Oct 15, 2020 | Entrevistas
“Tomando estado” es una referencia a la tarea de los operarios de empresas eléctricas, a la vez que señala la importancia de los actores sociales en la disputa por el poder en dos momentos bisagra de la historia argentina. Carlos y Nicolás son trabajadores de una cooperativa de electricidad en un pueblo del interior. Los recuerdos de una militancia por mantener las conquistas laborales contrastan con las expectativas de una generación desencantada de la política. Historias que dialogan con un país que está en llamas, al calor del estallido social de 2001.
Este es el cuarto film del realizador Federico Sosa, egresado de la ENERC. Tras ser convocado por la productora Ayar Stories y Pampa Films para la dirección de Tampoco tan grandes, en 2017, Sosa vuelve a encarar un proyecto independiente. Tomando estado se estrena hoy por el canal Cine.ar TV y a partir de mañana se podrá ver en la plataforma Cine.ar Play gratis durante una semana. Los siguientes dos meses estará disponible para alquiler a 30 pesos.
¿De dónde surge la idea de Tomando estado?
Soy electricista. Trabajé en empresas de mantenimiento desde fines de los 90 y hasta hace unos pocos años. Y quería hacer una película que trate del mundo del mantenimiento, de mis compañeros, todas las experiencias que uno va viviendo mientras trabaja. Yo viví un poco del 2001, desde adentro de esas empresas, y quería contar esos personajes. Al mismo tiempo quería hacer una película política que contara la historia argentina, de dónde venía toda esa debacle neoliberal que arranca con las decisiones económicas de la dictadura militar.
¿Tu experiencia fue en un pueblo del interior también?
Trabajé en Capital y en el conurbano, toda mi vida. Lo del pueblo del interior es muy interesante, porque terminamos filmando en una cooperativa eléctrica por cuestiones de diseño de producción. Tuvimos que adaptarnos por falta de presupuesto, e incluso había inflación en el momento en que estábamos filmando, y la plata valía cada vez menos. Así que con la productora pensamos que si queríamos hacer todas esas escenas teníamos que encontrarle la vuelta. Y se la encontramos al trasladar la historia a un pueblo del interior. Las locaciones estaban más cerca, además la gente en los pueblos siempre te ayuda. Y también teníamos un contacto a través de Roberta Sánchez, que es la productora, con el gerente de la cooperativa de Suipacha. Nos abrieron las puertas y terminamos filmando la película ahí.
¿Hubo cambios importantes en la adaptación del guion?
No, básicamente la historia es la misma. Sí cambió el contexto, los lugares y cuestiones por el estilo. Pero también, cuando más o menos tenés claro a dónde querés llegar, le buscás la vuelta. Incluso hay cosas que quedaron muy bien y no estaban en el guion original. Hay unas imágenes, poéticas digamos, que nos dieron las locaciones cuando íbamos a abordar las escenas, que quizás no las hubiéramos tenido de otra manera. Hubiéramos tenido más cemento, una cosa más de ciudad y del conurbano. Así que perdió algunas cosas, pero ganó otras.
¿Qué influencias cinematográficas reconocés en el filme?
Un montón. Principalmente, dos películas fundamentales para mí, que yo las quiero mucho: Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain, y No habrá más penas ni olvidos, de Héctor Olivera, que está basada en la novela de Osvaldo Soriano. Esa justamente transcurre en un pueblo en el interior y tiene un humor medio negro, y atravesado por todas las cuestiones políticas. Son dos claras referencias. Después, las referencias del tono y del humor negro que tiene la película por momentos, vienen de mi preferencia por el cine italiano de los 60 y 70, que es entre cómico y grotesco, provoca risa y un poco de ganas de llorar. Todo ese cine: Lina Wertmüller, Fellini, Elio Petri, Giuliano Montaldo, un montón de directores grosos de esos momentos.
Con el actor Sergio Podeley ya habías trabajado en Yo sé lo que envenena, ¿qué te llevó a buscarlo nuevamente?
