La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.

El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.

“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.

La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.

En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”

Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.

«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO

En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”. 

Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.

Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.

Procesar a diario

Procesar a diario

El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas.  Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.

El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.

Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin,  delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).  

Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.

 A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo,  entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.

“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante,  la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.

 Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.

Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.

 En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.

“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017