May 28, 2020 | Comunidad, Novedades
Con la pandemia de covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, pareciera que nada más pasa en el país y en el mundo. Que no hay más enfermedades que el coronavirus -a excepción, quizás, de aquellas “de base” de los grupos de riesgo-; que no hay más padecimientos que los de la angustia por el encierro; que la única contracara de la cuarentena es la económica. Sin embargo, pasan otras cosas, de esas de la vida “normal” que pasaban antes de toda la incertidumbre por el nuevo virus; aunque poco se hable de ellas. La donación y trasplante de órganos es una de esas cuestiones.
Donar en pandemia
“Donación y trasplante evidentemente han cambiado en el país desde la aparición del covid-19”; sostiene María Eugenia Vivado, presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR). Parece una constatación obvia, pero aun así necesaria. “A partir del inicio de la cuarentena, la donación y trasplantes han bajado ostensiblemente”, agrega.
Es difícil comparar números cuando los contextos que se analizan son tan diferentes. En el 2019, no había una pandemia que afecta a todo el mundo, y mucho menos una cuarentena que detuvo la mayor parte de la circulación en el país. Sin embargo, los datos hablan: en lo que va del aislamiento social hasta el cierre de esta nota, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) registró 68 donantes; el año pasado, la cantidad llegó a 348 en el mismo período de tiempo.
Hay varias razones, entre ellas el cierre de fronteras que dificulta el traslado de órganos -ya sea desde el exterior como desde otras provincias- que suele realizarse en aviones sanitarios; y la menor cantidad de accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte entre los donantes. Pero la más determinante es la seguridad, tanto de los pacientes como de los médicos. Frente a un virus con una tasa de contagio tan alta como la del coronavirus, las precauciones aumentan lógicamente: a los controles habituales a donantes y receptores se le suman controles específicos por covid-19.
Desde la Asociación Fibroquística Marplatense (ASFIM) explican que los criterios para definir posibles donantes seguros fueron trabajados en conjunto con la Asociación Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Asociación Argentina de Trasplantología (SAT) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), junto con el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de ellos, se “aumentan las exigencias” para los posibles donantes: se les realizan test epidemiológicos PCR para detectar la presencia o no del virus, y sólo cuando el test da negativo, se los considera como donantes.
Lo mismo se aplica para los posibles receptores de los órganos. Además, si el órgano en cuestión son los pulmones, también se les realiza una tomografía de tórax debido a los efectos particulares que tiene el coronavirus en el sistema respiratorio. Este aumento de controles “va en desmedro de la cantidad de donantes y receptores”, como sostiene Vivado.
Una de las medidas adoptadas fue recurrir, sobre todo, a las donaciones en determinadas provincias, aprovechando la heterogeneidad del país y la menor circulación del virus en ciertas regiones. “Eso nos permite un grado mayor de seguridad, ya que podemos obtener potenciales donantes de zonas donde no hay tanta circulación, y eso brinda cierta seguridad”, explica Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplante de la Fundación Favaloro.
Mientras tanto, en las redes oficiales del INCUCAI continúan insistiendo en la posibilidad de reafirmar la condición de donante a través de la web, si bien todos los argentinos mayores de 18 años son donantes, salvo que deje constancia de lo contrario, a partir de la sanción de la ley 27447, “Ley Justina”. Al 8 de mayo, más de 20 mil personas ya habían reafirmado su deseo de donar por esta vía.
Los trasplantes continúan
La donación no es el único aspecto que se ve afectado por la pandemia, sino todo el universo del trasplante. Por ende, los pacientes que están en lista de espera y aquellos que fueron recientemente trasplantados.
“Desde el comienzo de la pandemia pudimos observar que la actividad de donación y trasplante era afectada, sobre todo en los países europeos que precedieron en el desarrollo del coronavirus y su impacto en el sistema de salud”, explica Carlos Soratti, presidente del INCUCAI. “De modo que, precozmente, se empezaron a tomar las medidas, los diagnósticos y las estrategias para poder consolidar el sistema argentino de donación y trasplante y sostener la actividad con limitaciones y disminuciones.”
A diferencia de lo que sucedió en muchos países del mundo, en Argentina no se dejaron de hacer trasplantes. “Están bastante centrados en los pacientes que lo necesitan en forma urgente para vivir”, según María Eugenia Vivado. “Los trasplantes con donante vivo, como son programados, se los prefiere postergar a fin de cuidar al donante y al receptor, para evitar que estén en hospsitales con riesgo de posible infección”, explica la presidenta de ASIR.
“No podemos esperar a que termine la cuarentena”, sostiene Bertolotti. “Hay patologías que ameritan ser tratadas como si esta pandemia no existiera, las enfermedades siguen su curso, lamentablemente, y tenemos que tratar de brindar opciones a esta gente, dentro de esta situación.” Según el INCUCAI, en lo que va de la cuarentena más de 214 personas en lista de espera recibieron un trasplante de órganos o tejidos gracias a la concreción de 68 operativos en todo el país. Si bien en su mayoría fueron trasplantes renales, también se realizaron hepáticos, cardíacos, de córneas y uno pancreático. En el Hospital Garrahan llevaron a cabo diez trasplantes y la Fundación Favaloro se realizó, incluso, uno bipulmonar.
