Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La ley de etiquetado frontal continúa su tratamiento en Diputados y con ello, numerosos debates y posiciones antagónicas. No sólo se trata de una iniciativa que busca poner en el frente de los productos la información nutricional clara y accesible, sino también contempla cómo esos productos se publicitan y dentro de qué espacios se consumen, haciendo foco principalmente en los entornos escolares. Con media sanción en Senadores, el viernes pasado comenzó el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados. Allí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, advirtió que la ley tendría repercusiones en el Mercosur y que “será necesario tomar recaudos para mantener el proceso de armonizar las normas de los países miembros y no generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional. De la misma manera se manifestaron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que enfatizaron que la resolución “debe ser armonizada en el ámbito del MERCOSUR”.
Para entender por qué es necesario avanzar con este proyecto de ley, ANCCOM dialogó con Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), y ella explicó que en nuestro país el marco regulatorio para los alimentos es el Código Alimentario Argentino y que éste, en su definición textual, entiende a estos como “las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”. Planteado así se deja por fuera el principal problema en materia de salud: la obesidad, el sobrepeso y una serie de enfermedades no transmisibles. Por caso, ésta última es la causa de más del 70% de las muertes en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. “Estos objetos comestibles, porque no siempre podemos llamarlos alimentos, llegan a nuestras manos a través de fuertes condicionantes culturales y es allí donde tiene que estar el Estado, protegiendo nuestras elecciones sobre todo cuando esos hábitos vienen siendo tallados por una omnipresencia de la publicidad”, problematiza Graciano. El proyecto de ley pretende avanzar colocando octógonos negros en la parte frontal de los productos para alertar a los consumidores qué contienen.
Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENS), los patrones alimentarios han ido cambiando y cada vez son peores: existe una mayor presencia de ultraprocesados en detrimento de comidas caseras sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y también en la población de menores ingresos. Al respecto, la presidenta de FAGRAN resalta que hay un paradigma viejo que cree que “si hay pobreza, hay falta de acceso a los alimentos, desnutrición y bajo peso, y en realidad hoy tenemos pobreza, dificultad de acceso a los alimentos, con convivencia de exceso de peso y desnutrición oculta. Por esto también es necesario avanzar en políticas que protejan a los sectores más vulnerables”.
Las presiones por la modificación de ley provienen, principalmente de las industrias azucareras y alimentarias.
Otra cuestión que aborda la ley es la regulación de las estrategias de mercadeo que utiliza la industria alimentaria. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) realizó un estudio para cuantificar las publicidades que se transmiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión: el resultado arrojó que se encuentran expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana. Graciano ejemplifica la cuestión afirmando que muchas veces “los niños piden los productos no por el producto en sí mismo, sino por los objetos que promocionan: la presencia de caricaturas, la promesa de premios o la entrega de entradas”. Dentro de este punto también se quiere controlar el uso de logos o avales de entidades científicas, que en numerosas ocasiones se utiliza como estrategia para posicionar a los productos como opciones saludables.
Del otro lado de la problemática, se encuentran las diferentes industrias de alimentos y bebidas nucleadas en COPAL que en el marco del debate afirman que siempre “se apostó por un sistema de etiquetado informativo, dándole así al consumidor un rol protagónico al momento de tomar sus decisiones”. Atendiendo a ello, resaltan que la educación nutricional “es fundamental para fortalecer el entendimiento por parte de la población respecto del etiquetado nutricional, su utilidad y la toma de decisión de compra y/o consumo”. Sin embargo, quienes impulsan la ley enfatizan que lo que se necesita son políticas públicas que la comiencen a abordar en su integralidad y que permitan regular esos entornos: desde las publicidades que recibimos, pasando por los supermercados, hasta los colegios.
Según la FIC, un niño se encuentra expuesto a 60 publicidades por semana de «comida chatarra».
Las presiones por la modificación de artículos de la ley, principalmente de las industrias azucareras y las industrias alimentarias, vienen desde su tratamiento en el Senado. El artículo que sigue estando en la mira es aquel que habla sobre el sistema de perfil de nutrientes (SPN), una herramienta para clasificar alimentos según los niveles de nutrientes críticos como azúcares, sal y grasas. Estas cuestiones de la ley a un ojo poco entrenado podrían ser discusiones menores pero quienes vienen trabajando en esta temática, como FAGRAN, afirman que el caso Chile demostró que un SPN basado cada 100g/ml de producto como el que pretende el sector alimenticio, en lugar de la base calórica que propone Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió que las industrias de las bebidas azucaradas hagan pequeñas modificaciones en sus composiciones químicas que llevaron a que se libren de los sellos. “Cuando un producto se libra de sellos queda libre de cualquier regulación en la publicidad, promoción y patrocinio. Es decir que en nuestro país pasaría lo mismo si dejamos que se modifique este artículo”. Si bien muchos sectores de la industria alimentaria alegan que el SPN de OPS no permite la reformulación, el caso reciente es el de México, donde la Ley de Etiquetado ya está en vigencia en octubre y en noviembre las industrias lanzaron nuevos productos más saludables y sin sellos. En ese sentido, si bien el objetivo del proyecto no es la redefinición de los productos, termina generando una modificación en la oferta. Sobre este punto, la COPAL asegura que, desde el comienzo, “uno de los objetivos fue trabajar en forma sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable” y es por eso que lleva a cabo “la mejora en la composición nutricional de sus productos, como la reducción de sodio y azúcares libres”.
