Sep 9, 2022 | DDHH, Destacado 2
En una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, Claudia Bellingeri, hija del detenido desaparecido Héctor Aníbal Bellingeri, y los hermanos Iaccarino prestaron declaración de lo que pasaron sus familiares y conocidos durante la dictadura.
La audiencia número 79 del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Lanús y Quilmes durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. En esta ocasión las declaraciones se desarrollaron de forma presencial en su sede en la capital de la Provincia de Buenos Aires.
Brindaron sus testimonios Claudia Bellingeri, hija del detenido desaparecido Héctor Aníbal Bellingeri para contar lo que sucedió con el grupo de militantes de la agrupación Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA) y los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, empresarios que desarrollaron un sistema económico alternativo que molestó a las Fuerzas Armadas y a las empresas trasnacionales, y que los llevó a estar detenidos en la Brigada de Lanús, sede Avellaneda.
En primera instancia, Claudia Bellingeri declaró que sobre la situación que vivió el grupo de militantes de PROA el 11 y 12 de junio de 1977 donde se llevaron detenidos y detenidas a Gustavo Varela, Pedro Insaurralde, Héctor Bellingeri, Carlos Alberto Arias, Liliana Galletti, Ignacio Ikonikoff, Blanca Haydeé Altman, Gloria Veinstein, María Virginia Allende, Alicia Constrisciani, José Gabriel Voloch, Fabian, Haroldo y Luis Logiurato. “Una militancia que comenzó mucho antes de la fecha de secuestro. Habían creado una agrupación política en La Plata que se creó en la resistencia peronista, con voluntad de militantes por cambiar la realidad”, sostuvo.
Aquellos días de junio de 1977, la agrupación se reunía en una casaquinta en Urquiza y Montesquieu, ubicada en Marcos Paz. “Las Fuerzas Armadas ingresaron el sábado, tomaron rehenes y al día siguiente esperaron a los que se integraban el domingo en dos Citroën”, detalló. En particular, el testimonio de Bellingeri se centró en la historia de la detenida desaparecida Liliana Galletti, profesora de historia.
“Llegó el 12 de junio a Marcos Paz en un Citroën, corrió, fue alcanzada y herida. Fue secuestrada allí y lo primero que hicieron fue ingresarla al Hospital de Marcos Paz para vendarle un brazo”, contó, y agregó: “La llevaron a la medianoche a La Plata, a la casa de sus papás en la Calle 49. Ingresaron al domicilio, pero estaba vacío”. Esto pudo reconstruirse por las declaraciones de la madre de Galletti, Elida Enriqueta Bussi, quien fue Madre de Plaza de Mayo. El primer lugar de detención de Galletti fue el COT I Martínez: “Es una Brigada de investigaciones y debería formar parte de la línea de investigación para que se junten los crímenes cometidos en esta dependencia, que falta investigar mucho. Camps llevó a muchas de sus víctimas allí”, sugirió. “En el COT I Martínez recibió torturas, junto a un varón. A Liliana Galletti la trasladaron a otros domicilios muy golpeada”, detalló. Luego de este Centro Clandestino de Detención (CCD), fue trasladada, junto a Virginia Allende, Blanca Altman y Alicia Constrisciani al Pozo de Banfield. Allí, Liliana y Virginia fueron vistas por una estudiante de Historia, que fue secuestrada y llegó a la Brigada de Banfield el 8 de septiembre. “Ese mismo día, no sabemos en qué circunstancias, escuchó las voces o se comunicó con ellas. No las pudo ver”, especificó.
Bellingeri brindó estadísticas a la causa: “De las víctimas secuestradas y desaparecidas, el 46% no ha sido vista. Fueron doblemente desaparecidas para el registro de la justicia porque no fueron vistas en los CCD y no se puede tener sus cuerpos. Por lo tanto, no parecen tener justicia, no pueden ser parte de este proceso tan importante y emblemático de este país que tiene mucho que ver con el colectivo de Derechos Humanos para exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad”.
La testigo opinó: “Con Liliana y su traslado permanente quedó demostrado que tres de las víctimas que salieron de Marcos Paz estuvieron en el COT I Martínez y fueron trasladadas”, y se preguntó: “Cuál va a ser la justicia para esas víctimas desaparecidas que no la tienen -justicia-, hasta el día de hoy. El destino era el pozo de Arana. Incinerados en el pozo de Arana”, se lamentó.
