Jul 15, 2020 | Comunidad, Novedades
Las premisas que Arturo Jauretche denominaba ‘zonceras argentinas’, históricamente avaladas y convertidas en irrefutables, han posibilitado que extraños intereses conduzcan el destino del país, sus recursos y riquezas. El contexto que se configura a partir de la pandemia deja al desnudo las más dramáticas y paradójicas consecuencias que de allí derivan. El paso del coronavirus por los barrios populares evidenció las condiciones de extrema criticidad en la que viven casi un millón de familias en un país altamente rico en tierras, recursos y mano de obra. Ana Pastor, trabajadora social, vicepresidenta de la organización social Madre Tierra y representante de América Latina en la Coalición Internacional del Hábitat y Jaime Sorín, Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, arquitecto, docente e investigador analizan la situación habitacional de la Argentina, una deuda histórica en materia de derechos.
“La pandemia devela la enorme desigualdad socio-territorial que tenemos en nuestras sociedades –afirma Pastor-. Hay dos recomendaciones fundamentales que se dan en este tiempo: quédate en casa y lávate las manos. Es evidente que estas cuestiones mínimas son condiciones que muchas personas de las villas y asentamientos no pueden cumplir”. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina hay un total de 4.461 villas y asentamientos, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas. Los datos respecto a los servicios básicos e infraestructura son allí desalentadores: el 93,8% no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal. En el país, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares, de los cuales 1,6 millones necesitan una nueva vivienda y 2,2 millones precisan refacciones para poder alcanzar el umbral mínimo de la casa digna.
En este escenario, el programa Argentina Construye, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se propone como una respuesta inicial a estos déficits. Se planificaron viviendas nuevas, refacciones y microcréditos y se prevé la generación de miles de puestos de trabajo. Es incipiente y los resultados se verán sobre la marcha. Vivir con los derechos de acceso al hábitat digno vulnerados trae aparejado un sinfín de problemas ligados en gran medida a la salud, por lo que, para gran parte de los barrios más postergados, la emergencia sanitaria que hoy atraviesa al país entero es una problemática constante. Lo acontecido en Villa Azul, Buenos Aires, grafica esta desigualdad: “Han sido más las víctimas en la parte no urbanizada (Quilmes) que en la urbanizada (Avellaneda) –destaca Pastor-. De ahí sacamos dos saldos: la importancia de entender cuánto más saludable es un barrio que está urbanizado y la importancia de un Estado presente”.
Al respecto, Sorín agrega que “el Estado -y no así el mercado- es fundamental si se quiere tener una política de vivienda que abarque a todos los sectores y, si no actúa, de alguna manera lo que está haciendo es posibilitar esa desigualdad estructural”. En este sentido, Pastor sostiene que “el neoliberalismo lo que ha instaurado es que el apoyo del Estado se riega por arriba, es decir, se riega a las grandes empresas que son las que supuestamente van a desparramar trabajo: ya estamos viendo que mucho no derraman. Si los patrones logran segundas y terceras viviendas, ociosas, y sus empleados no tienen ni lo mínimo para lograr un techo seguro donde vivir, evidentemente algo se está haciendo mal”.
El 93,8% de las personas que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.
Trabajo y vivienda
El déficit habitacional ha sido y es el correlato directo de la desigualdad social y estructural de nuestro país y de la región. En Argentina, los barrios de emergencia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y, a lo largo de los últimos 40 años, han crecido y empeorado a la par de las sucesivas crisis económicas. Tras una década de una fuerte -aunque insuficiente- iniciativa en materia de hábitat, enmarcada en un contexto económico más favorable para los sectores populares; el aumento de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su duro impacto en la situación habitacional.
“Detrás de esto está la cuestión de por qué en un país tan grande y con tan poca población para el territorio no hemos podido garantizar nunca que toda persona que pise suelo argentino tenga un lugar mínimo pero adecuado donde vivir –sostiene Pastor-. Y esto tiene que ver con el tipo de normativa que nos hemos dado para vivir en sociedad, en la que prima el derecho a la propiedad absoluta por sobre la función social de la propiedad”. Cavando más profundo, no se trata sólo de un problema de acceso a la vivienda sino también de acceso al suelo urbano. “Si nosotros entendemos que el suelo es un bien de cambio y aceptamos eso con naturalidad, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa y una muy minoría con mucho territorio”, agrega.
