Oct 7, 2021 | Comunidad, Novedades
Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal.
En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada.
“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino.
Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa.
La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González.
La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados.
Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada.
En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”.
Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”.
Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.
May 30, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre”, explica Marcos Candelino, docente y militante de Villa Soldati. Vecino de toda la vida, vivió sus primeros años en los monoblocks, la zona en donde un policía de la Federal, Pablo Emiliano Sueldo, mató fuera de servicio, a Dylan Alejandro López de 15 años, mientras manejaba un UBER el 8 de mayo pasado, justo el Día Contra la Violencia Institucional.
Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada que comunicó y denunció el hecho, explica en diálogo con ANCCOM que la problemática de la violencia institucional entra en relación con las prácticas deficitarias de la justicia y de los agentes de las fuerzas policiales. Candelino cuenta cómo eso opera en los propios vecinos: “Nosotros que pateamos el barrio todos los días, sabemos poco y nada, incluso no hemos podido contactar a la familia. Habitualmente las familias callan”, aclara.
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre” dice Candelino, docente y militante de Villa Soldati.
Para señalar dónde ocurrió el asesinato de Dylan López un vecino de Soldati señala estratégicamente la Avenida Mariano Acosta el límite que separa “las casas” de “los monoblocks”. El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati. Marcos observa: “Hay dos discursos enormes que intentan calar muy profundo en las conciencias de las personas. El primero tiene que ver con esa idea de inseguridad. Hay un grupo de vecinos que participan de las ‘Mesas de Seguridad’ con un discurso hiperfascista en donde todo lo que tenga que ver con los monoblocks tiene que ser exterminado”, sostiene. Allá por el año 2011, llegó Gendarmería al barrio. Candelino recuerda: “Desfilaban por Mariano Acosta con armas de calibre gruesísimo. Iba uno en la camioneta y otro atrás con la ametralladora. Causaba un efecto intimidante.”
Candelino es docente de la sede Fines de Soldati, advierte desde el vamos: “Siempre desde la cuestión intelectual uno tiene que blanquear desde dónde piensa y desde dónde habla”. Comenzó a trabajar los barrios desde joven en el Partido de San Martín, más precisamente en el barrio Martín Fierro, luego de meterse al seminario del Instituto católico Leonardo Murialdo: “Es raro. Yo iba a ser cura. Dentro de mi universo era la opción más radical que había. Me metí porque quería hacer trabajo en villas. Pensá que tenía 18 años y era marzo de 2002. El hambre se sentía y mucho.” Esa fue su primera experiencia de militancia. Cuando salió del seminario, se lanzó a un viaje por Latinoamérica para conocer la “América profunda”, dice. En el 2010, cuando regresó al país, se abrió un local de La Cámpora al lado de su casa. Entonces comenzó su militancia en ese espacio.
El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati.
Qué pasa en el barrio
Candelino lleva puesta una campera de River Plate. Pero el club de fútbol de Soldati es Sacachispas, que el próximo 17 de octubre cumple 70 años. Para septiembre, un mes después, el barrio celebrará 110 años de vida. La charla transcurre en el Instituto Cristo Obrero en la semana de mayo. Actualmente, allí se cede un espacio para que el Fines continúe en Soldati. Hoy, el Plan para terminar el secundario cuenta con al menos 100 estudiantes de entre 18 y 70 años. Dos de ellos explicaron para ANCCOM cómo se vive la violencia institucional en Soldati. “Hoy tiran a matar. No apaciguan las cosas. Si estás de madrugada y te ven en una secuencia rara, o no les paraste o te ven corriendo, te tiran”, describe Santiago Ocampo. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de los derechos humanos, analiza el recrudecimiento de la violencia en los barrios: “Hay ciertos patrones que se vienen repitiendo que por lo general son los usuales: la alta intervención de miembros de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, la utilización de las armas reglamentarias y también, recientemente, un aumento de la letalidad”.
En el marco del Día contra la Violencia Institucional, el mismo día en que asesinaron Dylan, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que muestra que en el último año no hubo un aumento significativo de hechos de violencia institucional, pero sí la letalidad en las intervenciones policiales. “Eso quiere decir que como primera intervención de las fuerzas de seguridad, en vez de detener o de llevar adelante algún ejercicio de la fuerza que sea proporcional a la situación que suele encontrar a una persona o al propio agente, la primera intervención es utilizar la fuerza de un modo letal”, señala Gómez Alcorta.
En septiembre el barrio cumplirá 110 años de vida.
