El 28 de enero fue la última de las treinta jornadas de la audiencia pública sobre la rezonificación y venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con más de 7.000 inscriptos y un total de 2.058 oradores, los participantes expresaron su opinión sobre el proyecto oficialista que privatiza los terrenos costeros y habilita la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, que inició el 27 de noviembre y que duró dos meses, 2.003 participantes se posicionaron en contra el proyecto frente a 55 favorables. Esto se traduce en más de un 97% de desaprobación ciudadana.
El inicio de la polémica se remonta al pasado octubre en la Legislatura porteña, cuando con 35 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño aprobó la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además de los votos del oficialismo (PRO-Juntos por el Cambio), Rodríguez Larreta obtuvo el apoyo del espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista) para autorizar la venta de los terrenos públicos. Ambos dirigentes habían manifestado críticas al modelo de privatización de tierras y la necesidad de más parques y espacios verdes durante las campañas electorales pasadas.
Con la finalización de la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, el proyecto pasa a segunda lectura en la Legislatura donde no se prevén cambios. “El Jefe de Gobierno ha mostrado una indiferencia alarmante en un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa”, señala el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) Jonatan Baldiviezo. “El Ejecutivo ha decidido avanzar como si este debate no estuviera sucediendo, o supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, remarcó.
A pesar de ir contra lo estipulado por la Constitución porteña, donde establece que los contornos ribereños son públicos y de libre circulación, el gobierno de Rodríguez Larreta insiste que la manera para hacer un espacio verde frente al río es a través de la venta de los terrenos de la Ciudad. Sin embargo, a pesar de la promesa de un porcentaje de terreno destinado a espacio verde, el Estado porteño perdería la propiedad de las tierras, un bien que escasea.
Con un índice de menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, la pérdida de terrenos públicos con potencial de ser convertidos en parques con acceso privilegiado al río resulta irreparable. Frente al proyecto de inmuebles de lujo impulsado por el PRO, organizaciones civiles junto a la oposición presentaron una alternativa para la creación del “Parque Público Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte.
Desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio integrado por más de 130 organizaciones sociales, ambientales y urbanas, presentaron en 2020 una propuesta para crear un parque con distintos usos. Entre ellos se encuentran áreas destinadas a recreación y actividad física, educación ambiental, agroecología y una estación de medición meteorología, además de delimitar un área de preservación de humedal costero.
Sin embargo, los proyectos del Gobierno de la Ciudad en otras áreas indican que no planean cambiar el proyecto de privatización de las tierras costeras. Según informa Baldiviezo, el Ejecutivo porteño realizó licitaciones para estudios de impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Costa Salguero. En el presupuesto se puede observar que esperan la urbanización de los terrenos. “En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector”, detalla Baldiviezo.
“Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias”, denuncia Baldiviezo.
Si la postura de la decisión de la ciudadanía expresada a lo largo de las 30 jornadas de audiencia pública tuvo algún impacto en los proyectos del oficialismo porteño, recién se sabrá en la segunda lectura del proyecto en marzo próximo. Sin embargo, no hay una perspectiva optimista ya que el oficialismo tiene facilidad para lograr mayoría en la Legislatura.
Caer en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ya era una odisea antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado miércoles 23 de diciembre. Lejos de instruir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con el artículo 24 de la Constitución porteña –que establece la responsabilidad del Estado de asegurar y financiar la educación pública desde los 45 días de vida–, la máxima instancia judicial consideró que no tiene la obligación de garantizar vacantes antes de los cuatro años, edad de escolarización obligatoria. La decisión del TSJ habilita al Ejecutivo porteño a desentenderse de los 9.120 mil niñas y niños que quedaron fuera de los colegios porteños durante 2019.
Frente a un recurso de inconstitucionalidad de una madre en reclamo de una vacante para su hijo en una escuela pública o la financiación por parte del Estado en una privada, el TSJ desestimó la presentación y dispuso que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes quienes no estén en condiciones de hacer frente a la cuota de la educación privada.
Con largas listas de espera, el déficit de vacantes para las escuelas porteñas suma más niñas y niños fuera del sistema público cada año. El nivel inicial, desde los 45 días hasta los 5 años de edad, está en la situación más crítica. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la faltante de vacantes ascendió de 5.629 en 2011 a 9120 en 2019. El Estado se mantiene inmutable ante los miles de chicos que quedan fuera del sistema educativo público. En los sucesivos gobiernos del PRO de Mauricio Macri (2007-2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015-hoy), la situación deficitaria ha persistido.