En este sentido, Sorín entiende que a esta problemática se la empieza a atacar equilibrando con políticas fiscales que sean equitativas: “Esto no significa de ninguna manera que hay que sacarle al que tenga más, sino que, una vez establecido un piso de propiedad privada, hay que empezar a cobrar impuestos para aquel que utiliza la vivienda o el suelo como si fuera una caja de seguridad”.
Por otro lado, otra de las razones tiene que ver con la falta de comprensión cabal de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan los barrios. La cuestión habitacional no refiere únicamente al aspecto material o de infraestructura de las viviendas, sino que apunta al acceso a todos los derechos, empezando por el trabajo. De allí la necesidad de pensar la acción pública de manera tal que incorpore componentes de vivienda y trabajo y no reducirla sólo a construcción de viviendas o regulación dominial. “No podemos pensar -expresa Sorín- que solamente con dar una vivienda vamos a resolver el problema: nadie tiene sólo un problema de vivienda, este aparece porque no hay trabajo primero”.
“Si el suelo es un bien de cambio, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa», anuncia Pastor.
Organización y participación
En este contexto, el programa Argentina Construye supone una iniciativa de enorme importancia. El proyecto busca brindar soluciones al déficit habitacional financiando, en distintos puntos del país, más de 40 mil refacciones, 5.500 viviendas nuevas, equipamiento público -especialmente sanitario y de higiene- y 200 mil microcréditos para materiales de construcción. El programa es entendido, en este contexto, no sólo como una respuesta necesaria en materia de hábitat, sino también y en igual medida como un aporte para la reactivación económica ya que las obras pensadas estiman un total de 750 mil puestos de trabajo.
Además, cabe resaltar el espíritu federal y participativo, tan necesario para la prosperidad de los programas o las normativas que se establezcan en materia de hábitat y territorio. A la luz de la extensa lista de obras que concluyeron en soluciones temporales o incluso derivaron en nuevas problemáticas relacionadas a la salud, la seguridad o el medio ambiente, se torna necesario que “las normas tengan como objetivo final llegar a un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Esos son los siete puntos a los que apunta una ley de hábitat integralmente aplicada”, explica Ana Pastor.
Al respecto, Sorín sostiene que sin la intervención del Estado es absolutamente imposible resolver el tema, pero que también se tiene que permitir la acción de aquellas organizaciones de pueblos que tienen sus propias políticas “ya que la vivienda no es un tema sólo económico, es un tema cultural también. Nuestro país es multicultural y con una diversidad regional enorme, por ende las distintas comunidades tienen sus distintas maneras de vivir y de encarar el problema. El Estado debe tener políticas abarcadoras y diferenciadas y permitir que cada sector, de algún modo, intervenga en la definición de cómo quiere resolver su problema”. En este sentido, la vicepresidenta de Madre Tierra afirma que “participación no es juntar a los vecinos y decirles qué es lo que se va a hacer en su barrio: es generar la información y las condiciones necesarias para tomar decisiones en conjunto”.
“Producción social del hábitat es ir logrando de manera auatogestiva un barrio con todas las infraestructuras, los equipamientos, las centralidades, los accesos y las viviendas seguras que deben tener”, cuenta Pastor. En este sentido, la organización social Madre Tierra ha realizado durante 30 años, y a base de trabajo comunitario, 17 barrios con servicios y un gran número de mejoras en viviendas y soluciones cloacales y de agua potable en el conurbano bonaerense, generando en el camino experiencias de organización y participación más que interesantes. Desde ya, esto requiere mucho del apoyo estatal. “Acá la combinación entre acción estatal y organización social es fundamental ya que el Estado solo no puede y, fundamentalmente, no debe. Creo que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación”, concluye Sorín.
Estos tiempos deberían ser el puntapié a una reflexión -y acción- profunda tanto para los decisores políticos como para la sociedad toda. Los primeros deberán abocarse a la planificación de políticas públicas que, de manera integral, busquen corregir la diferencia socioeconómica existente. Pero además, y considerando que toda desigualdad se sostiene sobre las decisiones de pocos y la indiferencia de muchos, el pueblo argentino en general deberá pensar cuánto más tolerará esta inequidad. “Espero que esta pandemia nos deje ver la importancia de que si pierde uno pierden todos y que nuestros sectores medios abran los ojos y se den cuenta que nunca los sectores concentrados van a intentar beneficiarlos –concluye Pastor-. En Argentina, lo popular ha tenido grandes pérdidas y siempre ante los intereses de unos pocos”. Intereses de aquella ínfima minoría que, decía Jauretche, son dueños de la tierra (o de lo que fuere), “pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece”. Descubrir y truncar las zonceras que se llevan dentro es, al decir del escritor, un acto de liberación.
