Ene 2, 2019 | Novedades
Como cada jueves, desde hace dos años y medio cuando comenzó el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA -el 6 de agosto de 2015-, asistieron a la última audiencia familiares y amigos de víctimas, e integrantes de las querellas. Entre ellos estaba Diana Malamud, referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, quien perdió a su marido Andrés aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
A casi 24 años del peor atentado terrorista cometido en suelo argentino, pocas son las certezas de lo que ocurrió ese día en que el edificio la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, cuando quedó reducido a una pila de escombros, humo y cenizas tras una explosión que le arrebató la vida a 85 personas. Hasta el día de hoy, los autores materiales de la masacre continúan libres luego de que el juicio por el atentado, en el que 22 ciudadanos argentinos fueron acusados por complicidad finalizaran, en septiembre de 2004 todos absueltos. Los imputados habían sido señalados como la “conexión interna” que, según la principal hipótesis, habría colaborado con funcionarios del gobierno iraní y un miembro operativo libanés del Hezbollah para ejecutar el ataque. Una investigación plagada de irregularidades, tanto por parte de las fuerzas policiales como de los servicios de inteligencia, así como el accionar de las propias autoridades judiciales del caso fueron los causantes de que el juicio fuera declarado nulo, de que los criminales nunca fueran identificados, y de que el atentado aún permanezca impune.
Daiana Malamud sigue reclamando verdad y justicia por la muerte de su marido en el atentado a la AMIA.
Ahora, aquellos encubridores deben rendir cuentas por su repudiable proceder durante el transcurso de la causa AMIA, en un nuevo juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, junto con otros integrantes de los Servicios de Inteligencia, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Carlos Telledín, último propietario de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, completan la lista de los acusados.
Memoria Activa es una de las 31 querellas reunidas en seis cabezas de querella que participan en el juicio por encubrimiento junto con las asociaciones de familiares 18J y Apemia, la Dirigencia comunitaria judía AMIA – DAIA, Policías Bonaerenses y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Argentino. Todos ellos buscan que los autores del atroz crimen, así como los funcionarios que los encubrieron, sean juzgados.
O por lo menos eso es lo que parecía al principio. A contracorriente del resto de los querellantes, la Unidad AMIA –que ya había pedido la absolución del ex Comisario Palacios- decidió en su alegato no solicitar penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes aparentemente tendrían vínculos cercanos con el Ministro de Justicia, Germán Garavano. El alegato fue anunciado por el abogado Juan José Console, recientemente elegido para que represente al Estado en reemplazo de Enrique Ventos (desplazado aparentemente por no estar de acuerdo con librar de penas a los fiscales imputados). Console había sostenido en relación a la culpabilidad de Mullen y Barbaccia: “No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”.
Pero aun cuando el polémico abogado fue apartado del caso por el Tribunal Oral Federal Nº 2 en la última audiencia con el argumento de que su participación en el juicio “resulta incompatible” con el cargo que ocupa en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dieron igualmente por válido el alegato presentado por la querella del Ministerio de Justicia, al que se oponen las demás querellas, y que generó repudio y malestar entre los familiares de las víctimas.
Tras el cuarto intermedio de la etapa de alegatos, Diana Malamud dialogó con ANCCOM para comentar los avances –o más bien, los retrocesos- del juicio por encubrimiento.
Los jueces del TOF 2 finalmente decidieron apartar a José Console, abogado de Unidad AMIA designado por el Gobierno. ¿Memoria Activa está satisfecha con esa decisión?
A medias en realidad, porque concretamente estaba inhabilitado, eso era obvio, y no debió haber presentado el alegato. El tema es que para nosotros tampoco era válido el alegato que presentaron, ya que hubo una denuncia de los demás abogados de que eso no constituía lo que pensaba la querella. Pero esa es una decisión del tribunal.
¿Qué repercusión tiene para ustedes como querellantes y familiares de víctimas el hecho de que quienes fueron asignados para investigar el atentado contra la AMIA sean juzgados por encubrimiento?
Es difícil, porque es como el mundo del revés. Uno confiaba en estas personas -tanto el ex juez Galeano como los ex fiscales Mullen y Barbaccia, los miembros de los Servicios de Inteligencia y de la Policía- que eran los que tenían que investigar, y en cambio nos mintieron, encubrieron a los perpetradores, e hicieron todo tipo de maniobras delictivas para hacer negocios y para que nosotros nunca tengamos verdad ni justicia. De hecho, son los culpables de que a tantos años del asesinato de nuestros familiares todavía no tengamos nada. Ni siquiera sabemos bien qué sucedió ese día. Pero por lo menos los encubridores están siendo juzgados y esperamos que haya condenas firmes y duras para ellos.
