Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Una bicicleteada desde el Congreso de la Nación hasta la puerta sur de la Reserva Ecológica en defensa de la costanera y los humedales, frente a la amenaza de un proyecto inmobiliario del grupo IRSA con el Gobierno de la Ciudad, convocó el domingo último a más de 1.500 personas.
En la sesión ordinaria del jueves pasado, la Legislatura aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 37 votos a favor y 20 negativos. La propuesta denominada Costa Urbana, impulsada por el Gobierno de la Ciudad junto al grupo IRSA, viola las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para este tipo de proyectos.
Ante este avance, diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una reserva ecológica. Este proyecto de ley se titula “Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río” y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos. Además, desde la ciudadanía, se convocó un abrazo simbólico y una bicicleteada el domingo pasado para recuperar la Costanera Sur.
“El fin de semana anterior fuimos a la Reserva Ecológica a pedalear y nos pararon para firmar. Y obviamente estamos de acuerdo con un tema ecológico: la ciudad tiene una cantidad de m2 de espacio verde está por debajo de la media mundial”, comenta Luciano, arquitecto que, junto a su familia, desde Avellaneda, se encontraban frente al Congreso esperando el inicio de la bicicleteada.
Este emprendimiento de construcción de mega torres de 145 mestros de altura en la Costanera Sur, en un predio que se encuentra ubicado al lado de la Reserva Ecológica, es un contrasentido ambiental, urbano y social. La ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, explica: “De concretarse, va a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la ciudad y en particular para la Reserva Ecológica. Va a modificar las condiciones de asoleamiento, la circulación de los vientos y el escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas. Además de generar todo tipo de impactos sonoros que van a poner en riesgo la biodiversidad de la reserva”.
Leila, jubilada y escenógrafa que cautivaba la atención de las personas con su bicicleta, expresa: “Vine porque soy ciudadana de Buenos Aires y amo mi ciudad” sosteniendo su cartel: “Carpincho diputado”. “Voy desde hace muchísimos años a la Reserva Ecológica, incluso antes de que se hiciera Puerto Madero. Y la verdad, no quisiera que se construya más nada, sobre todo porque serían torres que en su mayoría estarían desocupadas, nadie las habitaría. Estoy cansada de los negocios para unos pocos, porque ni siquiera va a vivir gente ahí”. Este predio de 72 hectáreas, es uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires. La construcción de este nuevo Puerto Madero vendría a consolidar una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires ribereña, destinada al 5% de la población de mayores recursos, y una Buenos Aires de espaldas al río, sin derecho al horizonte.
“Nos llama la atención este proyecto inmobiliario porque está totalmente en contra de lo que la Ciudad se propone en cuanto democracia ambiental”, dice Zoe, militante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La organización se encarga de verificar que las políticas públicas se encuentren acorde a lo que ellos definen como los derechos a la ciudad, que son garantizar el acceso igual a los derechos que implican vivir en Buenos Aires: salud, transporte, vivienda digna, ambiente, entre otros. “El proceso ya en sí, de la evolución de la política pública está en contra de la Constitución de la Ciudad, Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú que se firmó el año pasado. Privatizar la costanera vulnera todos nuestros derechos de acceder al espacio público, a los espacios verdes y de tener una ciudad sana que se pueda disfrutar en igualdad”.
Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante por eso es necesario defender el humedal y recuperar este predio para transformarlo en una nueva reserva ecológica. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, comenta que la convocatoria excedió la previsión y que llamarán a nuevas actividades esta semana. Todavía falta una segunda lectura, una audiencia pública y realizar el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto inmobiliario continúa en pie.
Ago 4, 2021 | Comunidad, Novedades
Organizaciones sociales y ambientalistas buscan frenar un nuevo emprendimiento inmobiliario que el bloque Vamos Juntos tiene pensado para la Costanera Sur. Mañana, el oficialismo de la Ciudad intentará aprobar el proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Costanera Sur, con torres de hasta 145 metros, que replica el modelo urbano de los edificios de altura de Puerto Madero. Se trata de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors, pero que fue cedido a empresa IRSA.
El 29 de julio último, la oposición logró frenar el debate parlamentario a través de una medida “precautelarmente” por incumplimientos en el proceso. El convenio urbanístico fue presentado por el Gobierno de la Ciudad el martes 27 de julio pasado, pero el juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dictó la medida precautelar al hacer lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y ambientales que denunciaron que el convenio iba a ser sometido a una votación, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes, argumentaron que el gobierno de la Ciudad no cumplió con la audiencia pública obligatoria que establece el Artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano: “Antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Además, no se presentó un estudio de impacto ambiental del emprendimiento como indica la Ley 123 de «Evaluación de Impacto Ambiental» que busca la realización de un “procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente”.
