Ni plan ni pan

Ni plan ni pan

El mes pasado,  durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó,  junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino

Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido,  Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos  (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.

“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte,  Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”

“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum,  miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.

Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”

Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.

El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.  

Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres,  de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.

ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.

 “De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.

 

Actualizada 14/06/2017

El otro censo

El otro censo

La cantidad de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires al menos triplica las cifras y relevamientos oficiales del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta. La diferencia surge de los resultados preliminares del primer censo popular de personas en situación de calle que más de cincuenta organizaciones sociales y políticas realizaron en el distrito entre el 8 y el 15 de mayo con la movilización de más de 500 voluntarios.  

Según el censo oficial que el Gobierno de la Ciudad realiza todos los años, en  2016 había 876 personas que no tenían dónde vivir. Las organizaciones que participaron del censo popular coinciden en que la cifra obtenida en el trabajo que concluyó esta semana es muy superior a la difundida por las autoridades porteñas.  

Claudia Enrich, de la organización “Ciudad Sin Techo”, que se dedica a acompañar a las personas en situación de calle, precisó que los resultados finales del ¿contra-censo? se conocerán a fin de mes. “La idea es que ahora se hagan los números y sepamos finalmente qué cantidad de gente hay. Vamos a hacerlo de acá al 30 de mayo para tener una cifra respetuosa, que no sean un número sino que sean lo que son, personas que tienen un nombre, una vida”, puntualizó en diálogo con ANCCOM.

La organización “Ciudad Sin Techo”, se dedica a acompañar a las personas en situación de calle y se dispone a realizar un nuevo relevamiento con mayores precisiones.

Por su parte, la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad (Cesba), Laura Velasco, subrayó que el trabajo de campo de las organizaciones “no fue meramente un conteo, se realizó una cantidad de preguntas en relación con la situación de las personas, de las familias, qué situación los llevo a la calle, hace cuánto, si son discriminados en distintos ámbitos, si acceden a la salud, si sufren violencia institucional, si fueron a los paradores del gobierno de la Ciudad”. Y advirtió: “Lo que sí podemos anticipar es que el número de personas que vive en la calle es por lo menos tres veces de lo que informa el Gobierno”.

De acuerdo a la ley 3706, sancionada el 13 de diciembre de 2010 en la Legislatura porteña, es un deber del Estado  “la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”. Además, la ley señala que “se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.  

Según Enrich, “el gobierno no la cumple”. Para graficar ese incumplimiento, la referente de “Ciudad Sin Techo” recordó que “el año pasado hicieron el censo en abril en un solo día”. Y agregó: “Salieron un miércoles lluvioso en dos camionetas para hacer 15 comunas con 48 barrios. En ese contexto no iban a ver mucha gente, obviamente. Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”.

Por el incumplimiento de esta norma, el Gobierno porteño tiene abierta una causa en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Según Velasco, “el gobierno reconoce en esa causa que no había contabilizado a la gente que está en un parador por la noche y a la mañana siguiente está en la calle, ni a la gente que está con sentencia firme de desalojo ni a la que está con subsidio parando en un hotel. Estas situaciones que plantea la ley no estaban contempladas en el censo del año pasado”.

De la iniciativa para dar con un número real sobre las personas en situación de calle participó un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, junto a las que se dedican específicamente a esta problemática. Además, contaron con el apoyo de instituciones públicas  como el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad, que aportaron el asesoramiento profesional necesario. Sobre este trabajo en conjunto, Velasco explicó: “Se armó una coordinadora en la que participamos una persona por organización y se armaron comisiones de trabajo, también se trabajará colectivamente en el procesamiento de los resultados”.

Además, las organizaciones denuncian que no les dan la participación en el relevamiento oficial y en la definición de políticas, según estipula la ley. “Lo que planteó Liberatori en la última audiencia es que tenían que incorporar al monitoreo  a otros organismos y organizaciones  del sector. Sin embargo, este año volvieron a hacer el censo en abril sin incorporarlas”,  agregó la integrante del Cesba. En este sentido, para Enrich “luego del censo deben sentarse en una mesa de trabajo con las organizaciones para definir las políticas”. Y concluyó: “Lo que estamos haciendo es trabajar para que además de difundir la situación, se destinen los recursos necesarios”.

«Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”, señaló Claudia Enrich de la organización “Ciudad Sin Techo”.

Actualizada 18/05/2017