Nov 22, 2018 | Noticias en imágenes
Escrache de H.I.J.OS. en La Plata.
Las distintas regionales de H.I.J.O.S. se reunieron en La Plata, el 18 de noviembre, para escrachar al genocida Leopoldo Luis Baume, quién cumple el beneficio del arresto domiciliario mientras es juzgado en la Causa Brigada de San Justo, que se está desarrollando en el TOF 1 desde hace 4 meses.
Durante la dictadura cívico-militar, Baume, se desempeñó como segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo, entre 1977 y 1979. Como integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tuvo bajo su responsabilidad, hasta febrero de 1977, al centro clandestino de detención CCD “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza.
También se desempeñó como comisario en la localidad de Marcos Paz y se lo acusa del secuestro de 16 personas que aun permanecen desaparecidas desde junio de 1977. Bajo su responsabilidad también se encuentra la desaparición de Héctor Oesterheld, autor de «El Eternauta”, entre otros.
Finalizada la dictadura, Baume ocupó cargos de alta jerarquía en la Policía Bonaerense. En 1986 asumió como Secretario General de la fuerza y en 1987 como Director General de Seguridad, durante el mandato del ex gobernador radical Armendáriz. Fue profesor de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” y trabajó en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Plata.
Actualmente está siendo sometido a juicio oral en los tribunales de Comodoro Py (Caba) por los delitos cometidos en el CCD “Sheraton” y en el TOF 1 de La Plata, donde se desarrolla el debate en torno a los crímenes cometidos en la Brigada de San Justo, La Matanza. Mientras tanto cuenta con el beneficio del arresto domiciliario.
El escrache tuvo lugar en el marco del Encuentro Nacional de H.I.J.O.S. realizado en La Plata, para denunciar que las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas que fueron juzgados y condenados en tribunales federales de todo el país por delitos de lesa humanidad constituye una nueva forma de impunidad.
Ene 2, 2018 | Entrevistas, Novedades
Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.
Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.
¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?
Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.
En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?
Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.
Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?
Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.
Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?
En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.
A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?
En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.
En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?
Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.
Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?
Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.
Actualizado 30/08/2017.
Oct 3, 2017 | Comunidad, inicio
Por la peatonal pergaminense caminan policías rumbo a “la Primera”. Dejan sus autos a un par de cuadras, llegan en transporte público o caminando. Son las 16:30 del lunes 2 de octubre y en una hora se inicia una marcha en la plaza para reclamar justicia por los siete jóvenes masacrados. Los policías arman dos vallas en las esquinas contiguas a la seccional mientras fuman, dialogan y se ríen.
Madres, padres, amigos, hermanas, hermanos, parejas, hijos, nietos, abuelos y grupos de jóvenes llegan a la Plaza Merced, a una cuadra del lugar de la masacre en la que murieron siete jóvenes detenidos tras el incendio de la Comisaría 1º de Pergamino, el pasado 2 de marzo. Con la Iglesia Merced y el Palacio Municipal como testigos, la columna empieza a tomar forma. Unos 70 carteles sostenidos por palos, colgados del cuello o colocados en las mochilas piden justicia, no olvidar y Nunca Más.
Silvia, madre de Fernando Latorre, uno de los fallecidos, afirma que “la gente de Pergamino no tiene conciencia de las cosas que pasan. Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, se lamenta y agrega: “Hay muchos que juzgan por el lugar en el que los chicos estaban (la comisaría). No decimos que sean inocentes, pero estaban al cuidado del Estado y queremos justicia por eso”.
La multitud permanece allí media hora exigiendo castigo a los culpables. “No es un policía, es toda la institución”, sostienen y el bombo que acompaña la marcha se escucha cada vez más alto. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio lindero a la comisaría, una mujer de camisón se asoma al balcón, mira, vuelve a entrar y cierra con fuerza la puerta ventana. Los transeúntes que “pasean” por el centro, al toparse con la manifestación, pegan la vuelta o apuran el paso hasta cruzar la concentración. Un hombre de unos 60 años sale del bar de la esquina, observa la escena con el ceño fruncido, niega con la cabeza, se mete de nuevo en el bar, se sienta de espaldas a la calle y pide un café.
