Una vez más, las calles porteñas se llenaron de mujeres que resisten y denuncian el patriarcado, el acoso y la violencia machista. Solas y organizadas, grandes, jóvenes y niñas, con diferentes elecciones sexuales, todas juntas desbordaron la Plaza de Mayo. El sábado pasado, la tercera marcha “Ni una menos” cerró con un documento consensuado por más de treinta organizaciones que fue leído por la periodista Liliana Daunes y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “Basta de complicidad estatal”, dijeron.
Más de 6.000 mujeres y varones son buscados en Argentina, según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), como posibles víctimas de las mafias que operan a través de secuestros y esclavización sexual o laboral. La Argentina tiene la Ley 26.842 que combate este flagelo, sancionada en 2008, modificada en 2012 y que se encuentra vigente. ¿Qué dicen organizaciones sociales sobre la política oficial ante esta problemática? ¿Qué falta por hacer para que la sociedad se concientice más?
Lucas Schaerer, integrante de La Alameda y Director de la Comisión Especial de Trata y de Hechos Vinculantes, afirmó: “La trata de personas es un delito de lesa humanidad, es esclavitud moderna”. Schaerer señaló que el trabajo del gobierno respecto al tema es malo y remarcó: “Asistir a las víctimas es un déficit del Estado. La asistencia es pésima en todo sentido”. Además, señaló que “la reinserción de las víctimas es un fracaso del Estado Nacional, pero también de los provinciales y municipales”.
Según las cifras del informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en conjunto con la ONG ACCT, del total de personas buscadas, 3.231 son mujeres y 2.801 varones, sobre todo niños. De aquella cantidad de mujeres, la mayoría son adolescentes.
Una de las políticas públicas de la gestión de Mauricio Macri fue conformar el Consejo Federal de Trata, cuya creación está contemplada en la Ley 26.842. Está integrado cuatro ministerios -Desarrollo Social, Justicia, Trabajo y Seguridad- y un representante de cada provincia y tres organizaciones de la sociedad civil, que rotan anualmente.
El organismo debe brindar asistencia integral a las víctimas, diseñar la estrategia de lucha contra la trata, promover la cooperación y verificar que se cumplan las normas vigentes y la eficacia de las políticas públicas del área. Su nueva coordinadora general es la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, María Fernanda Rodríguez, en reemplazo de Fabiana Tuñez, en funciones desde su creación hasta el 10 de mayo pasado, cuando renunció al ser la ONG que presidía, La Casa del Encuentro, seleccionada para ser parte de la Consejo junto con la Cruz Roja y el Foro No a la Trata de San Juan, que forma parte de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT).
Tuñez es también presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, que igualmente integra el Consejo Federal de Trata. Su jefa de gabinete, Natalia Barrios, contó: “La Argentina es un país de vanguardia en cuanto a sus políticas públicas. Por sus leyes, por la línea 145 (de denuncia) que funciona todo el año o por eliminar el famoso rubro 59 de los diarios”. Pero la funcionaria matizó: “No podemos hablar de logros sino de avances, porque la realidad es que todavía existen mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata”.
El Consejo es el encargado de aprobar el Plan Bianual de Trata que elabora el Comité de Trata y marca los pasos a seguir. Barrios aseguró: que “esto ordena el trabajo y genera mayor presupuesto para políticas, como por ejemplo la incautación de bienes de tratantes. Eso lo va a administrar el Consejo, para que pueda ser gestionado y devuelto a las víctimas tenía que existir esta institucionalidad”. Schaerer, sin embargo, manifestó que confiscar bienes de tratantes para devolverlo a las víctimas ya es parte de la ley y no se cumple, pero también destacó: “Aspiramos a que ocurra y que haya condena a los tratantes”.
La trata de personas con fines sexuales se puso en la agenda nacional especialmente después del caso de Marita Verón, de cuya desaparicón este año se cumplen 15 años. Germán Díaz, abogado de la causa y de la Fundación María de los Ángeles, resaltó: “La lucha contra la trata es una bandera que todos debemos levantar. Las mafias tiene poder económico y político, no hay que rendirse.” Además, afirmó que es importante asistir a las víctimas “para su reinserción en la sociedad después de lo que han vivido”.
Por su parte, Noelia Ramírez, integrante del equipo coordinador del Centro de Día Puerta Abierta de la Hermanas Oblatas, dijo: “Las redes de trata son mafiosas, a veces traen chicas del interior o exterior engañadas. Las mujeres contraen deudas y quedan atadas a ellos para pagar lo que deben y las prostituyen”. La religiosa pidió que se contemple a la prostitución como una forma de violencia y que no se estigmatice a una mujer que está en esa condición. En sintonía, Barrios expresó que una aspiración a mejorar en el combate a este flagelo es la posibilidad de penalización al cliente y comentó: “Al cliente, al hombre que consume prostitución, todavía no se lo toca, el patriarcado opera muy fuerte. Nunca nos olvidemos que hay mujeres que son secuestradas para ser prostituidas para que un hombre consuma a esa mujer como un objeto sexual de consumo”.