Los trasplantes de médula ósea también siguen llevándose adelante, ya sea autólogo -con células del mismo paciente- o con donante relacionado o familiar. Además, durante la cuarentena, y gracias al Registro Internacional de Células Hematopoyéticas -del que Argentina forma parte-, “los pacientes que tenían programado recibir un trasplante con células de donantes de otros países pudieron concretarlo a pesar de las dificultades de la pandemia”, cuenta Roberto Isab, referente de la Comisión de Amigos del Hogar CUCAIBA. Incluso cuatro unidades de células donadas arribaron al país desde Israel, Brasil y Alemania en vuelos de carga gracias a la participación de Cancillería, las embajadas argentinas, las empresas transportadoras y las aerolíneas comerciales. “Todo ese esfuerzo ha dado su fruto y hoy podemos decir que a pesar de las limitaciones que impone esta lucha contra el coronavirus, la oportunidad de trasplante de órganos, de tejidos y de células en nuestro país está siendo sostenida con mucha coordinación, con mucho esfuerzo y con la participación de todas las provincias y jurisdicciones”, sostiene Soratti.
Ser paciente
Los pacientes ya trasplantados también son considerados dentro de este nuevo escenario.
“En un primer momento, la recomendación era que nadie fuera a las clínicas, que se quedaran en sus casas y que solo concurrieran a la guardia en caso de presentar síntomas, pero había otras enfermedades y patologías importantes,” cuenta Bertolotti. “Dentro de esa población tenemos a nuestros pacientes que están en lista de espera o situación de trasplante, que también requieren controles específicos muy importantes para ellos.”
Frente a esta situación, en general se comenzaron a implementar consultas virtuales entre los pacientes y los equipos de trasplante. “Los organismos nacionales, provinciales, públicos y privados relacionados a la donación y trasplante siguen trabajando y empezaron una reorganización de atención a distancia, por todos los recaudos que se debe tener frente al covid-19”, explica Vivado. “El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, da directivas para la atención, vías de comunicación para que el paciente no tenga que salir de su casa. Por otro lado está garantizando la medicación para 6.840 pacientes sin obra social bajo el programa de medicación inmunosupresora”, agrega.
Pero para aquellos momentos en que es imprescindible recurrir al centro hospitalario, se implementan estrictos protocolos de seguridad para proteger a los pacientes y a los médicos. Por ejemplo, en la Fundación Favaloro se establecieron “circuitos seguros”, es decir, pasillos específicos y exclusivos para aquellos que van a realizar una consulta por trasplante o por razones ajenas a la sintomatología del coronavirus. De esta manera, no se exponen a posibles contagios.
Otra cuestión es el riesgo que corren las personas trasplantadas frente a la gran circulación del covid-19, debido a su inmunosupresión. Sin embargo, Bertolotti sostiene que “todo paciente trasplantado está recibiendo inmunosupresión, esto baja sus defensas y se expone a tener mayor vulnerabilidad para infectarse. Pero no se ha visto estadísticamente un comportamiento diferente en la población inmunosuprimida y la general, hasta el momento. “Lo importante es evitar el contagio, tanto uno sea trasplantado como no”, insiste. Sin embargo, las personas trasplantadas cuentan con una ventaja: ya tienen incorporadas como hábito las medidas de seguridad e higiene que ahora son necesarias para toda la población general.
Para complementar la poca información existente, el SINTRA puso en vigencia desde el 21 de abril un nuevo registro de infección por covid-19 para pacientes en lista de espera y trasplantados, que permite informar la incidencia y evolución de la infección viral en esta población especial. El objetivo es contar con datos nacionales acerca sobre el coronavirus para evaluar el impacto en este tipo de pacientes.
Las ONGs también cumplen un rol muy importante, más en tiempos de pandemia, para la promoción de donación de órganos y la seguridad de los pacientes, haciendo un seguimiento del cumplimiento de protocolos y leyes. “Queremos que se cumpla la Ley de Protección Integral para las Personas Trasplantadas y en Lista de espera. Por ejemplo, en la provisión normal de la medicación; y en caso de recurrir a un centro sanitario, tengan todos los recaudos de cuidados de bioseguridad”, sostiene Vivado.
Día Nacional
El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.
Todos los años, el INCUCAI realiza una campaña de promoción de donación para esta fecha en particular. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta vez la campaña se pensó específicamente para las redes sociales, convocando a la comunidad a participar con sus mensajes bajo el hashtag #AbrazosDeVida. “Seguimos teniendo formas de abrazarnos”, sostiene uno de los mensajes en las redes oficiales.
“La imagen de la campaña es la de Matilde, una muñeca con sus brazos abiertos, diseñada por el artista plástico Felipe Giménez”, explican desde el organismo de donación y trasplante. “La acción está inspirada en la idea de abrazar la vida, como se abrazan las buenas causas, los ideales, los sentimientos y los afectos. La iniciativa tiene como fin reafirmar una actitud positiva hacia la donación y homenajear a los donantes que hacen posible que miles de personas tengan una nueva oportunidad.”