También, recordó la opinión que sostenían los represores respecto de los detenidos desaparecidos: “Camps había publicado un artículo en La Prensa y un artículo en el diario La Capital de Madrid donde hablaba sobre qué era la subversión, cómo era que se tenía que encarar su lucha, hablaba del grupo PROA, que eran militantes y tenía una línea de unir a las diferentes fuerzas políticas y que su misión era sacar las denuncias al exterior”.
“Nosotros pudimos reconstruir nuestras vidas gracias a las Abuelas, Madres de Plaza de Mayo y la capacidad que tuvimos en -HIJOS-, de poner a nuestros padres como verdaderos militantes políticos, verdaderos revolucionarios. Seguimos pensando que sus ideas tienen vigencia y seguimos reivindicando su lucha y decimos que están presentes con nosotros”, culminó su intervención.
El siguiente fue Alejandro Rómulo Iaccarino, empresario que fue secuestrado junto a sus hermanos y a toda su familia en la última dictadura. En primer lugar, se preguntó: “Esto es una revictimización o es la forma de demostrar, en un determinado momento, cuál es el comportamiento de personas que pasaron por 13 detenimientos, 9 centros clandestinos, donde fuimos severamente torturados, golpeados de todas formas, pero a pesar de las situaciones en la que nos encontrábamos, a cuatro veces al límite de vida por el exceso de picana eléctrica a la que fui sometido junto a mis hermanos”.
Sobre las torturas “fue la forma que quisieron y lograron, por supuesto, de ablandarnos para que nosotros entregáramos todo nuestro patrimonio”. Su secuestro se da junto a su madre: “Estaba con el auto en mi casa, en el sótano, donde estaba la cochera, junto a mi madre. Me estaban esperando cinco personas de civil con pistolas apuntándonos. Me dieron una trompada en el estómago. La parte desesperante fue cuando la ataron a mi madre a la ventanilla con esposas y la empezaron a golpear”. Iaccarino aclaró, en toda su intervención, que su familia nunca había hecho nada violento, ni tenían participación partidaria. “Lo único que habíamos hecho era un plan económico para defender a la gente humilde. Era ayudar a los pobres, concretamente, llegar al 50% de descuento en los productos de primera calidad. Todo eso que estábamos haciendo estaba prohibido para el poder”, subrayó.
Luego de explicar los motivos económicos por los que decidieron fomentar una economía alternativa a la que estaba vigente, el sobreviviente explicó: “Nos secuestraron porque nosotros teníamos un puesto de abaratamiento. Mentira”.
En los CCD que estuvo, luego de torturas su vida corrió peligro cuatro veces: “Nos desnudaban, nos colocaban una capucha, nos acostaban en el piso donde nos ponían unas gomas en las muñecas y tobillos. Ahí es por donde pasaban los alambres, arriba de esas gomas, para no ser cortados y lastimados. Esos alambres iban directo a las palancas. Nos tiraban con las cuatro palancas y quedábamos directamente sin posibilidad de moverse”.
“He quedado con mucha cantidad de daños físicos y psíquicos que tienen una importancia extraordinaria. Por un solo motivo, por ser buena persona y haber querido ayudar a la gente que es humilde”, sentenció. Iaccarino aseguró que lo que pasó a su familia los destruyó. “Mi madre se volvió loca porque cuando nos detienen, a ella la ponen en un habitáculo de un metro por un metro. Ahí la tiraron a mi madre. Estuvo 17 días allí. No la sacaban ni al baño. Le daban de tomar un mate cocido con un pedazo de pan”.
Contó también la forma en la que pudieron evitar morir allí. Luego de ser trasladado a la Brigada de Lanús, “El Infierno”, donde nos hicieron transferir (a su hermano y a él) los bienes. Teníamos que ponerlos a nombre de mi papá para que pudiera hacer la transferencia a nombre de la mafia”. Ellos eran Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, pertenecientes a Equino Química S.A interesados en las 25.000 hectáreas que poseían en Santiago del Estero. Estas personas les dijeron a ambos “nos entregan los bienes o van al Río de la Plata”.
“El infierno era un horror. No es una cosa cualquiera. No es donde estaban los presos. El Infierno era el ‘infierno’. Era un lugar donde se torturaba, robaba, donde le decían ‘el Banco de Londres’ porque se dedicaban a secuestrar industriales para pedirles dinero”, detalló. El modus operandi que tenían allí “estaba muy aceitado”.
En una jugada muy astuta de su hermano Carlos, que le preguntó a Camaño, la mujer que redactó la transferencia de bienes si podía poner el lugar donde se encontraban, esta miró a Jorge Rómulo Ferranti y asintió. A partir de esto, quedó registro dónde se encontraban detenidos en este papel que forma parte de la causa. Les tuvieron que dejar un avión que compraron en Estados Unidos, y cientos de tierras en Santiago del Estero.
