Ago 1, 2019 | Deportes, Novedades
Parte del predio de Deportivo Español fue cedido a la escuela de policía porteña.
El 12 de octubre de 1956 un grupo de inmigrantes españoles se reunió en el Centro Betanzos, en la calle México de la ciudad de Buenos Aires, para fundar el Club Deportivo Español. En la década de 1960, la Municipalidad le otorgó 15 hectáreas en el sur de la ciudad para que levantara su sede social. Durante gran parte de los años y 90 jugó en la Primera División del fútbol argentino, en ocasiones con muy buenos resultados. Hoy integra la cuarta división, perdió parte de sus instalaciones en el Bajo Flores y el gobierno porteño podría sacarle más terrenos aún.
Cuando a Español le cedieron los terrenos en el Bajo Flores, la zona estaba deshabitada y solo había un pantano rodeado por el riachuelo Cildañez. En esa época no llegaban las líneas telefónicas y fueron los socios de ‘El gallego’ los que tuvieron que rellenar el predio y llevar al primer médico. En 40 años compraron el inmueble y construyeron el Estadio España, con capacidad para 35.000 hinchas, tres canchas auxiliares de fútbol, una confitería, cinco piletas (una olímpica), gimnasios, canchas de tenis, béisbol, sóftbol, hockey (la primera techada en la Ciudad), un quincho con capacidad para 1.600 personas y más de 400 parrillas.
En sus años de gloria, el club llegó a tener más de 25.000 socios. “Este era por excelencia el mejor club de la ciudad. Nadie tenía un predio así, ni Boca, ni River. Nosotros teníamos todo junto: la cancha, las piletas, o sea en un mismo lugar se hacían las colonias, se jugaba al básquet, al tenis, al handball”, rememora Camila Somoza, secretaria de Administración y encargada de Prensa del club.
En sus años de gloria, el club llegó a tener 25.000 socios. Actualmente, 2.500 chicos practican deportes.
Camila habla en pasado porque el predio al que la llevaban sus abuelos y su papá ya no es el mismo. En 1993 empezaron una serie de hechos desafortunados que terminarían con la liquidación del club y su refundación en 2003, bajó el nombre de Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. Las malas administraciones, los pedidos de quiebra de ex jugadores y de Boca Juniors (presidido en ese entonces por Mauricio Macri) llevarían al cierre del predio en 2003 y su posterior remate en 2007.
El 30 de abril de ese año los socios celebraban en la esquina de Lavalle y Libertad que la Corporación Buenos Aires Sur, dependiente del Gobierno de la Ciudad, había adquirido el terreno en 7.630.000 pesos ganándoselo a seis oferentes más. El 11 de mayo se reabrieron las puertas de la sede y Enrique Rodríguez, presidente de la Corporación, decía: “Este es un predio emblemático, queremos tener un centro deportivo de alta competencia, una clínica del deporte y un hotel”.
Pero nada de eso sucedió. En diciembre de 2007 asumió como Jefe de Gobierno Mauricio Macri y echó para atrás el proyecto. En lugar de construir el Polo Deportivo que había prometido Rodríguez, levantó un muro y construyó una escuela de policía. “Duele ver el paredón. Pasan los años y no lo podemos entender, ni superar. Del otro lado se crearon amistades y familias, la cantidad de socios era impresionante. Español es un club que está en un barrio carenciado donde muchos vienen para salvarse de la calle”, afirma Camila.
En 2008 el gobierno de Macri le entregó 7 hectáreas en comodato a Español. Las otras 8 se las dio al Ministerio de Seguridad para que entrenara a los uniformados de la naciente Policía Metropolitana (hoy convertida en Policía de la Ciudad). Donde algún día se entrenaron subcampeones mundiales de patín artístico hoy disparan uniformados en un polígono virtual. “¿Quién se puede hacer socio si Español tiene pocas actividades y el fútbol, que es lo que más emplea, anda mal? Además, la parte económica del país no funciona bien como para pagar una cuota social”, comenta Juan José, socio vitalicio del club.
Ahora el Gobierno de la Ciudad quiere avanzar sobre las instalaciones de la confitería y las canchas de baby fútbol.