Mientras tanto, en los días previos al sábado 30, se comparten imágenes y videos de pacientes trasplantados, personal del sistema de salud y familiares de donantes enviando sus abrazos, a la vez que se invitó a toda la gente a participar de la iniciativa.
Como lo resume Bertolotti: “Nadie en el mundo está preparado para una pandemia y para un aislamiento como el que nos tocó, así que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y apoyarnos entre todos.”
May 20, 2020 | Novedades, Trabajo
Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, a la mayor parte de los argentinos le resultó difícil continuar sus labores diarias. Pero para un sector de los trabajadores, la cuarentena significó no solo falta de trabajo, sino también una reducción drástica o la falta total de ingresos. Uno de esos sectores lo integran los monotributistas y autónomos que, si bien tratan de arreglárselas en el día a día sin el salario, todavía deben afrontar los gastos necesarios para mantener a sus familias.
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs y miembro de Prestadores Precarizadxs, trabaja como Acompañante Personal No Docente (APND) de un niño que asiste a una escuela estatal de la Ciudad de Buenos Aires. “Soy monotributista categoría A y trabajo en relación de dependencia encubierta para un centro categorizado que terceriza mis servicios como APND en escuelas”, cuenta. Lucarelli ha podido adaptar la atención al modo virtual, realizando videoconferencias diarias con el nene para acompañarlo en la resolución de las tareas que le dan en la escuela. Sin embargo, no percibió ningún tipo de ingreso durante la cuarentena, y diciembre fue el último mes que cobró por su trabajo.
A esta situación se le suman las constantes nuevas normas y resoluciones que se modifican entre sí; y la amenaza de recortes, rechazos o incluso eliminación de la cobertura de las prestaciones que continúan dándose online, por parte de las Obras Sociales y Prepagas. “Actualmente, después de una gran lucha y difusión en las redes de la hiperprecarización de los profesionales de la salud mental -a los que a la mayoría todavía nos deben honorarios correspondientes a meses del 2019-, nos quieren reducir o eliminar la posibilidad de continuar nuestras prestaciones de forma virtual”, explica Lucarelli.
Al respecto, desde Prestadores Precarizadxs plantean su rechazo a esta posibilidad debido a que su trabajo representa su única fuente de ingreso -si bien cobran con meses de demora- y a que los fondos para pagar las prestaciones existen. Esto también supone un perjuicio para las personas con discapacidad ya que se impide la continuidad de sus tratamientos, parte de los derechos que tienen. “Todo esto es un tira y afloje en el que no sabemos hasta cuándo podremos continuar trabajando en estas condiciones.”
«Las prepagas quieren reducirnos o eliminar nuestras prestaciones de forma virtual», explica Lucarelli.
Otro caso es el de Luis Mauregui, músico y monotributista social. “Me dedico principalmente a las clases particulares y los conciertos”, cuenta, y hace hincapié en que todo el sector de la cultura, independientemente de la condición de monotributista o no, está pasando un difícil momento. En su caso particular, se mantiene a flote con las clases: “He perdido un 50% de los ingresos, estoy reteniendo alumnos y tratando de mantener todas las clases online.”
El gobierno nacional no es ajeno a la dura situación que atraviesan monotributistas y autónomos. El 22 de marzo, apenas dos días de iniciada la cuarentena, se anunció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores independientes en situación de informalidad y monotributistas de las categorías A y B -las más bajas-, entre 18 y 65 años. El aporte consistió en una suma de diez mil pesos que debió cobrarse durante el mes de abril. Sin embargo, se registraron dificultades en el cobro de dicho ingreso y 1,1 millón de aplicantes fueron rechazados por error.
Frente a esto, y también debido a la progresiva extensión de la cuarentena, desde Anses -ahora presidido por Fernanda Raverta- se otorgará un segundo pago del IFE, correspondiente a otros diez mil pesos. Además, el gobierno lanzó una serie de créditos a tasa cero (subsidiados por el Estado), por un monto equivalente al 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la que cada monotributista está inscripto.
“Perdí un 50% de los ingresos, estoy tratando de mantener todas las clases online”, dice Mauregui.
Según Pablo Gaut, monotributista que trabaja como valet parking en un restaurante en Costa Salguero, el subsidio del Estado es una acción acertada: “Me parece una medida lógica y más si uno mantiene los impuestos al día, te vaya bien o mal; así que es importante que el Estado contribuya cuando te está yendo mal.” Gaut pudo cobrar el IFE y subsiste también gracias al sueldo de su esposa y cursos online de música, su hobbie. Pero agrega como sugerencia que “habría que mejorar la forma en que lo dan: tendría que ser un poco más rápida y, tal vez, un poco más de plata.”
Sin embargo, no todos los monotributistas piensan así, y definitivamente no en Monotributistas Organizadxs. Para Ailén Lucarelli, “las medidas del gobierno para con el sector monotributista son, desde todo punto de vista, insuficientes.” Según la referente, el alcance del IFE es uno de los puntos cuestionables, ya que “sólo alcanza a monotributistas de las categorías A y B, además de muchos otros criterios de exclusión y rechazos por errores en los datos que aún no han tenido solución y dejan a millones de trabajadores sin poder acceder a este beneficio”. En su caso personal, aún aguarda el cobro del ingreso, sin saber con certeza cuándo podrá recibirlo.
