May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
A una semana de la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja, los operarios que acampan y mantienen la protesta sobre la ruta 205, a apenas 200 metros de la Planta 1 de la firma en Ezeiza, aguardan una respuesta que nunca llega. La comisión de delegados, los representantes de la empresa Wade S.A. -de Joaquín de Grazia, presidente de la avícola Granja Tres Arroyos- y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y su Jefe de Gabinete, Gastón Granados, se reunieron el lunes en el municipio para poner fin al conflicto con la planta avícola. Mientras se llevaba a cabo la reunión de las partes, se desplegó un gran operativo al mando de Gendarmería, Policía de Prevención Motorizada, Infantería, Policía Montada, Policía de Ezeiza, además de perros y camiones hidrantes. La absurda relación de fuerzas otra vez saltaba a la vista, como ya había ocurrido la semana anterior: cerca de 3.000 efectivos y aproximadamente 300 manifestantes.
Mientras se reunían las partes se desplegó un gran operativo policial .
El plan de reestructuración que les presentó Wade a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo “no cambió ni en una coma”, explicó a ANCCOM Daniel Vega, delegado de Cresta Roja y evidenció que la propuesta de reincorporación de los más de 1.000 trabajadores en etapas, no es nada más que un plan de ajuste: “Son 225 personas por etapa, en tres etapas. No hay un puesto más de laburo, a las 225 personas tenés que descontarle: administrativos, supervisores, encargados; o sea que entrarían 170 o 180 operarios”. Además, confirmó el funcionamiento de la empresa bajo un manto de flexibilización laboral: “Wade está trabajando en negro, sin otorgar relación de dependencia, porque no le hizo contrato a nadie, no están asegurados, no les dio ropa, no les dio botas. Están trabajando diez u once horas, en un turno solo, 180 personas. Cuando es una planta que trabajó hasta hace cinco meses con 420 personas; y estamos hablando de Planta 1, los de Planta 2 estamos todos afuera. 911 personas, afuera”.
La absurda relación de fuerzas fue evidente, cerca de 3.000 efectivos y 300 manifestantes.
Los manifestantes mostraron las dificultades al no contar con un trabajo estable, viéndose obligados “a hacer changas” prescindiendo de una fuente laboral que mucho necesitan. “Al operario que se queda afuera, esperando, le van a dar 10 mil pesos por mes, hasta julio de 2019. Si para esa fecha no entraste en ninguna de las etapas quedás afuera, pero no cobrás más esa plata, y para cobrar la indemnización le tenés que hacer un juicio a Proteinsa S.A., la última empresa que se hizo cargo de Cresta Roja. Proteinsa está fundida, ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿A quién le vas a sacar la plata de tu indemnización? A nadie”, respondió Vega, a sus preguntas y a la de sus 1300 compañeros.
El plan de reestructuración lo propuso Wade en marzo y el gremio de Alimentación (STIA) le dijo que no. El plan operativo incluye en las negociaciones a cuatro gremios, si alguno de ellos no está de acuerdo, no se puede implementar. “Nosotros (STIA) no firmamos, firmaron UOMA, UATRE y Camioneros”, repasó Vega y desnudó la poca representación de los gremios a favor del plan operativo: “Esos tres gremios en conjunto no llegan a la cantidad de afiliados que tenemos nosotros con un solo gremio. Camioneros tiene 22 operarios y nosotros, sólo en la Comisión de Delegados, somos 11. Ellos firmaron y eso nos arrastró a esto”.
Hace una semana hubo una violenta represión sobre los trabajadores de Cresta Roja.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores siguen reclamando: “Lo que tiene que hacer Wade (Granja Tres Arroyos) es dar un paso al costado, como nos lo dijo en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo”. Allí los representantes de la nueva sociedad anónima -los mismos propietarios de Granja Tres Arroyos- habían manifestado que si el negocio no cerraba, se desvincularía. Pero los delegados de la planta vitivinícola denunciaron: “Estamos viendo que es mentira porque acá siguen con Gendarmería, hicieron una barricada e hicieron entrar a la gente a laburar”.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores de Cresta Roja siguen luchando.