¿Y qué significa para ustedes que entre los acusados estén Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, e importantes figuras políticas como el ex Presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros?
Eso habla de hasta dónde llegó esto, de todo lo que son capaces de hacer porque tienen el poder y en definitiva de lo poco que les interesa la gente. Muchas veces se llenan la boca de que gobiernan y hacen las cosas para los ciudadanos, pero en estas cosas uno se da cuenta de que no es así, sino que tienen otros intereses. Y lo que aprendí en estos años es que, generalmente, estos intereses están atados al tema dinero y no a otra cosa, ni siquiera a otro tipo de lealtades. Esta gente solo tiene lealtad con el dinero.
¿Por qué creen que la querella que representa al Estado no solicitó penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia?
Fundamentalmente porque Mullen y Barbaccia son amigos del Ministro de Justicia, Germán Garavano. Esta decisión tiene que ver con la relación de los ex fiscales con Garavano y vaya a saber qué otras cosas que uno desconoce.
¿Cree que desde el Ministerio de Justicia se busca lograr la impunidad para los acusados?
Por lo menos para Mullen y Barbaccia sí, absolutamente. Esto ni siquiera se ha escondido, lo han hecho público.
El año pasado, a raíz de la renuncia de dos abogados de la Unidad AMIA –querella del Estado-, Memoria Activa publicó una carta abierta al Presidente Mauricio Macri en la que sostenía: «Lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados desde agosto de 2015».
Así es, y esto viene a ser como la frutilla del postre. Lo que acaban de hacer es muy vergonzoso. La verdad es que uno piensa: «Si el Ministro de Justicia hace eso, ¿qué nos queda a los argentinos?» Es algo muy tremendo y muy doloroso, porque uno piensa que pueden hacer cualquier cosa solamente porque uno es ministro de tal cosa o tal otra, o pertenece a este Gobierno. Pero las cosas no son eternas y este juicio precisamente demuestra eso, que quienes acusaban en ese momento ahora están en el banquillo de los acusados.
Daiana cree que desde el Gobierno están encubriendo a dos ex fiscales por su vínculo cercano al ministro Garavano.
¿Qué estrategia tienen para evitar que en este juicio se cometan las mismas irregularidades que hicieron que el juicio por el atentado fuera declarado nulo?
La única estrategia que tenemos nosotros es la lucha que siempre hemos hecho, la denuncia constante y tratar de que se haga justicia y de que tengamos algo de verdad. Es nuestro único interés. Y esta ha sido nuestra estrategia, tener claro siempre qué es lo que queremos, y lo que queremos es justicia para nuestros familiares.
¿Cuál cree que será el resultado final del juicio?
Tenemos la esperanza de que haya condenas para todos, y condenas duras, efectivas y ejemplificadoras. Que quede claro que no porque alguien haya sido juez o tenga un puesto en el Gobierno pueda hacer cualquier cosa. Sería educativo, de alguna manera, además de que delinquieron. Cometieron un montón de actos que el Código Penal marca como delitos, y eso es punible. Esperamos que el Tribunal los condene a todos.
¿Teme que la causa por encubrimiento del atentado pueda terminar con todos o algunos de los acusados impunes, como ocurrió en el juicio por el atentado?
Uno siempre tiene miedo, pero la realidad es que nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Iremos a la Cámara en protesta si eso ocurre e iremos a otras instancias. Ojalá eso no pase.
A casi 24 años del atentado, ¿tiene expectativas de que los autores del crimen sean juzgados?
En lo personal, no. Creo que si de algo son culpables todos estos delincuentes que están siendo juzgados hoy es precisamente de haber impedido eso, de habernos alejado de la posibilidad de que los verdaderos autores del crimen, los que pusieron la bomba y mataron a mi marido y a otras 84 personas algún día estén entre rejas. Yo, a esta altura, lo veo imposible.
¿Cree que es posible llevar a cabo un nuevo juicio por el atentado?
No hay contra quién iniciar un nuevo juicio porque no existen pruebas. No hay nada, no sabemos nada. Es una causa vacía. Y después de tantos años, es muy difícil empezar una investigación. Esto es consecuencia de la mala investigación que hicieron en primera instancia. Cada año que pasó nos alejó más de la posibilidad de obtener verdad y justicia.
¿Cómo piensan seguir adelante una vez que finalice el juicio por encubrimiento?
Nosotros tenemos todavía la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguimos denunciando todo tipo de maniobras de encubrimiento que siguen ocurriendo. Y seguimos con la expectativa de que la Unidad Fiscal que ahora está a cargo va a seguir trabajando, que se pueda llegar a algo y se puedan realmente desclasificar toda la información que hoy está clasificada y que aún no pudimos ver. Vamos a ver qué pasa. Ya son muchos años, casi 24 años. Yo creo que ya es casi imposible descubrir la verdad, lamentablemente.
