Ago 31, 2021 | Culturas, Novedades
En el marco de la Semana del Documental Argentino se proyecta Recatate con los pibes, dirigido por Mariano Corbacho y Marcos Coria. El documental profundiza y visibiliza las luchas de los estudiantes secundarios de CABA en defensa de la educación pública.
Apartando la mirada del concepto que dan los medios masivos de comunicación respecto a los estudiantes de las escuelas públicas de CABA, el documental hace un recorrido por las marchas que han realizado los jóvenes desde 2010 hasta 2018. La idea del proyecto surgió cuando los directores, luego de varias investigaciones, no encontraron mayores registros de los movimientos estudiantiles en instituciones públicas secundarias. Fue entonces que pensaron que era necesaria la creación de un espacio en el que los estudiantes, protagonistas de estas luchas, pudieran alzar la voz.
Según Mariano Corbacho, el objetivo principal de este trabajo es darles a los jóvenes un lugar en el que puedan expresar el motivo de sus luchas, sus propuestas y las herramientas que utilizan para poder alcanzar las mejoras necesarias en las escuelas públicas. Además, los creadores del documental buscan remover el punto de vista estigmatizador que tienen muchos respecto a los movimientos estudiantiles secundarios.
Asimismo, a través del proyecto audiovisual, los directores de Recatate con los pibes, quienes también se desempeñan como docentes en escuelas públicas, buscan colaborar con los jóvenes para que así puedan aspirar a mejoras en la infraestructura de los establecimientos educativos y lograr que el Estado pueda garantizarles una educación digna.
“El nombre de Recatate con los pibes hace referencia a la jerga juvenil que viene a significar un “ubicate, ponete en tu lugar de pibe”. Es un llamado a la reflexión y a la unión por esa lucha. El documental está hecho de los jóvenes y para los jóvenes. Queremos que los mismos estudiantes vean las herramientas y las conquistas que pueden lograr a través de la manera en la que se organizan. Para nosotros fue muy llamativa la manera en la que los chicos realizan encuentros individuales dentro de su escuela, para luego salir, reconocerse y unirse a otros establecimientos educativos que afrontan los mismos problemas infraestructurales. Es por eso que esperamos compartir este material principalmente en espacios educativos”, indicó Corbacho en diálogo con ANCCOM.
Sin embargo, las luchas de los estudiantes secundarios son un tema que tiene larga data. Una de las fechas marcadas en el corazón de las escuelas públicas es la ocurrida en La Plata el 16 de septiembre de 1976, más recordada como La Noche de los Lápices. A esta lucha se le suma en 2010 el Estudiantazo, que se destacó por la toma de escuelas en distintas ciudades del país. El reclamo principal fue por las malas condiciones de las infraestructuras edilicias de los establecimientos educativos. Reclamo que continúa hasta el día de hoy.
El documental se puede ver de manera online y gratuita a través de la plataforma Vivamos Cultura del Gobierno de la Ciudad. Además se presentó en Bolivia, Ecuador, Uruguay y próximamente en Panamá.
Dic 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Dos semanas antes de terminar el ciclo lectivo, el Ministerio de Educación porteño decidió trasladar la Escuela de Cerámica N°1, ubicada en la calle Bulnes 45 del barrio de Almagro, al Polo de las Artes del barrio Vélez Sarsfield, perteneciente a la comuna 10. La propuesta unilateral generó rechazo en la comunidad educativa y las familias llevaron adelante sentadas y abrazos a la institución.
La voluntad del gobierno de la Ciudad es trasladar, a partir del año que viene, el bachiller con orientación y especialización en cerámica y dejar la tecnicatura en el edificio actual. “Esta mudanza implica un traslado de más de siete kilómetros de nuestros hijos, un desarraigo del barrio Almagro, complicaciones familiares múltiples, y fundamentalmente una pérdida de un espacio educativo cultural”, afirma Cecilia Paul, madre de una alumna de la escuela de cuarto año.
Más del 80% de la matrícula de la Escuela de Cerámica es de Almagro o aledaños. Para solucionar el traslado le dijeron al alumnado que les iban a ampliar los beneficios de la tarjeta SUBE, y que si es necesario van a ofrecer transporte en micros, pero hasta ahora la comunidad educativa asegura que sólo se trata de promesas.
