistencias que nos generan muchos de los cuestionamientos de los feminismos a nuestras prácticas. Debemos buscar espacios de encuentro y reflexión colectiva para repensarnos y hacer un ejercicio de repolitización de lo personal y de colectivización de esas reflexiones. El objetivo es intervenir para que en los espacios comunitarios, laborales, educativos y militantes y también en nuestras relaciones, podamos aportar desde la transformación de nuestras prácticas a la democratización de los vínculos para combatir las desigualdades y las violencias basadas en género.

¿Cómo se construyen las masculinidades? ¿Por qué hablás de ellas en plural y no en singular?

Yo me refiero a las masculinidades en plural para dar cuenta de construcciones múltiples, heterogéneas y diversas en relación a esta identidad y expresión de género que llamamos masculinidades. Está atravesada por múltiples posiciones, que tienen que ver con la pertenencia de clase étnico-racial, generacional, de discapacidad, nacionalidad, etc. Masculinidades no es sinónimo de varones ni de varones cis-género; las hay trans, no binarias, lésbicas. Los varones cis somos una de las tantas expresiones de esa multiplicidad de formas de habitar la masculinidad. Y cuando me refiero al dispositivo de masculinidad, que es otra forma de nombrar la masculinidad en singular, me refiero a un conjunto de discursos y de prácticas que buscan construir una forma normativa de masculinidad tradicional. Es la hegemónica y tiene que ver con la socialización de los varones para creer que las mujeres y que sus tiempos, sus capacidades y sus sexualidades deberían estar a nuestra disposición. El dispositivo de masculinidad no es la masculinidad de uno u otro sujeto o sujeta, sino un proyecto político dominante orientado a la producción de relaciones jerárquicas; las masculinidades, en cambio, sí tienen que ver con las construcciones más subjetivas y singulares.

«Masculinidades no es sinónimo de varones cis-género; las hay trans, no binarias, lésbicas», dice Fabbri.

¿Cómo hacemos los varones para romper con el lazo de complicidad entre nosotros?

Lo importante es generar espacios de encuentro, de reflexión y de crítica colectiva entre varones, ya que es lo que nos permite empezar a contar con mayores herramientas para romper con esos pactos de silencio e impunidad en los que se reproducen las relaciones de complicidad. Se trata de entendernos como sujetos y agentes activos en el marco de la prevención y erradicación de las violencias machistas y que, en ese sentido, tenemos un rol muy importante: llevar las propuestas de los feminismos a los espacios de socialización entre varones a los que las compañeras no tienen acceso y en donde, justamente por la ausencia de las compañeras, sentimos que hay mayor licencia o impunidad para la reproducción del sexismo.

Con respecto a las tareas de cuidado, ¿Qué rol debemos cumplir las masculinidades -en especial los varones hetero cis?

Algunos de los resultados de estos dispositivos de apropiación de los tiempos, de los cuerpos, de las sexualidades y de las capacidades de las mujeres y de las feminidades impactan en diferentes medidas, entre ellas las tareas de cuidado. Por un lado tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado de la salud pero también del cuidado de nuestras relaciones sexoafectivas, de nuestros vínculos, del ejercicio de la paternidad. Y me parece que interpelar y transformar ese dispositivo tiene que ver con asumir una corresponsabilidad en esos vínculos y, fundamentalmente, con una atención muy importante a la reciprocidad y al consentimiento, que son aspectos en general muy escindidos de la socialización más normativa de la masculinidad y que tenemos que poder reaprender para tener vínculos más saludables y más justos.

¿Cómo discutimos la agenda de construcción de políticas públicas que transformen un Estado patriarcal?

En términos de agenda de políticas públicas lo que venimos pensando son, sobre todo, dos líneas de trabajo principales para articular desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, también aportándolas a su consejo asesor ad honorem. Por un lado, tiene que ver con la promoción de otras masculinidades sin violencia, en donde hay un rol fundamental de las políticas de formación, de educación sexual integral, de sensibilización, de abordaje territorial con las organizaciones populares y sindicales, de transversalización con las políticas vinculadas a la cultura y la comunicación. Por otro lado, una línea más vinculada a la generación de dispositivos de atención a varones que ejercen violencia con fines reeducativos, de algún modo, que permitan que esos varones se hagan responsables de sus prácticas, que puedan repararlas y que, sobre todo, no sean reincidentes.

¿Se pueden derribar los mandatos de masculinidad dentro de las organizaciones políticas?

Trabajar sobre los mandatos de masculinidad en las organizaciones políticas tiene que ver con lo que hablábamos antes: poder generar espacios de encuentros colectivos entre varones donde también, aparte de reflexionar entre nosotres, podamos hacer lugar a lo que las compañeras nos vienen planteando hace tiempo acerca de la erradicación de lógicas viriles en el ejercicio de la política, que tienen que ver con la reproducción de privilegios, micromachismos y relaciones de complicidad. De algún modo, con esas críticas y autocríticas de nuestros vínculos interpersonales en las dinámicas militantes hacer estrategias colectivas de despatriarcalización de nuestras organizaciones.

Si pensamos la escuela como espacio de socialización de género, ¿cómo se podría trabajar las masculinidades dentro de los ámbitos educativos?

Para eso hay que generar herramientas pedagógicas que puedan entrelazar los desafíos que tenemos en los sistemas educativos con sus especificidades en función del nivel y la modalidad de la que estemos hablando. Cuando nos desafiamos a pensar herramientas no punitivas para la erradicación de las violencias, el lugar de la educación sexual integral y las pedagogías feministas con un enfoque crítico de las masculinidades son la herramienta clave a jerarquizar y desarrollar.