Mar 13, 2018 | Comunidad, Novedades
A casi tres años del comienzo del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, el proceso judicial iniciado en agosto de 2015 está cada vez más cerca de la sentencia final. Una vez terminados los alegatos de las seis querellas y de las defensas de los 13 imputados, que se extenderían hasta el mes de junio aproximadamente, se conocerá finalmente el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Unos pocos meses para saber si las víctimas de uno de los peores atentados terroristas cometidos en nuestro país recibirán algo de justicia luego de más de dos décadas de impunidad.
El reloj que marca las 9.53, la hora exacta de la explosión.
En la audiencia de esta semana tuvo lugar la presentación del alegato final de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, a cargo del abogado Rodrigo Borda. Esta asociación representa a las familias de algunas de las 85 víctimas que en la mañana del 18 de julio de 1994 perdieron la vida cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entre ellos estaba Andrés Malamud, un arquitecto de 37 años, casado con Diana (una de las principales referentes de Memoria Activa) y padre de dos hijas que, al momento de perder a su padre, tenían apenas cinco y dos años. Ese día también falleció Noemí Reisfeld, una joven asistente social que aquella mañana, a pesar de que debía tener el día libre, acudió a su lugar de trabajo para reemplazar a una compañera. Por su parte, Norma Lew, que era jefa del servicio social de la AMIA y quien más tarde se convertiría en la primera presidenta de Memoria Activa, fue rescatada con vida de entre los escombros del edificio, pero sus lesiones eran tan graves que una fotografía suya -tomada cuando era sacada en camilla- fue publicada en un periódico como la imagen de una persona fallecida. Su hijo Agustín, de 21 años, que aquel día había ido a acompañar a su madre al trabajo, no sobrevivió.
“Todos ellos, Andrés, Noemí, Agustín y Norma, fueron víctimas directas de ese atentado terrorista, al igual que las otras 82 personas que fallecieron y las que integran la larga lista de lesionados, que supera la centena”, manifestó Borda al iniciar su alegato. “Las personas que yo represento en este juicio, al igual que el resto de los familiares, también son víctimas directas del atentado a la AMIA, porque ese atentado les provocó un enorme daño personal y les marcó la vida para siempre, porque perdieron a un marido, a un padre, a una hermana, a un hijo.” Y agregó: “Pero a las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, no solo son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia. La respuesta infame del Estado argentino, luego del atentado, constituye una verdadera tragedia institucional”.
La consigna de siempre: Justicia y memoria.
A su vez, el abogado querellante también refutó el argumento invocado por algunos de los imputados, que atribuyeron las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar, justificando su accionar como “inexperiencia” y no como encubrimiento. Al respecto, Borda especificó: “A ninguno de los imputados en este juicio se les acusa de ser negligentes o de haber actuado por desidia. La participación que les atribuimos en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia”.
Los 13 imputados en la causa son Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar, ambos de los Servicios de Inteligencia; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem; Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Los hechos por los que se los juzga incluyen el pago a Telleldín de 400.000 dólares para que diera una declaración falsa ante la justicia, y el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem. Según Borda, todos los acusados actuaron de manera intencional para encubrir a los autores de la explosión y permitir que el atentado permanezca impune. “Las personas acusadas en este juicio han privado de la verdad y de justicia a las personas que represento, y el daño ocasionado a la búsqueda de verdad y justicia ha sido tan grande que cabe pensar que a esta altura, a casi 24 años del atentado, puede ser irreparable”, aseguró Borda.
Foto del 18 de Julio 2017, en el aniversario número 23 del atentado a la AMIA.
A diferencia de la querella que representa al Estado Argentino, Unidad AMIA (recientemente disuelta), que al presentar su alegato decidió no solicitar penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, Borda ratificó la intención de Memoria Activa de buscar la condena de todos los acusados. “Los vamos a acusar a todos, vamos a pedir condena para todos. Tenemos la convicción de que son todos culpables. Pediremos penas acordes con la magnitud del perjuicio personal e institucional que han causado. Todos ellos son responsables de la impunidad del atentado a la AMIA”, afirmó.
Respecto a este punto, el abogado citó las declaraciones Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad AMIA -recientemente removido y reemplazado por el subsecretario de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman-, quien acusó al Ministro de Justicia Germán Garavano de haber solicitado, “por amiguismo”, que no se acusara a los ex fiscales. El argumento planteado por Unidad AMIA para no imputar a los ex fiscales no tiene que ver con “amiguismo”, sino con la preocupación de que acusar a Mullen y a Barbaccia supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes, un planteo al cual el abogado calificó como “un argumento hipócrita y absurdo”.