A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“¡Mamá, vení rápido porque nos mata la policía!”, “Hagan quilombo porque nos matan”, los mensajes de texto que los chicos enviaron aquel 2 de marzo todavía resuenan en el corazón de sus madres, que los recibieron. La prima de Fernando Latorre, Ludmila Díaz, apunta al accionar de la policía: “Eran personas y los dejaron morirse, estaban afuera sintiendo los gritos de dolor, sintiendo cómo se quemaban, la peor manera en la que puede morir un ser humano”. Silvia, la mamá, se refiere al maltrato que padecen desde el primer momento: “Los canales nacionales estaban dando los nombres de nuestros chicos antes que nos enteremos nosotros”. Y también culpa a la Bonaerense: “Las pericias muestran que el incendio se inició en el pasillo, no en las celdas. Pasaron 40 minutos hasta que se dio aviso a los bomberos y no desde la comisaría. Lo que pasó en ese tiempo muestra su intencionalidad. Obstruyeron a los bomberos diciendo que habían perdido las llaves de las celdas con las que previamente las habían cerrado, incluso las que debían permanecer abiertas. Como mínimo podrían haberles habilitado el agua de las duchas de las celdas y no lo hicieron, por eso los cuerpos se encontraron todos amontonados en el baño”.
Del otro lado de las vallas, los familiares de las víctimas obtienen lo mismo que les ha dado el Poder Judicial y la Gobernación durante estos siete meses: silencio e indiferencia. Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, acusa directamente al Estado: “Tiene una intención claramente marcada respecto a las fuerzas de seguridad que a una la lleva a pensar en la época de la dictadura. Cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil algunos policías dijeron: `Acá hacen falta 15 gatillos fáciles más´. Esto lo único que genera es dolor y miedo porque sé que mis hijos y mis nietos están en peligro”. Y, en referencia al presidente Mauricio Macri, remata: “Habla de paz y pretende construirla con gente violenta en las calles”.
La marcha continúa hasta la avenida principal. Durante el trayecto, de la misma manera que la policía miraba de afuera cuando los siete pibes morían calcinados, los comerciantes y vecinos miran la escena, sin siquiera un aplauso o una palabra de aliento a las familias. Al llegar a la avenida, un hombre en moto quiere cruzar a través de la gente pero una joven lo frena para que no provoque un incidente. El motociclista, actuando indignación, protesta: “¿Te molesta que quiera pasar? ¡A mí también me molestan ustedes!”
«Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, dijo Silvia, madre de una de las víctimas.
Quizás para exorcizar el humo y el fuego que siete meses atrás se llevaron la vida de los siete pibes, que esperaban su condena alojados en condiciones infrahumanas, unas 40 antorchas se encienden y los manifestantes preguntan “¿Dónde está?” No preguntan por Santiago Maldonado –cuyo rostro los acompaña en carteles, pines y remeras–, sino por el principal responsable de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, prófugo hace más de seis meses.
Sobre la vereda, un padre sale de la mano con su hijo de una juguetería con una bolsa y un paquete en la mano. Se quedan parados un momento hasta que pasa la gente para retirar su auto estacionado. En la vidriera del comercio se ofrece un “kit de policía” compuesto por pistola, esposas, walkie talkie, gorra y garrote.
Al llegar a la Plaza 9 de Julio, la marcha se detiene y los familiares aprovechan para decir las últimas palabras e invitar a hablar a otras personas. La primera es Mirna Gómez, mujer de Andrés Núñez, uno de los primeros casos de gatillo fácil, allá por 1990. Recién este año comenzará el juicio oral al comisario Luis Raúl Ponce, acusado del asesinato de Andrés. Ponce estuvo prófugo 22 años. Mirna pide que tengan fuerzas porque “esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”.
Mediante una llamada telefónica, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre en el Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978, sostuvo que “hay que seguir luchando para que la sociedad deje de incorporar el relato policial de `motín´ ante estas masacres”. La última en dirigirse al público fue Andrea Álvarez, quien pidió no olvidar a su hijo Iván Álvarez, fallecido luego de un choque producto de una persecución policial iniciada por la brigada motorizada GAM del Comando de Patrulla, sin motivo determinado. “Basta de las carreras de la muerte contra los chicos, basta de las persecuciones de la policía motorizada”, reclamó.