Jun 1, 2017 | Entrevistas
“Lo que hace el PRO es maquillar la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso”. El que habla es el arquitecto Jaime Sorín, miembro fundador de Carta Abierta y actual decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Avellaneda, quien reflexiona sobre las políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires y la influencia del mercado: “Las empresas inmobiliarias forman parte absoluta del gobierno”, establece. Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, advierte que la estrategia del PRO a través del negocio de la obra pública y del sistema de transporte pareciera estar destinada a embellecer sólo un sector de una ciudad con serios problemas de vivienda: tiene un déficit habitacional del 17% y un índice de pobreza que sigue aumentado. “Con la exclusión como base, intentan generar un recambio de población para que aquel que no se banque vivir en la ciudad, se vaya”, dice, en el estudio de su casa en Almagro.
Usted suele decir que “en el urbanismo no hay neutralidad”. ¿Cuál es la orientación de las políticas de desarrollo urbano del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?
El PRO tomó una ciudad que ya tenía una distribución espacial muy injusta, el norte y el sur históricamente marcan una diferencia importante para la población. Pero lo que hicieron fue aumentar esas diferencias, porque, de algún modo, las políticas urbanas que están llevando a cabo tienen como base tratar de generar un cambio de población. Tienen la misma lógica que las políticas de Cacciatore durante la dictadura, que planteaba que tenía que ser una ciudad blanca, que había que merecer vivirla, intentando tener una ciudad competitiva con las ciudades europeas. Durante la época de Macri como jefe de gobierno fue muy claro cómo se favoreció el capital especulativo, con la mayoría de las obras realizadas en la Zona Norte. Ahora Rodríguez Larreta, si bien ahonda y profundiza esa política, la maquilla mucho con cuatro intervenciones en villas y algún tipo de política de transporte, pero la realidad es que van a seguir aplicando la política de exclusión que es la base, justamente, de la política urbana del PRO.
¿Cómo desarrollan esa política de exclusión?
Hay un ejemplo claro que es lo que están haciendo actualmente con la Zona Sur: aumentar los valores de la tierra. En el sur las tierras valen cada vez más, y esto es porque uno de los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo estableció el valor de la tierra como parámetro para medir la calidad de vida en una ciudad. Y, además, el indicador dice que hay que equilibrar este valor, no puede haber sectores con valores muy altos y otros muy bajos. Y de hecho, en la ciudad la tierra aumentó desde el 2003 hasta ahora. Pero en el sur se incrementó aún más el precio, teniendo en cuenta que la mayor parte de los problemas habitacionales están en esa parte de la ciudad. Este aumento hace que la mayoría de la gente que vive ahí no pueda seguir viviendo, porque muchas viviendas son alquiladas.
¿Cómo es el trabajo en villas?
Por más que ellos trabajen sobre las villas, aunque no esté muy claro qué están haciendo, esas villas siempre son cuatro y están ligadas a desarrollos inmobiliarios muy cercanos que necesitan, justamente, de un blanqueo a esa zona para que la clase media no tenga “inconvenientes” en radicarse en las cercanías. Esa supuesta integración de las villas no fue más que pintar algunas casas, dar algunas propiedades, pero no terminaron nada ni tomaron políticas que solucionen los problemas de estos barrios. Así generan una ciudad con mucha exclusión, con poca igualdad, en donde el recambio de población en unos años sea evidente. El problema en América Latina no es la pobreza, sino la desigualdad, las diferencias que hay entre los ricos que son cada vez más ricos y los pobres que son cada vez más pobres. La disputa por lograr la igualdad es muy importante, no hay libertad sin igualdad. Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado.
¿Cómo es la política de vivienda del PRO en la ciudad?