Luego de recuperar la libertad, Iaccarino expuso que las personas no querían tener contacto, ni negocios con su familia porque “no querían saber nada con gente que haya tenido los problemas que tuvimos nosotros”.
Finalizó su declaración mientras enumeraba que en democracia sufrió once atentados contra su vida: “Me descompusieron los frenos del auto, me tirotearon, me dieron una paliza, apagaron y encendieron el gas para que estallara mi casa. Todos esos atentados fueron durante gobiernos democráticos, ninguno sobre el proceso militar”.
El siguiente fue Carlos Alberto Iaccarino, quien se destacó por su capacidad de recordar fechas y lugares por los que pasó junto a sus hermanos. El sobreviviente constató que su persecución comenzó en Santiago del Estero donde fueron detenidos por primera vez junto a su hermano mayor Rodolfo, y a su padre el 4 de noviembre de 1976.
A partir de allí comenzó un recorrido por diferentes comisarías y centros clandestinos de detención hasta el viernes 27 de mayo de 1977 que lo trasladaron a la Brigada de Investigación de Lanús, para ser llevado definitivamente hacia el COT I Martínez.
“En la camioneta había una persona tirada adentro, no podíamos hablar, después nos enteramos que era Rubén Dieguéz, secretario general de la CGT. Nos bajaron de la camioneta, nos pegaron y nos llevaron a un pasillo. Nos caímos porque no veíamos dónde pisamos. Nos agarramos fuerte con Alejandro y le dije ‘acá perdimos’”, testimonió.
Iaccarino resaltó que “los partes policiales dicen que se rompió la camioneta, por eso nos llevaron a la Brigada de Avellaneda, pero ahí no estábamos. Nos llevaron al COT I. Ahí estuvimos 36 días que fueron dolorosos, tremendos. No encuentro la palabra que pueda definir el quiebre, el dolor, la falta de seguridad, los golpes y la situación que ya estaba totalmente rota”.
Luego, al igual que su hermano, se refirió a la transferencia que tuvieron que hacer de bienes para que pudieran salir con vida de la Brigada de Lanús, a donde los trasladaron el 5 de julio de 1978, pues era el espacio donde se sabía que la policía bonaerense tenía un modus operandi dado que “querían plata”.
Por último, Iaccarino valoró el juicio: “Ojalá de acá surja algo porque para nosotros, que somos gente sencilla, de clase media, porque así nos consideramos, haber padecido durante 46 años y después de descreer en parte de la Justicia, la policía, en abogados y escribanos, todas esas personas que han estado en este centro de confabulación con fines extorsivos que a los detenidos les arman causas para sacarle plata. En nuestro país no lo tienen que permitir más”.
La semana próxima seguirán los testimonios de la audiencia número 80 que ya lleva más de tres cuartos de declaraciones de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura militar.
Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades
Guasta fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio de Campo de Mayo por María Rosa Reinoso.
Se inició el tramo llamado Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo, que busca indagar los secuestros y desapariciones de obreros en la zona fabril de Zárate y Campana. En la última audiencia, llevada a cabo el miércoles último, declararon los familiares del desaparecido Eugenio Antonio Guasta y una testigo que vio la escena del secuestro.
“Mis papás tenían, además del trabajo, un negocio de reparto de galletitas. Un día, cuando volvían de distribuirlas, dos autos estacionaron en la vereda y bajaron cuatro personas vestidas de civil. Uno se identificó como policía federal y dijo que había una denuncia contra mi papá por venta de droga entre las galletitas”, rememoró Leandro Javier Guasta, el hijo menor de la familia. A partir de ese momento, un 23 de noviembre de 1976, nunca más vieron a su padre. “Nos dijeron que se lo llevaban a la comisaría, pero no lo encontramos ahí”, agregó.
Todas las declaraciones de la audiencia recrearon la misma situación: el secuestro de Eugenio Antonio Guasta, desde distintas ópticas y puntos de vista. Los dos hijos que vieron a su padre subir al auto e irse detenido; la mujer que volvía de trabajar con él y lo fue a buscar a la comisaría, y una vecina que jugaba en la vereda, frente a la casa de los Guasta y presenció la detención. “Hace diez años me llamaron para ayudar a crear La Casa de la Memoria y me dieron información sobre mi padre”, siguió Leandro, relatando el recorrido que hizo con su familia para encontrar más datos sobre Eugenio. “En esa reunión me contaron que había una persona que sabía cómo había muerto mi papá. Se llamaba María Rosa Reinoso y había compartido cautiverio con él”, detalló.
