Desalojados
Mañana del lunes 14 de mayo. Sarmiento 3120. Entre Anchorena y Ecuador. Barrio de Once. Migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Desalojados. 37 familias fueron violentamente expulsadas del hotel donde vivían. La medida fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad, teniendo como principales afectados a vendedores ambulantes. Desalojados y denigrados.
Jackson, miembro de la comunidad senegalesa que se hizo presente en el lugar, expresó su indignación al respecto: “No saben dónde llevar a sus hijos, ni dónde dejar sus cosas. Hay niños discapacitados. Esto es realmente horrible”. Se les impide trabajar, y además se les obstaculiza su situación habitacional. “Es un ensañamiento particular del Gobierno hacia las familias extranjeras de color”, expresaba una mujer de paso, que se encontró siendo testigo involuntaria del hecho.
Este acontecimiento fue de mayor gravedad al sucedido hace un mes, durante la mañana del sábado 14 de abril, cuando luego de una serie de violentos incidentes que involucraban a la Policía y a los manteros senegaleses, se desató una reacción popular en el barrio porteño de Flores que tuvo como consecuencia la detención tanto de vendedores senegaleses, como de testigos que pasaban por el lugar.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres, afirma que “este tipo de persecuciones son comunes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
Todos los detenidos de aquel sábado de abril, hicieron una denuncia colectiva en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde Demian Zayat es el coordinador de un programa contra la violencia institucional. “Está operando muy bien, y se articula con nosotros y los vendedores para recibir las denuncias y demás”, afirmó Guaraz.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.
Pero el episodio del lunes 14 y su predecesor del mes de abril fueron tan sólo los más mediáticos del último mes. Guaraz afirma que la represión hacia los manteros data del año 2011: “El Gobierno de la Ciudad contrataba barras para pegarles y sacarles la mercadería. Sin embargo ellos resistieron porque están hechos de la ‘necesidad’, de la situación que les tocó vivir. Los senegaleses son muy solidarios entre ellos y son duros. No los van a sacar fácilmente”. Vendedores Libres está pensando en tomar medidas de fuerza para visibilizar la situación y crear lazos solidarios con los compañeros cuyos derechos están siendo vulnerados.
El mayor peligro con que amenaza este gobierno es el que afecta a la vida. Muestra de esto es el asesinato de Massar Ba, uno de los más fervientes representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), el 7 de marzo de 2016. La causa se encuentra sin avances al día de la fecha.
Una de las premisas de la política migratoria de la República Argentina consiste en reconocer derechos fundamentales de los seres humanos, sin importar su origen, sin embargo la realidad de las leyes demuestra lo contrario. Es el caso de los migrantes de origen senegalés, que no cuentan con regulación migratoria que les facilite radicarse en el país de forma legal, debido a la inexistencia de una embajada de su país en la Argentina. Esto les impide a su vez, poder trabajar en blanco (siendo la relación de dependencia requisito excluyente para los inmigrantes extra-MERCOSUR) e insertarse plenamente en la sociedad, además de la imposibilidad de acceder a los mismos beneficios que otros migrantes.
«Los senegaleses son una parte invisibilizada de la sociedad», dice Omar Guaraz, de Vendedores Libres.
Los hombres senegaleses escapan de situaciones de extrema pobreza, arribando al país sin otra opción que refugiarse en la ayuda de sus propios compatriotas y en las organizaciones sin fines de lucro sostenidas por ellos. En la actualidad, la comunidad ronda las cuatro mil personas, entre las que se destacan mayormente hombres de entre dieciocho y veinticinco años, que llegan para instalarse y establecer una base en la ciudad para, después de un tiempo, al lograr cierta seguridad económica, regresar a Senegal. Generalmente se desarrollan en el sector informal, en gran medida en la venta ambulante (la actividad que más se realiza en su lugar de origen), aunque algunos ocupan puestos en seguridad privada y servicios gastronómicos u hotelería. Unos pocos, además de trabajar durante todo el día en las calles, realizan una carrera universitaria porque sueñan con un futuro mejor. Residen en todo el territorio nacional, pero su presencia es mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Trabajan principalmente en los barrios de Once, Palermo, Liniers, Flores y San Telmo, lugares donde sufren las redadas policiales y el decomiso de las mercaderías. Sin dejar de lado, además, la discriminación que sufren por parte de la sociedad en general.
“Son la parte invisibilizada de la sociedad, aunque no son los únicos”, explicó Guaraz. “La justicia fue colonizada y transformada en ‘injusticia’. Te pueden privar de tu libertad, te pueden procesar, te pueden armar causas judiciales. Lo mismo que les está pasando a los manteros le va a pasar a la sociedad”, concluyó.
El Decreto Migratorio de enero del 2017 avala la deportación de toda persona extranjera ingresada en el sistema penal, independientemente de ser culpable o inocente y siendo el margen de apelación mínimo. ¿Se toman prevenciones para que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los vendedores no terminen resultando funcionales a las políticas migratorias del gobierno?
Para protegerse del accionar del Estado, desde Vendedores Libres se apuesta a la organización como plan de lucha para sobrevivir, involucrando a la mayor cantidad de trabajadores posible, organizándolos, buscando testigos, armando grupos de Whatsapp para compartir las denuncias con legisladores, diputados y con la Defensoría de la Ciudad, entre otros.
La mayoría de los inmigrantes senegaleses trabajan en la venta ambulante.
Por otro lado, Moustafa Sene, representante y vicepresidente de la Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina, se mostró en desacuerdo con la postura de Vendedores Libres y otras organizaciones que alientan manifestaciones de protesta: “La lucha es desde otro lugar y de otra forma. La noción de prevención es muy importante. Los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos y sentimos lo que pasa. Nosotros ya fuimos varias veces a esas comisarías, al juzgado y a la Defensoría. Lo que podemos hacer ahora es buscar otra alternativa. Ver cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad, cómo podemos hacer para que los chicos se capaciten y sepan que ‘el lugar prohibido es prohibido’ y no se puede seguir luchando para seguir en la calle. No se puede mandar a la gente a enfrentarse con la policía, sabiendo que no podés pararlos. Porque lo que generas son antecedentes penales para esa gente que hoy ya está en problemas (ya sea con la venta, con la vivienda). La violencia de la policía es otra cosa, y en cualquier momento que ellos cometan una infracción contra uno de nosotros de manera injusta, estaremos listos para denunciarlos. Pero no vamos a acompañar a nadie en esa forma de lucha porque no es nuestro modo. Hubo varios jueces que se preocuparon frente a la cantidad de causas en estos últimos años cuando la comunidad era una de las más tranquilas. Uno de los pedidos de Migraciones, es que eviten las causas judiciales, ya que frente a ellas tendrán serias dificultades para negociar una amnistía. Ahora, llevar a cabo ciertos actos es darle una mano a la criminalización del migrante senegalés. ¿Quién sabe de lo que es capaz la policía si te tienen en la mira? Son capaces hasta de plantarte delitos”, sentenció Sene.
Sólo en el mes de abril, se registraron más de 50 detenciones contra vendedores senegaleses en el barrio de Flores. La venta ambulante es una picazón que el gobierno no para de rascar. Vendedores Libres denuncia una política de exclusión, violencia y xenofobia extremas orquestada mediante un accionar ilegal. Y como una parte más de este plan, sin pan, sin trabajo, y ahora sin techo. Desprotegidos. Denigrados. Desalojados.