Ellos plantean que la vivienda la tiene que solucionar el mercado, el Estado tiene que garantizar que se puedan dar créditos básicamente del sector privado. El PRO está desarrollando mucho a nivel Nación -y también va a intentar hacerlo en la Ciudad- los consorcios Estado-Privado, en donde el Estado facilita tierras y el privado financia y construye, dejándole al Estado un porcentaje de viviendas que deberían ir a viviendas sociales. Pero si lo que construyen son edificios en Zona Norte, ¿qué vivienda social podés hacer ahí? Toda la política de vivienda del PRO está basada en los créditos hipotecarios. No construyeron prácticamente nada en los diez años y lo que construyeron es con 60% de aportes del Gobierno Nacional. Además se desfinanció el Instituto de la Vivienda, no se dieron los créditos cooperativos en base a la Ley de Autogestión, el programa de vivienda joven tuvo poco éxito. Teniendo en cuenta que hay 150 mil viviendas en déficit, lo que dieron es prácticamente nada. También fracasó el programa “Alquilar se puede”, que en realidad era un crédito para que vos le puedas pagar a la inmobiliaria lo que las inmobiliarias te piden. Ahora están planteando de nuevo toda una política crediticia porque la base de ellos es el desarrollo del crédito hipotecario, que al fin y al cabo es un negocio bancario. Todos los créditos, tanto a nivel nacional como en la ciudad, están indexados, día por día se va pagando más y luego de unos años tenés que pedir la re-financiación. Llega un momento en que no van a poder pagarse más.
«Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado».
¿Hay un control sobre los alquileres en la ciudad?
La ciudad de Buenos Aires tiene una ley de control a las inmobiliarias que se debería aplicar, pero no se hace. La Cámara Inmobiliaria tiene varias multas por parte de la justicia por no controlar los montos que se cobran. El problema del alquiler es terrible, porque hemos pasado desde el 22 por ciento de la población como inquilina en 2001 al 33 por ciento actual: una de cada tres personas en Buenos Aires alquila, y no hay ninguna política sobre eso. El año pasado aumentó el alquiler un 40%. No hay ningún control de precios; el que alquila tiene que tener la certeza de que al año siguiente no estará pagando un 40% más. Otro tema importante en la ciudad son las viviendas ociosas y eso se controla poniendo un impuesto a este tipo de vivienda que se encuentra vacía. Este impuesto se aplica en países tanto de Latinoamérica como en Europa. Acá en la ciudad son más de 200 mil las viviendas vacías, muchas de ellas están recién construidas y no se encuentran en venta debido a la especulación financiera.
¿Cree que esta apuesta a una ciudad embellecida y en constante obra es importante para las victorias electorales que logró el PRO?
Capaz que es importante para un sector de la población, la clase media que mira esos aspectos de la ciudad, que no son aspectos profundos pero que en los barrios, sobre todo en la zona norte, le deben dar resultados. En la zona sur hay pocas obras de este tipo. De todos modos, es una política no solo de embellecimiento sino de dar impulso a las empresas constructoras amigas. Todo el tiempo aparecen irregularidades en las formas de contratación. Muchas de estas empresas constructoras son de lo que se conoce como el Clan Macri, donde se destacan Caputo o Calcaterra. Otros son contratistas de la ciudad, no tan conocidos pero que se llenan de plata, empresas que fueron creciendo. Muchas veces las calles se hacen dos veces y uno no sabe por qué, o ponen esas balas de cañón que dividen las calles y no sirven para nada: detrás de todo eso siempre hay algún negocio y alguna empresa beneficiada. Todo esto está cuestionado por auditoría, pero claro, los medios cubren absolutamente todo y no sale más que en alguna página web o de vez en cuando en Página/12 o en Tiempo Argentino. Este es un Gobierno que plantea una ciudad hecha a medida de los empresarios de la construcción. Las empresas inmobiliarias son parte absoluta de este gobierno. El mayor contratista fue una empresa satélite de Caputo. Macri dice que no lo contrata, pero termina contratando a una empresa paralela en la que Caputo tiene el 50 % de las acciones. En todo eso las grandes empresas están por detrás. Es decir, lo que hace el PRO es maquillar mucho la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso.
¿Cómo es el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires?
Los sistemas de transporte tienen que estar integrados y en la ciudad esto no pasa. El trazado de las bicisendas, por ejemplo, debería estar integrado a un sistema público de transporte: no lo está, y además costaron una fortuna. Lo mismo pasa con el Subte y el Metrobús, no están integrados. Al igual que el Centro de Transbordo de la estación Constitución, que no tiene una finalidad muy clara. Es decir, hacen cosas sin pensar y el transporte público es una cosa compleja. Está probado que la única forma de que funcione el transporte público en ciudades con un enorme tránsito de superficie es con subtes. Lo que hicieron con el Metrobús es simplemente un sistema de carriles exclusivos que ordena pero es absolutamente incompleto. Sin mencionar los destrozos que hicieron con el patrimonio urbano en la 9 de Julio sin ninguna necesidad. Con el Metrobús del sur que va por Garay pasa lo mismo, lo hicieron sin ninguna necesidad y tuvieron que hacer un destrozo tremendo, hubo un conflicto con un club del barrio y con una escuela. Yo creo que el sistema de transporte está pensado desde el punto de vista de generar obras para decir “estamos haciendo esto y aquello”, pero no para solucionar los problemas de fondo.