Sobre este punto, Borda expresó en diálogo con ANCCOM: “Es lo mismo que se decía del ex juez Galeano durante el gobierno de Menem, que no se lo podía cuestionar porque si no se caía la causa. Es un argumento hipócrita porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el «amiguismo».
Los nombres de las 85 personas fallecidas, sobre el mural de la calle Pasteur.
Respecto a la continuidad del caso, Borda manifestó: “Va a haber un nuevo juicio contra Telleldín. Sin duda, el resultado de este juicio va a tener un efecto en reconstituir o no la imagen del Estado en la institucionalidad de la Causa AMIA. Eso es lo que está en juego en este juicio, si la palabra del Estado en sus distintas agencias va a ser creíble, o no, para poder determinar la verdad y lograr justicia en la causa por el atentado. Porque lo que hicieron estas personas puso en crisis la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía, y fundamentalmente de las víctimas. Este juicio es la oportunidad que tienen los jueces de reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones”.
La querella de Memoria Activa continuará con la exposición de su alegato en la próxima audiencia, que se llevará a cabo este jueves 15 a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Los familiares de las víctimas viven este proceso con expectativa, pero también con mucho dolor. Son casi 24 años de impunidad, concluyó Borda. “No vemos muchos cambios institucionalmente y hay un enorme retroceso con este tipo de planteos del Ministerio de Justicia. Acaban de disolver la Unidad AMIA y la pusieron a cargo de un funcionario que fue uno de los abogados que participó en las maniobras de encubrimiento, Mariano Fridman. Es muy grave y es muy doloroso para los familiares, pero aun así hay expectativas que no tienen que ver con la fe, sino con la convicción de que si no hay una respuesta institucional, no solo no hay destino para la Causa AMIA, sino que no hay destino para nuestra sociedad como país”.
Jul 19, 2016 | inicio
Como cada 18 de julio, a las 9:53 comenzó el acto en conmemoración por los 22 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) organizado por Memoria Activa, una de las agrupaciones que nuclea a familiares y amigos de las 85 víctimas del atentado. En simultáneo, la dirigencia de la colectividad judeo-argentina realizó el tradicional acto en Pasteur 633 donde el 18 de julio de 1994 explotó la bomba que destruyó el edificio de la mutual. De ésta última ceremonia participó brevemente el presidente Mauricio Macri.
Diana Malamud es integrante de Memoria Activa. Según ella, esta fecha siempre es difícil: “Uno piensa que cada año va a ser menos duro, pero la realidad es que los años pasan y uno vuelve a revivir aquel día”. Malamud perdió a Andrés, su esposo, en el atentado.
Como cada 18 de julio, a las 9:53 comenzó el acto en conmemoración por los 22 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina.
El acto en Plaza Lavalle comenzó con la lectura de los nombres de los muertos, acompañados por el grito de “¡Presente!” de los asistentes. Los participantes, además, aprovecharon para repudiar la reciente presencia de neo nazis en la Casa Rosada, en un encuentro de juventudes política organizado por el actual gobierno.
El sonido del shofar, instrumento ritual utilizado en festividades judías como forma simbólica de convocar al pueblo, antecedió a los oradores. El primero fue Gerardo Mazur, miembro de Memoria Activa, quien inició su discurso exclamando “22 años, ¿es necesario decir algo más?”. Le siguieron Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el humorista Roberto Moldavsky y Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa y del CELS. Todos denuncian la complicidad y el encubrimiento de la dirigencia de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Mientras que en Pasteur 633, en el acto “oficial” le rendían tributo a la memoria y la labor de Alberto Nisman, ex fiscal de la causa, Malamud señaló que reiteradas veces denunciaron su incompetencia y que pidieron su remoción. Ahora la Unidad Fiscal AMIA se encuentra a cargo de Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. “Lo que ellos plantean es que había muchísima documentación sin clasificar, sin digitalizar, toda mezclada. Realmente la fiscalía era un caos”, cuenta Malamud y agrega: “Es más, nos enteramos de cosas que te dejan con la piel de gallina. Nosotros durante muchos años reclamamos que se hiciera un banco de datos genéticos porque hay restos humanos que no han podido ser chequeados con muestras de ADN y Nisman siempre nos decía que eso era muy difícil para los familiares. Y nos venimos a enterar 22 años después que de los muertos se había extraído ADN”.
“Uno piensa que cada año va a ser menos duro, pero la realidad es que los años pasan y uno vuelve a revivir aquel día”, dice Diana Malamud (FOTO).