Yo quería trabajar con alguno de los tres (Podeley, Federico Liss y Gustavo Pardi) y me decidí por Sergio después de encontrar al actor principal (Germán de Silva). Cuando vas eligiendo actores siempre lo hacés de arriba hacia abajo, porque cuando elegís al actor principal después tenés que buscar al actor que complemente, no solo actoral sino también visualmente, al protagonista. Todo se va complementando cuando ya tenés al protagonista principal. Aparte yo ya sabía que iba a ser una película difícil, en un pueblo del interior donde íbamos a tener bastantes dificultades, sobre todo por las exigencias que tiene uno a la hora de filmar. Fue algo natural, Sergio no solo es un gran actor, sino que tiene una fuerza que arrasa, lo tenés que frenar más que pedirle cosas.
Te toca estrenar en contexto de pandemia y con las salas de cine cerradas. ¿Qué beneficios y qué problemas le trae a la película?
Hubo otras opciones para estrenarla antes, pero no prosperaron. La película ya la tenía terminada el año pasado, la íbamos a estrenar a principios de este y pasó todo lo que pasó. La parte positiva es que se va a ver en todo el país, que la va a ver mucha más gente que si se hubiera estrenado en unas pocas salas. Es una película de presupuesto bajo, entonces uno no tiene acceso a la prensa ni la publicidad en las calles que tienen las grandes. Por eso, que se estrene en CineAr, que es el canal del Instituto, posibilita que se vea en todos lados. Va a estar gratis, que es muy importante también. La parte negativa es que no se va a poder ver en sala. La experiencia de la sala de cine, para uno que se crió viendo películas de chico, es medio intransferible, escuchar a la gente reírse o lo que fuere que pase en la sala, y el encuentro con la gente que hizo la película. Todas esas se pierden. Pero es el contexto que nos toca vivir.
Tus proyectos suelen estar atravesados de alguna manera por la historia nacional, ¿de dónde viene ese interés?
Es como uno se crió. Yo de chico leía mucho en mi casa, veía mucho cine. Y siempre me interesó lo que tenía que ver con la historia nacional. Y me interesa también en el sentido que hay muchas películas que no abordan el tema, o miran más para afuera. Me parece que es un cine que hay que hacer. En el nuevo cine argentino ha habido una moda de no mirar para atrás, de que no hubiese padres ni abuelos. Había un desprecio por el costumbrismo de los años 80 también. Y uno cuando piensa una historia piensa también qué película falta o cuál le gustaría ver y no está. Con la reivindicación de la política, los 12 años de Néstor y Cristina, yo decía que tenía que haber más películas que hablen de esto, de alguna manera. Uno siempre que elige un tema de una película está hablando con el presente, más siendo una película política. La idea entonces era homenajear de alguna manera a los referentes que uno tuvo, a los tipos que pelearon, que pensaron otro tipo de país y a los que les cortaron la cabeza, que es un poco lo que le pasa al personaje.
Da la sensación que mostrar la óptica de los trabajadores se ve poco en los grandes medios y en el cine. El sentido de pertenencia a un sindicato es algo bastante menospreciado. ¿Cómo fue la vinculación con ese sector al momento de pensar la película?