¿Qué opina del proyecto para realizar una estación debajo del Obelisco en donde se conecten todas las líneas de ferrocarriles?
Es el colmo del rédito inmobiliario, porque si lo analizás desde el punto de vista del transporte es absolutamente innecesario. ¿Cuál es la necesidad de cruzar toda la ciudad en tren? Es una locura, eso se arregla con subte y colectivos bien ordenados. Ni siquiera está estudiado cuánta gente necesita un tren para cruzar la ciudad. Es una ciudad que no se piensa a partir del uso de los ciudadanos, sino que está en contra de los ciudadanos. Este proyecto va con la idea centralizar cada vez más, en vez de tomar una política de descentralización y focalizarse más en las comunas, que están desatendidas. Está todo hecho desde el marketing y siguiendo políticas que surgieron en la época de los noventa en Europa. Son ciudades pensadas como competitivas, es la idea de la marca-ciudad que en Europa se viene desarrollando bastante. La marca Barcelona en España, por ejemplo, genera turismo, pero mientras hacían eso en el 2008 se les caía el país al piso por la crisis inmobiliaria. Acá está pasando un poco lo mismo con la política crediticia del gobierno.
Suele hablar del concepto de “injusticia espacial” para definir la situación de la mayoría de las ciudades.
Ese es un concepto que retoma la idea de crecimiento por desposesión. El hecho de ir sacándole propiedades al conjunto de la ciudadanía e ir creciendo a partir de eso. Hoy el capitalismo crece mucho por desposesión, no tanto por la acumulación tradicional. Dentro de esta situación, la “injusticia espacial” significa la falta de derechos de unos sectores de las ciudades con respecto a otros. Significa que unos viven muy mal porque otros viven muy bien.La “injusticia espacial” es eso: no hay igualdad de derechos en una ciudad. Hoy en todo el mundo se está buscando la igualdad de derechos. En la Ciudad de Buenos Aires se distingue con claridad quién puede vivir en el norte y quién en el sur. Los problemas de ambos sectores son diferentes. Un ejemplo es la cantidad de gente que vive a orillas del Riachuelo, que es un tema que se está tratando hace años. Hoy, Acumar, que es el organismo que se encarga del saneamiento del Riachuelo, creado durante el gobierno anterior, se encuentra con muchísimos problemas y en la práctica dejó de funcionar.
¿Cómo es su experiencia en la Universidad de Avellaneda?
Hace dos años empezamos la carrera de Arquitectura y estamos con más de 800 alumnos, lo cual es un número muy importante. Sufrimos el ajuste sobre la educación como las demás universidades, todavía estamos peleando para que se acepten muchas partidas presupuestarias que se habían aprobado con el gobierno anterior, la situación es muy compleja. De todos modos nos estamos arreglando para que no se pare ninguna carrera. Hoy, las universidades del Gran Buenos Aires tienen la misma cantidad de alumnos o más que la UBA. Lo que demuestra que fue una política acertada, que hubo una cantidad de ciudadanos que no podían acceder a la universidad y lo están haciendo, muchos de ellos son la primera generación de universitarios de sus familias. Yo tengo muchos alumnos que jamás hubiesen podido ir a la UBA o a la UNLP.
¿Cómo se puede fomentar la articulación entre la academia y lo social? ¿En qué punto se realizaba esto en su época de decano de la FADU?
Uno, cuando enseña Arquitectura, no lo hace ateniéndose a lo meramente profesional, la formación tiene que ser completa y esto incluye la realidad del país en donde uno vive. Se discuten temas de Arquitectura dentro de un contexto. Si vos hablás sobre temas urbanos tenés que plantearte en qué tipo de ciudad estás viviendo y cuáles son sus problemas, y ver qué puede hacer un arquitecto para resolver estos problemas. Con respecto a la FADU, hay que tener en claro que es una comunidad académica muy amplia, compleja y múltiple. Desde el decanato se pueden lograr algunas cosas pero estás muy condicionado. Vos podés hacer cosas hasta un límite, podés orientar. El pensamiento más corporativo te permite tener una salida laboral, pero no te permite generar muchos programas que tengan que ver con una orientación más social. Hay un pensamiento tradicional y corporativo que está mucho más ligado a lo que es la lógica inmobiliaria. En la FADU se dan cursos de emprendimiento, te enseñan a ser emprendedor de la industria inmobiliaria. Es tan amplio todo en la FADU que es muy difícil que se imponga una tendencia más social. Por eso está bueno que hayan surgido estas universidades de GBA, donde tratamos de tener un pensamiento crítico.