Otro punto que genera desacuerdos es el monto de dinero que compone al IFE. “A nadie se le ocurre que diez mil pesos puedan cubrir los gastos básicos de un grupo familiar, mucho menos después de descontar las cuotas del monotributo de marzo, abril y mayo, dado que no se nos otorgó la exención del pago del monotributo”, señala Lucarelli, haciendo hincapié en que uno de los requisitos para acceder al subsidio es ser único ingreso del grupo familiar.
Los créditos a tasa cero tampoco les parecen suficientes. En primer lugar, porque quienes recibieron el IFE ya no tienen acceso a los créditos. Y también, porque entienden que el “beneficio” supone, en realidad, mayores deudas a futuro para quienes no están pudiendo facturar durante los meses de aislamiento.
Luis Mauregui también es rotundo y crítico: “El gobierno mantiene una orientación que se ha ido profundizando con la cuarentena, consistente en la negociación del pago de la deuda, el subsidio a varios empresarios, y el aval a recortes, despidos y suspensiones, pero ninguna salida concreta para los monotributistas.”
Por ello, desde Monotributistas Organizadxs proponen sus propias medidas para paliar la situación que les toca atravesar: “Exigimos al gobierno un seguro al desempleo de 30.000 pesos para todos los monotributistas que no estén pudiendo generar ingresos -o éstos se hayan visto drásticamente mermados- debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para todas las categorías y sin criterios de exclusión”, sostiene Lucarelli. “Además, una exención del pago de la cuota del monotributo durante todos los meses que dure la cuarentena. Y en tercer lugar, la cobertura irrestricta por parte de las Obras Sociales a sus afiliados monotributistas.”
Estas medidas se suman a lo que ya vienen reclamando desde enero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a aplicar un aumento del 51% sobre el impuesto al monotributo.
Mientras tanto, los trabajadores autónomos y monotributistas continúan reclamando y tratando de llegar ya no a fin de mes, sino a fin de la cuarentena. Fecha que todavía se mantiene en la incertidumbre.
Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades
Ya pasó más de un mes desde que el Gobierno nacional dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si bien aún no hay fechas confirmadas, es de público conocimiento que la “cuarentena administrada” continuará durante mayo. Frente a esta situación, se empiezan a oír las voces de distintos grupos sociales que reclaman medidas específicas para sus necesidades reales. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad.
“Acordamos con la medida excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues entendemos que es la única manera de evitar que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia se agraven. En tal contexto, el presente documento busca acercar preocupaciones y propuestas respecto de la situación de las personas con discapacidad en esta emergencia pública en materia sanitaria.”
Así comienza el documento que explicita la situación de las personas con discapacidad frente a la pandemia de Covid-19, firmado por diecisiete organizaciones de todo el país, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta.
“Nos propusimos hacer el documento para mostrar la situación de las personas con discapacidad, de manera federal”, explica Andrea Grassi, militante de REDI, y comenta que, “en líneas generales, los problemas planteados por organizaciones de las distintas provincias son muy similares”.
El texto pone en el centro de la discusión las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad ante diversas situaciones propias del contexto de aislamiento, haciendo hincapié en la heterogeneidad del colectivo, con diferentes vivencias y necesidades. Y en el respeto del derecho de autonomía; sobre todo a partir de la decisión administrativa 490/20 que permite salidas transitorias para personas con discapacidad, debido a que no todas ellas necesitan acompañantes y los apoyos no deben “ser interpretados como obligatorios”. “Es necesario que exista un lineamiento claro al respecto tanto para las fuerzas de seguridad como para la población en general.”
Al respecto, Grassi agrega: “Enviamos una nota al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacerles llegar la confusión que eso generó en el colectivo, y nos respondió al día siguiente. Con respecto a la falta de claridad sobre las salidas breves, nos comentó que se trata de las personas con discapacidad con dificultades conductuales tales que necesitan salir para evitar la sobremedicación en sus domicilios. Pero esa especificación no está plasmada en ninguna publicación oficial, por lo que la decisión sigue resultando confusa.”
La cuestión de la autonomía es un punto sensible para las personas con discapacidad, debido a las dificultades que han tenido por lograr este derecho, y en tanto entienden que las restricciones propias del aislamiento suponen un retroceso en esta conquista. Lucas Romero, miembro de la Fundación Por Igual Más de Córdoba, sostiene que “si bien es comprensible que la emergencia exige del poder público respuestas rápidas y contundentes, la política de los ‘permisos’, si bien puede ayudar a algunos colectivos específicos, opera una objetivación de las personas con discapacidad que responde a lógicas de registro estadístico y a un prejuicio extendido sobre la no autonomía de las personas con discapacidad; y no a un abordaje integral y respetuoso de las diferencias al interior del colectivo”. Romero tiene un diagnóstico de hipertonía muscular que afecta su motricidad fina en los miembros inferior y superior derechos; y recientemente ha retomado su tratamiento de fisioterapia ya que en lo que va del aislamiento, su condición se vio resentida.
