Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Organizaciones sociales y políticas, asociaciones y ONG que luchan por los derechos de las personas con discapacidad se concentraron en el Congreso para manifestarse en contra del recorte que el Gobierno nacional pretende realizar sobre las pensiones por discapacidad. Agitaban sus banderas y carteles bajo las consignas: “No a la quita de pensiones»; “Un derecho no es un gasto»; “No al ajuste en discapacidad».
Entre los manifestantes, Andrea, mamá de Leonel, un chico de 12 años que padece el síndrome TDAH (déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad), se reunió a otras madres que están en la misma situación y se organizaron para juntar firmas e impulsar una ley para que los niños puedan tener una cobertura de tratamientos que funcione en las escuelas. “El proyecto de ley está encajonado en el Congreso de la Nación desde marzo de 2017”, manifestó Andrea y aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno es gravísimo. Vamos para atrás, en vez de avanzar. Exigimos la no quita de pensiones a discapacitados. Pedimos que nos escuchen”.
Pasadas las 17:00 se desplegó un escenario por el que pasaron voceros de distintas organizaciones. Héctor Filippa, representante del Observatorio del Área de Trabajo, hizo hincapié en una serie de inclumplimientos por parte del Gobierno nacional y aseguró que es fundamental “unirnos en contra de este sistema que vino a sacarnos las pensiones; que vino a sacarnos los derechos; que vino a quitarnos las prestaciones; este sistema que no nos quiere dar salud, que nos quiere exterminar. Este gobierno nos quiere sacar del medio a las personas vulnerables”. Acto seguido, la actriz Lola Berthet, integrante del Sindicato de Actores y Actrices expresó: “Lo que está haciendo el Gobierno con las pensiones y la salud pública es una masacre y no lo vamos a permitir, por eso estamos acá. La cultura está presente junto a ustedes. No vamos a permitir que nos saquen nuestros derechos”.
Pedro Ireneo Ávalos tuvo poliomielitis y actualmente padece sus secuelas. Es vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Sentado en su silla de ruedas denunció: “En el 2016 nos sacaron dos millones de dólares del fondo solidario de redistribución que es un fondo que financia las prestaciones de discapacidad de las obras sociales. Hoy, dos años después, vemos los efectos de ese despojo. Mil millones de dólares están puestos en la bicicleta financiera. Esto ha pasado desapercibido para la sociedad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hace dos años que a las personas con discapacidad nos niegan o nos dilatan las prestaciones porque la Superintendencia no paga porque la plata está en la bicicleta financiera”. A continuación afirmó que, a pesar de todas las dificultades, “estamos contentos porque nos hemos reunido hoy acá para decir: ‘Acá estamos’” y lamentó: “En la vereda de enfrente (Congreso) se está vendiendo la patria. Eso lo tenemos claro”.
Parada sobre su bastón beige y con la mirada dirigida al Congreso, Rosa Liliana Almirón -presidenta de APPA (Asociación Polio-Postpolio Argentina) y, además, coordinadora del Observatorio Internacional por los Derechos de las personas con Discapacidad- habló sobre la necesidad de salir a las calles, mostrarse y hacerse escuchar. También agregó que “la gravedad existe hace bastante porque están cortando las prestaciones. Eso significa que aquellos chicos a los que no les llega la asistente que les enseña a respirar, se mueren. Ya hay chicos que se están muriendo”.
Mientras tanto, frente a la plaza, los diputados y diputadas discutían el presupuesto nacional del año 2019 con un enorme rechazo de la oposición. Hugo Yasky, luego de dar su intervención, se sumó a la lista de oradores en el escenario y exclamó: “Estamos terminando una sesión en la que el Jege de Gabinete Marcos Peña acaba de confirmar que forma parte de un gobierno que vive en otra galaxia y quiere hacer aprobar un presupuesto que se lo escribieron los tecnócratas del FMI”. El Secretario General de la CTA y diputado nacional de Unidad Ciudadana aseguró que “si hay algo que en un país que quiera ser digno no se puede discutir, son los derechos de los jubilados, los derechos de los niños, los derechos de las personas que tienen capacidades diferentes. Eso tiene que estar fuera de discusión y hoy tenemos que hacer este acto porque hay una decisión de recortar todo lo que tiene que ver con los derechos conquistados”.
Antes de finalizar y en memoria de los chicos y chicas muertas por la baja de pensiones, se prendieron velas y se cantó el Himno Nacional Argentino. Entre banderas, carteles, lágrimas y abrazos se escuchó: “Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud”.
Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas, ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno. El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.
Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”, indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.
Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.
Abr 26, 2018 | Novedades, Trabajo
La primera posta fue el lunes de la semana pasada. Ese día, los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad se enteraron que el gobierno echaba a 70 de sus compañeras y compañeros. Un policía en la puerta del organismo, en Hipólito Yrigoyen 1439, en Capital, leía de un papel los nombres de quienes a partir de ese momento eran dejados sin trabajo. La segunda sucedió pocos días después, cuando el Ministerio de Agroindustria resolvió echar a 330 personas, disfrazando la medida de “desvinculación”, tal como se usa en el lenguaje gerencial. Así, 400 empleados se quedaban en la calle en menos de una semana.
Más de 400 personas quedaron sin empleo en el Ministerio de Agroindustria.
El lunes 16 de abril, los empleados y empleadas de la Agencia Nacional de Discapacidad llegaron hasta Hipólito Yrigoyen 1439, como todas las semanas, para retomar sus tareas habituales. Sin embargo, algo había cambiado en la geografía del lugar: carros de asalto y efectivos apostados en el ingreso. En las oficinas faltaban empleados; los que estaban eran policías de la Federal. Así se enteraron de los despidos.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017, tras el intento fallido (producto de la fuerte resistencia) de dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad y absorber a otras reparticiones como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones.
Christian Gutiérrez trabajaba en el área desde hacía 18 años. Su puesto era administrativo. “Nos encargamos de recibir y procesar el trámite de pensiones no contributivas, que asisten a una población muy carenciada, que no se pueden desarrollar sea por cuestiones de salud y/o dificultades económicas”, explica sobre las tareas que hacía. Los medios de comunicación (o buena parte de ellos) se encargaron de hablar del curro de las pensiones. Para Gutiérrez eso “es una gran canallada. Acá trabajan un montón de profesionales, y las personas para acceder a las pensiones tienen que presentar un montón de trámites, como presentar certificados médicos e informes sociales que realizan nuestros trabajadores sociales”. ANCCOM intentó comunicarse con la Agencia, pero nadie respondió.
Reclamo de la Agencia Nacional de Discapacidad en el Congreso.
El interior también existe (y sufre)
Los 70 despidos no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden a otras sedes, entre ellas las de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia. Cerraron además algunos centros de atención local (CAL) en localidades bonaerenses como Lomas de Zamora, Moreno, Tigre, Necochea y Tres Arroyos. Para lograr el objetivo, emplean un método arcaico pero eficiente: dejande pagar los alquileres y servicios para que las oficinas de atención desaparezcan.
Silvia Moglie es delegada de ATE a nivel nacional. Trabajaba en el CAL de Luján hasta que la echaron la semana pasada. Cuenta que allá se enteraron de los despidos “por una foto que nos envían los compañeros de Capital de la lista que tenía la Policía en sus manos. Después nos llamó el gremio, ATE. En Luján, somos cuatro despedidas. Tres somos trabajadoras sociales y una compañera es administrativa.” Moglie agrega: “Vivimos un desguace permanente del organismo, no tenemos caja chica, nos compramos el papel higiénico, el agua que consumimos. Luján es cuna de Cambiemos y está claro que acá nos persiguen”.
Valeria Barrere, por su parte, trabaja en la delegación de Tres Arroyos. Su telegrama tiene fecha el 13 de abril, momento en el cual estaba mandando mails y solicitando respuestas a diversos trámites. Quedaron 100 trámites de pensiones pendientes que estaban a su cargo. Lejos de indignarse por su situación personal, Barrere realiza un diagnóstico integral: “No me preocupo por mi caso personal, porque voy a seguir trabajando y en definitiva soy una más en la larga lista de despidos que azota al país. Me preocupo porque hay que exigirle al gobierno nacional que toque timbre a cada uno de los pensionados para decirle adónde va a concurrir a hacer su trámite”, afirma.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017.
Menos pensiones
La mutilación de la Agencia Nacional de Discapacidad no solo afecta a los trabajadores. Según ATE, hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12 mil pensiones por mes y en los primeros cuatro meses del 2018 sólo se aprobaron 8.869 en todo el país. Walter Pignataro es delegado general de ATE Pensiones y revela que “el mes pasado se entregaron 1000 pensiones y hoy hay 100 mil que están trabadas. Los expedientes están parados. Van pasando de una oficina a la otra, o quedan paradas un año en una oficina, y así sucesivamente, pero el trámite no se liquida. Estamos hablando de personas en la situación más vulnerable de Argentina“.