“Actualmente son 2.500 chicos y chicas que se reparten en fútbol, futsal y handball; nos gustaría hacer muchísimo más, pero la gente que conoció el predio de antes y que también conoce el de ahora, sabe que eso nos perjudicó mucho. Estamos luchando por el tema del comodato porque nosotros no podemos perder más terreno”, puntualiza Camila. A Español le quitaron las piletas, el quincho, los gimnasios, la cancha de hockey y esto “lamentablemente influyó” en la pérdida masiva de socios que hoy son entre 400 y 500. Mariano, un miembro de ‘La 55’, la barra que acompaña al equipo, destaca que es sumamente importante que el club se mantenga vivo “porque está en la parte más abandonada de la ciudad”.
En octubre de 2016 el Gobierno porteño se acercó a la calle Santiago de Compostela para comunicar que tenía interés en avanzar sobre dos hectáreas más del predio, afectando las pocas instalaciones que le quedaron a Español como la confitería y las canchas de baby fútbol. En ese momento nació la campaña ‘Español no se toca’ con la cual los socios buscan frenar el avance de la Policía porteña sobre lo poco que quedó.
“Estamos muy agradecidos con los clubes que nos apoyaron porque tuvimos mucha repercusión. Seguimos en la lucha porque este tema no se cerró todavía. El Gobierno de la Ciudad parece que mira para el costado. Ellos manejaron los tiempos que quisieron, a veces te apuran, a veces te lo hacen más lento. Estamos a la espera de que suene el teléfono y que nos digan: ‘Bueno tenemos una propuesta, tenemos algo’”, comenta Camila.
En abril de 2018 se vencía el comodato y los dirigentes de Español se anticiparon presentando en agosto de 2017 un proyecto a la Legislatura porteña para renovarlo por 40 años más. Emilio Raposo Varela, legislador de Unión-PRO, dijo en octubre de ese año que el gobierno había desistido de agrandar la escuela de policía y que el proyecto presentado por el club iba a ser tratado antes de finalizar el 2017. Pasaron 17 meses y nunca fue debatido.
Al último partido de Español en la B Metropolitana, en mayo, fueron no más de 200 hinchas. Los 90 minutos transcurrieron sin sobresaltos. Español le ganó a Colegiales 2 a 1, pero el descenso estaba consumado. Juan José bajó las escaleras desteñidas del Estadio España acompañado de un socio fundador. “A esta cancha no le entraba un alma cuando jugábamos con Boca, con Independiente o con River. Es una lástima ver como está hoy”, comentó nostálgico, pero dijo optimista: “Vamos a ver que nos depara el destino” y se despide afirmando: “Nosotros vamos a seguir viniendo”. Esta semana el equipo empezó su participación en la Primera C, jugando de local en All Boys, ante Deportivo Merlo. Perdió 3 a 0.
Jun 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Ivonne Kukoc, madre de Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar.
“Somos las voces de los hijos que nos sacaron. Hay que difundir, hay que moverse. No tenemos a los medios de nuestro lado pero no hay que dejar de dar la pelea. Tenemos los medios alternativos, tenemos a los compañeros para resistir y luchar”. Roxana Cainzos es la madre de Nehuen Rodríguez, un joven de 18 años que el 15 de diciembre del 2014 decidió salir con su moto desde La Boca en dirección a Parque Patricios para festejar el ascenso de Huracán. En la esquina de Brandsen y Carrillo, un patrullero de la entonces Policía Metropolitana que pasaba a toda velocidad lo atropelló. Nehuen murió en el acto.
Roxana no es la única que reclama por su hijo. Nehuén tampoco es el único que murió a manos de la impunidad policial en La Boca. En los últimos años se registró un gran despliegue de violencia por parte de las fuerzas policiales. El nivel de impunidad que prevalece y la violencia institucional que recorre día a día cada una de las calles del barrio y que se legitima, actualmente, bajo la lógica de la llamada Doctrina Chocobar.