Las consecuencias también recaen sobre el grupo de docentes, ya que al quedar la escuela dividida, no podrán cumplir con su carga horaria, porque algunos trabajan en el taller y a la vez en el bachiller. “Tenemos materias en las diferentes modalidades con una diferencia de horario de entre 10 y 15 minutos para salir de un curso y entrar a otro. Sería incompatible trasladarse en ese tiempo de un barrio a otro”, sostiene Vanina Espinoza, profesora de taller de la Escuela. “No sabemos bien qué conducción va a quedar en cada lugar -agrega-, ni qué va a pasar con los administrativos. También están los jefes de taller, y ayudantes de cátedra que, según el día, ayudan a una modalidad y otro día, a otra”.
“Esta mudanza implica una pérdida de un espacio educativo cultural”, afirma Cecilia Paul.
En el Tribunal Superior de Justicia N° 3 las familias y docentes realizaron una denuncia por falta de espacio y las condiciones edilicias que atentan con la seguridad del alumnado y maestros. Se obtuvo una medida cautelar y, en 2015, un amparo donde la justicia intimaba al Gobierno a realizar todas las obras necesarias para darle respuesta a las necesidades pedagógicas y cumplir con todos los requerimientos, en cuanto a sistemas de seguridad.
La comunidad educativa había pedido la ampliación del edificio actual, ya que el año pasado la institución fue elegida para implementar el proyecto Escuela del Futuro y como consecuencia se agrandó la matrícula. También se da la falta de un comedor compatible con una carga horaria de ocho horas. En este sentido, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña -a través de la legisladora de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro- para que se expropie el terreno lindero, que está abandonado hace un año y medio. Pese a ello, la decisión fue el traslado. “Los legisladores oficialistas no se presentaron, por lo tanto el proyecto no se votó. Pero sí se presentaron para la votación de la creación de la Unicaba. Nos da la pauta que la intención no es solucionar la problemática que tiene la escuela”, remarca Cecilia Paul.
“Los legisladores oficialistas no se presentaron, por lo tanto el proyecto no se votó. (…) Nos da la pauta que la intención no es solucionar la problemática que tiene la escuela”, remarca Cecilia Paul.
La Escuela de Cerámica no solo se fraccionará si se concreta el traslado del Bachiller al Polo de Artes, sino que compartiría edificio con la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia. Según Paul, el Yrutia ésta hace más de diez años peleando por un edificio propio: “También lo necesitan y si se da esta mudanza nos encontramos con que ellos tampoco van a tener el espacio necesario para realizar sus actividades”. Además, no hay hornos y tornos con toda la infraestructura para hacer cerámica, porque el Yrurtia es de artes visuales: “El espacio no está acondicionado para una escuela de cerámica, no fue pensado para ello. Los profes del Yrurtia nos pusieron al tanto de que el espacio que está cubre las necesidades que ellos tienen. La sala de profesores, y de exposición aparentemente no existirán más”, resume Espinoza.
Alejandra Marcela Marelli, directora de la Escuela de Cerámica, define lo que ocurre como otro capítulo del recorte a la educación: “Creo que estos funcionarios vinieron a terminar con la educación pública en todas sus formas, respondiendo así al modelo chileno que tanto admiran y quieren imitar. Reflexiona acerca de lo que va a traer en el futuro este traslado y unificación: “La fusión de las dos escuelas, es una manera de no dejar crecer a ninguna de las dos. El lugar está pensado para una sola escuela”.
El pasado 29 de noviembre, la directora de Educación Artística Helena Alderoqui, la directora general de Educación Superior Marcela Pelanda y la subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa Mariela Gallo, irrumpieron en la escuela para mantener una conversación a puerta cerrada con el estudiantado, sin sus docentes y sin la presencia de sus familias, con el pretexto de mostrarles el proyecto de traslado. Esto generó disconformidad en los padres que invitaron a las funcionarias a participar de una asamblea, pero fue vano: se negaron a dialogar.
Alejandra Marcela Marelli, directora de la Escuela de Cerámica, define lo que ocurre como otro capítulo del recorte a la educación.
El Edificio de la Escuela de Cerámica tiene historia e identidad. Fue fundado por el ceramista y escultor español Fernando Arranz. El inmueble fue su taller y luego se transformó en establecimiento educativo. En la última asamblea llevada a cabo el lunes último, estuvieron el hijo y la sobrina del fundador, quienes se unieron al reclamo: “Hemos vivido en esta casa, jugábamos cuando niños y posteriormente trabajamos como docentes. Nos unimos por el respeto y la preservación de la cultura, y asumimos el compromiso de sostenerlo con fuerza”, fueron las palabras de una carta que le dejaron a la escuela.