Lourdes Siman es directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín y también vio afectada su autonomía y movilidad a partir de la cuarentena, tanto desde lo emocional como de psicológico. Cuenta que, luego de muchos días de confinamiento, salió a realizar un mandado, pero que vivió la situación con angustia y miedo, sin entender por qué. Su teoría es que, con una discapacidad visual severa de base, otros sentidos se vieron limitados: el olfato y el gusto, debido a la utilización del barbijo; y la audición, ya que los sonidos de la calle eran muy distintos a los que estaba acostumbrada. “Me retrotrajo a cuando empecé a perder la vista, que uno no quiere salir afuera, que quiere quedarse adentro, que el afuera te asusta enormemente”, explica, y agrega que varios conocidos también sufrieron episodios similares. E insiste en que, si bien las medidas de seguridad e higiene son necesarias e inevitables, hay que repensar algunas aristas en lo que respecta su modo de implementación para con las personas con discapacidad.
Otros temas que trata el documento son el acceso a tratamientos, prestaciones de apoyo y medicación, advirtiendo sobre irregularidades en la atención por parte de algunas obras sociales y en el pago de salarios para los prestadores y acompañantes terapéuticos.
Por otra parte, el aislamiento y la disminución de la actividad productiva también afecta a las personas con discapacidad igual que al resto de los trabajadores, sobre todo a los informales que ven recortada su fuente de ingreso y que, debido a cobrar un pensión no contributiva, no califican para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien recibieron un bono de tres mil pesos, la extensión del aislamiento impacta directamente en sus economías.
Sin embargo, un punto comúnmente pasado por alto pero que las organizaciones insisten en traer al centro de la discusión es el acceso a la información, a la educación y a las tecnologías. Cuestiones que, durante la cuarentena, se volvieron aún más fundamentales. “No todas las personas con discapacidad tienen acceso a conectividad, ni a un teléfono celular de alta gama, ni tampoco a una computadora”, explica Andrea Grassi. Por eso, es muy difícil que puedan acceder a las terapias y a los asistentes de apoyo de manera remota.”
Por otro lado, la mayoría de las páginas web, plataformas de comercio e, incluso, plataformas educativas, no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. Según Grassi, “en cuanto a la educación, también es complejo el acceso a las plataformas que se utilizan y también a los materiales que brinda el Ministerio de Educación. Hay plataformas cuya navegación es inaccesible para personas con discapacidad visual, y lo mismo ocurre con algunos materiales, que tienen imágenes no descriptas.” Los trámites también se dificultan en gran medida para estas personas.
El futuro es incierto para todos y es difícil imaginar el retorno a una “normalidad” que quizás ya no sea tal. Pero para las personas con discapacidad se asoman nuevas preocupaciones ante dificultades existentes: “La pandemia pone a las personas con discapacidad en una particular situación de riesgo”, sostiene Grassi. En el caso de las que poseen discapacidad motriz y las que tienen baja talla, les es difícil higienizarse adecuadamente las manos porque los lavabos son inaccesibles. En el caso de quienes usan elementos de apoyo para desplazarse -bastones, muletas, sillas de ruedas-, éstos están en contacto permanente con el piso, por lo que tienen que desinfectarlos constantemente. “En cuanto a las personas ciegas y las que tienen baja visión, además de que tenemos que tocar el bastón blanco para caminar, debemos usar el tacto para obtener información sobre las cosas (por ejemplo, en un lugar cerrado muchas veces tocamos la pared para usar como referencia para encontrar puertas, ascensores, escaleras, etcétera), y en este sentido, el uso de guantes nos quita sensibilidad para reconocer los objetos, por ejemplo, la botonera del ascensor. Además, las personas ciegas no podemos mantener la distancia social recomendada, porque para cruzar una calle necesitamos tomarnos del codo o del hombro de otra persona,” explica Grassi en primera persona, relatando situaciones que a la mayoría se le escapan.
Mucho queda aún por decirse respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las decisiones se toman casi día a día. El documento firmado por las diferentes organizaciones que nuclean personas con discapacidad y tratan cuestiones referidas a sus derechos pone en escena reclamos y necesidades específicas de un colectivo erróneamente homogeneizado. Y da la oportunidad de un debate profundo en torno a ello.
Abr 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La televisión y la radio siguen transmitiendo. Los diarios continúan imprimiéndose. Los medios digitales y portales web mantienen actualizada su información. En épocas de incertidumbre como las que se viven desde -al menos- el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, los medios de comunicación se establecieron como servicios esenciales, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Llevan tranquilidad -o no- a millones de personas que transitan el encierro de la mejor manera que pueden. Incluso miles se volcaron nuevamente a los medios tradicionales, tratando de evitar las ya tan conocidas fake news.
De distintas maneras -teletrabajo, protocolos de seguridad e higiene, licencias para personal que forme parte de grupos de riesgo, etc.-, los trabajadores de los medios cumplen con sus funciones. Sin embargo, afrontan nuevas dificultades en el período de aislamiento. “En general las medidas de seguridad se están cumpliendo en casi todas las empresas”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Pero “no así otras obligaciones, particularmente las salariales, y esto representa un gran problema.”