Eliana Fernández, delegada de ATE Pensiones, afirma que al panorama ya descripto “se suma que fueron achicando los criterios para el otorgamiento de pensiones: se empezó a reducir la cantidad de patologías que se podían tomar para iniciar la pensión, se empezó a quitar del medio la visión social que tenía la pensión no contributiva por invalidez.” Al otorgar una pensión se tenía en cuenta no solo la patología sino también el entorno social y cultural que tiene la persona: si vive en estado de hacinamiento, si tiene una familia numerosa, si tiene algún otro ingreso.
En febrero de este año los trabajadores denunciaron el achicamiento de estos criterios, y también la intención de excluir a los menores con discapacidad, porque no los consideraban discapacitados laborales. “Esto salieron a desmentirlo en La Nación, pero la realidad es que esos expedientes referidos a menores de edad están en cajas para mandar al archivo”, afirma Fernández.
Cosechar desempleados
El festival de despidos no terminó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Continuó esta semana con la confirmación de 330 trabajadores despedidos en el Ministerio de Agroindustria, en manos del ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere. Las tres áreas de Agroindustria más afectadas por las cesantías son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), donde ya hubo 130 despidos a principio de año, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Agricultura Familiar, que sufrió 160 bajas en 2016.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE, entiende que hay una orientación profundamente clasista en los despidos: “Se dirigen fundamentalmente a los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que se encarga de desarrollar políticas públicas para los sectores más vulnerables del agro y hacia los trabajadores que perciben los salarios más bajos, de apenas 12 mil pesos», denuncia.
Cualquier despido impacta de manera terrible porque puede dejar a una provincia entera sin operadores y, por ende, a productores sin apoyo. Carina Maloberti, secretaria gremial de ATE SENASA, anticipa que esperan unos “380 despidos en SENASA de un total de 958 que es lo exigido según el Plan de Dotaciones Óptimas desarrollado por el Ministerio de Modernización».
En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) había aclarado mediante un comunicado de prensa que durante la última reunión de la Mesa de Enlace con el ministro Etchevehere «en ningún momento se nos adelantó acerca de posibles recortes ni despidos en organismos como SENASA, INTA, ni en el área de Agricultura Familiar». La FAA agregó que en dicho encuentro se exigieron soluciones a los graves problemas de los pequeños y medianos productores que se encuentran «en emergencia económica, financiera y productiva».
Jorge Harvez, trabajador de Agroindustria y primer vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, es “un veterano”, y ya tiene antecedentes en la administración pública. Trabajó en su momento en la Junta Nacional de Granos, hasta que el menemismo la disolvió. Sostiene que “hoy tenemos como funcionarios públicos a los que desalojan a los productores. No sólo defendemos el lugar de nuestros compañeros sino el rol del Estado, que es lo fundamental de este caso”.
“Acá tenemos una disputa muy clara entre una política que basa el desarrollo económico en la fortaleza del mercado interno y otra que cree que hay que exportar cualquier cosa y así llegarán las inversiones, y estos dos años y medio nos demuestran lo contrario”, afirma con pesadumbre Harvez, quien ya vivió exactamente lo mismo cuando lo despidieron de la Junta Nacional de Granos, recordando con tristeza que “después de eso vino la crisis de 2001”.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE.
Trabajo precario
Los trabajadores cesanteados revisten, en general, bajo la modalidad de contratación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744, que ofrece todos los beneficios de la planta permanente pero no la estabilidad laboral y, por lo tanto, no permite indemnización. Se trata de empleados que pueden tener más de diez años de antigüedad y, cabe reconocer, heredan esta situación de precarización y vulnerabilidad de gestiones anteriores.
Precarizados e injustamente rechazados por parte de la sociedad. Sebastián Rivera, delegado de ATE, recuerda al respecto un momento desagradable que les tocó vivir recientemente, cuando Agroindustria había dispuesto asueto, en medio del anuncio de despidos.: “Nos retiramos el viernes hacia nuestra seccional Capital, y desde algunos autos nos gritaban Vayan a laburar, vagos’. ¿Qué loco, no? Porque justamente quien no nos dejaba trabajar era el ministro, con otro lock-out patronal. Como sabemos, ya lo hizo en 2008 defendiendo sus intereses de clase. Hoy, con estas actitudes está ganando las batallas empresariales de aquel conflicto, y nosotros pagando con nuestros puestos el incremento de sus patrimonios”.