Si bien Leandro no conoció a María Rosa Reinoso, sí lo hizo su vecina, Marisol Burroni. Fue ella la que descubrió que habían estado en el mismo centro clandestino. “La conocía por intermedio de mi esposo y me contó que había estado secuestrada”, relató ella en su extensa declaración. Cuando le comentó que iba a presentarse a testificar por la desaparición de Guasta, Reinoso le dijo que había estado con él. “Me contó que habían estado en la casa de los Guerci, un palacete medio victoriano en una barranca de Zárate”, precisó. El caserón funcionaba como centro clandestino de detención y los secuestrados se comunicaban por sus nombres, aunque llevaban vendas en los ojos casi todo el tiempo y no se podían mirar a los ojos. “Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó.
“Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó Reinoso.
Marisol Burroni, que tenía seis años en 1976, vivía frente a la casa de los Guasta y estaba jugando en la vereda con una amiga cuando presenció el operativo. “Mi papá me llevó adentro cuando vio todo, pero yo salí por el balcón y vi a los chicos llorando”, contó. A pesar de que no entendía qué estaba pasando, ver a sus vecinos, casi de la misma edad, tan angustiados, le llamó la atención. Su padre cruzó la calle y asistió inmediatamente a la mujer de Eugenio Guasta. “Yo no sabía manejar y el señor Burroni me llevó a la comisaría con la camioneta que usábamos para repartir galletitas”, agregó a la historia María del Carmen Favaro, esposa de Eugenio. “Recorrimos varias, pero en todas nos decían lo mismo, que no estaba ahí”, rememoró.
La mañana anterior del secuestro, llamaron a la puerta militares del Ejército. “Venían a hacer un allanamiento”, contó Favaro. No se llevaron nada, aunque revisaron algunas partes de la casa, e incluso preguntaron por una máquina de escribir. “No me pareció raro porque en ese momento era común que entraran a las casas. Lo hacían por manzanas”, relató. No llegó a decirle esto a su marido porque a la tarde, cuando volvían del trabajo, se lo llevaron a él. Una semana después aparecieron de nuevo, pero esta vez no se quedaron mucho. “Me dio la impresión de que venían a corroborar que faltaba alguien en la casa”, teorizó.
La familia presentó numerosos habeas corpus y hasta contactó al párroco de Garín, tío por parte de madre de Eugenio Guasta, para obtener información. “El clérigo se comunicó con el obispo de Campana y en un principio parecía que estaba en el Área 400, pero después lo negaron”, relató Juan Carlos Guasta, hermano de la víctima.. Ante las preguntas sobre la actividad política o militancia de Eugenio, las respuestas variaban mucho. Su hijo menor recordó que fue parte del Partido Intransigente y su mujer agregó que se presentó en una elección cuando eran joven. Sin embargo, su hermano y su hija mayor no recordaban la vida política de su familiar.
Todas las declaraciones contaban los mismos hechos, con dudas, lagunas mentales, recuerdos borrosos o muy claros, típico de un suceso que ocurrió hace cuarenta y tres años. A pesar de las preguntas de los abogados defensores, que buscaban constantemente desligar a los secuestradores de Eugenio Guasta de los militares que defienden, los testimonios siguieron sin contradecirse y firmes en la convicción de armar el rompecabezas que les trajera memoria, verdad y justicia.
Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades
El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.
“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.
Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.
El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.
“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.
El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.
“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.
“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.
Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.
Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.
Actualizado 12/12/2017
Nov 1, 2017 | DDHH, inicio
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en la cuarta audiencia del juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso por su participación, el 12 de enero de 1977, en el operativo ilegal de la casa de Villa Adelina que ocupaban Antonio Domingo García, Beatriz Recchia embarazada de 5 meses, y su pequeña hija Juliana. Los cargos que se le imputaron a Alfonso fueron: allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjucio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García. Con todas esas acusaciones, los abogados Alan Iud y Carolina Villella, pidieron para el imputado la pena de prisión perpetua.