La complicidad con las fuerzas de seguridad también es clara. No solo para que la protesta cese, sino para prevenir cualquier nuevo intento de corte de ruta, como los de las anteriores semanas. “Yo le hablaría al presidente Mauricio Macri también. Tratar a un trabajador así le saca toda la dignidad, y hasta al gobierno le saca la dignidad. Él tiene menos dignidad que yo, porque yo peleo por mi trabajo, no transo con nadie y no voy a dejar a ningún compañero tirado”, señaló Daniel Vega, y luego sentenció: “Él dejó tirado al pueblo que lo votó y al que él mintió. Acá hay mucha gente que lo votó y es parte del pueblo también”.
Las fuerzas de seguridad buscan que cese la protesta.
Mar 2, 2016 | destacadas
Especialistas en derechos humanos, medios de comunicación y juventud se reunieron para debatir en el Foro contra la Violencia Institucional que el sábado último se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La organización del foro estuvo a cargo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Nuevo Encuentro en el marco del Frente para la Victoria (FpV).
La intención de la jornada fue la de articular un espacio que reuniera a diferentes actores de la vida política y social de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de manera colectiva acciones que respondan a la violencia institucional. Se prestó especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mesa central de apertura contó con Marcelo Saín (especialista en Seguridad), Paula Litvachky (directora del área de Justicia y Seguridad del CELS), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto en la CABA), Víctor Santa María (diputado del Parlasur por el FpV), Carlos Tomada (jefe de bloque FpV de la Legislatura porteña) y José Cruz Campagnoli (legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro), quien resumió a ANCCOM los intereses centrales de la convocatoria: “Los mecanismos represivos están organizados en virtud de un modelo de país, relacionado con la transferencia de riqueza de los sectores populares a los más concentrados. En la Argentina actual, sólo puede suceder eso a través del miedo, para evitar la protesta, y la represión, en caso de que la protesta suceda de todas formas. Las actitudes represivas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un modelo más fuerte, más complejo y más estructural que Mauricio Macri quiere poner adelante. Este foro surgió luego de la violenta represión de la Gendarmería a la murga del Bajo Flores, que terminó con decenas de chicos heridos. Veníamos del caso de Cresta Roja y del protocolo antipiquetes, y que le hayan disparado a los nenes con balas de goma fue de una brutalidad absoluta”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social. Tomada explicó: “Los últimos doce años significaron la posibilidad de superar el miedo que había instalado primero el terrorismo de Estado y, después, la hiperinflación y la desocupación de los 90. Ese miedo era indispensable para poder producir las modificaciones de esos tiempos. Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos. Se disciplina a la clase trabajadora con el miedo al despido y a la represión. Lo de Cresta Roja fue un señalamiento, como lo de los pibes de la murga. Se acabaron los valores y los criterios que regían el accionar de la fuerza”.
En la primera mesa, moderada por la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Andrea Conde, se trató el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Capital Federal, lo que también implica pensar la relación entre un sector de la conducción política y el paradigma desde el cual entiende la seguridad democrática. Al respecto, Saín sostuvo que la represión es un tema que tiene matices y, por ende, no puede ser abordado holísticamente: “La violencia adquiere cuerpo en una matriz de desarrollo político, de acumulación económica y en un cierto ordenamiento social”. Sostuvo que los mismos gendarmes que repartieron balas entre los niños y niñas de la murga del Bajo Flores, no hubieran hecho lo mismo dos meses antes: “Esto tiene que ver con que la represión es funcional a un modelo económico y político”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social.