Tanto Schaerer, Ramírez y Díaz, como así también Barrios, mano derecha de Tuñez, coinciden en la importancia de no bajar los brazos. “Hay que seguir sensibilizando y generar conciencia en los jóvenes, políticos y empresarios de que es algo que le puede pasar a cualquiera”, concluyó Díaz, a poco más de tres años del fallo definitivo que condenó a diez de los responsables de la desaparición de Marita Verón, el caso que detonó la preocupación social por la trata de personas, un tema hasta entonces silenciado o relativizado.
Datos según un informe elaborado de manera conjunta entre la Protex y la ong ACCT.
El colectivo no partidario de artistas Fuerza Artística de Choque Comunicativo (F.A.C.C.) realizó este martes a la tarde tres intervenciones en la Ciudad de Buenos Aires, con la consigna “Femicidio es Genocidio”.
A las 15:30, unas cien mujeres y un grupo de músicos avanzaron hacia la Pirámide de Mayo. Las cámaras empezaron a captar todo lo que pasaba y los transeúntes, que no sabían de la performance, esperaban ansiosos a que alguien hiciera el primer movimiento.
Cada mujer tomó un espacio y lo hizo suyo; un cartel con la consigna acabó con las conjeturas de los espectadores: “Femicidio es Genocidio”. Una madre con sus hijos, extranjeros en un paseo por la Ciudad, empresarios, comerciantes, trabajadores en general, la espera estaba a punto de acabar.
La música sonaba de fondo con tonos de violín y flauta traversa cuando una voz dijo, “Nombremos a todas, violadas; asesinadas; desempleadas; locas; desaparecidas; vivas y muertas”. De a una, así como fueron convocadas para esta intervención, las chicas se quitaron la ropa hasta quedar desnudas. Poco a poco se fueron amontonando entre sí hasta semejar una pila de cadáveres. La Plaza de Mayo se hacía un eco de todas las formas en las que se podía matar a una mujer. Los rostros lo decían todo, impotencia, rabia, tristeza, incertidumbre.
A las 15:30, unas cien mujeres y un grupo de músicos avanzaron hacia la Pirámide de Mayo.
“Cortarle el cuello. Muerte instantánea”.
Al lado de la estación de subte de la Línea A esperaba, renuente a cualquier cambio, la Policía Federal. El problema no era la disrupción de un espacio público, sino la desnudez. Un cuerpo. Muchos cuerpos. Cada una retornó a su lugar para luego gritar en distintos tonos, intensidades y tiempos, una forma de contar todo lo que las mujeres asesinadas ya no podían expresar. Al son de las bombachas y las bufandas volviendo a su lugar correspondiente, los policías se retiraron y durante las demás intervenciones permanecieron expectantes pero alejados.
Después se inició una caminata hacia Tribunales. Pocas miradas de asombro al pasar, nadie cuestionó a las 150 personas que iban juntas por las calles de la Ciudad, se aceptó su existencia o se las ignoró.
La travesía se convirtió en una película de ficción. Una patrulla de la Gendarmería les pisaba los talones pero al llegar a la 9 de Julio se distanciaron. Luego, llegando a Paraná y Lavalle, como un guiño de la violencia que el grupo estaba denunciando, un hombre tiró un puñado de papeles de esos que todos sabemos que sirven, muchas veces, de tapadera para la trata de personas, pero que el Poder Judicial sigue sin cuestionar.
Cada mujer tomó un espacio y lo hizo suyo. “Femicidio es Genocidio» fue la consigna.
“Estrangularla. De uno a quince minutos”.
La performance al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resonó con cada foto de celular, con cada golpe de mazo al tambor zurdo y con cada aplauso. Las puertas se cerraron luego de alzar el cartel de “Femicidio es Genocidio” y desde las ventanas sus trabajadores miraban sin inmutarse como quien elude su responsabilidad política y social, porque según el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, en la Argentina matan a una mujer cada 18 horas.
Un hombre gritó “argentinos, basta de matar a nuestras mujeres”. Una frase que se perdió entre los sollozos y el bullicio de la calle. Una frase que sin acción, pierde sentido y se convierte en cualquier otra cosa que se podría decir en 140 caracteres.
“Quemarla. Ocho minutos”.
Las cámaras de los celulares ocasionales que registraban la escena representaron a la violencia simbólica de tratar a las mujeres como objetos. El zoom a los pechos predominó y las fotos de sus torsos desnudos se viralizaron sin su contenido original. Sus cuerpos no son de ellas, ya no les pertenecen.
Dos horas después, llegaron al tercer lugar, el Congreso de la Nación. Avenida Callao estaba cortada por una movilización y fue quizá el momento más emotivo por la cantidad de personas a las que se interpeló de forma directa. Una señora mayor le preguntó a su hijo: “¿Qué es genocidio?” Y con solo esa pregunta, la transgresión valió la pena. Ella no sabía lo qué significaba, pero con el tiempo entendió que ella ya lo había vivido de una forma u otra. Sus lágrimas al final y su mano sincera a una mujer que no conocía le dieron el cierre a la jornada.