Mientras el comisario Donza sigue prófugo, el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, le concedió arresto domiciliario a los cinco efectivos imputados que se encontraban detenidos con prisión preventiva: Sergio Rodas, Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Giulietti y César Carrizo.
La resolución fue apelada por el fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los familiares de las víctimas, pero aun así la Cámara de Apelaciones respaldó la decisión del magistrado salvo en un caso. Ahora mismo, los recursos interpuestos por la CPM y la fiscalía se encuentran bajo estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. El argumento de queja es simple: los acusados no pueden estar en sus casas vigilados por sus propios compañeros de fuerza. A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“Esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”, dijo Mirna Gómez , mujer de Andrés Núñez, víctima de gatillo fácil.
Se encendieron 40 antorchas para reclamar la aparición de Alberto Sebastián Donza, principal responsable de la masacre.
Actualizado 4/10/2017
Sep 20, 2017 | DDHH
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) dio a conocer, el viernes 15 de septiembre, el veredicto de la mega causa “Operativo Independencia”, abierta contra 17 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En el histórico juicio que se llevó a cabo en esa provincia, declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas- sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El proceso que comenzó el 5 de mayo de 2016 finalizó, luego de que el Tribunal -integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- leyera la sentencia que incluyó seis condenas a cadena perpetua, tres de prisión superiores a los diez años, una de apenas cuatro años y siete sorpresivas absoluciones. La sesión cerró con algunos fallos divididos y con la sensación de ausencia de justicia.
El pedido de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, que habían requerido la pena de prisión perpetua para diez de los imputados -Roberto Heriberto (El Tuerto) Albornoz, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte, Enrique José del Pino, Manuel Rubén Vila, Néstor Rubén Castelli, Jorge Gerónimo Capitán, y Omar Edgardo Parada- solo se dictaminó de manera parcial, ya que únicamente los seis primeros recibieron ese castigo. En cambio, tres de los cuatro restantes recibieron penas inferiores -Vila fue condenado a 10 años de cárcel, Castelli, a 18 años, y Capitán, a 16 años- mientras que Parada fue absuelto de todos los cargos pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra que adjudicaban su responsabilidad a decenas de casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. Por su parte, el ex militar Pedro López, por el cual la fiscalía había solicitado 13 años, finalmente recibió cuatro –pena que fue conmutada por considerarse ya cumplida-, sirviéndole como atenuante su servicio en la Guerra de Malvinas en 1982. Por último, a pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen y José Roberto Abba.
En el histórico juicio declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas-.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Chit, fiscal de la causa, relató los hechos vividos durante el cierre del juicio. “De los 17 imputados, 10 fueron condenados, de los cuales sólo seis recibieron prisión perpetua. Y hubo siete absoluciones. Sobre los 10 primeros, se determinó que son culpables por crímenes de lesa humanidad, y por ende, se acreditó que hubo un plan sistemático de exterminio de personas opositoras. De este modo se tiró por tierra uno de los argumentos de la defensa, que decía que había habido una guerra durante el Operativo Independencia”, expuso Chit y, mostrando su disconformidad con el fallo del tribunal, agregó: “En relación con los imputados, advertimos una serie de inconsistencias en los veredictos. Porque algunas de las absoluciones fueron mencionadas con algunos criterios que a nosotros nos llaman la atención, porque no se condicen con las otras condenas que se dictaron. Entonces estamos expectantes para ver cómo el tribunal va a fundamentar la decisión de absolver a siete personas, no sólo por las pruebas que había en su contra y las penas que nosotros habíamos pedido -que eran muy elevadas- sino porque habiendo condenado a perpetua a otros imputados que quizás tuvieron el mismo rol o se desempeñaron en funciones similares, no entendemos por qué absolvió a unos y condenó a perpetua a otros”, desarrolló y advirtió: “Este va a ser un punto por el cual nosotros vamos a ir a Casación para impugnar este fallo. En el caso de las seis condenas a perpetua, no tenemos objeción acerca del fallo, porque eran las penas que nosotros habíamos pedido, pero algunos de los otros condenados obtuvieron penas inferiores a las que solicitamos. Este también va a ser un punto de impugnación en la Casación.”