Iud comenzó los alegatos de la querella en representación de Juliana Inés García y Abuelas de Plaza de Mayo recordando cómo fue ligado Alfonso al caso García-Recchia. El abogado dijo que su vinculación se dio a partir del informe elaborado por Stella Segado, ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del cual se lo identificó como uno de los oficiales que participaron del operativo de la casa de Villa Adelina. El informe partió de tres fuentes: el propio legajo de Alfonso, el Boletín Único del Ejército y una serie de notas periodísticas que dan cuenta que, el 12 de enero de 1976, Fuerzas legales llevaron a cabo un procedimiento de control de población en la calle Independencia al 1900 en Villa Adelina. Iud leyó uno de los recortes que describía lo siguiente: «Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una niña de unos cuatro años de edad cuya madre al parecer se había fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos». Las tres pruebas fueron contrastadas por el equipo de investigación y como resultado se encontró que el acusado fue condecorado por haber sido “herido en batalla en un operativo ocurrido en Villa Adelina”, lo que lo relacionaba al caso García-Recchia por la improbabilidad de que ocurrieran dos operativos a pocas cuadras de diferencia, en el mismo barrio, a la misma hora, la misma noche. Según Iud, el legajo del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico reflejó que cuando Alfonso fue herido no estuvo en un control de tránsito, como consta en la declaración indagatoria de Alfonso. Tampoco hay referencias de que el disparo haya sido desde una moto, como el ex agente describió en su relato. Iud conjeturó que Delaico, siendo un oficial de inteligencia, hubiese sido raro que lo hayan asignado a la simple tarea de un control de tránsito. Para la defensa de Juliana García, este legajo constituye una contundente refutación de la coartada que presenta Alfonso en este proceso y no habría forma de sostener el relato que introduce la defensa con las pruebas acumuladas. Muy por el contrario, todas las pruebas acreditarían la tesis acusatoria.
Juliana Inés García Recchia, hija mayor de Beatriz Recchia y Domingo Antonio García.
Otro dato a tener en cuenta es que el apropiador de la hija menor de Beatriz Recchia y Antonio Domingo García, el ex suboficial de inteligencia José Ricchiutti, compartió destino con el acusado Alfonso en 1975, en la escuela Sargento Cabral. «Es claro que no estamos acusando a Alfonso de la sustracción de la hija de Beatriz, pero es un dato que debe ponderarse, entendemos tiene relevancia», agregó Iud.
Respecto a algunos descargos de Alfonso, Iud recordó al jurado que el acusado declaró que solo se ocupaba de la instrucción y la educación de aspirantes y que siempre se desempeñó de uniforme y con arma reglamentaria. También recordó que, según los dichos de Alfonso, el 11 de enero de 1976 se le informó que sería parte de una sección de empleo inmediato en la realización de operaciones militares dedicadas a patrullaje, control de tránsito e identificación de personas a cargo de Delaico. Iud, recordó, que en ese caso, Alfonso comenzó sus actividades a la medianoche del 12 de enero, con patrullaje y controles de tránsito en Bella Vista. En ese lugar, según Alfonso, pasó una moto con dos personas que lo atacaron al grito de “alto” y le dispararon, desde allí, aproximadamente a las 4.10 de la madrugada, habría sido conducido al hospital militar de Campo de Mayo. En el relato. Alfonso asegura que fue atendido por el médico militar Agustín Masllorens y permaneció internado casi diez días. «En este relato pueril, señores jueces, está lo que se cae por su propio peso. Es claro que no resiste el confronte con las pruebas de las causas que acabo de mencionar, en particular el legajo de Delaico. Y eso hace pensar el por qué un relato que no se sostiene con las demás evidencias. Hay una razón para ello, Alfonso declaró en indagatoria el 11 de diciembre de 2008 y el legajo de Delaico se obtuvo después de su declaración en 2009. Lo que hizo Alfonso fue tratar de construir una coartada, acomodando detalles. Es realmente difícil creer que el capitán subordinado al Jefe de la División de Inteligencia ordenara un control de tránsito», dijo Iud.
«La defensa pretende que creamos que Alfonso no podría haber participado del operativo porque fue en Villa Adelina, que correspondía a la escuela de Comunicaciones, y paralelamente nos afirma haber estado en un control de tránsito precisamente en Villa Adelina, a pocas cuadras del hecho», agregó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
El ex General de Brigada, Eduardo Alfonso, junto a su abogado en el juicio.