Claro, obviamente la época de los 70 no la viví. Pero mi viejo era de SEGBA y del sindicato de Luz y Fuerza, y yo en los 80 iba con mi hermana a las colonias del sindicato. Me crié viendo el retrato de Oscar Smith que aparece en la película, que fue el Secretario General de Luz y Fuerza detenido y desaparecido en el 77. Lo fueron a buscar a Wilde, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Quise reivindicar esa figura. El tema del sindicalismo está bastardeado. De hecho, hicieron hace poco una serie de televisión donde bastardean a todo el sindicalismo en su conjunto. La dedicatoria de la película a Oscar Smith tiene que ver con esa experiencia mínima mía. Yo iba a la colonia y comía pollo con zapallo y estaba el retrato de Oscar Smith, era un momento de felicidad para mí. Y después los vínculos que uno tiene, la gente con la que uno se junta. Ahora estoy haciendo un documental de Norberto Galasso, que es un referente mío también. Y él siempre, a través de toda su historia y sus libros, se encargó de reivindicar al sindicalismo, el que quedó después de la masacre de la dictadura militar que se llevó un montón de dirigentes y cuadros medios. Y ahí hay un montón de dirigentes: Sebastián Borro, que estuvo en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Avelino Fernández, Germán Abdala, que murió de cáncer en los 90. La historia sindical es riquísima y no se conoce porque la ocultan, te muestran lo que les interesa mostrar a los medios que estigmatizan a todo el sindicalismo en su conjunto. Yo quise mostrar a los trabajadores. Como nunca sé cuándo voy a hacer otra película, porque es muy difícil filmar, tengo una bitácora, un cajón de ideas, de carpetas, de libros, de pedazos de obras de teatro, y siempre voy anotando todo. Entonces, cuando me propongo escribir un guión junto todo lo que tengo sobre ese tema, escrito por mí, que viví, o me contaron o leí, o vi en una obra de teatro. Junto todo eso y trato de meterlo, como una especie de guiso. Algunas cosas quedan en la historia y otras no, porque sería imposible meter todo. Mi idea es que al espectador le queden referencias, por más que no esté todo el tema explicado, y si tiene interés lo pueda ir a buscar. Obviamente, el cuadro de Oscar Smith está en la pared, y el que no sabe quién es entiende que es un dirigente importante para el personaje. Pero si le interesa, lo puede googlear. Me gusta mucho meter cosas de la cultura popular, que el espectador se sienta adentro de la película y que sean referencias reales. No que la película se pueda ver y entender en cualquier parte del mundo, como una cosa sin historia.
¿En qué otros proyectos estás trabajando ahora?
Ya terminamos un documental sobre un colombófilo, un loco del que me hice amigo que se llama Américo, que por todo lo que está pasando seguro lo estrenaremos el año que viene. Y después estoy trabajando en ese documental de Norberto Galasso, que es historiador y es biógrafo de Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui. Es como la historia del pensamiento nacional del siglo XX a través de la figura de él. Estamos en una especie de etapa de montaje paralela a la de rodaje. Ya tenemos todas las entrevistas y todavía falta construir toda la parte visual. Por suerte, ocupado y trabajando en eso. Y también con otros proyectos, más ambiciosos, guiones de ficción, pero esperando a ver cómo se acomoda todo.
Sep 11, 2020 | Comunidad, Novedades
El país se debate entre la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de pacientes con Covid 19. En algunas jurisdicciones se producen rebrotes que obligan a retroceder de fase en la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, coexisten 135 municipios con realidades distintas: 43 en fase 3, 67 en fase 4 y 25 en fase 5. Del primer grupo, el partido de General Pueyrredón transita una “situación crítica”, de acuerdo a declaraciones de los gremios de salud.
La suba de casos en Mar del Plata, la ciudad más populosa del distrito, exige al personal sanitario. Matías Olmos, médico intensivista del Hospital Privado de Comunidad, afirma: “Vivo más horas en el hospital que en mi casa”. La situación modificó el trabajo diario: “Cuando no teníamos tantos pacientes respiratorios graves, era mucho más holgado. Esto implica un estrés inevitable, no solo por el paciente, sino también por la contención de su familia. Hoy la familia de un paciente con Covid que está aislado, no lo ve por 14 días, y eso si no está grave. Y uno tiene que ser el apoyo y los ojos de la familia. Todo eso desgasta, cansa, dormís poco o mal, lo cual se ve reflejado en el rendimiento a lo largo del tiempo”.
Hace unos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual puso de manifiesto la fatiga por la saturación de los recursos. Se trata de una especialidad que siempre contó con pocos profesionales capacitados. Según Olmos, “una de las cosas que puede llegar a limitar la existencia de intensivistas son las situaciones estresantes con las que uno puede convivir. El paciente grave requiere cuidados de manera rápida, intensiva, multimodal, de enfermeros y kinesiólogos y muchas veces de soportes extra. Otra cuestión es estar constantemente expuesto a la muerte o a las situaciones más vulnerables que pueda tener un paciente. Además, el régimen de trabajo y la remuneración que no es acorde a todo lo que implica”. Por otra parte, pocas universidades contemplan la terapia intensiva en la formación. “El intensivista elige la especialidad porque tuvo algún contacto con alguien que le dijo cómo era o fue a un hospital y vio la terapia”, puntualiza el médico egresado de Fundación Favaloro.
“Vivo más horas en el hospital que en mi casa”, dice Olmos.