El colectivo no partidario de artistas Fuerza Artística de Choque Comunicativo en plena acción.
“Desangrarla. De tres minutos a ocho horas”.
Parte del “manifiesto” de la F.A.C.C. consiste en reservar su anonimato y no dar entrevistas. Esa medida responde a una decisión de ser considerados una voz plural. Su responsabilidad como artistas que cuestionan, resisten y denuncian, significa que su lenguaje y su voz son su cuerpo; la calle y los edificios, su escenario.
La organización transmitió en vivo a través de Facebook, Twitter y Periscope.
Alika Kinan habla con voz firme y segura. Es la primera mujer sobreviviente del delito de trata que lleva a juicio a sus captores y proxenetas en el marco de un proceso considerado histórico. El Tribunal Oral Federal de Ushuaia dará a conocer el veredicto el próximo 29 de noviembre. La Fiscalía pidió penas de entre cinco y doce años de prisión para los imputados. “Son muchos años de explotación, y se deben pagar con la cárcel”, se ilusiona la mujer que se animó a saltar el cerco de un oscuro sistema prostibulario. Una red que captaba mujeres en estado de vulnerabilidad en distintos lugares del país para luego trasladarlas a Ushuaia, alojarlas en habitaciones del prostíbulo “Sheik” -donde vivían en condiciones deplorables- y explotarlas sexualmente.
Alika era cordobesa pero ahora es fueguina: pasó veinte años en el “Sheik” y hace cuatro que camina en libertad por las calles nevadas de Ushuaia, la ciudad al sur del sur, donde las noches de invierno son más largas que en cualquier otra localidad del país y donde llegan personas de todo el mundo que embarcan o desembarcan, que están de paso o se quedan. En octubre de 2012, el escuadrón 44 de la Gendarmería Nacional allanó el prostíbulo y detuvo a los dueños del local, Ivana García y Pedro Montoya, pareja que tenía como encargada del bar nocturno a Lucy Alberca Campos, también imputada en el caso. El juicio comenzó el lunes 7 de noviembre y cerrará a fines de este mes, cuando la jueza Ana María D’Alessio decida el destino de los acusados. Se trata del primer juicio contra responsables de trata de personas con fines de explotación sexual, habilitado por la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, sancionada en 2008.
“Es como pensar que tenés un tajito, pero tenés una hemorragia, algo que no se puede detener; yo pensaba hablar de un recuerdo y empezaron a aflorar muchísimas cosas”, cuenta Alika en diálogo con ANCCOM al reconstruir el momento en el que decidió avanzar con la denuncia que ahora permite que sus captores estén en el banquillo.
El proceso para “rebobinar” y contar su experiencia como víctima del delito de trata de personas no fue fácil. La acusación trasciende a los responsables del prostíbulo donde pasó dos décadas y también alcanza al Estado, en este caso representado en la Municipalidad de Ushuaia, por generado las condiciones para la explotación sexual ilegal. Por eso, la querella requirió una condena civil de 2.365.067 pesos contra los tres enjuiciados y en forma solidaria contra la Municipalidad de Ushuaia, institución a la que se consideró responsable de haber «facilitado» y «legalizado» la situación de trata.
En la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires agrupaciones apoyaron el inicio del juicio iniciado por Alika Kinan, víctima de trata.
La Fiscalía pidió una pena de doce años para Pedro Montoya, nueve para su socia y compañera, Ivana García, y cinco para Lucy Alberca Campos, la encargada del funcionamiento diario del lugar. “El juicio todavía no terminó, pero ahora mismo estoy hecha pelota”, reflexiona la mujer después de recordar el largo tiempo que le llevó reconocerse como víctima de un delito.
Y reconstruye: “Me sacó de ahí mi actual pareja y también mis hijos”, recuerda Alika, después de recordar que son miles las mujeres absorbidas por las redes de este negocio millonario, engañadas ante situaciones de vulnerabilidad y pocos recursos. Sobre las otras siete mujeres que fueron rescatadas del burdel de Montoya y García, Alika dice que es muy difícil que hayan salido de la prostitución porque no les ofrecen las opciones que corresponden: ni trabajo ni posibilidades de denuncia. Para revertir esta situación, Alika armó junto a otras compañeras la Fundación Sapa Kippa, con la que ayudan a mujeres rescatadas o aún bajo el negocio de la prostitución, que quieren salir y no tienen los medios. “Yo no tengo horarios, las chicas me pueden llamar a las dos de la mañana y voy a estar para escucharlas”, subraya. Además, para mantenerse económicamente, Alika trabaja en el área administrativa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Alika se planta frente al reglamentarismo y asegura que la prostitución no es un trabajo que pueda ser elegido. “Si hubiera seguido ahí me hubieran encontrado tirada en una zanja”, razona. Pero ella salió del circuito y sabe que puede lograr que muchas otras mujeres también se animen, por eso denuncia a los responsables y mantiene su postura abolicionista con mucha más fuerza que nadie, con la fuerza que surge de la experiencia propia.