Ivonne Kukoc es la madre de Pablo, que -tras asaltar a un turista- murió en diciembre de 2017 en La Boca, a los 18 años, baleado por la espalda por el policía que dio nombre a esa doctrina oficial, Luis Chocobar. “¿Cómo pueden festejar la muerte de una persona? El mensaje de Macri es que hay que salir a matar pero creo que nunca leyó la Constitución Nacional porque acá en la Argentina no existe la pena de muerte. ¿Cómo el Presidente de la Nación puede celebrar eso y reconocer a quien asesina como un héroe?”, se pregunta Ivonne. Y cuenta que Pablo había tenido problemas de adicción y lo que necesitaba era ayuda pero “no cuatro tiros por la espalda” y continúa: “Si bien pareciera que están para cuidarnos, Chocobar hizo todo lo contrario. Mi hijo no lo atacó, no fue un enfrentamiento”.
Lucas Cabello tiene 23 años. Vivió la violencia institucional en carne propia. En noviembre del 2015, cuando volvía de una panadería del barrio, un policía de la entonces Metropolitana, Ricardo Ayala, decidió pegarle tres tiros. Lucas afirma no saber cómo logró sobrevivir pero lo que más le sorprende es el hecho que, “no sólo dijeran que el policía había actuado en legítima defensa sino que (Maria Eugenia) Vidal (por entonces ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño) haya salido a decir que supuestamente se trataba de un caso de violencia de género. La actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires salió a decir esa barbaridad y después no se disculpó. No recibí ni un llamado para ver si necesitaba algo. Sé muy bien que nunca lo va a hacer. El Estado nunca se acercó”.
En materia judicial cada uno de los casos se encuentra en instancias distintas. Roxana Cainzos reconoce que “fue todo un trabajo de hormiga: hablar con los testigos, reunirlos con los abogados para sacar conclusiones, tener copia de la causa. Un año después de la muerte de Nehuen me compraron el abogado y así dieron el segundo sobreseimiento”. Pero continúa: “Gracias a la lucha y después de muchas idas y vueltas en abril de este año se llevó adelante el juicio oral y público que terminó con la condena a Germán Castagnasso, el chofer del patrullero, a tres años: una pena excarcelable. Yo creo que tendría que estar preso pero, al mismo tiempo, viendo cómo está actuando la justicia y más en este contexto con el gobierno neoliberal hay mucha impunidad”.
Lucas Cabello, en la misma línea, insinúa con desesperanza: “Si al policía que atropelló a Nehuen le dieron tres años, en mi caso que no me mataron, ¿cuánto le van a dar? A Pablo (Kukoc) también lo mataron y encima lo festejaron”.
Mientras tanto, Ivonne continúa con los interrogantes: “¿Justicia? Para mi justicia sería que me devuelvan a mi hijo, devuélvanme a Pablo y ya está, está todo bien. Pero sabemos que no puede volver. Entonces yo ya perdí. A mí no me interesa la venganza ni que metan preso a Chocobar, yo sólo quiero que no sea más policía pero para que ningún otro chico tenga que pasar por lo que pasó Pablo”.
Llegar hasta donde llegaron de ninguna manera es fácil. Roxana relata que “en un momento teníamos que tomar pastillas para dormir. Fue un proceso muy difícil y sigue siendo difícil”, afirma y continúa: “Yo era una vecina común y todo esto lo miraba por televisión. Al comienzo me costó mucho. De a poco empecé a meterme en la multisectorial de La Boca Resiste y Propone y, de esa manera, las otras organizaciones se fueron enterando del caso. Comencé, poco a poco, a caminar por todos los espacios del barrio para que pudieran estar al tanto, para difundir y para que apoyaran la causa. Me sentí muy protegida, me siento muy abrazada por todos los vecinos y todas las organizaciones pero al mismo tiempo me encontré con muchas trabas: desde el Estado nunca hubo una respuesta”.
El proceso de lucha es largo. “Es horrible vivir sin mi hijo -afirma Ivonne-. No sólo murió él sino que atrás lo hizo toda la familia. Acá en La Boca mataron a muchos chicos. Hay madres que me vienen a buscar pero yo por ahora no quiero ir a ninguna marcha, no porque no quiera justicia para mi hijo sino porque no puedo creer lo que me está pasando. Me duele muchísimo, me cuesta un montón. Siento que nada me va a conformar”. Y continúa: “Hay que ayudar a los pibes, hay que darles una mano. Ellos están pidiéndolo a gritos. No podemos felicitar a la gente que mata, ¡somos seres humanos!”.