Con los meses, el aplauso diario al personal médico se fue diluyendo y el #QuedateEnCasa fue reemplazado por un reclamo de la libertad, presuntamente coartada por las autoridades. Olmos opina que no hay que culpar a los dueños de los comercios que abren ni a la gente que busca retomar sus actividades, sin embargo, señala la contradicción: “No podemos estar hablando de que hay pocos intensivistas por cama, y a la vez de que hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar de manera relajada. El agradecimiento pasa por tener los recaudos de la distancia, el lavado de manos y el uso del barbijo cubriendo nariz y boca. Uno puede tener más o menos empatía con el aplauso de las 21, pero lo primordial del apoyo es que la gente entienda que hay que cuidarse”. Olmos destaca el trabajo de las enfermeras, quienes son la “primera línea de batalla” y están más expuestas al contagio.
Florencia Sacco es una de ellas. Se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy desde hace seis años: “En Enfermería ya éramos pocos, siempre tuvimos que hacer horas extra, pero ahora se bajaron muchos compañeros por ser personal de riesgo. El plan de contingencia que hizo el hospital para tratar de que se trabaje en equipos diferenciados, servía hace dos meses, cuando teníamos pocos pacientes. Ahora llueven los casos”. Además, remarca que estar “continuamente al lado del paciente” conlleva un riesgo mayor para los trabajadores.
Para Sacco, “el personal de salud tiene la fatiga de toda la gente, más el cansancio por vivir la pandemia desde adentro”, y enfatiza que lo más estresante es el miedo a contagiar a sus familiares. En este sentido, el grupo de Salud Mental del hospital formó un equipo con teléfonos abiertos para contener al personal que lo necesite, ya en el inicio de la pandemia. “Hay mucho miedo y angustia”, subraya.
“Los residentes y concurrentes hoy estamos sin pasar aun de año y sin tener aseguradas las rotaciones de los años próximos, por lo que es la formación lo que se pone en juego”. Leandro se hace un espacio para hablar durante la guardia. Es residente de tercer año (R3, como se conoce en el ambiente) de uno de los hospitales de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. La situación es crítica para los profesionales que están cursando los ciclos de especialización, pero no es una novedad. Son históricas las demandas de este sector que, de acuerdo a las necesidades de cada momento, son considerados especialistas en formación o, como señala Leandro, trabajadores que “cubren baches de médicos de planta por falta de personal”. A fines del año pasado, tras una peculiar votación (que se llevó a cabo mientras miembros de los bloques opositores salieron a la puerta de la Legislatura para detener la represión de la policía a los manifestantes), se aprobó un nuevo régimen de residencias médicas que establecía una carga horaria de hasta 64 horas semanales, mientras que legitimaba la figura del concurrente en un régimen no remunerado. Una semana más tarde, a partir del paro y la movilización de los profesionales, la Legislatura debió dar un paso atrás y vetó la ley en forma unánime.
“No podemos decir que hay pocos intensivistas y a la vez hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar», dice Olmos.
El jueves 10 de septiembre se realizó una jornada de visibilización de reclamos de los trabajadores de salud en CABA, aunque aseguran que la situación en la provincia es similar. Además de solicitar que se garantice la formación de residentes y concurrentes, piden la apertura de paritarias y denuncian la falta de personal y la precarización. Leandro sostiene que el bono percibido por los médicos es una medida selectiva que “genera conflictos entre el personal de salud y enmascara el verdadero problema de los sueldos bajos y la falta de paritarias”.
El panorama no mejora al finalizar la residencia. A más de un año de haberse recibido de pediatra, Melina trabaja en cuatro establecimientos distintos, y en solo dos logró algún tipo de estabilidad: “Trabajo en dos hospitales privados, donde tengo una cantidad escasa, pero fija, de horas como monotributista. Tanto en el Cesac como en la guardia del hospital municipal hago suplencias. La idea es que se abran puestos, pero no hay nada seguro”. Tras más de una década formándose, espera, como tantos contratados y residentes recibidos, el pase a planta y la ansiada estabilidad.