El debate continuará, pero si hubiera que trazar un horizonte de acción, Graciano propone volver consciente la alimentación para empezar a hacernos preguntas y en una segunda instancia poder empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos-consumidores para exigir un Estado presente, que garantice entornos mejores. “Muchas veces la gente vive en entornos poco saludables donde sus oportunidades de acceso son limitadas o nulas. Un gran desafío de los estados es garantizar la igualdad, la equidad y, sobre todo, justicia social”, concluyó.
Nov 17, 2020 | Novedades, Trabajo
Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.
“Éste problema viene desde que tengo uso de razón y con todos los gobiernos”, afirma Marcelo Userpater, médico y vocero de Médicos Autoconvocados, quien lleva 30 años ejerciendo la medicina en el área de nefrología. La baja en los salarios trae varias consecuencias, por un lado que el fenómeno del pluriempleo se multiplique entre el personal sanitario ya que, tal como ejemplifica Userpater, “una obra social puede llegar a pagar una consulta clínica 170 pesos a 60 días”. El promedio de sueldos de los médicos argentinos ronda entre los 604 dólares al tipo de cambio oficial, lo cual se encuentra por debajo del promedio de la región que ronda los 1.291, sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de Latinoamérica (46,8%), según un informe realizado por el centro de investigación Libertad y Progreso. Por otra parte, la multiplicidad de trabajos se traduce en extensas jornadas laborales que desembocan, inevitablemente, en el deterioro de la salud pública. “Las guardias de 24 horas ya no se usan en la mayoría del mundo, por lo general son de ocho o 12 horas, porque es una locura atender 70 pacientes al día. Cuando llegás al paciente número 70 ya no te acordás ni cómo te llamas: ¿Cómo hacés para prestarle atención a la problemática del paciente si no tenés lucidez?” cuestiona.
Otro punto importante se relaciona con las exigencias que deben cumplir: un médico que desea ingresar al sistema de salud está obligado a adquirir y abonar, sin haber empezado efectivamente a trabajar, una matrícula nacional y otra provincial, seguro de mala praxis, monotributo y abonar lo correspondiente a la caja médica, que se encargará de su futura jubilación. La suma total de todos estos requerimientos ronda los 10 mil pesos mensuales, sin mencionar que una vez que comience a ejercer, el pago del monotributo dependerá de la facturación. Agustín Vera Pérez es médico y contó a ANCCOM cómo fue su experiencia de ingreso al mercado laboral sanitario y mencionó que por lo general, “la mayoría de los estudiantes desconocen la ética y el Código Laboral que establece la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) donde se fijan los honorarios, eso hace que la persona que evalúa una oferta de trabajo, siente que es correcto cobrar una guardia de 12 horas cinco mil pesos. Inevitablemente, quien no conoce su derecho tampoco puede exigirlo”. Es por esta razón que la mayoría de los estudiantes prefieren ingresar al sistema de residencias donde se puedan formar y capacitar para conseguir mejores ofertas. Sin embargo, no siempre es la mejor opción ya que “demandan entre dos y cuatro guardias semanales por una paga muy baja, así que vuelve a aparecer la precarización laboral también en éste ámbito” resalta Pérez.
Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.
Frente a la situación, los “héroes de la pandemia” se vuelcan a los paros como una herramienta para hacerse oír, con la desventaja de no poder hacerlos efectivos ya que su mismo código de ética se los prohíbe. “Esto hace que prácticamente las personas no se enteren de lo que está pasando. Los consultorios y hospitales no atienden y se suspenden las cirugías, pero después, la guardia y la terapia siguen funcionando, por lo cual la salud sigue asegurada. Entonces si no murió nadie y la gente que fue se siguió atendiendo, a la política no le importa”, sintetiza el nefrólogo y continúa “estamos pidiendo honorarios dignos para una profesión digna”
Oct 21, 2020 | Comunidad, Novedades
En lo que va del año, 14 provincias presentaron focos de incendio. Entre ellas, Córdoba lleva hasta el momento 182.724 hectáreas quemadas, cifra récord desde 1999.
Según Santiago Rodríguez Tarduchy, brigadista en Agua de Oro, si bien en la provincia los incendios son normales, nunca había presenciado uno como el de este último año. Desde agosto, la Brigada Chavascate, de la que Rodríguez Tarduchy es parte, viene trabajando ininterrumpidamente convocada por los cuarteles de bomberos que no dan abasto.