Mientras tanto, Lucas sostiene que “aunque a veces no tenga ni ganas de levantarme y quiera terminar con todo, hay algo del otro lado que me dice: ‘Dale, levantate’. Todavía no me acostumbro a no poder mover las piernas. Lo tengo siempre presente, hasta sueño todavía con ese día pero no me acostumbro a esta vida. Puedo decir que el motor es mi hija y el hecho de saber que somos muchos, que estamos comunicados y que tengo la suerte de estar vivo para poder contar lo que me pasó”, continúa y asume con orgullo que “eso lo siento como una responsabilidad: muchas madres me han dicho que soy como el hijo de todas ellas”.
Roxana entiende que, actualmente, existe un gran avance de la violencia institucional y que “es preocupante cómo se está dando todo. Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos” pero no pierde las esperanzas porque asegura que “con todo lo que ya vivimos hace 40 años nos queda la conciencia colectiva, eso que nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, es a eso a lo que tenemos que apostar y transmitírselo a nuestros pibes que son el futuro. Tendremos Justicia Social, de eso estoy segura”.
Nov 11, 2015 | inicio
Lucas Cabello tiene 20 años, vive con su pareja y la hija de ambos. Hasta el lunes, trabajaba cuidando autos en el restaurant “Il Matarello”, en las calles Martín Rodríguez y Villafañe del barrio porteño de La Boca. Ese día, a la tarde, un policía de la Metropolitana le dio al joven tres disparos -en la garganta, el abdomen y los testículos-, en un episodio que el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Angel Palazzani, calificó como un auténtico «fusilamiento». Desde entonces, Cabello se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Argerich, peleando por su vida. Si sale airoso, no podrá mover nunca más las extremidades. El oficial de la policía Metropolitana, que se desempeña como custodia en la zona hace pocas semanas, está detenido e ileso.
Basándose en las pruebas y declaraciones de familiares y testigos, Palazzani calificó al hecho como “ejecución o fusilamiento”. “Estamos ante un hecho gravísimo de violencia institucional que de acuerdo a las pruebas y declaraciones de familiares y testigos presenciales configura una tentativa de homicidio calificado por parte de un efectivo de la Policía Metropolitana contra el joven Lucas Cabello», dijo Palazzani, cuya procuraduría depende al Ministerio Público Fiscal.
Esta no es la primera vez que la Metropolitana se encuentra envuelta en casos de violencia institucional. Según Palazzani, «Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables. El 90 por ciento de esas denuncias provienen de la Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya”, concluyó.
Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables por parte de la Policía Metropolitana. Gentileza Sur Capitalino
La pareja de Cabello, Camila -quien fue testigo de los hechos junto a su hija de dos años- aseguró que el oficial de la Metropolitana le disparó en la nuca y luego lo remató cuando ya estaba en el piso. Además, Carolina Vila, madre del joven baleado, indicó que Lucas no está involucrado ni pesa sobre él ninguna restricción judicial. “Mi hijo está peleando por su vida y encima quieren ensuciarlo. No fue un enfrentamiento narco ni un tiroteo”, declaró Vila.
Rubén, padre de Lucas, contó en declaraciones a la prensa que el joven «está peleando por su vida» y tiene «la médula reventada», por lo que los médicos del Hospital Argerich le dijeron que, si sobrevive, «las manos y las piernas no las va a poder mover nunca más”.
El martes, la abogada Gabriela Carpinetti se presentó en la Fiscalía de La Boca, a cargo de Susana Calleja y fue tomada como querellante en representación de la familia, en conjunto con su colega Nahuel Berguier. La causa transita actualmente el proceso de investigaciones preliminares.
En diálogo con ANCCOM, la abogada explicó que si bien no trascendió el nombre del agente de la Metropolitana, se supo “que está detenido e ileso. Esto refuerza la hipótesis que trabajamos: no fue un enfrentamiento como quisieron hacer parecer”, amplió. Según la abogada, “las pericias no arrojaron resultados sobre que Lucas Cabello estuviera armado, sólo estaba ingresando a un inmueble con su hija y fue baleado: hay una realidad y es que en la causa sólo una persona está herida luchando por su vida y ese es Lucas”, expresó.