El sector de prensa está muy golpeado. Publiexpress, Diario Popular, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas. Las lista de medios que atraviesan momentos críticos o conflictos con los trabajadores por motivos de incumplimientos salariales crece constantemente. E incluso comienza a comprender a otros sectores, como en el caso de Radio Metro, en el que, luego de un paro, los trabajadores lograron llegar a un acuerdo para que se les paguen los sueldos atrasados.
El periodismo, aunque se lo considere un servicio esencial, es una de las actividades que más ha sido golpeada por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, con un recorte del 50% respecto del 2015. A esta situación de base se le agrega el impacto del Covid-19. “Las empresas argumentan crisis producto de los cambios tecnológicos en nuestra actividad y el consumo de las sociedades de la información, y a eso ahora se suma la situación que produce la pandemia”, sostiene el delegado. “Pero es falso: esta crisis demostró la importancia de los medios tradicionales, que ante la necesidad de contar con información confiable una mayor cantidad de gente se volcó nuevamente a estos medios.”
Según Lecchi, estos conflictos -que incluyen cierres, despidos, sueldos atrasados y en cuotas- son “previos a la situación actual vinculada a la pandemia, pero en este contexto tienden a agravarse; y las empresas también aprovechan la situación de crisis para avanzar sobre derechos laborales y para sacarle plata al Estado a través de pauta o planes de ayuda.”
La precarización también es visible en estos tiempos, ya que los trabajadores freelance o “colaboradores” son los que están en peores condiciones. “Por las características de su trabajo no tienen ningún tipo de seguridad social y son los primeros que se ven perjudicados ante cualquier crisis y ajuste”, sostiene Lecchi. Desde SiPreBA estiman que un 20% de las notas publicadas en los grandes medios son realizadas por estos trabajadores, por lo que exigen medidas concretas en el marco de la pandemia -como la eximición de impuestos al monotributo- y otras más generales, como el reconocimiento de un tarifario que estandarice un valor mínimo por nota.
Despedidos y en cuarentena
El 30 de marzo, la empresa Publiexpress -editora de Pronto, entre otras publicaciones- se comunicó con la Comisión Interna Gremial de la revista para informarles a los trabajadores que no volvería a abrir sus puertas. Ningún telegrama había llegado, pero casi cien empleados se habían quedado sin trabajo. “A partir de ese momento empezamos algunas medidas de fuerza porque solo la última semana de marzo la revista no salió a la calle”, explica Mariano Caruso, trabajador y ex delegado de Publiexpress. “Queríamos cobrar nuestro salario de marzo e iniciamos distintas medidas, por lo que la empresa terminó cediendo y pagando, pero siguen en su política de cierre.”
Los dueños de la empresa, Eduardo Lerner y Abel Nahon, alegan problemas económicos a pesar de no haber realizado ninguno de los procedimientos previos al cierre; y, según un comunicado de SiPreBA, haber ganado recientemente una licitación del Ministerio de Educación de casi 24 millones de pesos para imprimir cuadernillos educativos sobre el Covid-19.
“Es un cierre fraudulento, lo que quieren hacer es sacarse a los trabajadores de encima y, cuando pase la pandemia, volver a abrir con personal tercerizado”, sostiene Caruso, también integrante de la Comisión Directiva de SiPreBA. Y continúa: “Es una política que ya viene haciendo la empresa hace unos años con otras revistas: despedía y tomaba personal tercerizado para que no estuviera en convenio, y de esa manera bajaba los costos y seguía con las publicaciones.”
Según el delegado gremial, “la empresa quiso aprovechar la medida de Techint: tratar de despedir por causa de fuerza mayor, pagando el 50% de las indemnizaciones sin haber hecho concurso preventivo de crisis ni haber presentado ningún papel.” Todo esto, ignorando el DNU 329/2020 que suspendió los despidos por 60 días, y sin acatar la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los telegramas siguen llegando -debido a las demoras en el correo-, y los trabajadores continúan luchando como pueden, desde sus casas. “Queremos que se respete la conciliación obligatoria, que nos devuelvan nuestros trabajos y que se nos pague el salario de abril y volver a trabajar normalmente cuando esto pase.”
A cuentagotas
La situación que atraviesan los trabajadores de Diario Popular no es mejor: el 1° de abril finalmente cobraron la última de las cinco cuotas en las que se pagó el sueldo de febrero, y la empresa, Manpress S.A., volvió a anunciar que continuarán con esta modalidad de pagos que ya funciona desde hace seis meses. Lo único asegurado fue una suma de cinco mil pesos para la primera quincena de abril.
Frente a esta situación, los trabajadores del diario se encuentran realizando un paro en busca de algún canal de diálogo con las autoridades. Sumada a la irregularidad de pagos, denuncian también que no se pagan los aportes patronales que corresponden, a la vez que se incumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para continuar las actividades.