Otro elemento que introdujo Alfonso en su indagatoria es la supuesta discordancia entre la hora de la muerte de García y la hora de la herida que él recibió. Alfonso afirmó que fue herido a las 4.10 y aproximadamente a las 4.30 ingresó al hospital de Campo de Mayo. Alfonso destacó que según el informe de defunción de García, falleció a las 3.45 y así sostiene que García murió 25 minutos antes de que él fuese herido, por lo cual nunca podría haber estado en ese hecho. «Es claro que la hora de la muerte de García fue en base a estimaciones. Quién firmó el acta de defunción dijo que él no hacía autopsias sino reconocimientos y que no lo hacían en el lugar del hecho, sino en la morgue del cementerio. A través de un reconocimiento no se puede establecer con exactitud de minutos la muerte de una persona. Así como tampoco es exacta la hora de la herida de bala de Alfonso. Si bien no se puede establecer la hora de ninguno de los dos hechos, existe una coincidencia temporal notoria en el lugar de la muerte, en la hora de la muerte también. Más que elementos de descargo deberían ser considerados como pruebas de cargo serias», dijo Iud. Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, todos los testigos de Alfonso son de oídas ya que no pueden indicar ni una sola persona que les haya dicho lo que declaran y la defensa no pudo acercar ningún testigo directo del episodio que describió Alfonso en su indagatoria. «Las abundantes pruebas de cargo de ningún modo alcanzan a ser refutadas por dos testimonios incorporados por lectura sin mediación, y que repiten la teoría de la defensa del disparo desde una moto», agregó.
Rafael López Fader junto a su abogado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
El alegato del letrado finalizó con la lectura de una declaración que hizo Juliana en una audiencia anterior que explicaría por qué se está pidiendo prisión perpetua para Eduardo Alfonso: «Me contaron que yo lloré mucho y no volví a preguntar por mi papá con vida, pero lo difícil era contarme lo de mi mamá. Me contaron que no estaba, me dijeron algo de un viaje y yo preguntaba por un colectivo, qué había pasado. A medida que se iban enterando, me iban contando -los tíos-, nos fuimos enterando juntos. Ya cuando se veía que a los desaparecidos los asesinaban y desaparecían sus cuerpos sin dejar rastros, dejándolos como desaparecidos eternamente, también me lo fueron contando. Yo lo negaba, necesitaba saber que me iba a reencontrar con mi mamá. De repente escuchaba que estaban en España y tenía ganas de viajar y buscarla. Pero mi tío Tito era el encargado de pincharme los globos y bajarme a la realidad de que no la íbamos a encontrar más, que a lo sumo lo que se podía encontrar eran sus restos, pero que los liquidaban. Este es el cimiento de la desaparición, me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, no vas a tener ni una tumba. Esto opera distinto a haber recuperado el cuerpo de mi papá de poder llevarle unas flores y saber que está ahí. Hoy mi papá está en un nicho y voy de vez en cuando. Tengo que abrir el nicho y ver los huesos, suena muy terrible pero yo tengo a mi papá y no a mi mamá. Mi mamá venía en sueños, no hace mucho la soñé viva». Alan dijo que el testimonio era elocuente porque aún después de cuarenta años Juliana pudo transmitir que esa pérdida irreparable sigue presente.
Luego Iud hizo hincapié en cómo afectó a Juliana la fuga de Alfonso durante cuatro años. «Hasta ésta nueva forma de dolor le hizo pasar Alfonso, de tener que pasar nuevamente por otro juicio pues no tuvo el coraje de enfrentar a la Justicia cuando fue llamado por ella. Alfonso tuvo la capacidad de convertir su representación ante la Justicia como un nuevo agravio a las víctimas».
El próximo martes está previsto que a partir de las 9.30 y hasta las 16 continúen los alegatos de las otras querellas.
Querellantes en la causa contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso.
Los jueces Diego Barroetaveña, Marta Milloc y Marcela Mónica Rodríguez escuchan los alegatos de la querella.
Actualizado 1/11/2017
Oct 11, 2017 | DDHH, inicio
Comenzó ayer el juicio contra el ex Secretario General del Ejército, Eduardo Alfonso, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada, en 1977, en la localidad bonaerense de Villa Adelina. La pareja militaba en la organización Montoneros. Su hija mayor, Juliana -que tenía tres años en el momento del secuestro- luego del operativo fue privada de su libertad por algunas horas. Al momento de los hechos, Alfonso se desempeñaba como teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en Campo de Mayo. Este es el primer juicio que enfrenta el ex militar, luego de 40 años de impunidad y cuatro como prófugo. Pudo ser acusado recién en 2008, luego de una lectura minuciosa de su legajo, en el que se lo condecoraba por aquel allanamiento clandestino.
En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín –integrado por los magistrados Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez– juzga a Rafael Félix López Fader, ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.