“El lugar donde pasó todo es un inmueble que pertenece al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay muchas situaciones entre vecinos que pueden estar ligadas a las condiciones en que viven, y por ello había custodia. Es muy preocupante que sucedan estos hechos con las fuerzas armadas que tienen la función de proteger”, opinó Carpinetti.
La puerta de la casa de Lucas Cabello dónde vive hace 10 años en una edificación del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), Martin Rodríguez al 500, en el barrio porteño de La Boca.
Gentileza Sur Capitalino
La primera respuesta oficial del Gobierno porteño la dio la vicejefa María Eugenia Vidal, durante una recorrida de campaña con Mauricio Macri en Avellaneda. «Es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a una persona que tendría un vínculo con él (por Lucas) y se le agregó consigna policial en la puerta de la vivienda. Cuando salió de su casa gritando que la había amenazado de muerte, intervino la consigna, le dan la voz de alto, no atiende a la voz de alto y pasó lo que pasó», dijo a la prensa.
“Creemos que frente a investigación es inconveniente que funcionarios declaren sobre acontecimientos sin tener información al respecto, tenemos que ser cautelosos porque no se sabe que pasó y la familia está atravesando un momento muy doloroso”, concluyó la abogada frente a las declaraciones de Vidal.
Desde su creación en el año 2010, numerosos agentes de la Policía Metropolitana se vieron involucrados en casos de violencia institucional. En los últimos meses, se hicieron conocidos abusos contra activistas trans e inmigrantes de la comunidad senegalesa en Buenos Aires; la golpiza a cuatro jóvenes y una madre en Saavedra y el atropello de un chico en La Boca.
Según un informe del CELS entre 2010 y 2014 se registraron veintiocho muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. Otro caso de gatillo fácil resonante -todavía sin sentencia-, fue el de «Robertito» Claudio Autero, ocurrido en febrero pasado. El chico, de 16 años y en situación de calle, fue asesinado de un disparo en la nuca cuando estaba con un grupo de amigos cerca a un automóvil estacionado en la calle Rosario. El agente imputado es Sebastián Ezequiel Torres, de 30 años.
El policía que le disparó a Cabello fue trasladado a la comisaría 24, de La Boca, pero luego, por cuestiones de seguridad, fue llevado a la seccional 28. El oficial detenido, quien presta servicios en la Comuna 4 y fue pasado a disponibilidad preventiva por la Auditoría Externa del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad, será indagado en las próximas horas por el juez de instrucción porteño 35, Osvaldo Rappa, en los tribunales porteños, según lo confirmó el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace.
Jun 2, 2015 | destacadas
A principio de año, durante los primeros días de clase, en el Centro Educativo Isauro Arancibia los maestros empezaron a preocuparse ante la ausencia de Robertito –como lo llamaban–. Cuando le preguntaron a algunos de sus compañeros, por qué Roberto Autero no estaba yendo a la escuela, ellos respondieron que había muerto en la calle. Los maestros decidieron averiguar más sobre lo que había pasado, y finalmente supieron que lo había matado un policía de la Metropolitana.
“Nadie lo vio, nadie lo denunció, no tuvo repercusión. Sabíamos que estaba muerto pero no sabíamos exactamente qué había pasado”, contó Lila Wolman, una de las maestras. “Pedimos ayuda a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y a legisladores, que se ocuparon de averiguar en qué juzgado estaba la causa, y qué decía. Gracias a eso supimos los detalles de lo que había pasado”, agregó la directora del Centro, Susana Reyes.
En la madrugada del pasado 7 de febrero, Roberto Autero se encontraba con otros amigos en el Parque Rivadavia. Estaban cerca de un auto, cuando Sebastián Ezequiel Torres, policía de la Metropolitana, los vio y les dio el alto. Tras el grito, los chicos corrieron, el policía disparó y mató a Roberto. “El policía dice que le disparó defendiéndose porque él le quiso tirar, pero en realidad la autopsia desmiente esto, porque dice que la bala entró por la nuca y salió por la frente. O sea, nunca le pudo tirar de frente, le tiro de espalda y a cincuenta metros”, aclaró la directora.