Para Santiago, quien se crió en Soldati desde los cuatros años, el barrio “está más calmado en comparación a otros años”, desde que llegó Gendarmería. Según Micaela, su compañera: “Cuando vinieron los gendarmes también estaba movido. Después se calmó, porque si veían a algún pibe consumiendo algo ya se lo hacían tragar, no les importaba nada.” Santiago amplía: “Tenías un cigarrillo de marihuana y te lo hacían comer. Y esa acción es muy agresiva. Es tratar de eliminar lo que está mal lo más rápido posible. Pero no se fijan en los vendedores, se fijan en los consumidores. Hay muchos vendedores”.
Elizabeth Gómez Alcorta sostiene: “La violencia institucional es una práctica estructural en nuestra sociedad, centralmente practicada por miembros de las fuerzas de seguridad. No hay duda que a partir de estos dos años del gobierno de Cambiemos se lleva adelante una clara política discursiva no solo, de no repudiar ni criminalizar este tipo de hechos, sino muy por el contrario, de avalarlos.” En este sentido, Marcos Candelino reflexiona sobre el rol del Estado en relación a la violencia institucional: “El Estado siempre es el Leviatán. El tema es si está ahí para garantizar un derecho o si el Estado está ahí para garantizar los derechos de otros a costa tuya”. En el caso de las fuerzas de seguridad en los barrios, Candelino tiene su punto de vista: “Cuando un gobierno como el macrista pone las fuerzas del Estado en un barrio como Soldati no lo hace para garantizar la seguridad de los vecinos sino para controlarlos, para ejercer la ¿legítima represión del Estado? Lo pregunto porque yo dudo enormemente que sea legítimo. El uso de la fuerza en estas problemáticas, o desde el propio Estado, está ligado a cuestiones socioeconómicas y eso ya de por sí lo deslegitimiza. En Soldati, la violencia tiene que ver con una cuestión económica. Es directamente proporcional. A menores recursos mayor violencia”.
La problemática de la violencia institucional entra en relación directa con las prácticas deficitarias de la justicia y de las fuerzas policiales.
“Lo que me pregunto es por qué estaba manejando un UBER. La policía tiene un montón de adicionales. No sé. Claramente hay toda una idea de profesionalización de las fuerzas de seguridad donde parece que se trata solo de la guita. Siempre me pregunté lo que pasa dentro de la formación de los policías”. En este sentido, Marcos repasa el intento de democratización que se había intentado al interior de las fuerzas: “Se había empezado a democratizar ese tipo de cuestiones. Muchos antropólogos se dedicaron a estudiar el currículo de formación de la policía y se sostiene que eso fue un proceso primero, que llevaba muchísimo tiempo, y segundo que fue un proceso que se detuvo con la llegada del macrismo al poder político. El Estado siempre es el Estado, pero puede desafectar de la fuerza y sancionar, como lo hizo en su momento con el gendarme Carancho (el gendarme que simuló que lo atropellaban en una protesta)”.
Sobre el caso de Dylan Marcos reflexiona: “Yo no sé si este gatillo fácil es resultado de lo que mal llamaron la doctrina Chocobar, pero sí que es un comportamiento alentado desde el gobierno, claramente. Y ese gobierno es el Estado. Hoy el Estado mata pibes”.
El CELS muestra que en el último año hubo un aumento significativo de la letalidad en las intervenciones policiales.
Ago 25, 2015 | inicio
El Centro Comunitario Educativo Construyendo Sueños nació en plena crisis de 2001 y se fue consolidando a lo largo de los años. Situado en el Barrio Fátima de Villa Soldati, se encuentra en la Manzana 6, Casa 29 y pertenece al Distrito Escolar 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy cuenta con un equipo de 16 trabajadores, a quienes el Gobierno porteño ha dejado de pagar el sueldo y propone como alternativa al desmantelamiento, que el Centro se asocie a una organización no gubernamental (ONG) para seguir subsistiendo. En la actualidad, el Centro está a cargo de cuatro coordinadoras, Lorenza González, Fidelina Martínez, Lorena Navarro y Zulma López, quienes como el resto de los trabajadores, hasta hace dos meses, formaban parte de la planta transitoria del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. López contó a ANCCOM la problemática que atraviesan y repasó la historia de este espacio de apoyo, pero también de desarrollo para los chicos y chicas del barrio: “A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”. Ya en los albores del 2000 comenzaron, entonces, a averiguar quiénes podrían colaborar con la iniciativa, pero los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires no dieron buenas respuestas.
“A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”, cuenta Zulma López, una de las cuatro coordinadoras de Construyendo Sueños.