Fader está imputado por haber llevado adelante el secuestro de estos jóvenes, el 16 de febrero de 1977, en el marco de un plan sistemático. El personal policial habría obligado a ambos a salir de la carnicería en la que se encontraban y subir al automóvil de Fernández, marca Fiat 128. Las víctimas permanecieron detenidas en la comisaria cercana hasta el 18 de febrero de 1977, fueron trasladados a otra dependencia, arrojados en un calabozo esposados y desvestidos. Posteriormente fueron encapuchados e introducidos en dos automóviles Ford Falcon, donde se encontraban cinco hombres más. Después se inició la marcha hacia la localidad de Pacheco y los encapucharon hasta llegar al Centro Clandestino de Detención el “Campito”, en Campo de Mayo. Allí fueron golpeados, sometidos a simulacro de fusilamiento y a Barreto le aplicaron corriente eléctrica. El 6 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, un militar que se apellida Roldan, apodado “Trapito” y un gendarme conocido como “Puma” trasladaron a los detenidos hasta el Comando del Instituto militar de la guarnición militar de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por Fader apodado “Raúl” y Mario Rubén Rodríguez alias “Escorpio”. Fader integraba una comisión especial encargada de trasladar a los detenidos desde allí hasta a provincia de Entre Ríos. Las víctimas fueron encadenadas, encapuchadas e introducidas en el baúl de dos automóviles para dejarlos a orillas del rio Paraná, en donde permanecieron hasta el anochecer. Luego le suministraron inyecciones para adormecerlos y colocarlos en el Fiat 128 de Fernández y finalmente lanzarlos al agua. Muniz Barreto falleció, pero Juan José Fernández sobrevivió y pudo escapar del automóvil que había sido sumergido. Los represores intentaron ocultar los homicidios bajo la forma de un accidente automovilístico. Ante la lectura de las acusaciones, Fader decidió hacer uso de la palabra y dijo: “En primer lugar, quiero decirle al tribunal que soy totalmente inocente de los cargos que me han imputado. Yo no participé en el secuestro de Barreto como tampoco en la privación ilegal de su libertad y mucho menos en su deceso, jamás lo he visto. No he participado en la lucha contra la subversión y según me ha manifestado mi abogado defensor lo único que me imputa en esta prueba de la causa Campo de Mayo, ha sido prueba que ha traído el testigo protegido Víctor Ibáñez, al cual no conozco. Y yo le pido, excelentísimo Tribunal, tener un careo con esa persona. Esto es todo lo que voy a declarar por hoy, porque salí muy temprano de Campo de Mayo -a las 3 de la mañana- y olvidé una serie de documentos que sería muy importante mostrar”, dijo Fader, sin que le temblara la voz. Por último manifestó que quiere participar de todas las audiencias del caso.
Eduardo Alfonso, ex Secretario General del Ejército, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia.
Eduardo Alfonso en cambio, prefirió no declarar, por asesoramiento de su letrado y se remitió a su declaración indagatoria, que hizo en sede judicial el 11 de diciembre del 2008. Pidió que se la leyera en voz alta, públicamente, y que luego se incorpore a las actas correspondientes con el croquis de puño y letra que él hizo en esa oportunidad relatando los hechos “tal cual sucedieron”, según su versión. Además expresó que él también quiere presenciar de todas las audiencias. Alfonso niega haber participado en tiempo y lugar del operativo en Villa Adelina, en la calle Independencia al 1940, la noche del 12 de enero de 1977. En aquel escrito, Alfonso dice no conocer el lugar de los hechos que se le imputan, los que “afectan a su persona en lo familiar, personal y profesional”.
Finalmente, tras los inverosímiles relatos de los acusados, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia quien comenzó hablando de sus padres para “bajar a la realidad el caso”, aclaró. “Mi mamá, Beatriz Recchia, se recibió de maestra, ejerció como jardinera y estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá, Antonio Domingo García, había hecho la primaria como pupilo en el colegio Lasalle de González Catán y fue maestro de grado en el Colegio Pío XII. Los unió la pasión por la historia y la militancia, por el lado de la Iglesia. Se encontraron en un taller de historia en los 70. Convergieron en Montoneros, donde militaron hasta el último momento de sus vidas. Desde jóvenes tuvieron inquietudes sociales y políticas. En 1972 se casaron y cuando mi mamá estaba por rendir uno de sus últimos finales rompió bolsa y nací yo”, relató Juliana. Luego aclaró que a pesar de la corta edad que tenía cuando se produjeron los hechos, tiene recuerdos propios de esa noche porque la marcaron. Con respecto a la memoria de sus padres dijo: “La historia mía con ellos la fui armando con el tiempo. Trato de reconstruirla a través de lo que me contaron y otras que viví. Se han acercado muchas personas que conocían a mis padres, amigos y familia. Los recuerdos que tengo de ellos tengo que cultivarlos día a día. Trato de no perder sus caras, solo viví con ellos tres años y trece días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos. Sé que me quisieron mucho y eso fue la base para ser lo que puedo ser hoy”.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia», dijo Juliana Inés García Recchia.