Según Melina, la pandemia sacó a relucir faltas tanto a nivel edilicio como de personal. “Eso conllevó muchos problemas, demoras innecesarias, protocolos mal armados. Si bien uno tiene un protocolo para vestirse en caso de que venga un paciente, a veces no se da el 100 por ciento de las condiciones para la limpieza ni para vestirse correctamente. Mucha gente también tiene miedo, y eso los paraliza y los predispone mal para el trabajo. La atención de los pacientes durante la pandemia requiere un tiempo más prolongado, se necesita un lugar cómodo para lavarse las manos y quitarse el equipo. Y eso no está bien armado, pero porque nunca se pensó un lugar con las condiciones necesarias, nadie esperaba una pandemia de este tipo”, afirma.
Su trabajo en el Cesac se divide en una semana activa y una pasiva, en la cual se hace trabajo desde el hogar. Durante la pasiva, Melina hace seguimiento de contactos estrechos, tanto de adultos como de chicos. La cuarentena funcionó, destaca: “Ahora los casos empezaron a subir porque estamos saliendo. Y que salgamos no significa que no hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer. Entiendo las flexibilizaciones, pero me parece que no están bien reguladas. En algunos comercios se respeta la distancia, en otros hay mesas pegadas entre sí, y se propicia el contagio. En las salidas a los parques, si bien están dadas las pautas, la sociedad no comprende bien lo que tiene que hacer, entonces hace lo que puede o lo que le sale, que no siempre es lo correcto. La mayoría de casos que llegan al hospital son personas que se juntan con amigos. Hace poco tuve que hacer el seguimiento de una familia de 14 personas que almorzaron juntas, por ejemplo”.
A Melina la pandemia también le toca personalmente. Recientemente falleció su tío Horacio, de 82 años, a causa de un cáncer agravado por el Covid. Los pacientes que fallecen por coronavirus no pueden recibir visitas. “Nadie merece morir de esa forma, aislado y sin poder despedirse”, se lamenta angustiada.
«No hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer», subraya Melina.
La crisis mundial evidenció el aspecto más crudo de la precarización del personal sanitario en el país. Enfermería es una de las profesiones de mayor riesgo de contagio, pero también de las más castigadas. La jornada de protesta del jueves 10 señaló también la necesidad de reincorporar la disciplina a la carrera sanitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas jurisdicciones del país, los enfermeros fueron excluidos de la categorización como personal de salud. Al igual que muchas de sus compañeras, Rosa divide sus horas entre el hospital público y el privado. “Los enfermeros están muy mal pagos, y eso implica que muchos tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”. También refiere que muchos establecimientos privados están tomando personal bajo la modalidad de contrato con monotributo, lo que profundiza la precariedad.
“Hay muchas bajas por compañeros contagiados, y eso nos sobrecarga de trabajo”, cuenta Rosa. A veces, y pese a tomar todas las medidas de seguridad, los pacientes asintomáticos contagian a los enfermeros, que manifiestan los síntomas días después. Por otra parte, denuncia la falta de insumos, tanto en el sector público como en el privado: “El tema de los camisolines es un lío. Según las autoridades, son reutilizables, y los mandan a lavar. Pero resiste a lo sumo tres lavados, en muchos lugares te los dan y parecen transparentes, y tienen las tiras rotas. Además, faltan cofias y botas”. Por estas y otras demandas, las enfermeras están organizando, junto con otros gremios de la salud, una movilización para el próximo 21 de septiembre.
La curva de contagios no cede. Aún no se sabe cuál será el pico de casos y la demanda de una mayor flexibilización de actividades amenaza con agravar la situación. Por decreto, el personal de salud no puede tomar licencia en lo que resta del año. Matías Olmos, el intensivista marplatense dice que no se la tomaría si pudiera, para no sobrecargar a sus compañeros. Camino a casa, después de otra jornada de trabajo extenuante, observa las olas bañando la Costa Atlántica. Hace meses que no disfruta de un paseo por la playa junto a su familia, pero “el hecho de tener contacto visual por 20 cuadras con el mar, aunque sea arriba del auto, en este momento es casi tan relajante como estar de vacaciones”.
“Los enfermeros están muy mal pagos, eso implica que tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”, explica Rosa.
Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades
La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.
Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.
Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.
Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.
“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.
El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.
En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.
De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.
Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.
“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.
“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.