La segunda mesa se orientó a tratar la estigmatización y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El foco estuvo puesto en las estrategias para responder ante la irrupción de las fuerzas armadas en las vidas de los menores, así como en la necesidad de que sepan con quién contar para poder defenderse. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), contó: “Se lleva a cabo la violencia en nombre de una supuesta protección del niño. Al igual que el robo de bebés durante la última dictadura, que tenía como finalidad interrumpir la continuidad de una ideología, por su propio bien y por el resto de la ciudadanía”. Silvia Guemureman, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, argumentó después: “El Estado se va a achicar en asistencia, mientras que se va a agrandar en represión. La nueva derecha trae aparejada la poca intervención del Estado en las políticas sociales, así como también el retorno de unas fuerzas armadas con antecedentes de avasallamientos de los derechos humanos en los barrios populares. No fue fortuito que Patricia Bullrich haya visitado a los gendarmes en lugar de a los niños y niñas”. Siguiendo con esta misma línea, la tercera mesa trató la temática del rol de los medios de comunicación en relación a la estigmatización y criminalización de la niñez, adolescencia y juventud, a partir del análisis del tratamiento, cobertura y difusión de los casos de violencia institucional en el marco de la concentración mediática.
Por último, la cuarta mesa giró alrededor de la criminalización de la protesta social, los reclamos y el accionar de las fuerzas armadas ante las manifestaciones de la sociedad en las calles. Juan Manuel Sueyro, Secretario Adjunto de ATE Capital, hizo mención a la detención de la dirigente social y política Milagro Sala: “No es casualidad que el eje central de la violencia y la criminalización esté sobre una de las organizaciones sociales más grandes de Argentina, estigmatizada por pertenencia, por origen y por clase”. Continuó su reflexión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: “Si te movilizás, te reprimo. Si intentás organizarte, te despido. Vienen a desarticular un Estado que se puso del lado del pueblo y para eso necesitan hacer caer el poder adquisitivo, porque toda violencia tiene un brazo político, pero también económico y judicial”.
Todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente.
Emiliano Gareca, abogado y militante de La Cámpora, retomó la idea anterior: “El autoritarismo económico en su faz represiva se manifestó de tres maneras. Primero, con un decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional; segundo, con la eliminación y desmembramiento de controles que se venían construyendo por parte del Estado, lo que colabora con el autogobierno y la autoregulación de la policía y, por último, con la represión a la protesta social y la criminalización de la política”. Al respecto, Tomada aclaró: “El protocolo de 2011, dictado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, es el que está vigente. El otro es sólo un papel, un mamarracho para generar miedo e informar cuál va a ser el comportamiento, pero que no tiene ninguna validez ni ha sido avalado por ninguna provincia”. Sin embargo, todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente. Santa María agregó: “El proyecto del macrismo sólo se mantiene con violencia, porque genera profundas injusticias y beneficia a pocos en detrimento de las grandes mayorías”.
Cada mesa cerró con la intervención de los participantes y, lejos de alcanzar conclusiones cerradas, Campagnoli explicó: “El Foro pretende ser un disparador. Las respuestas a estas problemáticas no se van a dar desde lo académico, sino desde lo político. Intentamos discutir para dar continuidad, sumar organizaciones y poder presentar a la ciudadanía una alternativa para poner un límite a las políticas autoritarias del PRO”. El encuentro contó también con la participación de Julián Axat (titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia ATAJO), Alberto “Beto” Pianelli (Secretario General de los Metrodelegados), la periodista Cynthia García, Glenn Postolski (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Luis Duacastella (defensor adjunto del Ministerio Público de la Ciudad), Miguel Palazzani (titular de Procuvin), entre otros.
Mar 1, 2016 | inicio
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados. La firma fue adquirida por un consorcio liderado por la compañía
Ovoprot Internacional S.A., que les garantizó la continuidad laboral a mediano plazo pero sin tener en cuenta la antigüedad de los empleados.
Hace diez días, los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de
ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad
anterior, propiedad de los hermanos Rasic, mientras esperan a ser llamados por los nuevos dueños, que
ofrecen firmar un contrato de apenas tres o seis meses. Los medios comerciales anunciaron que ya han
nacido miles de pollitos, lo cual supone que de los cinco mil operarios de Cresta Roja, al menos 200 o 300 serán recontratados dentro de los próximos 50 días.