“Nuestros pedidos siguen siendo cobrar el sueldo en tiempo y forma, ni más ni menos. Poder cobrar y organizar nuestra vida de acuerdo al trabajo que realizamos mes a mes”, explica Juan Manuel Lazzarino, delegado de prensa de Diario Popular. Sin embargo, la respuesta de Francisco Fascetto, dueño de la empresa, fue no pagarle los cinco mil pesos a aquellos que hubiesen adherido a la medida de fuerza.
“Esto no tiene que ver directamente con el contexto de la pandemia, nos viene pasando desde mediados del 2018, cuando comienzan las primeras deudas de la empresa para con nosotros, recortes salariales, quita de ítems. Nuestro caso viene desde hace rato”, puntualiza Lazzarino. Desde la empresa argumentan que la caída de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó en demasía a las finanzas del diario. Pero la postura de los trabajadores que quieren cobrar por las actividades que realizan, como corresponde, se sintetiza en las palabras de su delegado de prensa: “Si nosotros nunca fuimos socios en la ganancia, no veo por qué socializar la pérdida.”
La deuda es con los trabajadores
Como explica Matías Cardone, delegado de Perfil, la situación salarial en la empresa de Jorge Fontevecchia “no es muy diferente de la que vive el resto del gremio en lo que se trata de prensa escrita”.
Los trabajadores freelance de la editorial se ven más perjudicados aún: Perfil les difiere los pagos y en su mayoría están atrasados entre cinco y seis meses. “Hay productos de la editorial que se hacen en más de un 50% con freelance, lo que genera una precarización que vuelve al trabajo insostenible,” sostiene Cardone. “La pandemia lo único que hizo fue agudizar el problema para los compañeres colaboradores que necesitan más que nunca percibir sus salarios.”
La empresa alega -como tantas otras- problemas económicos y responsabiliza a la crisis del coronavirus, manteniendo en la incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, Cardone hace hincapié en que “están recibiendo pauta oficial, la web de Perfil tiene record de visitas y la empresa sigue facturando, por ejemplo, con la impresión de cuadernillos para el Ministerio de Educación”. Por otra parte, en los últimos cuatro años Perfil se expandió con una radio y una canal de televisión nuevos.
Hasta el momento de la cuarentena, los trabajadores de prensa realizaron asambleas y distintas medidas gremiales. Hoy, desde el aislamiento, tienen que limitarse a otras acciones. Pero el reclamo es el mismo: “Le pedimos a la empresa que pague la deuda a los freelance y, a su vez, que dé un aumento de emergencia ya que tenemos la negociación paritaria vencida desde noviembre”, sostiene Cardone, en representación de sus compañeros. Y agrega, como si no fuera suficiente: “A su vez Perfil tiene una deuda con nosotros que data de mayo 2019 y que aún no canceló por la que también estamos reclamando.”
Abr 1, 2020 | Comunidad, Novedades
En las últimas dos semanas se duplicaron los casos de dengue.
Los números dicen suficiente: 1833 casos confirmados en lo que va del año, tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires. De esa cantidad, 1576 sin antecedentes de viaje. En las últimas dos semanas se duplicaron los casos y la transmisión ya es principalmente autóctona, lo que da motivos para preocuparse. ¿Coronavirus? No, dengue.
Mientras la agenda mediática se ve saturada por alertas e información minuto a minuto de lo que sucede con el avance de la pandemia en el país, en lo que pareciera ser un segundo plano de la realidad, esta enfermedad de carácter regional se continúa transmitiendo sin que se hable demasiado de ello.
Nora Burroni, bióloga especialista en mosquitos e integrante del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, considera más riesgoso el dengue que el Covid-19 en las circunstancias actuales: “Una de las razones es que el serotipo que está circulando mayormente es el DEN-4, y la grandes epidemias de 2016 y de 2009 eran con DEN-1 Y DEN-2. La doble infección -es decir, anteriormente con DEN-1 o 2 y en este momento con DEN-4- puede dar más casos de dengue grave, los cuales pueden causar muertes.” Según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) que elabora la Gerencia Operativa de Epidemiología (dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires), el 55% de los casos confirmados fueron portadores del DEN-1, mientras que el 42% dio positivo para DEN-4, siendo estos dos serotipos los de circulación actual en CABA.
Otra razón de preocupación para la bióloga, también investigadora del CONICET, es que “este año se observó un aumento importante de la población del mosquito aedes aegypti”. “Estamos cursando la peor epidemia de dengue en las Américas. Eso es preocupante ya que aún hay bastantes días para que siga el dengue propagándose: marzo y abril suelen ser los picos de casos de este tipo de enfermedades.”
Así también lo informa el BES correspondiente a la semana del 27 de marzo. En el documento se deja constancia de estar transitando el período de alto riesgo -que va de marzo a junio-, en el que se advierte “presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika o fiebre amarilla (con circulación viral regional confirmada)”. Es decir, con casos autóctonos que no presentan antecedentes de viaje a zonas de contagio.
Flores, Barracas y Villa lugano concentran el 53 por ciento de los casos porteños.