Desde 2011, ACIJ mantiene un acuerdo con el Gobierno porteño donde el Estado reconoce la problemática de la falta de vacantes y se comprometió a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días hasta los 5 años. “Recibimos con mucha sorpresa el fallo no sólo por las interpretaciones jurídicas, que entendemos no son acordes a la normativa vigente, sino porque no reconoce los compromisos y obligaciones que ya había asumido el GCBA”, señala la abogada y co-directora de ACIJ, Constanza Argentieri.
La decisión del máximo órgano trae más elementos que preocupan a la organización civil. El fallo establece un criterio de priorización de vacantes existentes para niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Por supuesto que es acorde al enfoque de derechos humanos pero esta decisión viene acompañada de un deslinde de responsabilidad de garantizar la universalidad de vacantes”, expresa Argentieri.
“El fallo le dice al Gobierno de la Ciudad que no necesita seguir avanzando en obras de infraestructura ni que es necesario garantizar vacantes en nivel inicial a todos los niños, sino que simplemente con las vacantes existentes tiene que garantizar este criterio de priorización”, explica la directiva de ACIJ. “Si el Gobierno sigue en esta línea de desfinanciamiento educativo y sin garantizar la totalidad de las obras que tendría que realizar para garantizar las vacantes, podría terminar sucediendo que se establezcan escuelas donde haya solo niños en condiciones de vulnerabilidad y escuelas privadas donde solo vayan quienes pueden pagar la cuota. Esto generaría un sistema educativo absolutamente segregado y discriminatorio”, denuncia.
Con esta decisión, el Poder Judicial porteño no tuerce la dirección de la política educativa de Rodríguez Larreta frente a la faltante de vacantes. Según Argentieri, lo habilita a continuar sin adoptar medidas inmediatas para garantizar la educación del nivel inicial.
Desde la organización esperan que la lista de espera de niños y niñas aumente para este año debido a la pandemia. “Se ha venido pronosticando una migración muy grande de familias de la educación privada a la pública por no tener las condiciones económicas para afrontar las cuotas”, advierte Argentieri. El aumento de la demanda en combinación con la inacción del Gobierno porteño avalada por el TSJ no augura un futuro esperanzador para las familias porteñas que busquen su lugar en la educación pública.
La demanda de vacantes se resuelve con mayor inversión educativa y construcción de más escuelas. Pero los números indican que no hay una voluntad política por resolver la situación de miles de niños y niñas en lista de espera. El presupuesto destinado a Educación en CABA en 2021 es el más bajo de los últimos 9 años. En comparación con el año pasado, la inversión educativa es un 3,9 por ciento menor. Esta cifra resulta peor en comparación con 2019: un recorte del 24,6 por ciento. Y en lo que refiere a infraestructura, el panorama es peor aún. Según el monitoreo que realizan desde ACIJ en el marco del acuerdo con el Gobierno porteño, el Programa de Infraestructura Escolar sufrió un recorte de 71,8% en comparación al anterior.
Veintidós años, 1,94 de altura, pelo largo y algo que muy pocos logran: ser futbolista de primera división. Auto nuevo, plata en el bolsillo, fama, autógrafos, ¿qué podía salir mal? “Me sentía inmortal”, afirma Hugo Lamadrid en su libro Lamadrí, el renacido, editado por Ediciones Al Arco.
“Llegar a primera es coronar la parte inicial de la carrera, es el proceso de muchos años en divisiones inferiores”, cuenta el ex jugador, quien busca retratar en su libro la vida de la mayoría de los futbolistas. Entrenar desde los 8 años todos los días, debutar a los 20 en primera, el fin de la corta vida útil a los 35 y el retiro. “Bajo a la tierra la imagen del jugador de fútbol estrella, multimillonario. La mayoría de los jugadores somos iguales al que se toma el 31 que va hasta Avellaneda”, recalca.
¿Quién hubiera dicho que, en el mejor momento de su carrera, un partido le jugaría una mala pasada? 19 de febrero de 1989, segundo tiempo, 2-0 arriba frente a Instituto en Córdoba, un golpe en el pie derecho y el ruido de un hueso roto determinarían un giro inesperado en la vida del Flaco. “Vi a mis compañeros, pero no al rival. No lo veo. No llego a amortiguar el golpe. Siento el ruido a hueso roto. Después, oigo el silencio”.