La comunidad estudiantil y docente ya puso en marcha clases abiertas, firma de petitorios, festivales y cortes de calle en Bulnes y Rivadavia para visibilizar la problemática. “Lleva al desarraigo de un barrio en que estamos hace 70 años, la pérdida de identidad, problemas con los horarios de los docentes, ya que no le darían los tiempos para trasladarse, problemas de horarios de los chicos, ya que toda la población inscripta es de Almagro”, enumera Marelli y concluye: “el clima que se vive dentro de nuestra escuela es de tristeza, bronca pero también de lucha”.
El Edificio de la Escuela de Cerámica tiene historia e identidad.
Nov 22, 2018 | Comunidad, Novedades
Hace pocos días, por la plataforma digital change.org, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, publicó un escrito donde menciona el proyecto de traslado del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 «Dr. Enrique Romero Brest» de su histórico edificio en Núñez al Parque Sarmiento. Autoridades del profesorado y estudiantes manifestaron su repudio y establecieron un plan de lucha para proteger su espacio.
Al recibir la noticia a través de este insólito medio, la rectoría del Romero Brest pidió dos reuniones con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para discutir el tema. La segunda, que tuvo lugar en el Ministerio de Educación el pasado miércoles 14 de noviembre, contó con la presencia de once consejeros directivos pertenecientes a los cuatro claustros involucrados – estudiantes, graduados, docentes y no docentes – y el rector, Raúl Supital. Por parte del gobierno, estuvieron la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y su jefe de Gabinete, Luis Bullrich, junto a un asesor de la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo y un arquitecto. En dicho encuentro, la ministra explicó que existe un proyecto de cambio de Código de Planeamiento Urbano que incluye la enajenación de las tierras donde está ubicado el Romero Brest, así como también la salida del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), recientemente anunciada.
Pablo Caserío, profesor y consejero del claustro docente, dijo a ANCCOM que Acuña ‘‘se refirió al Romero Brest como una parcela’’ y agregó que, ante el pedido de explicaciones por parte del Consejo Directivo, ‘‘recalcó explícitamente que era una decisión del Ejecutivo que la excedía”. Las razones de esta movilización no parecen justificarse con una mejora del Instituto o una modificación estratégica para su beneficio. ‘‘Le pregunté específicamente a la ministra si había razones académicas y ella dijo que no. La razón tiene que ver con el cambio del Código de Planeamiento Urbano’’, explicó Caserío. Y concluyó: “No fue una reunión conciliadora, fue informativa”.
«Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”, dijo Gabriela Sacristán.
Si bien no se estipularon plazos puntuales para cada etapa del traslado, en la reunión se habló de momentos sucesivos. El primero implica la aprobación del cambio de Código. Luego iniciaría un proceso de otorgamiento de tierras y en paralelo se construiría el nuevo instituto en el Parque Sarmiento. Se estima que esto sucederá en un período de dos años. Luego de disculparse por la desprolijidad con la que la institución se había enterado de la decisión, Acuña avisó que se contactaría con la comunidad educativa cuando avanzara el proyecto para estipular las necesidades edilicias –como espacios deportivos, gimnasios y aulas- para las futuras instalaciones.
Docentes y autoridades del Romero Brest, por su parte, argumentan que se trata de una cuestión puramente económica que va de la mano de la toma de terrenos del CeNARD. ‘‘Creo que la verdadera batalla está en que no se reforme el Código y en que no se les permita hacer uso de esas tierras. Necesitan una aprobación especial de la Legislatura, porque es un pasaje de manos públicas a manos privadas’’, afirmó Caserío.
Que no haya reforma del Código de Planeamiento Urbano no significa una garantía para todos. “Quizás no se apruebe y nos quieran trasladar a otro lado”, dijo María Teresa López, una de las vicerrectoras del Instituto. Y continuó: “No quieren darle identidad a lo que se habla en todos lados, que quieren hacer un gran emprendimiento inmobiliario acá. No está escrito nada, pero se dice que están vaciando el Tiro Federal, el CeNARD y a nosotros”.
Si bien no hay nada confirmado con respecto a la venta del CeNARD o del Romero Brest, este lunes la Ciudad de Buenos Aires realizó la subasta del Tiro Federal Argentino, ubicado a pocas cuadras. “Acá van a hacer un movimiento inmobiliario muy interesante para ellos. No para nosotros”, dijo López a ANCCOM.
Con este panorama, se inició un plan de lucha que, en primer lugar, busca darle visibilidad a la problemática. Mercedes Semhan, vicerrectora del ISEF n°1, lleva adelante una convocatoria virtual en la plataforma change.org –la misma por la que trascendió la noticia del traslado– para juntar firmas en defensa del Instituto. En dicha publicación, Semhan menciona lo mucho que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’. La convocatoria ya posee más de 62.000 firmas.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción del Centro de Estudiantes.