Mientras pensaban cómo sustentar el centro, armaron una biblioteca en el espacio de la capilla Virgen de Luján del barrio, pero como era fundamental que los niños contaran con un salón donde pudieran realizar actividades educativas, deportivas y recreativas, luego de sucesivas reuniones entre vecinos, decidieron comprar una vieja bicicletería para refaccionarla y disponer de ese local. Pero el dinero para solventar las actividades seguía faltando. “Continuamos buscando quién nos podía financiar para poder realizar talleres, que incluyen panadería, iniciación deportiva, teatro, música y defensa personal.Entonces, pedimos una audiencia con el ministro de Educación que, en ese momento, era Mariano Narodowski. Vino a conocer el Centro, le gustó el proyecto y ahí entraron los profesores”, recordó López. En ese año comenzaron las actividades que mantienen los docentes hasta hoy, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, dejó de pagar los contratos por horas cátedra. El conflicto se inició cuando, el pasado 1 de agosto, los docentes fueron a cobrar los haberes correspondientes al mes de julio y se dieron cuenta de que no se los habían depositado. Ariel Sánchez, secretario de Políticas Socioeducativas de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: “Desde el Gobierno dijeron que consigamos una organización no gubernamental (ONG) para que gestione el espacio. Nosotros buscamos una salida que no sea la firma del convenio de tercerización que quiere imponer el PRO, porque su idea es implementar lo que Macri llama ‘gestión asociada’ y nosotros, precarización laboral. En vez de construir jardines del Ministerio de Educación, firman con organizaciones que dependen de Desarrollo Social; ponen a la educación en un plano asistencial en lugar del plano educativo”. Mediante la implementación de este sistema de contratación, una ONG sería la receptora de los aportes del Estado, que automáticamente dejaría de ser responsable por la seguridad laboral de sus 16 trabajadores.
Centro educativo Construyendo Sueños (Fotos Deborah Valado)
Cuando les hicieron por primera vez la propuesta de tercerización, los integrantes de Construyendo Sueños se acercaron al gremio docente. Primero, se realizó una movilización con los maestros, alumnos y vecinos del Barrio Fátima hasta las puertas del Ministerio de Educación, donde esperaron durante horas pero nunca fueron recibidos. Semanas más tarde, volvieron al lugar, en esta nueva oportunidad oportunidad los chicos y sus talleristas exhibieron públicamente sus trabajos. Luego llegó el receso escolar y la baja de los contratos. En ese momento, UTE convocó a una conferencia de prensa en la que se anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia porteña para exigir la reincorporación de los docentes cesanteados. El acto contó con la presencia de Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los legisladores porteños José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro y Paula Penacca del Frente para la Victoria. “El gobierno de la Ciudad no tiene mucha intención de moverse de su postura y el tema hay que solucionarlo, porque los compañeros están sin plata en el bolsillo. El centro se va a terminar cerrando porque no hay manera de sostenerlo. Si la justicia no responde, hay que buscar una salida alternativa”, dijo Sánchez. Por su parte, Lorena Navarro contó: “Somos cuatro coordinadoras, una psicóloga, un trabajador social, uno de mantenimiento, una de limpieza, una bibliotecaria y siete profesores. También transitan alrededor de cien chicos y jóvenes de distintas edades. Todos están viniendo de manera habitual y esperando que salga el amparo. Al Gobierno de la Ciudad se le enviaron petitorios para realizar una reunión, pero nos bajaron las horas y nunca nos llegó formalmente un telegrama de despido o algo por el estilo. No tienen comunicación con nosotros”. Su compañera López, agregó que “sólo en 2012 estuvimos con María Soledad Acuña, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, y nos recibió muy mal, con un desprecio total”.
“Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder», contó Zulma López.
Hasta julio, el Ministerio se encargaba únicamente de pagar los sueldos. Para el mantenimiento integral, insumos y gastos (como las boletas telefónicas o la compra de garrafas de gas), se realizaban rifas y se vendían alimentos del taller de panadería. Lo que más preocupa a los integrantes del Centro es que los niños y adolescentes son los más afectados. López señaló: “Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder. Esas cosas te dan un poco de bronca: no es por nuestro sueldo, sino por la oportunidad de los chicos”. ANCCOM intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Educación como con el de Desarrollo Social de la Ciudad. De ninguno de los dos obtuvo respuesta. Tampoco lo lograron los responsables de Construyendo sueños: “Hasta el momento, ningún representante del Gobierno demostró intenciones de realizar una reunión para buscar una solución alternativa.Nosotros les decimos que vengan a ver al laburo que hacemos, que vengan a escuchar a los pibes. Quieren que hagamos sólo apoyo escolar -afirma López-. Hay chicos que lo necesitan, pero también hay otra población que necesita otras cosas. ¿Y los que van nomás a los talleres? Eso no lo tienen en cuenta. Que se pierda todo lo logrado no es justo y duele”.