Racing ganó aquel partido, pero Lamadrid salió derrotado. Al día siguiente, su padre lo llevó al médico: base de la tibia astillada, en la articulación con la zona del pie que recibe todo el peso del cuerpo. Con el yeso puesto, a puro calmante, esperaba la primera operación. Pero llegó el pedido del Coco Basile, técnico de la Academia, y Lamadrid se sacó la protección, se inyectó antiinflamatorios, jugó un segundo y un tercer partido lesionado con el coraje del gigante capaz de comerse el mundo. “Después de más de veinte años, Racing clasificó para la Copa Libertadores. En el arco, el Pato Fillol, a la izquierda Rubén Paz y atrás Néstor Fabbri. Y yo pensé, ‘con este equipo, ¿cómo no me la voy a jugar?’”, rememora Lamadrid en diálogo con ANCCOM.
En ese momento había dos caminos: ser campeón de América con Racing después de 21 años o poner en riesgo la carrera. “Me tocó perder”, dice el Flaco. Para entender sus decisiones hay que contextualizar el fútbol de ese momento. No existía conciencia sobre la importancia de la alimentación, no había casi representantes y aún estaba en proceso de profesionalización. El corazón del fútbol estaba en la pasión por la camiseta, la tribuna y no en el negocio. Hoy un futbolista está rodeado de contadores, psicólogos, abogados y todos quieren participar de su parte. Incluso los representantes se profesionalizaron.
El club fue eliminado de la Libertadores en 1989, y tras tres operaciones, a Lamadrid le siguió una rehabilitación de un año y medio. El presidente del club, Juan Destéfano, quien especulaba con su recuperación para renovarle el contrato y venderlo a Europa, comenzó a presionarlo para un retorno rápido a las canchas. El temperamento y los dolores del ídolo desencadenaron insultos y peleas. “En mi época no existía el representante. En mi casa no se sabía demasiado de fútbol, no tenía con quién hablarlo ni preguntar. Fui a prueba y error y así terminé jugando una Libertadores con el pie roto”, explica Lamadrid, hoy de 54 años.
A partir de entonces, sus malas decisiones, el destrato y las negligencias de la dirigencia de Racing, junto con una campaña en su contra, dieron por finalizada su carrera. “Jodo con que soy víctima de la primera fake news”, bromea el ex volante devenido en standapero y tuitero. La recuperación se demoraba y un posible pase a Europa se cayó. Otros clubes lo querían, pero Destéfano se negó a renovarle el contrato o firmar una transferencia, e incluso hizo circular el rumor entre los presidentes de otras entidades que querían ficharlo, entre ellas Boca Juniors, de que estaba roto y no iba a poder volver.
“La discusión con Destéfano era de plata, pero el problema era ir a discutir. En ese momento me enojaba muy fácil y el error fue haber ido y no tener un representante que peleara por la plata. No porque no tuviera la capacidad, sino porque enfrente tenía una persona que manejaba el club como el patio de su casa”, recuerda. Al Flaco no le interesaba la plata, sino el reconocimiento. “Yo necesitaba que el tipo me diga: ‘Te agradezco lo que hiciste, pero tenés dos mangos’. Por ahí lo firmaba, pero la discusión dialéctica de ver quién era más guapo me salió mal. Él tenía las de ganar porque era presidente del club y el error no fue la discusión sino haber ido yo”, enfatiza. Después de eso fue un año a Universidad de Chile, para deambular luego por varias ligas hasta 1999. Pero hoy no guarda rencores.
Gentileza Leo Patti
Te arrepentís de cómo manejaste las cosas?
Las decisiones son límites que condicionan lo que viene. En un momento de la vida me paré. Cuando miro para atrás, veo qué es lo que estuvo mal hecho. El 80 por ciento fueron decisiones mías, mal tomadas. Borré de un plumazo y me hice cargo de mis culpas para, a partir de ahí, construir otras cosas.
Pero no te quedaste viviendo del recuerdo futbolero…
Les pasa a muchos jugadores que recorren los recuerdos de canchas e hinchas desde la nostalgia y no pueden salir de ese recuerdo. Quedan ahí, a un paso de la melancolía. Yo no lo recuerdo sufriendo, lo recuerdo bien.
¿Cómo llegaste al stand up?
