Sistema integral de salud: ¿utopía o realidad?

Sistema integral de salud: ¿utopía o realidad?

El surgimiento inesperado de la pandemia por el covid-19 puso a la salud en el foco de atención, dejando al descubierto las carencias del sistema. El Estado debió invertir y tomar medidas urgentes para asegurar la atención de la población contagiada. En este contexto y haciendo un balance de 2020, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, planteó la necesidad de reformular el sistema de salud y llevarlo hacia una integración entre el sector público, el privado y el de las obras sociales. El tema desató el debate y genera controversias entre diferentes sectores, pero ¿qué implica esta idea?

“Esto no es algo del momento, lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Para entender de qué se trata, es necesario poner en contexto cómo se ha sido deteriorado el sistema de seguridad social en Argentina. Durante la última dictadura militar, se desarrollaron políticas del Banco Mundial que determinaron un proceso en etapas, las cuales se completaron con celeridad durante la década del 90. El año 1994 fue catastrófico ya que se renovó la Constitución y en ella, el tema de la salud, se redujo a un solo artículo que define a los pacientes como consumidores, lo cual automáticamente remite al mercado”, dice el médico sanitarista Jorge Rachid. “Sobre la base de esos antecedentes históricos y de la gran fragmentación actual –agrega-, se comienza a elaborar, hace ya muchos años, los aspectos que tengan que ver con recrear un sistema de salud integrado, que no elimine los actores actuales sino que los complemente”.

En la misma línea, el doctor Mauricio Klajman, director médico nacional de la Obra Social de Televisión, explica que la idea “es unir lo desunido. Se trata de que haya complementariedad entre todos los subsectores, de tal manera de que se gaste menos, se mejore la calidad de atención y la equidad. Todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales, porque los que vivimos en grandes ciudades tenemos mayor acceso a la salud. El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 kilómetros a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad que hay”.

«Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, Chertkoff.

Por su parte, el sanitarista José Carlos Escudero agrega que “la salud de lucro aumenta mucho los gastos y toma decisiones con respecto a la epidemiología y las enfermedades, lo cual es grave porque el fin es ganar plata. O sea, entre la ciencia y ganar plata, suelen inclinarse por ganar plata”. El especialista continúa: “En Argentina, donde los gobiernos nacionales y populares no tienen ni la cuarta parte del poder real, hay que negociar con factores de poder en el sistema de salud, para que la solución sea medianamente buena y no del todo mala.”

“La salud no es un comercio, es un derecho fundamental y está en la declaración de los principios universales del hombre. Nuestro país ha adherido a esas leyes, entonces la salud de todos los habitantes es un derecho y no un comercio. Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, por su lado, la docente y sanitarista Liliana Chertkoff.

Tras la posibilidad de que el gobierno nacional impulse este sistema integrado de salud, los principales referentes del sector privado y de las obras sociales sindicales más grandes salieron a manifestar su desconfianza. Sobre todo, luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el aumento del 7% anunciado para los servicios de las empresas de medicina prepaga y solo permitiera una suba del 3,5%.

“Una cosa son las grandes obras sociales y otra las prepagas que, obviamente, se van a oponer a esto porque les quitan un negocio muy importante. Si esto se reforma para que cada cual vuelva a su subsector, ellos pueden llegar a perder afiliados. Entonces obviamente los intereses creados son monstruosos. La medicina prepaga ha crecido de una manera escandalosa” explica Klajman.

«El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 km a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad”, dice Klajman.

Para Chertkoff  “el sector privado, que tan alterado está con este tema, tomó cuatro o cinco puntos del proyecto que elaboró el Instituto Patria y con eso argumentan su terror a que los confisquen y se queden sin recursos, pero nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es optimizar lo que cada uno tiene e interactuar. Tenemos que hacer frente a esta pandemia y esta es una oportunidad muy interesante para poder trabajar en forma secuencial, sin prisa pero sin pausa, y lograr un sistema de salud integrado”.

Rachid, quien además forma parte del comité de expertos que asesora al gobernador bonaerense Axel Kicillof, comenta: “Yo me reuní con más de 60 gremios y no es verdad que están todos en contra. Lo que sucede es que hay unos pocos que manejan el mayor caudal de afiliados, y esto es así por las políticas de desregulación aplicadas en el pasado y que aún continúan vigentes. Cuando se discute esto y se les muestra la historia, se dan cuenta de cómo les sacaron recursos a todos los sistemas solidarios. La Argentina  tiene que retomar un camino de soberanía sanitaria o va a seguir siendo el pasto de programas elaborados en otros países u organismos, que  a través del caramelo de la financiación, se quedan con la programación, el desarrollo y la información de los sistemas sanitarios argentinos.” 

Si bien la pandemia permitió visibilizar y tapar los baches más urgentes del sistema sanitario, los déficits no son solo del orden edilicio o de falta de insumos. Hay otros problemas que no son nuevos y que un sistema integral de salud ayudaría a resolver.

Según Chertkoff  “hay deficiencias estructurales por falta de conocimiento, es decir, estamos formando médicos que desconocen cómo funciona el sistema de salud. Si vos le preguntás a un profesional qué es el sistema de salud no te lo puede responder. Las deficiencias están en la ignorancia, en el desconocimiento. ¿Cómo se puede resolver eso? Transmitiendo en cada uno de los sectores, difundir haciendo un trabajo metodológico para todo el equipo de salud (médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal de maestranza, etcétera)”

Por otra parte, Klajman plantea que “en la medida en que todos los profesionales de la salud estén bien preparados, realicen el diagnóstico, el tratamiento como corresponde y de la mejor manera posible, a la larga esto redunda en mejores prestaciones y de calidad. Esto no pasa siempre, porque existen problemas muy serios como el pluritrabajo. Si alguien tiene que trabajar en tres lugares para poder vivir, le queda poco tiempo para estudiar”. Y agrega: “Otro tema importante es la curricula de la Facultad de Medicina. Hay que adaptarla a los tiempos que corren”.

“Hay una cultura sanitaria que se ha centrado en la atención de la enfermedad, por sobre el fortalecimiento de la salud”, explica Rachid y profundiza: “El neoliberalismo produjo un cambio de paradigma y se pasó de la prevención a la cronificación de las enfermedades. El sistema de lucro nos necesita enfermos y crónicos. No nos necesita ni muertos ni sanos, porque no les damos ganancia. Y esto está relacionado directamente con el desarrollo desmedido de la industria farmacéutica que avanza sobre gente cada vez más joven”.

En este sentido, Escudero asegura que “el gasto en medicamentos es un tercio del gasto nacional en salud. Es en gran parte un ´curro´ de asignación no científica, y de darle luz verde a medicamentos que sirven poco y a valores muchísimo mayores de lo que cuesta fabricarlos. De manera que yo atacaría, prioritariamente, el mercado capitalista salvaje de medicamentos antes que tomar cualquier otra medida para el sector salud”. Las cartas ya están sobre la mesa, parece ser el momento adecuado para sentarse a debatir y hacer del sistema integrado de salud una realidad que beneficie a todos los argentinos.

Hacia una privatización de la salud

Hacia una privatización de la salud

El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?

En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.

“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.

En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.

 

El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.

Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.

En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.

Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.

Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.

 

Actualización 25/10/2017