En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.
Hogares porteños
El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.
Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.
Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.
Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.
Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.
En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.
En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.
Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.
El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.
El caso sueco
A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.
Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.
A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
May 21, 2020 | Novedades, Trabajo
“Tenemos contratos anuales con las obras sociales y con el Estado que deben ser cumplidos”, explica el presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), Daniel Masuzzo. “Se están olvidando de este sector como se olvidaron siempre, porque la discapacidad es un tema que no quiere abordar nadie”, afirma.
El pasado viernes 15, prestadores de transporte se manifestaron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir el cumplimiento del Programa de Discapacidad. Aseguran que las obras sociales mantienen retrasos de 180 días en el pago de haberes. La manifestación se replicó en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza y participaron diferentes agrupaciones de trabajadores del área.
“Las tareas que realizan los transportistas del programa van desde el traslado de pacientes a las instituciones, hasta el servicio brindado a usuarios con Certificado en Discapacidad (CED). En este último caso, se trata, generalmente, de adolescentes que pasan posteriormente a centros de día y hogares. Además, dan transporte a pacientes que asisten a sesiones de kinesiología”, detalla Masuzzo.
La movilización que realizaron simultáneamente en CABA, Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe permitió visibilizar reclamos anteriores del sector. Mariano Perini, secretario general de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (ACDISFE), sostiene que “hay una emergencia previa al estallido de la pandemia”, ya que el valor del servicio se encuentra desactualizado. “El arancel de los viajes debió actualizarse en enero. Hoy cobramos 27 pesos por kilómetro, y de acuerdo a los estudios de costo que hemos realizado, deberíamos cobrar 60 pesos”, asegura.
El arancel de los viajes es de 27 pesos por kilómetro, para los transportistas debería ser de 60.
La problemática de UTBA se agravó desde la declaración del aislamiento social obligatorio. Los institutos a los que asisten las personas con discapacidad cerraron y optaron por reemplazar las viandas cotidianas que ofrecen en condiciones normales por canastas semanales con alimentos no perecederos. Por eso, los transportistas se vieron forzados a pasar de un servicio diario a uno por semana, trasladando las canastas desde las instituciones hasta los hogares.
Los prestadores repudiaron la medida tomada por obras sociales y entes estatales, quienes les comunicaron que les pagarían únicamente los días que efectivamente realizaran traslado de mercaderías. “Entendemos que quizás todo esto se tiene que acomodar a la pandemia. Lo que no entendemos es por qué nos quieren remunerar sólo los días trabajados. Si sos una contratada de cualquier empresa cobrás igual tu sueldo”, se queja Cecilia Salato, miembra del colectivo.
Para la marcha, que transcurrió de manera pacífica, tomaron ciertas precauciones. Las y los manifestantes llevaban barbijos y mantuvieron la distancia social aconsejada. “Teníamos la seguridad de que había una reunión en la Superintendencia y la Agencia Nacional de Discapacidad y queríamos demostrar que existíamos. Pero así y todo, ellos no frenaron la medida”, remarca Masuzzo. “En Buenos Aires marchamos más de 200 camionetas”, calcula, y señala que en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza también hubo una repercusión importante, con alrededor de 100 vehículos en cada una.
Tras la movilización, las autoridades de la Superintendencia, junto a representantes de obras sociales reunidos en el Directorio, recibieron a dos delegados. “Si no tenemos una contestación favorable, vamos a estar en la calle nuevamente la semana que viene”, advirtieron los transportistas.
Los transportistas reclaman deudas por servicios que se realizaron hace seis meses.
La UTBA nuclea pequeñas empresas y particulares que se dedican al traslado de personas con discapacidad. La organización se formó en noviembre del año pasado ante el retraso de pagos de las prestaciones por parte tanto de las sociales como de entidades estatales. Si bien el aislamiento social empeoró la situación, la desatención hacia el sector de discapacidad por parte de las instituciones del Estado no es novedad.