Empecé a escribir y un día me encontré con un montón de material, de anécdotas que bajaba al papel. No me resultó difícil empezar a escribir porque casi todos los jugadores de fútbol tenemos la capacidad de contar anécdotas.
¿Cómo se te ocurrió escribir un libro?
En una entrevista que me hizo Alejandro Wall, le dije una frase que uso mucho. “Yo nunca salí en una foto festejando un gol. Yo no era una figura, era el que corría y en el gol no llegaba”. Ahí él me dijo “Flaco, tenés que escribir un libro”. Ya me lo habían sugerido antes.
¿Cómo fue la experiencia?
Con la ayuda de Julio Boccalatte, de Ediciones al Arco, para ordenar el material, y el ojo de Hernán Casciari, junté anécdotas, páginas y capítulos. En febrero estaba para salir, pero empezamos a escuchar lo de China, un murciélago y dije: «Lo único que falta es que yo saque un libro y se pare el mundo». Soy un tipo con suerte…
¿Te gustó escribir?
No me resultó difícil. Cada vez que salía de la radio en Puerto Madero y me sentaba en un bar de Wilde con la notebook a escribir o veía los comentarios de quienes me leyeron, lo disfruté mucho.
¿Y cómo llegaste a Twitter?
Me enseñó mi hija. Yo venía de los posteos de Facebook, de pelearme por política partidaria de Racing a las tres de la mañana y pensaba “qué vida de mierda”. Cuando aparece Twitter fue como llegar a un cumpleaños donde no conocés a nadie, no sabés la dinámica ni qué poner ni qué escribir. Aprendí a usar Twitter a prueba y error, diciendo cosas que hoy son impensadas. Cuando fue la polémica Wanda, Icardi y Maxi tuiteé: «Yo volvería al fútbol, pero para romperle las piernas a Icardi”, algo que hoy no pondría ni loco. Apagué el celu y cuando lo volví a encender me caían notificaciones de todos lados. Me puteaban hinchas de Icardi, los fans de Wanda y todo el mundo. Ahí pensé qué había hecho. Me di cuenta que me había dado retweet Juan Pablo Varsky, que tenía muchos seguidores, y también de lo poderoso que es Twitter.
¿De dónde sacás ideas para tus guiones?
En el tren tenés comedia todo el tiempo, con cosas, comidas, con lo que pase, hay miradas, hay cosas que se dicen graciosas o comparaciones que encuentro por ahí con algo que me pasó. El desafío de hacer reír es más difícil cuando te conocen por el fútbol. Hay dos caminos: o sos muy bueno o sos un boludo. Esto se potencia cuando sos conocido. La vara es más alta.
Seguir renaciendo
Simultáneamente a la comedia, el ex futbolista de la Academia no pierde el tiempo y busca otro título: el de periodista. Hace poco arrancó la carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda y, si bien cuenta con la ventaja de hacer programas de radio, sigue capacitándose para conocer las herramientas de los medios. El Flaco aclara que no está en sus planes hacer periodismo deportivo debido a la gran pelea que existe entre los periodistas deportivos y los ex futbolistas: «Muchos echan en cara que por haber sido jugador de fútbol no podés hablar de ello en los medios porque no sos periodista. Entonces, yo quiero ser un jugador, pero con un título”.
A pesar de todo, los motivos de su elección van más allá de estas controversias: “Cuando uno tiene 20 años se cree inmortal, pero cuando ya tenés 50 empezás a pensar la vida desde otro lado. Hoy tengo 54, me duele la espalda, estoy frío con algunas situaciones y sé que la salud me puede jugar una mala pasada, entonces pienso, ¿cómo puedo seguir ganándome la vida? Escribiendo”, concluye.
Con unos cien mil muertos y casi tres millones de casos, Brasil se posiciona como el segundo país con más fallecimientos por coronavirus. Pero a pesar de estas cifras y las proyecciones (que son terroríficas), ya nada impresiona. La decisión política del gobierno de Jair Bolsonaro –quien declaró haberse contagiado- fue clara desde el principio: es solo una gripezinha y lo importante es que la economía no se detenga.
Más de mil decesos diarios desde hace semanas, un aumento desenfrenado de los contagios en todo el territorio —actualmente sólo hay 128 municipios, de los 5.564 que tiene el país, sin casos registrados— y el negacionismo oficial, hablan de un barco que se hunde agujereado por su propio capitán.