Roberto tenía 16 años, era el menor de cuatro hermanos y vivía en la calle; iba al colegio Arancibia desde los 9 años. “Tenía una situación familiar muy complicada. El papá vive en la villa, y la mamá, que vivía en la calle con él, murió hace dos años, eso fue peor todavía”, comentó Wolman.
Acto del 25 de mayo en el Centro Educativo Isauro Arancibia.
La escuela funciona para muchos de los alumnos como casa y como familia. Los maestros intentan que los niños y jóvenes en situación de calle pasen ahí la mayor parte del tiempo: desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía tienen clases, durante la tarde tienen talleres en contra turno, y al día siguiente los maestros esperan que los chicos vuelvan. “Lo que pasó con Robertito es lo que le pasa a todos los pibes que están acá, los 200 pibes que vienen al Isauro son pibes que han circulado en la calle desde muy chicos”, dijo Wolman, y continuó: “Cuando Robertito empezó a venir a la escuela, lo trajeron de un hogar en el que estaba viviendo, llegaba tarde, venía todos los días con una capucha, y se acostaba en el banco con la cabeza sobre los brazos. Estuvimos meses con él a upa para que pudiera sacar el cuaderno y ponerse a escribir”.
Ambas maestras hacían hincapié en lo terrible del asesinato de Roberto, en que el hecho quita importancia sobre la duda de qué estaba haciendo el grupo de chicos cerca del auto, y resalta el abuso de la fuerza policial. Además, el silencio de los medios de comunicación: “No es noticia que a un pibe pobre lo mate la policía, por eso no queremos poner el acento en si estaba robando, o qué era lo que estaba haciendo, no importa lo que esté haciendo. Hay muchos que mueren porque están hechos pomada por el paco, a nosotros se nos suicidaron pibes, todo eso tampoco es noticia”, sostuvo Reyes y agregó: “Nosotros consideramos que tenemos que protegerlos, que tenemos que defenderlos, enseñarles que tienen que luchar por la justicia. Porque estos pibes están abandonados, quién puede estar más inseguro que un chico que vive en la calle. No hay que naturalizar que matan un pibe y ya está, lo mataron, otro más que se murió. Los pibes no se imaginan su vida más allá de los 30 años”.
El jueves pasado, para el festejo del 25 de mayo, en “el Isauro” organizaron un acto en el que el homenaje se dividió en dos: por un lado la celebración histórica, y por otro el recuerdo de Roberto. En la esquina de Paseo Colón y Cochabamba –donde se encuentra la escuela– cerraron las calles para dar lugar a las voces de alumnos y maestros, que reivindicaron y defendieron su escuela. Entre presentaciones, música, una radio abierta y espontánea, locro y mensajes de ánimo sobre las paredes, todos apoyaron la investigación en la causa de Robertito.
Susana Reyes, directora del Isauro Arancibia, durante el acto del 25 de mayo.
Otro motivo para celebrar era la victoria que consiguieron en el Isauro, al evitar que el Gobierno de la Ciudad derrumbe el edificio de la escuela. Durante el año pasado maestros y alumnos se enfrentaron al peligro de quedarse sin su espacio cotidiano, cuando el Gobierno dispuso que por allí iba a pasar el futuro Metrobús, y el edificio entorpecía el camino. Gracias a los reclamos intensos, y el apoyo, lograron que el plan no se lleve a cabo.
Uno de los legisladores que apoya al centro educativo, y que presentó el pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que se profundice la investigación, es Pablo Ferreyra. Ferreyra estuvo presente en el acto, y en conversación con los alumnos que hacían una radio abierta, dijo con respecto al avance de la causa: “La causa de Robertito no hubiese tenido la visibilización que tiene ahora, sin el empuje de los docentes, de Susana Reyes y de los pibes. En el Isauro no hubiésemos tenido nunca la posibilidad de que la causa pase de ser un enfrentamiento, como lo quiere vender siempre la policía, a que ahora se empiece a investigar un homicidio. Que la Secretaría de Derechos Humanos esté tomando parte de la querella también. Y Roberto en otra institución capaz era un banco vacio, acá, acostumbrados a los bancos vacios, acostumbrados a perder pibes -porque no es la primera vez que la Policía mata un pibe que viene al Isauro- acá ese agujero se hizo una mancha para la Metropolitana. Hoy es una mancha más que tiene la Metropolitana”.