Acerca de la presencia Macri en el acto central, Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó que el primer mandatario fue denunciado por otorgarle un cargo público a Jorge el Fino Palacios (imputado en la causa por encubrimiento) y que también fue sobreseído de la causa de escuchas ilegales. “De parte de él (Macri) es obviamente una cuestión de oportunismo, y además eso tiene que ver con el poco interés que la dirigencia de la AMIA y la DAIA tienen en el esclarecimiento del atentado. Ellos no representan a las víctimas, ellos son los titulares de los derechos del edificio, por lo cual han cobrado indemnización. Y bueno, si el problema es el edificio, ¿por qué les va a molestar que esté Macri presente si el Estado les ha pagado la indemnización?”
En su discurso, Mempo Giardinelli afirmó: “Desde hace 22 años, el Estado argentino es incapaz de esclarecer, juzgar y condenar a los culpables”. Asimismo, criticó al gobierno actual por recibir militantes neo-nazis en Casa Rosada y condenó a Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, por no haber repudiado el hecho.
Respecto a la entrevista que brindó a La Nación Antonio Jaime Stiuso, Verbitsky afirmó que el ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tenía un acuerdo con la inteligencia estadounidense e israelí para culpar a Irán y desviar la investigación de la pista siria. “Sabemos perfectamente, por el juicio de encubrimiento, todo lo que se hizo para no investigar la participación de Siria en el atentado, porque esto al presidente Menem lo involucraba personalmente, a él y a sus relaciones familiares. Al gobierno de Israel le interesaba porque en ese momento estaban embarcados en una negociación de acercamiento con Siria y no querían perturbar eso con una denuncia de ese tenor. Y Estados Unidos porque geopolíticamente ellos habían elegido el señalamiento contra Irán como eje de su política de Medio Oriente”, denunció el titular del CELS.
Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En agosto se cumplirá un año del inicio del juicio por encubrimiento en el que están imputados el ex presidente Carlos Menem; el ex juez federal Juan José Galeano; Hugo Anzorreguy, ex secretario de la SIDE; Jorge el Fino Palacios, ex comisario de la Policía Federal y ex jefe de la Policía Metropolitana, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, entre otros. “Es un juicio duro”, dijo Malamud. “Es sorprendente escuchar todos los testigos que desfilan: Nadie recuerda nada, sufren todos de amnesia, es como increíble. De todos modos, lo que queda claro son todas las irregularidades que se cometieron y eso sale a la luz. Es lo que ya sabíamos Imagino que va a haber condena firme contra todos ellos”.
Además de Memoria Activa, existen otras agrupaciones que nuclean a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Por un lado se encuentra 18J, que realizó un acto en Plaza de Mayo al mediodía y, por el otro, está la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), que organizó una mesa debate en la Asociación de Abogados de Buenos Aires a las 18:30. Según Enrique Burbinski, integrante de Memoria Activa, esta división responde a las distintas formas de ver el mundo que tienen los integrantes de cada agrupación. “A los familiares los une el horror, la muerte de un ser querido. Tienen derecho a expresarse donde lo consideran adecuado. Los queremos, los respetamos y entendemos que en la vida también hay diferencias”, aseguró Burbinski, quien cerró el acto con la ya tradicional frase bíblica: “Justicia, justicia perseguirás”.
Actualizada 19/07/2016
Oct 6, 2015 | Entrevistas
El Tribunal Oral Federal Nº 2 lleva adelante el que quizá sea el juicio más importante en la vida institucional argentina, después del proceso que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura. Están sentados en el banquillo de los acusados un ex presidente de la Nación, un ex juez federal, un ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dos ex fiscales de la Nación y un ex comisario General de la Policía Federal, entre otros imputados. Nunca antes, tantos y tan altos funcionarios públicos llegaron a esta instancia. Todos están acusados por desviar la investigación del atentado a la AMIA.
En 2004, el Tribunal Oral Nº 3, que debía juzgar a los supuestos colaboradores argentinos en el atentado –la denominada “conexión local”–, absolvió a todos los imputados, declaró nula la causa debido a las irregularidades que se hallaron, y denunció por encubrimiento a los responsables de aquella investigación. El pasado 6 de agosto se inició, en los Tribunales de Comodoro Py, el juicio por encubrimiento que se propone juzgar a todos los involucrados en la desviación de la investigación sobre el atentado de julio de 1994, cuando murieron 85 personas.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) Rubén Beraja. Otro de los acusados es Carlos Alberto Telleldín, propietario de la camioneta que explotó en la puerta de la AMIA e imputado por haber recibido dinero de parte de los funcionarios para acusar a un grupo de policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.