La familia de Cecilia Salato lleva 30 años en el sector, donde las empresas familiares son la regla. “No te vas a encontrar con grandes monopolios que trabajen con discapacidad, porque no es redituable”, destaca. Además, la mayoría de los beneficiarios pertenecen a sectores de bajos recursos. Como consecuencia, el servicio se convierte a menudo en un trabajo solidario. “Muchas veces tenemos que cumplir ese lugar que falta entre el Estado y la institución. Desde llevar alimento porque no tienen para comer, hasta que te digan ‘Ceci, ¿me podés prestar plata? Tengo que ir a tal lado y no tengo para el colectivo’”.
Desde la agrupación, se diferencian de los transportistas escolares “corrientes”. “Si vos no estás, un chico con discapacidad no se puede subir a un colectivo o tomarse un remis, porque tienen dependencia, o silla de ruedas, o no pueden caminar –describe Salato-. Eso es lo que no entienden el Estado y los entes que regulan esto, es como que les da igual que estemos o no”.
Los reclamos preexistentes más la cuarentena potenciaron el malestar entre los prestadores, quienes decidieron trasladar su causa a las calles. “No es sólo que no tenemos respuestas, sino que hay una intención de recortar”, opina Masuzzo y agrega: “Durante la pandemia dicen que van a cubrir lo debidamente realizado y nosotros hoy estamos dando alimento, material didáctico. El costo fijo es el que te tira abajo si no llegás a cobrar, porque ya venís con atrasos de valores y de cadena de pagos”.
Mientras tanto, desde la Superintendencia niegan que se hayan interrumpido actividades relacionadas al área de discapacidad. “Los pacientes están recibiendo atención y aquellos servicios que se pueden dar en forma virtual, las obras sociales están respondiendo”, asevera la coordinadora de Prensa del organismo, Vanesa Barraco, quien aduce que los traslados se encuentran suspendidos porque no están funcionando los institutos educativos y que los transportistas deben completar, por lo tanto, una declaración jurada que indique si se encuentran realizando tareas excepcionales, tales como transporte de alimentos y material didáctico.
Para los transportistas, sin embargo, la resolución 85/2020 que reglamenta esta nueva modalidad de contratación, es imprecisa. El documento, emitido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “tiene un gris en la prestación de transporte y de los profesionales ambulatorios”, asegura Mariano Perini de ACDISFE. “La Superintendencia y las obras sociales –subraya- se valieron de este vacío para interpretar que la resolución no los obliga a pagar, cuando el espíritu de la norma no es ese”.
Para la UTBA, el lunes 18 transcurrió entre incertidumbre y expectativas, a la espera de respuestas concretas. “Superintendencia dijo que iba a cubrir, PAMI que se le complica. Estamos aguardando que salga la resolución. Hasta que no lo publiquen en el Boletín Oficial no tenemos la seguridad de nada”, informaba Masuzzo a principio de la semana.
Los días transcurrieron sin certezas hasta el miércoles 20, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 145/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo responsable de administrar los servicios del área, dispone que “cada institución que brinde prestaciones de alimentos y/o de entrega de material deberá realizarlo en forma diaria, no pudiendo ser efectuado en una sola entrega semanal”. Así, se asegura que los transportistas continúen prestando sus servicios con la frecuencia previa al inicio del aislamiento obligatorio, con el objeto de “evitar situaciones que les causen un gravamen económicamente irreparable”.
En el artículo 5º se establece que, si las instituciones no cumplen con lo señalado, deberán firmar las Declaraciones Juradas correspondientes, a través de las cuales los transportistas manifiestan haber estado a disposición “cada uno de los días que así lo hicieron”, a pesar de no haberse realizado la actividad. Y se aclara en el documento que se liquidarán y abonarán en su totalidad los servicios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en base a la presentación que deben realizar los prestadores.
La normativa, sin embargo, corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento, ni PAMI ni las obras sociales emitieron comunicado alguno al respecto. “PAMI no quiere acatar la orden de pago y la Superintendencia, por medio de las obras sociales, tampoco. Estamos recibiendo denuncias de los prestadores, que les mandan mails diciendo que no los van a cubrir, que no corresponde”, relata Masuzzo y señala: “Estamos peor que antes. No entiendo para qué se hacen reuniones de Directorio si después no se van a acatar las órdenes. Ahora intentaremos hacerle una nota al Presidente a ver si nos quiere recibir. De lo contrario, tendremos que marchar todos a PAMI y a la Casa Rosada”.