La tragedia anunciada se produce en medio de una descoordinación total entre las administraciones federal, estaduales y municipales; un Ministerio de Salud sin ministro desde hace más de dos meses, y una contradicción constante entre medidas sanitarias y de aislamiento social tomadas por las distintas líneas de gobierno. ANCCOM dialogó con brasileñas y brasileños para que cuenten, en primera persona, cómo están viviendo la situación.
Desde principios de marzo, María hace lockdown (como llaman a la cuarentena) con su familia en la zona sur de Río de Janeiro, la más rica de la Cidade Maravilhosa. Sólo sale para hacer compras y no ve a sus amigos, excepto cuando van a la verdulería. “Las medidas que el gobierno está tomando son pocas. No estamos en lockdown y las personas no respetan las medidas mínimas. Muchos van a la playa, andan sin tapabocas o salen a la noche”, señala. La fiscalización de fiestas y aglomeraciones es poca. “Muchas veces son los propios policías y personas que están en posición de salir impunes de sus acciones”.
A ciertos sectores de la sociedad no los preocupa la enfermedad. “Algunos son electores de Bolsonaro que creen que todo es una mentira. También hay gente que pertenece a clases sociales que saben que no van a tener problemas con la falta de camas en el hospital y, como no van a sufrir, entonces no respetan las medidas”, apunta María.
Bolsonaro promueve para la cura del coronavirus la cloriquina, una droga cuya eficacia no se comprobó científicamente.
Juliana es carioca. Reside en una favela en el Morro de Dendê en Ilha do Governador, al norte de la ciudad. Para ella la situación es diferente. “Estoy respetando las medidas de higiene, pero de aislamiento no puedo”, sostiene. Juliana es artista plástica y tiene que trabajar para sustentarse: “El brasileño tiene una cultura de miedo a no tener trabajo que viene desde mucho tiempo atrás de nuestra historia. Me incluyo en esto. Estoy muy preocupada por la cuestión de tener comida en la mesa”.
Justamente, una de las claves del discurso anticuarentena de Bolsonaro estuvo orientada a la necesidad de trabajar de millones de brasileños. “Tenemos más miedo de pasar hambre que de morir del virus. Cualquier medida que afloje el aislamiento en pro de poder trabajar es aceptada por gran parte de la población más pobre”, admite Juliana.
Roberta es periodista y está haciendo aislamiento estricto desde el 14 de marzo. “Solo salgo una vez al día con mi hijo y nuestra perra para ver un poco de naturaleza y tomar sol”, cuenta. A pesar del aumento de casos, la cuarentena en Río fue flexibilizada. “El intendente está alineado con Bolsonaro, niega la gravedad de la pandemia y estimula a las personas para salir. El gobernador del Estado de Río venía siguiendo medidas más restrictivas, pero ya cedió”, afirma.
La dificultad para entender qué normas seguir es generalizada. Lara es estudiante y vive en Campinas, en el interior de São Paulo. “Mi ciudad no tiene lockdown pero sí cerraron los comercios por un tiempo. Después los abrieron, aumentaron los casos y cerraron de nuevo. Todas las semanas hay una regla diferente”, describe.
Luis es artista y vive en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul. “Acá hubo un lockdown más fuerte al inicio y no tuvimos muchos casos. Ahí decidieron flexibilizar el aislamiento y los casos se fueron para arriba. Antes, la ciudad era una de las capitales con menos casos y hoy estamos con la curva cada vez más grande”, se lamenta.
“En Brasil cada uno hace lo que le parece. Unos siguen a Bolsonaro, no creen en el virus y llevan vidas casi normales. Otros siguen medidas de la OMS y se quedan en sus casas”, grafica Luis y añade: “Tenés estos dos extremos. Gente que está encerrada hace más de 100 días y personas que llevan la vida normalmente, aprovechando el Covid como si fuesen vacaciones”.
El desánimo y descontento es común entre los entrevistados. “Estamos abandonados por el poder público y tenemos que defendernos solos. Esa es nuestra realidad”, subraya Roberta, para quien las medidas económicas, como el auxilio de 600 reales, son insuficientes: “Hay más desempleados y la situación económica se va a agravar mucho en estos meses”, dice. Las medidas sanitarias también dejan que desear: el presidente declaró no obligatorio el tapabocas y ahora su uso quedó bajo decisión de los gobernadores e intendentes.