Esteban Herrera es hijo de Abel Herrera, víctima del Operativo Independencia: “Es un fallo que deja un sabor muy amargo por la cantidad de absoluciones, sobre todo en casos muy emblemáticos, como el de Omar Edgardo Parada, que era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención Santa Lucía, cuya responsabilidad estaba suficientemente probada. Las absoluciones fueron tremendas porque, de alguna manera, están negando la condición de las víctimas de crímenes por los cuales no hay ningún condenado. Hay víctimas que han sido doblemente estigmatizadas, por las causas fraguadas en aquella época y ahora al negarles la condición de víctimas”, manifestó. Su madre, Georgina Simerman, fue secuestrada embarazada en 1977 y permanece desaparecida, Esteban busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Por otro lado hubo seis condenas a perpetua, en varios casos a represores que ya estaban condenados por otras causas, y algunas penas que superan los diez años. Mi padre -que militaba en el frente de propaganda del ERP- está entre las 271 víctimas y en el juicio declaré como testigo a partir de la reconstrucción que pude hacer acerca de la militancia de mi papá”, recordó y apuntó: “Por su caso hubo tres condenados. Se comprobó que fraguaron una persecución y dijeron que había sido abatido en un tiroteo. En realidad, lo secuestraron el 16 de septiembre (de 1975) en la vía pública y recién el 6 de octubre entregaron su cuerpo junto a los de otros cinco compañeros. Hicieron pasar sus ejecuciones por un enfrentamiento, a pesar de que eran evidentes los signos de tortura y los balazos a quemarropa con los cuales fueron ejecutados. Por el caso de ellos condenaron a perpetua a Albornoz, a Lazarte y a Del Pino por tormentos agravados y homicidio triplemente agravado.”
A pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a siete de los imputados.
En la misma línea se expresó el militante de H.I.J.O.S Tucumán Iván Jeger, cuyo padre, el librero Maurice Jeger, fue secuestrado el 8 de julio de 1975 junto a su pareja Olga Cristina González, y permanece desaparecido. “Este fue el decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y es la primera vez que hay tantas absoluciones”, refirió Jeger. “De los que recibieron condenas a perpetua, la mayoría ya habían sido condenados, aunque también hubo algunos que recibieron perpetua por primera vez. Entre ellos está Enrique Del Pino, que estuvo implicado en la causa de mi papá. Pero también hubo muchos absueltos, como Camilo Orce, que integraba la patota del (ex comisario) Malevo Ferreyra en Tucumán. Fue bastante duro el fallo. Además, en esta causa se está juzgando un operativo que ocurrió durante un gobierno constitucional, con Isabel Perón en la presidencia. Hay muchos políticos responsables -entre ellos la misma Isabel Perón-, que no estuvieron en el banquillo de los acusados y que, si bien fueron propuestos como imputados, fueron separados por el tribunal”, reflexionó el hijo de Jeger, que como Esteban busca un hermano o hermana nacido en cautiverio. “Lo tremendo de las absoluciones es que la gente que testificó contra los imputados ahora está con justificado temor, porque los represores a los que acusaron quedaron libres. No queda la sensación de que se haya hecho justicia”, aseguró. Luego recordó que la pareja de su padre, Olga Cristina, estaba embarazada de cuatro meses al momento de su secuestro. Ella también continúa desaparecida e integra una lista de 15 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en el Operativo y de cuyos destinos, al igual que el de sus hijos por nacer, jamás se supo nada.