Desocupados
ANCCOM conversó con José Moscovich, uno de los trabajadores a la espera, que contó cómo se vive el conflicto desde la represión del 23 de diciembre. José es el hermano de Cristian, cuya espalda con nueve balazos de goma se convirtió en la imagen de la represión de Gendarmería ese mediodía de acampe en Ezeiza. Ambos trabajan desde hace más de cinco años en Cresta Roja.
“Pasar las fiestas fue difícil”, comenta José. “Mi situación particular, con mi hermano que estaba baleado, hacía que no pudiéramos hablar mucho de eso porque lo hacíamos sentir mal. Él es el jefe de su familia. Y todos los compañeros nos veíamos mal: no pudimos cobrar las fiestas como lo hacíamos antes, ni planear nuestras vacaciones ni nada de lo que teníamos acostumbrado. Antes la empresa nos pagaba un premio grande para las fiestas que este año no percibimos, como tampoco fueron abonados los sueldos desde noviembre, ni el aguinaldo”.
Sobre los salarios adeudados, la última noticia que recibieron los trabajadores antes de que terminara febrero es que a cada uno se le pagará según el juicio que se le inicie a la empresa liderada por los hermanos Rasic. “Desde el 22 de febrero estamos dados de baja, desocupados ante la Anses. Como la empresa nueva ya firmó el acuerdo ante la jueza Valeria Lopez Casado, no cobramos más los Repro (los subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo a las empresas en dificultades para que abonen el salario a sus empleados), porque pasamos a ser desocupados, no somos más parte de una empresa en crisis. Para contenernos hasta que volvamos a entrar a trabajar nos van a pagar seis mil pesos en concepto de futuro pago de la indemnización”, explica José.
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados.ades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones
Vivir de changas
“A fines de marzo va a entrar a trabajar una primera tanda de 200 trabajadores en la planta de El Jagüel”, explica José, y agrega: “Especulan con tener una producción de 350 mil pollos diarios en Planta 2: eso daría empleo a 1200 personas. Pero ellos dicen que Planta 1, que es la de La Unión, no va a abrir, que van a alquilársela a otro grupo, y eso llevaría a mi parecer al desguace de la empresa: todas las pertenencias de lo que era el grupo Rasic pasarían a ser de cinco o seis empresas distintas.” Los voceros de Ovoprot todavía no han realizado declaraciones acerca de la modalidad de contratación.
Quienes aún no fueron reingresados a sus puestos de trabajo, cobrarán este mes seis mil pesos a cuenta de una futura indemnización. De las cinco mil personas que trabajaban para Cresta Roja, unas trescientas decidieron tomar otros rumbos y no renovar contratos, ya que necesitaban tener un ingreso mayor a seis mil pesos para poder mantener a sus familias. Algunos operarios que optaron por esperar, complementaban lo que cobraban a través de los Repro con changas. Muchos recurrieron a vender sus vehículos y pertenencias para subsistir hasta volver a entrar a trabajar. Pudieron mantener, además, los servicios de la obra social hasta el pasado 28 de febrero, gracias a aportes del Estado.
“Por todo esto estamos discutiendo la posibilidad de hacer un fondo de lucha”, comenta José. “Se habla de ir a universidades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones políticas que quieren darnos una mano. Se acercan las clases y muchos compañeros no llegaron a comprar ni la mitad de los útiles escolares, y también se nos vienen las cuentas encima. Los trabajadores no podemos vivir sin la solidaridad del resto de los argentinos”.
Los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad anterior.
Miedo
Hace dos semanas, la jueza Valeria Pérez Casado otorgó por 180 días la continuidad de la explotación de la empresa a Ovoprot, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. El valor de referencia de la compañía, dictaminado por el Poder Judicial, es de 750 millones de pesos, con pasivos por más de 2.000 millones. El actual operador tiene el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta.