“No existen las medidas, ese es el problema -señala Lara-. El gobierno es tremendamente irresponsable. Bolsonaro cree que es todo mentira, creen en la cloroquina y en lo que Trump dice. Hace meses no tenemos ministro de Salud y pareciera que el de Economía decidió que el pueblo va a pasar hambre. Mucha gente va a morir todavía”.
“No concuerdo con nada de Bolsonaro y su postura sobre muchas cosas –enfatiza Juliana–, pero la pandemia es la gota que rebalsó el vaso de lo absurdo y deshumano. No tiene preparación alguna para ser presidente y es el responsable de este genocidio. Algunos gobernantes están respetando el aislamiento e intentan tomar las decisiones correctas y seguir los consejos de los médicos, pero tienen a este tipo encima que está en contra de todo lo correcto”.
La polarización política es una explicación de por qué, a pesar de su gestión, Bolsonaro siga con altos niveles de aceptación. “Poco antes de la pandemia, en febrero, ya había una crisis política. Empezaban los cacerolazos contra el presidente, pero llegó la pandemia y las protestas se frenaron”, explica Luis y reflexiona: “En todo el mundo hubo una politización del coronavirus, pero en Brasil mucho más”.
«El rol del Estado en Vicentin posibilita una perspectiva estratégica de la inserción internacional del país», dice O’Farrell.
La intervención por 60 días del grupo Vicentin, oficializada por el Gobierno nacional a través del decreto N° 522, junto con el posterior anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará un proyecto de ley para declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, han convertido el tema en el centro del debate político, aún por encima de la gestión de la pandemia del Covid-19.
Dedicada a la venta de aceites, granos y derivados, el año pasado Vicentin manejó el 9% de las exportaciones del rubro, lo cual la ubica en el sexto lugar en el ranking de empresas agroexportadoras. En diciembre de 2019, la firma se declaró en “estrés financiero” y entró en cesación de pagos. En febrero de este año, con todas las señales de ir a la quiebra, ingresó en concurso preventivo de acreedores.
Con una deuda total que llega casi a 100 mil millones de pesos (unos 1.350 millones de dólares), la compañía le debe plata a más de 2.600 acreedores conformados por productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores y bancos públicos y extranjeros. Su pasivo más grande es con el Banco Nación, al que le debe 18.000 millones de pesos.
Varios elementos se juntaron para decidir la intervención. Por un lado, la protección de los siete mil puestos de trabajo distribuidos en todo el país. Por otro, la preservación de los activos y el patrimonio de la firma para evitar el vaciamiento. El grupo no sólo está inserto en el negocio de la agroexportación sino que también es un jugador importante en la industria vitivinícola, frigorífica, algodonera, del biodiesel y de la exportación de miel.
«La intervención permitiría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.
Según el economista y politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Juan O’Farrell, hay que analizar el eslabón específico de la agroexportación para entender qué puede hacer el Estado con su participación. “El sector está compuesto por diez empresas que controlan el 90% de la exportación de commodities agropecuarios en el país. De esas firmas, las cuatro más grandes controlan el 70% del comercio global de commodities”, detalla. Este alto nivel de concentración y transnacionalización perjudica a los productores que negocian en desventaja. Además, al integrarse verticalmente, estas firmas tienen cada vez más influencia en las formas de producción.
La intervención del Estado en el sector agroexportador pone en cuestión de qué manera se posiciona el país en el plano internacional. “La Argentina se inserta de una manera subordinada en el comercio internacional de alimentos, por cuanto los lugares estratégicos de la cadena están controlados por multinacionales, puntualmente la exportación y la provisión de insumos”, señala O’Farrell. En este sentido, el posible rol del Estado en Vicentin “podría funcionar para tener una perspectiva más estratégica de cómo el país se inserta internacionalmente”.
“Esta iniciativa le permite al Estado, mediante una empresa testigo, participar de uno de los sectores más pujantes de la economía nacional”, subraya el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales (UNLP), Patricio Vértiz. Esta medida implicaría un intento de atenuar el proceso de concentración económica y extranjerización en un sector estratégico de la economía argentina.