La casa de estudios fue fundada en el año 1906 y fue la primera institución de Latinoamérica en otorgar título de Educación Física. A principios de los noventa todavía no contaba con un espacio propio. “Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó López sobre el terreno que perteneció al Club YPF. Con el objetivo de formar profesionales de la enseñanza y técnicos superiores del campo del deporte, el Romero Brest cuenta hoy con unos 2.000 alumnos.
Muchas de las construcciones que se hicieron en él todavía no llegan a los diez años. “Hay edificaciones nuevas que se entregaron en el 2014”, dijo Gabriela Sacristán, docente del Romero Brest. Y agregó: “Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”.
Según la docente, el traslado del Romero Brest es un ajuste “no sólo educativo, también sobre el espacio público”. El lugar de destino del Instituto sería el Parque Sarmiento, un predio de setenta hectáreas para actividades deportivas y recreativas que funciona en el barrio de Saavedra desde 1981.
Otros institutos de formación docente han manifestado su solidaridad, así como el Instituto Superior de Educación Física N° 2 Federico Dickens, también situado en Capital Federal. El reclamo también traspasó nuestras fronteras, ya que la rectoría recibió la adhesión por vía virtual del INEF de España, un referente mundial de las ciencias del deporte y la educación física.
“Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó María Teresa López
Por su parte, el estudiantado no es ajeno a los hechos. Tras la reunión en el Ministerio, el Centro de Estudiantes convocó a una asamblea en las que se debatió un plan de acción, y entre las posibilidades circula la idea de tomar el instituto por tiempo indeterminado.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción actual y única lista del Centro de Estudiantes. Es un hecho que, a raíz del proyecto UniCABA, aumentó significativamente la participación y la militancia estudiantil en el ISEF N°1, pero es difícil lograr un compromiso colectivo. ‘‘Cuesta interpelar e involucrar a los pibes. Somos futuros docentes, y tenemos que hacer llegar a esa idea a los estudiantes y al afuera’’. Con respecto a la asamblea del pasado jueves, que contó con un gran número de presentes, opinó que fue útil ‘‘para saber cómo estamos parados los estudiantes frente a esta situación y con qué fuerza contamos para llevar adelante una toma’’.
Sin embargo, el sector estudiantil de la institución presenta posturas divididas sobre los métodos de protesta. Hay grupos que no apoyan la toma debido a la consecuente pérdida de clases, que pone en riesgo la continuidad del año académico completo. ‘‘A los que trabajamos además de estudiar, nos mataría perder este año, se alarga muchísimo la carrera’’, explicó Tatiana, estudiante de primer año. Algunos aceptan la medida pero sólo en última instancia, y creen que sería apresurado tomar ahora el profesorado: ‘‘No creo que tenga sentido hacer la toma ahora. Yo estoy de acuerdo, pero si la hacés ahora perjudicás a los ingresantes del año que viene, a los que egresan, incluso a todos los trabajadores docentes y no docentes que están acá todos los días. Hay que pensar que afecta a todos’’, opinó Owen, estudiante de segundo año.
Mercedes Semhan dijo que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’.
Con el dictamen firmado el pasado viernes, se votará la UniCABA en el recinto el jueves 22 de noviembre. Dado que hay mayoría de representantes del oficialismo – 34 legisladores sobre un total de 60 – es factible que la iniciativa se apruebe. Para ese día se espera un paro docente que abarcará todos los niveles de enseñanza y los estudiantes del Romero Brest, junto con los otros 28 profesorados, se movilizarán a la Legislatura.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
El 9 de noviembre se publicaron los resultados de la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2019, donde miles de niños y niñas quedaron expulsados del sistema de educación pública. En base a una proyección de los datos presentados oficialmente por el Gobierno porteño en los últimos años, se estima que son alrededor de 22.000 chicos quienes, principalmente en el nivel inicial, no tendrán su lugar asegurado en las aulas el año próximo.
La asignación se dio en un contexto de incertidumbre, donde el Gobierno de la Ciudad publicó los resultados y después eliminó esa información por varias horas, provocando la angustia de las familias expectantes. “A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot, a quien el sistema le denegó el cupo para su hija.