ANCCOM entrevistó a Luciano Hazan, Subsecretario de Política Criminal y responsable de la unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Nacional en la demanda contra los presuntos encubridores. Las otras cinco partes que componen las querellas son los policías absueltos en la investigación anterior, la AMIA y la DAIA y las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, APEMIA y 18J. “La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno, desde el Ministerio de Justicia, a actuar como querellantes en esta causa”, asegura Hazan.
Hace dos meses que comenzó el juicio, ¿cómo se está desarrollando?
El juicio está avanzando de acuerdo a lo esperado. Están declarando los imputados, estamos en esa etapa de indagatorias. Si bien ya conocíamos las versiones y las estrategias de la defensa de cada uno de los imputados, siempre en el juicio oral, se van encontrando detalles. También está la posibilidad de hacerles preguntas a los imputados, cuando lo permiten, y tratar de profundizar sobre cómo sucedieron los hechos. Por eso para mí, hasta ahora, una de las declaraciones indagatorias más fructíferas fue la de Telleldín, en donde también nosotros pudimos preguntar. El juicio está avanzando de manera lenta pero a paso firme. De manera lenta porque se está haciendo una sola audiencia semanal, y esto es un problema porque va a estirar mucho los plazos del proceso. Pero es la realidad que tenemos. El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, también integra el Tribunal en el juicio por la Tragedia de Once. Por eso, a partir de fin de año, cuando termine ese proceso, vamos a poder tener dos audiencias por semana, y ahí va a tener un ritmo mucho más ágil. Pero es valioso que el juicio haya empezado, hace tiempo que veníamos peleando por eso. Están culminando las declaraciones indagatorias, después entraremos en la etapa de escuchar a los testigos.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), entre otros.
¿Por qué era tan importante que no se demorara más el juicio en la etapa inicial?
Si este juicio fuera en el futuro, con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación –que comenzará a regir en 2016– sería un juicio más ágil. Por ejemplo, ahora lo que se hizo, para no demorar más tiempo, fue leer una síntesis de la acusación –y no la totalidad que puede ser hasta de 500 páginas– y esto, afortunadamente, acortó mucho los tiempos. Pero de todas formas, aún de manera resumida, tuvimos dos audiencias de lectura de acusación. Tuvimos dos semanas simplemente para leer algo que todos conocíamos. Son parte de las deficiencias de nuestro Sistema de Justicia Penal, que estamos tratando de cambiar. Queríamos que se avance con las declaraciones de los imputados y con la prueba en sí misma. Ir al núcleo del juicio. Lo que todos queremos es empezar a escuchar a los testigos, que se empiece a dilucidar un poco más la verdad sobre lo ocurrido, y acercarnos más a las condenas que estamos buscando.
¿Este juicio va ayudar a encontrar la verdad?
Yo creo que apunta a que encontremos la verdad en relación sobre el encubrimiento, que es el objeto de este juicio. Estamos escuchando a los imputados, vamos a escuchar a los testigos, las versiones de unos y otros. La verdad es algo un poco ambiciosa, si se quiere, en términos estrictos. Los abogados decimos que siempre es la verdad judicial ya que la verdad tiende a ser siempre relativa. Lo que va a suceder es que los hechos se van a poner sobre la mesa y sobre eso se construye, sobre eso surge una verdad. En ese sentido, va haber una verdad judicial sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, eso está claro. Ahora, sobre la verdad del atentado, seguro que uno es menos ambicioso, aunque siempre tengo la expectativa de que alguna cosa se conozca. Porque si, a partir de esto, queda más en claro quién encubrió y por qué encubrió, por lo menos se pueden empezar a abrir líneas de investigación nuevas o profundizar algunas líneas existentes en relación con quienes pudieron haber cometido el atentado. Sobre todo en relación con la conexión local. Porque este es un juicio contra todas personas argentinas, que están acá entre nosotros. Y seguro que hubo partícipes del atentado en Argentina. Este juicio nos puede arrojar alguna pequeña luz sobre eso.Obviamente, no creo que se vaya a resolver la verdad sobre los autores del atentado a la AMIA. La verdad que lo que sucedió fue gravísimo, en términos institucionales. Son delitos muy graves y es importante que las personas que cometieron estos delitos sean sancionadas. Que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y de esta manera uno avanza también en términos de fortalecer las instituciones y tratar de evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.
¿Cuáles cree que pueden ser los imputados o testigos que aporten más información?