Antes de la noche de horror que vivió la familia de Juliana, ellos ya sufrían la persecución a manos de la Junta Militar. La situación se había complicado aún más por las caídas de compañeros de sus padres motivo por el cual se mudaron varias veces hasta llegar al PH de Villa Adelina, ubicado en la calle Independencia al 1940, en diciembre de 1976. “Tengo recuerdos de adrenalina y terror que a veces vuelve en sueños”, contó Juliana.
El año pasado, Juliana volvió al barrio y habló con los vecinos y pudo saber qué pasó durante el operativo: “Muchos de mis recuerdos eran reales. Porque lo que me contaban era tal cual como lo tenía presente”. El operativo, según reconstruyó, fue alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1977. Lo primero que recuerda son los ruidos estruendosos. Después, que se encontraba con su madre agachada detrás de algo, como una cómoda, su madre la protegía y le hablaba. Beatriz le dijo a su pequeña de tan solo tres años que afuera había hombres malos explotando globos. Cuando los sonidos cesaron, aparecieron en la habitación unas personas que las sacaron a ambas de la casa. En el patio yacía su padre, Antonio Domingo García. “Nos hicieron pasar por el patio y ahí estaba el cuerpo de mi papá. El patio era tan chico que tuvimos que pasar por encima de mi papá”, dijo Juliana con la voz quebrada. Luego procedieron a subir a su madre a un camión que, según rememora Juliana, tenía lonas. Después de eso, solo recuerda que la subieron a la parte de atrás de un auto que tenía los “asientos largos”, típicos de los Falcón. Horas más tarde fue entregada a sus abuelos maternos por el personal de la comisaría de Villa Adelina. García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, en el Centro Clandestino de Detención conocido como «El Campito». Allí fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar, dio a luz a una niña que permaneció desaparecida apropiada por Luis José Ricchiuti hasta 2009, cuando recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo número 97. Además, después de aquel operativo habían saqueado la casa. “Se llevaron todo, hasta mis dos cotorritas. Lo único que quedó fue un rollo de papel higiénico. Es lo único que me quedó como recuerdo de esa casa y de mis viejos”, repuso Juliana conmocionada.
“Lo más difícil era entender lo que pasaba con mi mamá, no estaba la figura del desaparecido en ese entonces. La gente desaparecía pero no se sabía qué iba a pasar con ellos. Hubo un tiempo que se decía que los desaparecidos estaban en España. Y yo quería creerlo, me quería ir a Europa a buscar a mi mamá. Mi tío Tito era el encargado de bajarme a la realidad, de pincharme los globos”, contó. A Juliana no solo le arrebataron a sus padres, sino también la posibilidad de tener un lugar en donde elaborar su duelo, una tumba para visitarlos y llorarlos. Al referirse al plan sistemático que llevó a cabo el Grupo de Tareas durante la última dictadura militar Juliana dijo -mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de dolor: “El plan era este: me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, tu cuerpo. Ni siquiera vas a tener una tumba”.
Juliana pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia. El daño y el dolor son permanentes. Yo me despierto y todos los días me siento huérfana y mis hijas se perdieron de tener a sus abuelos”, manifestó Juliana. Además, pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre y lamentó que por retardos en la justicia muchos represores quedarán impunes. “Sentimos que esto no se acaba nunca”, dijo Juliana para concluir su testimonio. Inmediatamente finalizada la declaración los aplausos no se hicieron esperar para acompañar a la hija de la pareja víctima del genocida Alfonso a quién no sólo no se le movió un solo musculo mientras Juliana relataba lo que le había sucedido a sus padres, sino que provocó a la audiencia al sonreírle a una fotógrafa que lo estaba retratando. Las que sí se mostraron emocionadas por el relato, fueron quienes vienen acompañando cada uno de los juicios de lesa humanidad. En la sala del martes pudo verse a integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en esta causa en representación de Juliana-, miembros de la Comisión Campo de Mayo y de Comisión Memoria de San Martín, entre otros. Alfonso y Fader también estuvieron acompañados. Paradójicamente, las hijas de Alfonso no pudieron ocultar la emoción al escuchar el relato de Juliana.
La segunda audiencia se llevará a cabo el próximo martes a las 9.30 de la mañana. López Fader y Alfonso continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo hasta que se dictamine una sentencia. Está previsto que declare Juana Muñiz Barreto, hija del ex diputado Diego Muñiz Barreto, secuestrado y asesinado el 6 de marzo de 1977.
Actualizado 11/10/2017