“Para nosotros, como fiscales, este juicio fue un enorme desafío. Y sobre todo lo fue para las víctimas y los testigos, que apostaron nuevamente a la Justicia, luego de 42 años, para declarar y contar los horrores que vivieron. Se trata en su mayoría de personas de condición muy humilde, del interior de la provincia de Tucumán, que en muchos casos se acercaban por primera vez a un tribunal. Y creo que el tribunal no estuvo a la altura de sus circunstancias para mensurar y dimensionar las exposiciones de las víctimas”, expuso el fiscal Chit, describiendo la causa en estos términos: “Fue un juicio histórico por la cantidad de casos -por el momento, es el juicio más grande que hubo en Tucumán- y por la cantidad de imputados, muchos de los cuales fallecieron en el proceso y otros a quienes les garantizaron impunidad. Pero incluso con 17 imputados, fue un juicio de enorme relevancia para Tucumán, que de alguna manera intentó retratar una explicación, sin salirse del marco jurídico-penal, de lo que vivió la provincia desde la década del 60 en adelante”.
Una de las principales particularidades del denominado “Operativo Independencia” es que, a diferencia de muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la década del 70 por el terrorismo de Estado, este se dio en el marco de una democracia, meses antes del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Isabel de Perón e instauraría en Argentina la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas en la provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre 1975 y 1983, cerca del 30 por ciento tuvieron lugar en este operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de Acdel Vilas y de Domingo Antonio Bussi. Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino y la antesala del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de exterminio que más tarde se extendería a todo el país y sería implementado por la dictadura de la Junta Militar a escala nacional.
Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino.
Sobre este punto, el fiscal Chit manifestó: “Sabemos que en las sentencias que se dictaron en las otras once causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán, desde el tribunal se afirmó que el terrorismo de Estado había funcionado en Tucumán antes del golpe de Estado de 1976. A partir de esos antecedentes, se entiende que el tribunal consideró que Tucumán fue un tubo de ensayo en relación a la sistematicidad de la aplicación del terrorismo para lo que posteriormente sería el terrorismo de Estado ampliado sobre todo el territorio nacional. Si el tribunal es consecuente con sus propios antecedentes, y habiendo calificado los hechos en las condenas como crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda apartar de este criterio, de que el Operativo Independencia efectivamente fue la prueba de lo que sería luego el terrorismo de Estado a nivel nacional durante la dictadura.”
Ante el desconsuelo de las víctimas por las absoluciones, todavía queda pendiente la instancia de Casación, que tendrá lugar en noviembre tras la lectura de los fundamentos de los magistrados respecto a sus leves sentencias. Allí, la fiscalía y los querellantes apelarán las decisiones del tribunal e intentarán revertir los resultados con sabor a injusticia con los que concluyó la Megacausa.
“El próximo paso es leer los fundamentos, el 8 de noviembre, y luego vamos a hacer una presentación ante la Cámara de Casación Federal para que revise aquellos puntos que nosotros consideramos que fueron tratados incorrectamente y que creemos que han sido una equivocación por parte del tribunal”, declaró Chit, y agregó: “También existe en el TOF otro juicio del Operativo Independencia con nuevos imputados por causas de lesa humanidad y que tendrá lugar el próximo año, con lo cual este juicio va a funcionar como un precedente. Por eso va a ser importante que la Casación revise con mucha celeridad estas sentencias”.
Por su parte, Jeger afirmó: “En noviembre van a leer los fundamentos de la sentencia y se va a hacer una apelación en Casación porque, tanto en las absoluciones como las condenas menores a las que se había pedido, uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, siempre votó en disidencia; por ejemplo en algunas absoluciones él había votado perpetua. Al ser un fallo dividido, nos habilita para apelar. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta cómo está la situación del país y quienes nos gobiernan, yo no tengo muchas esperanzas de que se reviertan los fallos. Pero aun así vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Nosotros siempre sostenemos que estos tipos son juzgados por un tribunal pero son condenados por la sociedad.”
“Yo sigo repitiendo que, con el clima político que tenemos en la actualidad, no quiero que la familia de Santiago Maldonado tenga que esperar 40 años para obtener justicia. Durante la sentencia también pedimos por su aparición”, concluyó Herrera, haciendo referencia al reclamo que se hizo presente en la audiencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que lleva 50 días desaparecido.
Actualizada 20/09/2017.
Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes
A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.
Actualizada 19/09/2017