Hay que esperar. Todos los testigos que van a estar en el juicio son importantes. Va a estar Cristina Kirchner como testigo, que es una persona que conoció y estudio mucho el caso. Van a estar los familiares, que son quienes sufrieron en carne propia la mentira de quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Van a estar los policías que estuvieron en prisión debido a esta maniobra, cuando se comprobó que no tenían relación con los hechos. Aunque algunos de los imputados ahora están diciendo que sí tenían. Eso habrá que verlo en el juicio, que sirve justamente para poder evaluar los hechos y las pruebas. Después tenemos a testigos importantes, como Claudio Lifschitz, que fue una persona que trabajó adentro del juzgado y, desde adentro, contó las irregularidades. Sus denuncias fueron las que dieron el inicio a esta causa, que se inició en el año 2000, después de que empezará a contar lo que vio como prosecretario del juzgado.
También está citado como testigo (el ex agente de inteligencia Jaime) Stiusso. Aunque todos sabemos que no está en el país, la expectativa de que declare la seguimos teniendo. Pero obviamente tiene que estar acá o lo tienen que traer para hablar, si es que no viene por su propia voluntad. Su testimonio tiene potencialidad de ser importante porque fue una de las personas que protagonizó la investigación. La verdad es que de todos los testigos esperamos aportes importantes.
¿Cuál es el rol que cumple el Estado como parte de la querella en esta causa?
Lo que busca es cumplir con una obligación asumida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una petición que hicieron los familiares agrupados en Memoria Activa. Las víctimas denunciaron al Estado por incumplir sus deberes de prevención y, además, por el encubrimiento del atentado y la privación de justicia. Néstor Kirchner, en el año 2005, ante la CIDH y las víctimas, admitió la responsabilidad del Estado por todas estas irregularidades. Que en realidad a mí me gusta llamarlos delitos, que es lo que son, cometidos por parte de funcionarios estatales. Kirchner se comprometió a una serie de medidas. Una de ellas fue cumplir con una agenda de trabajo que tenía varios aspectos: uno era impulsar la causa del encubrimiento, otro era fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la Unidad Fiscal de Investigación, para lo que se creó la Fiscalía que después quedo a cargo de (el fallecido Alberto) Nisman. Otra cuestión era reformar el Servicio de Inteligencia del Estado. Para cumplir con los objetivos hay un decreto del año 2006, donde el entonces presidente le asignó al Ministerio de Justicia –y en particular a la Subsecretaria de Política Criminal– que asuma la querella en este caso. La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno a actuar como querellantes en esta causa.
De alguna forma ese es el rol que nosotros ocupamos, en paralelo a los fiscales, y a las querellas de otras personas, víctimas del atentado, que se han presentado y cumplen un rol similar, coordinado con el nuestro.
¿El cambio de gobierno puede modificar el impulso que tomó la causa?
Yo pienso que va a ganar el partido que hoy está en el gobierno y, en ese sentido, tengo la expectativa de que el impulso va a seguir siendo el mismo. Si gana otro partido, tengo mis dudas de que este juicio permanezca. Pero es una especulación mía, basada en los mensajes que los dirigentes de otros partidos han dado. Creo que este gobierno ha dado muchas señales de su interés en que este juicio avance, de que empiece y que termine bien. Y la verdad es que no he visto mensajes de los otros candidatos o de las otras agrupaciones políticas que compiten en la elección. Hoy se puede mencionar el hecho de que la Presidenta haya hablado en las Naciones Unidas específicamente de este juicio, también en la última Asamblea Legislativa, y en las anteriores, que también habló sobre la importancia de que este proceso se lleve a cabo.
¿Esas menciones tuvieron repercusiones en el juicio?
No, la verdad que no. El juicio sigue con toda normalidad, está funcionando bien. Yo creo que le hace bien la posición política de la Presidenta. Me pareció que fue un respaldo a todos los actores que están empujando este juicio oral. Después que la Presidenta haya mencionado el juicio en la Asamblea de las Naciones Unidas como algo importante que se está haciendo en Argentina hubo una audiencia y el juicio siguió con la misma normalidad; pero claramente fortalece el proceso. Y también es un mensaje de que esto va a seguir así.
Tal vez eso también funciona para darle más difusión…
Si hay algo que deseo para que este juicio ande bien es que sea lo más público posible. Por eso siempre invitamos a los medios de comunicación a que lo cubran. Desde la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, armamos un diario del juicio para informar sobre lo que va pasando.
Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia. Y como toda la gente no puede presenciar las audiencias, los medios de comunicación deben garantizar la publicidad. Es importante escuchar a los testigos, ver cómo trabajan los abogados. Incluso, por las actitudes que van teniendo unos y otros, se puede ir formando una idea de cuál es la realidad.
Recién comentó que la causa empezó en el 2000, ¿por qué se demoró tanto el inicio del juicio oral?