La presencia del Estado en el sector agroexportador, que representa el 44,5% de las exportaciones del país, permitirá tener más información detallada sobre cómo son las operaciones “para mejorar los controles en las prácticas de evasión impositiva, como las subdeclaraciones, asociaciones con empresas offshores y más”, indica Vértiz, quien forma parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
También le permite al Estado quedarse con una porción de la renta agraria. “Hay grandes empresas de la cadena agroalimentaria, en posiciones privilegiadas, que logran apropiarse de parte del excedente producido en otros eslabones de la producción, por pequeños y medianos productores e industrias, y por los trabajadores”, explica Vértiz.
El presidente Alberto Fernández recibió a los directivos de Vicentin en la Quinta de Olivos.
La alta concentración del sector agroexportador, conformado por diez empresas traders que controlan casi el 45% de las divisas que genera el país, produce preocupación entre los funcionarios, sobre todo los del Banco Central y los ministerios de Economía y Producción. “En el momento en que escasean las divisas, los traders tienen mucho peso y pueden especular de una manera que fuercen a devaluar. La intervención busca que el Estado cuente con al menos un instrumento para moderar esas presiones, ya que podría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.
Sin embargo, advierte sobre la importancia de debatir cuál es la dirección que se le daría a una empresa estatal en ese sector. “Si va a servir al objetivo de liquidar divisas, pierde una fuente de rentabilidad. Lo mismo si tiene por objetivo pagarle mejor a los productores. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier actividad que se adjudique estará tironeada por otras funciones que podría cumplir”, destaca.
“En el fondo, lo que está en debate es cuál es la dirección que se le daría a la empresa. Si la prioridad es la soberanía alimentaria, o desarrollar las cooperativas del agro y que los productores reciban un mejor precio, o si es liquidar divisas cuando el BCRA lo necesita. Este es el debate que se deberá dar si se concreta la expropiación”, sintetiza O’Farrell.
El apoyo de los productores agropecuarios es fundamental para una empresa de este tipo. “Básicamente porque no tendría de dónde originar los productos a exportar. Si los productores no confían en la administración, van a preferir venderle a otra ya sea por cuestiones políticas o por no estar de acuerdo con la dirección de la empresa. Es importante que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta a este sector, fundamentalmente teniendo el apoyo de las cooperativas agropecuarias de Santa Fe”, detalla el doctor en Ciencia Política.
Según su opinión, el potencial de una empresa agroexportadora con presencia estatal es grande. “Por los activos que tiene, el lugar estratégico en el que está y por el perfil productivo del país y su inserción internacional, si se consigue el capital y se gestiona bien, tiene mucho potencial para aportar al desarrollo económico nacional”.
¿Soberanía alimentaria?
“Cuando hablamos de soberanía alimentaria, en términos generales, podemos hablar del derecho a los pueblos de decidir qué producir, dónde, cuándo, cómo y con qué objetivos. La intervención y posible expropiación de Vicentin colabora con la discusión sobre soberanía alimentaria pero no la resuelve ni mucho menos”, indica Vértiz.
El sistema de producción de alimentos está estructurado a nivel global, concentrado en pocas manos de transnacionales. “Puede haber intentos de modificación en algunos rasgos de la cadena productiva, con experiencias concretas, pero no cambiar el modelo de producción. Es una iniciativa interesante porque abre la posibilidad de discutir e impulsar otras iniciativas concretas”, sostiene.
La participación de la firma en el mercado interno reaviva la discusión sobre una Empresa Nacional de Alimentos, propuesta en abril de este año por el Frente Patria Grande. “A partir de una empresa pública en el marco del grupo Vicentin, podría haber acciones concretas que impliquen favorecer otros circuitos alternativos de comercialización y destinar estas compras a los programas estatales. Así, evitar intermediarios y priorizar la compra directa a productores familiares, medianos y pequeños, cooperativas, con esquemas productivos más agroecológicos y con menor impacto en el ambiente”, agrega Vértiz.
Párrafo aparte –y una investigación–, merece la deuda de Vicentin, la más grande con el Banco Nación, sobre todo si se considera que fue el mayor aportante en las PASO de Juntos por el Cambio. Sólo en 2019, el grupo empresarial recibió 72 créditos, 28 en el último mes de la presidencia de Mauricio Macri.
Estos préstamos, otorgados en condiciones de extrema irregularidad, fueron avalados por la gestión de Javier González Fraga, aun cuando la firma ya venía incumpliendo con los pagos. Por esta razón, los directivos de Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, junto al ex titular del Banco Nación, se encuentran imputados y próximamente serán indagados por la justicia.