Tarduchy afirma que las causas accidentales existen –como la negligencia en el mantenimiento de tendidos eléctricos, disputas entre paisanos o algún que otro pirómano–, pero que no son frecuentes. En la mayoría de los casos, tal como lo informa el Reporte Nacional del Manejo del Fuego, los incendios forestales se producen por intervenciones humanas y la principal es la preparación de áreas para el pastoreo.
Desde mayo, la provincia se encuentra envuelta en llamas y nadie parece plantear una solución acorde. Las primeras declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, haciendo énfasis en la sequía como causante de la desgracia, no estuvieron a la altura de la situación. “Es un discurso perverso e irresponsable de la máxima autoridad provincial, porque invisibiliza que el cambio climático tiene origen en estas prácticas de degradación de los ecosistemas”, sostiene el biólogo y docente cordobés Cristian Schneider, quien asegura que en los lugares donde se iniciaron los incendios confluyen intereses relacionados con el avance de los proyectos inmobiliarios y de urbanización, intensificación de la explotación de ganado y la ampliación de zonas mineras, sobre todo en las sierras.
En Córdoba ya se incendiaron más de 182.000 hectáreas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), organización que Schneider integra, presentó junto a otras agrupaciones dos causas penales contra el mandatario. Una de ellas vinculada con la demora en actuación del deber público y otra por la desafección de fondos de financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego. Este fondo permitía todo un sistema de prevención temprana como los bomberos vigías, ubicados en puntos clave para alertar de las primeras columnas de humo. “En este contexto de vacío administrativo y ausencia de política ambiental, estos actores económicos encuentran una nueva manera de avanzar contra el monte. El fuego es la topadora del siglo XXI”, sentencia Schneider.
Si bien en todos los incendios interviene la fiscalía de turno junto con la Federación de Bomberos para investigar sus causas y responsables, las sanciones económicas terminan representando un mal menor dentro del negocio. En Córdoba, el caso más representativo es el de la familia Becerra, que según un informe realizado por Sala de Prensa Ambiental, en los últimos cuatro años ha iniciado 200 incendios en su propia estancia para el rebrote de pastura. Más allá de que esta práctica está prohibida, el problema es que el fuego logró expandirse al Parque Nacional Quebrada del Condorito en más de una ocasión. El caso de los Becerra es el único en el que un productor fue imputado en una causa penal, ya que, como señala Schneider, “hubo otras imputaciones que involucran a una decena de personas, en su mayoría peones de campo, que terminan siendo chivos expiatorios. Aunque son ellos los que inician el fuego no son los autores intelectuales”.
En Argentina existen leyes en materia ambiental y otro puñado de iniciativas, como el Acuerdo Escazú y el reciente proyecto de ley presentado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pero esto no implica que luego se ejecuten acciones concretas ante la problemática actual. Para Schneider, esto se relaciona directamente con la necesidad de que los debates políticos dejen de darse en mesas chicas para empezar a incluir a la comunidad, tal como lo remarcan el propio Acuerdo Escazú y la Ley de Bosques.
Que esto no suceda, supone que surjan iniciativas como el Plan Provincial Agroforestal que propone la reforestación de zonas de llanos con especies exóticas. “Es un error pensar la restauración solo como reforestación y no como una serie de ciclos naturales que tiene sus tiempos. Sin mencionar que esas especies exóticas están genéticamente modificadas y se obtienen como parte de un acuerdo con una empresa de biotecnología de Misiones. El tema es que abrir el diálogo implica escuchar especialistas que saben que es fundamental un acompañamiento técnico y una asistencia fuerte a las familias y productores, que dependen de la economía doméstica”, afirma el biólogo.
“Es fundamental ver la multiplicidad de aristas del problema: sociales, culturales, económicas y políticas», dice Schneider.
La educación ambiental también es clave, subraya Tarduchy, en particular en la zonas serranas o limítrofes con el monte, para concientizar a los paisanos y dueños de campo sobre la inutilidad del uso de fuego para rebrote. Estas acciones a pequeña escala, asegura, pueden ser significativas, pero los recursos que obtienen de su autogestión en la brigada no son suficientes. “Hacemos campañas de sensibilización y charlas, pero por los resultados, y más allá del clima, no funcionaron. No tenemos la capacidad que puede tener un gobierno provincial para abordar la temática”.
El pedido de apertura a las organizaciones civiles, ambientalistas y técnicas es algo que ha estado presente en numerosos debates relacionados con el medio ambiente y para quienes llevan años militando la causa, como Tarduchy y Shneider, resulta un camino agotador en el que se repiten las promesas pero nunca llegan a cumplirse.
“Resulta fundamental relacionar la multiplicidad de aristas que tiene esta problemática: sociales, culturales, económicas y políticas. Sólo de esta manera tendremos una mirada integral de lo que nos está sucediendo como sociedad. De otra manera, lo que nunca podemos llegar a discutir es el modelo productivo”, asegura Schneider y remata: “El problema no es el clima, sino el modelo”.