Por muchos factores. En términos políticos, había mucha gente que no quería que este juicio se haga. Es un juicio claramente molesto ya que va en contra del sistema judicial. Están sentados en el banquillo actores clave del sistema de justicia penal federal de Argentina: un ex juez federal (Juan José Galeano), dos ex fiscales federales (Eamon Mullen y José Barbaccia), el ex jefe de la SIDE (Hugo Anzorreguy), que históricamente ha tenido una interferencia notable sobre el funcionamiento de la justicia federal. Hay policías federales con roles absolutamente destacados en la justicia federal, como (Jorge) Palacios, que era un investigador privilegiado para los jueces federales durante el menemismo. Todavía, en la etapa de instrucción, hay secretarios judiciales que están siendo investigados y que pueden ir a juicio en un futuro. Acá no solamente está bajo la lupa el encubrimiento del caso AMIA, sino que está bajo la lupa el funcionamiento de la justicia penal federal. Entonces, si quien tiene que hacer la investigación es la institución investigada, aparecen obstáculos. Eso es una explicación política, pero después hay factores estructurales: nuestro sistema de justicia penal es pésimo, por eso lo hemos cambiado y ahora estamos peleando para que se implemente la reforma. Entre las cosas que critica la reforma están las posibilidades de innumerable cantidad de recursos, muchos mecanismos para la dilación y un sistema escrito y muy formalista. Todas cosas que no deberían suceder cuando se implemente la reforma. Después hay otros factores en términos personales, que tienen que ver con el primer factor político: hubo muchos jueces que tenían que intervenir en el caso y que se negaron a intervenir, o fueron recusados o se excusaron, por haber tenido vínculos con algunas de las partes.
«Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia», relata Hazan.
¿Este juicio puede ser reparador para los familiares de las víctimas?
Es totalmente reparador. Si efectivamente hay una sentencia condenatoria para quienes cometieron estos delitos, será claramente de reparación para las víctimas. Y en este caso en particular, teniendo contacto con las víctimas, uno advierte la importancia que le dan. De hecho, las víctimas han dicho de manera pública que tienen gran expectativa en este juicio, sobre todo aquellas que están agrupadas en Memoria Activa, en Apemia, en 18J, que presencian todas las audiencias. Ellas lo están impulsando y por eso se han presentado como querellantes. El juicio tiene un gran valor simbólico y un efecto reparador en términos de las violaciones a los derechos que han sufrido. Es importante que toda la sociedad entienda qué pasó. Porque durante mucho tiempo, incluso todavía ahora, hay mucha gente que cree que lo que sucedió fue la historia oficial que nos contaron en un inicio y, en realidad, ese relato se cayó en el primer juicio porque era todo una mentira. Todavía hay disputas comunicativas en este sentido. De hecho, nos han querido confundir cuando, a principio de este año, se quiso hacer pensar a la gente que había otro encubrimiento y, por eso, se acusó a la Presidenta y al canciller de un encubrimiento ficticio. En términos comunicacionales, se quiso empezar hablar de otro supuesto encubrimiento justo cuando este juicio estaba a punto de empezar. También ahora muchos medios le quieren cambiar el nombre de “juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia”, por el “Juicio Amia II”.
¿Cómo es el trabajo entre las distintas querellas?
Más allá de alguna diferencia que se puede notar, las querellas en este juicio tenemos muy buen diálogo y coordinación con todos. Inclusive hay algún nivel de coordinación con las querellas de los policías. Hay diferencias, obviamente; por eso hay distintas agrupaciones y no están todas las querellas unificadas. Pero lo que ha quedado claro, por lo menos hasta ahora, es que todas apuntan al mismo lado. Salvo en el caso de las querellas de AMIA y DAIA, que decidieron no acusar a algunos de los imputados. Y las querellas de los policías, ellos tampoco están acusando a otro grupo de los imputados, que son (Carlos) Telleldín y (su esposa Ana) Boragni. Puede haber matices pero hay un trabajo coordinado y hacia el mismo lado.
¿Cuáles van a ser las audiencias más relevantes a futuro?
Hasta ahora todas las audiencias fueron importantes, puede ser que haya alguna variación más adelante. Se espera que declare Anzorreguy, estamos a la espera de los estudios para ver si está en condiciones de salud para hacerlo. Después van a declarar los policías que fueron falsamente imputados, que fueron los que estuvieron contando palitos contra los barrotes durante muchos años y tienen mucho para decir. Ellos vieron de primera mano la investigación y las irregularidades, esas van a ser declaraciones testimoniales absolutamente ricas e importantes. Después van a venir las declaraciones de los familiares de las víctimas del atentado, que también vivieron las mentiras y eran excluidos de la investigación.