¿Cuál es tu perspectiva de cara a las elecciones de este año?
Creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr unidad. Es claro que Macri es el enemigo que está construyendo una sociedad de exclusión y mucha pobreza. Además de retroceder en temas fundamentales, como el de Memoria, Verdad y Justicia. Porque recuperar la memoria y hacer los juicios de la verdad no es sólo para hacer justicia por lo que pasó, sino porque recuperar la memoria significa generar ciudadanía, incluir mucha gente, es avanzar sobre ciertos ideales de construir un país distinto. Estos tipos no quieren eliminar la memoria de los últimos treinta años, sino desde la Revolución de Mayo en adelante. Hay que tratar de cambiar esto, porque el pueblo está sufriendo. Uno de clase media puede bajar sus consumos y achicar gastos innecesarios. Pero el que no puede comprar la leche porque no le alcanza ya es un problema más serio.
¿Cómo se genera esa unidad?
Me parece que hay que trabajar fuertemente un programa, tener un compromiso ciudadano. Y la figura de Cristina creo que es importante, no solo porque crea unidad en el pueblo, sino por lo que significó ella en estos últimos diez años. La vuelta de Cristina debería significar retomar las banderas de estos últimos años pero de otra manera, entendiendo que hay cosas que no se pueden repetir. Hay que generar más democracia, más ciudadanía, más inclusión pero también desde lo político. No es sólo cuestión de generar derechos sociales, desde lo político tenemos que generar mucha más democracia.
¿Cuál es el papel de Carta Abierta en el contexto político actual?
Seguimos pensando que Carta Abierta tiene un rol a jugar, pero yo creo que ha cambiado mucho desde el 2008 hasta hoy. En 2008 con el problema de la soja el Gobierno estaba muy solo. En esa época no era muy claro cuál era el papel que cumplían las organizaciones culturales o intelectuales y nuestra acción sirvió para desenmascarar el papel que cumplían los medios de comunicación. Luego del 2010 se empiezan a sumar varias organizaciones sociales y políticas, se desarrolla La Cámpora. Con este cambio de Gobierno creo que hay que ver cómo se pueden articular con otras organizaciones sociales. Hoy Carta puede servir como un lugar de confluencia de sectores culturales o políticos. Debe pensarse dentro de la unidad para desenmascarar las políticas que está tomando el macrismo o debatir acerca del neoliberalismo.
¿Qué opiná de las obras de Milagro Sala en Jujuy?
Cuando uno ve lo que hizo Milagro Sala entiende la embestida que se realiza contra su figura. Obviamente que a los grandes negocios inmobiliarios del norte del país no les conviene lo que ella hizo. La Tupac hizo más viviendas sociales que el gobierno de Jujuy; además, las cooperativas de vecinos que las realizaban lo hacían con menos costos, de manera más rápida y con mayor calidad. A través de la Tupac se demostró que se pueden hacer las cosas de otra manera, con otra lógica. Es la contracara de la ideología individualista del neoliberalismo, porque no sólo sacó de la pobreza a una porción de la población, sino que el método de trabajo era la absoluta cooperación dentro de una comunidad. Para ellos la palabra de trabajar por lo común, lo comunitario era fundamental. Obviamente que la Tupac tenía por detrás la financiación del Estado. Ella utilizó bien los fondos del trabajo. Construyó viviendas, pero también garantizó el trabajo, el equipamiento, la salud, la educación y la recreación de todo un barrio. Urbanizó de una manera distinta y eso le queda a la gente. Hay un montón de personas que viven en Jujuy que no se van a olvidar tan fácil de esto. Y yo creo que tampoco la gente se está olvidando de lo que se hizo en estos últimos diez años. Me parece que hay que trabajar sobre la memoria de la gente, preguntarle cómo vivían antes y cómo viven ahora.
Actualizada 01/06/2017