El grupo multitudinario “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, es un colectivo conformado por madres, padres y docentes damnificados por esta problemática que fue profundizada con la implementación de la modalidad de inscripción online en 2014. El mismo funciona como una red colaborativa entre familias donde se comparte información sobre el funcionamiento del sistema, formas de reclamo y asesoramiento legal. Patricia Pines, una de las fundadoras, denuncia la ausencia de presupuesto destinado a la construcción de nuevas escuelas: “El gobierno se ampara en la excusa presupuestaria, pero eso es refutable ya que destinan el doble de dinero a publicidad oficial. Por eso asistimos numerosas veces al Ministerio de Educación a denunciar que no se cumple la construcción de los 75 establecimientos prometidos, pero la respuesta es siempre `apagarnos el aire acondicionado` mientras reclamamos con nuestros hijos a upa en pleno diciembre. Nos cierran la puerta en la cara”.
Pines explica que, junto a la comunidad que tiene alrededor de 10.000 miembros, lograron iniciar casi 300 amparos individuales de los cuales el 95% resultó favorable: “Esto significa que las familias a las que el sistema no les asignó vacante, logran obtenerla luego de un tiempo”. Sin embargo, aclara que esto es sólo una solución a corto plazo ya que se trata de una minoría dentro de la multitud de niños y niñas que se quedan afuera y que deben buscar otras opciones: “Esta es una política de privatización de la educación pública. Los que son excluidos, si es que sus familias pueden, se terminan inscribiendo en escuelas privadas”. Como en el caso de Marina Guitelman, mamá de Juana, a quien le negaron la vacante por tercer año consecutivo: “Una vez más quedamos en lista de espera, esta vez en sala de 4 de un jardín que tenemos a dos cuadras. El año pasado presentamos un amparo judicial, pero tuvimos sentencia negativa, por eso tuvimos que inscribir a nuestra hija en un jardín privado que pagamos con esfuerzo y ayuda de nuestros familiares. El sistema está diseñado así, te empuja a contratar niñeras, o a pasar al sector privado”, comenta.
Cuando no existe la posibilidad de contratar un servicio de niñeras o de pagar una institución privada, para Micaela López Rodríguez, de la organización “La Vacante es un derecho”, la falta de vacantes implica un doble juego: “Incide sobre todas las familias, pero también entendemos que hay una mayoría de situaciones en donde es la mujer la que tiene que generar una estrategia de cuidado. No solamente recae sobre las mujeres trabajadoras, sino también sobre aquellas que se dedican al trabajo doméstico que, como todas, tienen derecho a tener tiempo para sí”. En la misma línea, Pines asegura: “Esta problemática atenta con la posibilidad de las mujeres de desarrollarse no sólo en el ámbito laboral, sino que hace incompatible la maternidad con cualquier proyecto de vida, porque si no hay jardines y no se puede pagar una niñera, ninguna madre tiene la posibilidad de hacer otras tareas».
“A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot.
Este año la problemática afectó principalmente al nivel inicial, donde la falta de escuelas se combina con la política de cierre de jardines maternales y salas de lactarios. Tal es el caso de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, más conocido como el jardín del Hospital Ramos Mejía. Luisa Cendoya, quien encabeza la lucha contra el cierre de esta institución, promovido por el Ministerio de Educación, comenta: “Mi hijo hoy está en sala de lactarios y entiendo que será de la última camada. En las inscripciones la sala de lactarios no fue ofertada para 2019. Al publicarse los listados definitivos, nos dimos cuenta que el sistema dejó a muchas familias anotar a sus hijos en otras salas, pero que finalmente no figuran en lista de espera en ninguna institución. La conducción del establecimiento confirmó que son 1652 los niños y niñas afectados”.
El Gobierno intentó saldar la falta de cupos en el nivel inicial suplantando la construcción de escuelas por la creación de Centros de Primera Infancia, (CPI). “Son instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, las personas a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, y si lo tienen, no están contratadas bajo el convenio de docentes, ni los mismos derechos ni obligaciones, esto significa un gran retroceso pedagógico. En los últimos años han crecido exponencialmente, cuando el PRO empezó a gobernar la Ciudad, se estimaba que había 20 CPI, hoy son 120”, explica Pines.
Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, puntualiza en relación a la proliferación de CPI: “El Estado es responsable de generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación desde los 45 días de acuerdo con la Constitución de la Ciudad. Esto significa que existan vacantes para todas las familias y que la propuesta pedagógica se desarrolle en instituciones educativas. En este sentido, es cuestionable la política del gobierno que expande los CPI y no así la construcción de escuelas de nivel inicial”.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.
Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.
“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.
En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.
En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.
Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.
Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.
Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.
Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.
“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.