El vicepresidente del bloque del Frente de Todos (FdT) y de la Comisión de Planeamiento, Javier Andrade, explicó que desde el macrismo hace tiempo insisten con el proyecto: “Antes se llamaba Solares de Santa María y ahora Costa Urbana. Y en esta oportunidad, en el convenio urbanístico que proponen, ceden algunas hectáreas para parque, pero siguen consolidando esta idea que vienen trayendo hace tiempo de barrios náuticos, barrios cerrados y barrios privados”, explicó.
En caso de que el plan se apruebe se levantará un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors con un permiso de 12 a 145 metros de altura para las futuras construcciones de viviendas residenciales y locales comerciales. A modo de contraprestación por la reforma, la empresa desarrolladora deberá ceder a la ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas de la parcela que serán destinadas a un espacio de acceso público, alcanzando una superficie total construida aproximadamente de 900 mil m2.
“Es muy problemática la situación teniendo la Reserva Ecológica en frente y el barrio popular Rodrigo Bueno al lado. Y, por otra parte, la Ciudad Deportiva está en un lugar que es un humedal, protegido desde 2005, y que obviamente no se atiende a los movimientos de tierras ni se sabe cómo va a ser. Tiene que haber una evaluación para saber qué impacto puede tener eso para ver cómo van a avanzar. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, y arroyos internos, con amarraderos”, comenta el legislador de Frente de Todos.
La figura de barrios privados o cerrados, clubes de campo o náuticos, de acuerdo al Código Civil y Comercial, se consideran conjuntos inmobiliarios, ya que cierran el espacio urbanizado. A raíz del convenio, se va a generar un aumento exponencial en relación al valor de este predio. Se puede estimar que, a partir de la firma, solo el valor del suelo va a tener aproximadamente 1.600 millones de dólares cuando el grupo IRSA compró este terreno a 50 millones de dólares en 1997. “Nosotros no negamos que existe la herramienta, lo que planteamos es que en la Ciudad de Buenos Aires no cabe esa situación. Tanto por la densidad de población, por la falta de tierras que tenemos, y porque sigue encareciendo aún más el suelo. Estos emprendimientos tan caros, como el que proponen para Costa Urbana, lo que hacen, en términos de acceso a la vivienda es encarecer aún más el suelo, y por ende encarecer el alquiler y el acceder a una vivienda propia”.
En la charla publica virtual “Costa urbanizada vs. Costa Urbana” realizada el martes 3 de agosto por la Red de Asambleas Barriales y la organización Tierras Ferroviarias Verdes, la ingeniera María Eva Koutsovitis (miembro de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria) explica los impactos que un proyecto de estas características puede generar en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en particular en el borde costero. La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural que son las olas de calor y las lluvias extraordinarias. “Si pensamos en relación a la cantidad de servicio existimos que brindan las superficies verdes vamos a encontrar otros datos importantes: la Ciudad de Buenos Aires es una de capitales del mundo con menor superficie verde por habitantes, por lo tanto, es un absoluto contrasentido que en la última década la ciudad se haya desprendido de 150 hectáreas de superficie verde”, señala.
La construcción consolida una fractura urbana, entre ciudad ribereña mirando al río, destinada a los sectores de mayor poder adquisitivo y una ciudad mediterránea, de espaldas al río, que va a acceder a los servicios urbanos. Además, Koutsovitis explica que resolver el problema de las inundaciones no es construir grandes conductos para transportar los excedentes de agua de lluvias, es poder abordarlas integralmente para no solo transportar de manera controlada los excedentes, sino también potenciar otros de los procesos fundamentales para su investigación: el proceso de retención a través de las superficies verdes y arbolado, el proceso de infiltración y el proceso de evacotransportación que las cubiertas vegetales llevan a cabo. Cabe destacar la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar los ascensos del nivel del río, de desentubar desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos, y por sobre todo, recuperar y preservar los humedales costeros.
Continúa vigente la medida precautelar de detener el tratamiento legislativo del proyecto hasta que se presente el estudio sobre el impacto ambiental. Mañana, 5 de agosto, el bloque Vamos Juntos buscará tratar el proyecto en el recinto.