Las comunas más afectadas son la 7 -Flores y Parque Chacabuco-, la 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- y la 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Y sólo tres barrios concentran el 53% de los casos: Flores (21%), Barracas (16%) y Villa Lugano (16%). Esto también demuestra que, si bien el dengue dista de ser una enfermedad que distinga clases sociales, es un dato objetivo que los barrios más carenciados -ubicados en el sur de la ciudad- son los más afectados debido a las condiciones de infraestructura y de provisión de agua que facilita la reproducción del mosquito.
Según Luana De Borba, investigadora del Grupo de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, el aumento de casos sospechosos en relación con el mismo período en años anteriores se debe a “la introducción de un nuevo serotipo al país, al cual la población no tiene inmunidad previa.” Esta situación no sólo es riesgosa para la salud personal de los ciudadanos, sino también para la pública: “La presencia del vector en comunidades altamente densas y la circulación del virus hace que el riesgo de salud pública sea muy importante y pueda significar una alta carga a los sistemas de salud pública, pudiendo evitarse con el simple control del vector, un mosquito”, explica la investigadora.
Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, actualmente está en marcha un Plan Operativo de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Mosquitos Aedes aegypti (ETMAa), a partir del cual realizan distintas medidas, como capacitaciones, “descacharreos” organizados, principalmente en las comunas más afectadas, y protocolos vigentes y activos en todos los hospitales y centros de salud. Sin embargo, y como sostiene De Borba, “dada la cantidad de casos registrados en 2020 hasta ahora, parecería que las medidas no están siendo lo suficientemente eficaces como para combatir la enfermedad y requieren de una estrategia más acentuada en la concientización de la población en riesgo”.
A nivel nacional, también se llevan a cabo distintos planes de control y monitoreo que se dan a conocer al público a través del Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, es posible que haya un nivel de subnotificación de los casos oficiales debido a la escasez de kits de diagnóstico en determinadas regiones del país y a que muchas personas no acuden al médico frente a síntomas leves de la enfermedad. Mientras tanto, el número de casos en el país asciende a 2.942 infectados -con circulación viral en 15 provincias-, y ya son 6 los fallecidos por falla multiorgánica debido a dengue positivo.
En todo el país fallecieron seis personas por fallas multiorgánicas tras ser picados por el mosquito del dengue.
Mosquitos y paradigma químico
Los tiempos que corren de coronavirus y aislamiento social preventivo y obligatorio, tampoco son de gran ayuda. Debido a la cuarentena, los monitoreos con sensores de presencia del mosquito y las acciones de control y divulgación se detuvieron para enfrentar una crisis que parece más acuciante debido a la alta tasa de contagio del Covid-19. Además, las casas no sólo se convierten en el espacio único de las familias, sino que también en sitios ideales de contagio y transmisión por parte de los mosquitos. Esto se debe a que los seres humanos están rodeado de potenciales criaderos para estos insectos: y no son los charcos, lagunas ni ningún tipo de espejo de agua, sino floreros, recipientes y neumáticos, entre otros objetos. Ya que el aedes aegypti es un mosquito doméstico, por lo que cumple todos los requerimientos de reproducción en zonas urbanas y viviendas, específicamente.
Sin embargo, el aislamiento también es una buena oportunidad para hacer limpieza. “El dengue se detiene controlando la población de mosquitos, lo cual es muy fácil si uno piensa que son tachos y estructuras en las viviendas que pueden acumular agua”, explica Burroni. “Hay que eliminarlos en estados inmaduros y descacharrar y limpiar los recipientes que no se tiran en el invierno, si todos los ciudadanos lo hacen a conciencia, la población de este mosquito baja al año siguiente. Y obviamente hay que mantenerlo bajo.”
No obstante, para Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas y jefe de investigación del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM), las acciones y medidas que se toman no son suficientes: “Lo histórico es hablar de dengue y el descacharrado cuando la transmisión es inminente o ya se inició. Lo histórico es responsabilizar al ciudadano cuando el Estado tiene responsabilidad en que no existan criaderos en las cementerios, escuelas, edificios públicos y hospitales (donde hay criaderos actualmente) y cubiertas de vehículos en las aceras de gomerías, cementerios de chatarra en zonas urbanas, etcétera. Hay que trabajar en prevención durante el invierno.”
Esta insuficiencia de las medidas se debe, según el especialista, a que la sociedad está atrapada en el paradigma químico que entiende la fumigación -con insecticidas y repelentes de capacidad sobreestimada- como única forma de eliminación del mosquito, cuando está comprobado que éste “se instala en nuestras viviendas porque le damos la oportunidad de proliferar en los recipientes que contienen agua. Controlar solo una de las siete etapas del ciclo de vida del mosquito no te protege en forma definitiva”, sostiene Schweigmann: “El mosquito responde favorablemente al paradigma químico, está preparado para morir ya que de 330 huevos, con que sobrevivan sólo dos y sean exitosos, esto permite que la población mantenga sus números. Hay que actuar sobre los criaderos, pero no se le explica a la población ni se le enseña como luce una larva.” Para el biólogo, faltan educación, calidad de la información -los medios desinforman y subestiman la epidemia- ; y, principalmente, mejores acciones de prevención por parte de las autoridades.