Además del fondo de lucha, los trabajadores se encuentran debatiendo nuevas formas de protesta. Por el momento, los cortes quedaron descartados: “Luego de la represión de diciembre, sumado a la incertidumbre laboral, quedamos muy dispersos y desmoralizados”, comenta José. “En un punto dio efecto la represión. A mi hermano, por ejemplo, lo que le sucedió el 23 de diciembre lo abroqueló a no querer salir a luchar. Y ahora salió este nuevo protocolo anti-cortes por parte del gobierno, como una advertencia, que hizo que hoy se hablase de no volver a salir a la calle a hacer un corte”.
No hay certezas de cuándo serán re-contratados todos los operarios a la espera. La promesa de volver a entrar a trabajar es solo de palabra, y es por eso que los trabajadores están buscando organizarse no solo para pagar las cuentas hasta ser reincorporados sino también para prepararse en caso de que los nuevos dueños no cumplan con lo pactado. “No sabemos lo que va a pasar después, nadie nos asegura nada”, afirma José. “Hoy por hoy sabemos que desde el lunes 22 estamos dados de baja, no pertenecemos más a la empresa y el que quiera hacer un juicio a la sociedad anterior, lo puede hacer, pero nos piden un montón de papeles para cobrar la quiebra. Y mientras tanto, nos queda esperar a que nos llamen de nuevo para entrar a trabajar”.
Dic 22, 2015 | inicio
Tras una jornada de tensión y dos represiones desproporcionadas de Gendarmería Nacional, los trabajadores de la avícola Cresta Roja levantaron el corte que mantenían en la Autopista Riccheri, en la entrada al aeropuerto de Ezeiza, luego de llegar a un principio de acuerdo con el macrismo.
En las últimas horas de la tarde del martes, la jueza Valeria Perez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja. La información se dio a conocer mientras estaban reunidos el ministro de Trabajo Jorge Triaca con Cristian Villalba, uno de los delegados de los trabajadores, que volvió de Ezeiza especialmente para acudir al encuentro. Luego de una hora, ofrecieron una conferencia de prensa en la entrada de la cartera laboral en la que señalaron que el gobierno entregará a los operarios una suma fija de 6.000 pesos durante el mes de enero y les entregará un bolsón de comida para las fiestas. Además, se comprometió a buscar inversores que compren la empresa quebrada.
Represión de Gendarmería en el reclamo de Cresta Roja.
«¿Este es el cambio? ¿Este es el cambio?», gritaban ante las cámaras, a media tarde, los trabajadores de la firma Rasic Hermanos, que comercializa pollos a través del sello Cresta Roja. Los operarios se encontraban acampando desde el miércoles pasado a un costado de la autopista Riccheri, cercados por un cordón de gendarmes y camiones hidrantes. Uno de los manifestantes exhibía múltiples heridas de bala de goma luego del segundo episodio de una desmedida represión por parte de Gendarmería durante el martes: el primero a las nueve de la mañana, y el segundo a las dos de la tarde.
Tanto a la mañana como después del mediodía, el ataque de los gendarmes –una práctica que parecía olvidada por las fuerzas estatales- se inició luego de un incidente poco claro entre uno de los manifestantes y un agente. Varios operarios coinciden en que se sumaron manifestantes que no se estaban acoplando a su reclamo de manera pacífica. Estos pudieron haber dado el puntapié inicial a la agitación que tuvo una respuesta con gases lacrimógenos, camiones hidrantes, bastonazos y balas de goma.
Luego del segundo episodio de violencia, los delegados reunieron a la multitud y pidieron que las agrupaciones que se acercaron para solidarizarse no interfirieran con el reclamo de los trabajadores. De acuerdo con un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también estuvo presente en la escena, la fuerza comenzó a reprimir nuevamente cuando se acercó a los gendarmes una persona con una mochila que supuestamente contenía materiales peligrosos, algo que nunca fue constatado.
Trabajadores de Cresta Roja reclaman el pago de un mes de sueldo y aguinaldo.
La explicación oficial a la represión llegó a través de una conferencia de prensa que dieron esta mañana la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo Jorge Triaca en la Casa Rosada. La vicepresidenta aseguró que la acción de la fuerza de seguridad fue «sin situaciones dramáticas de violencia», afirmación se contrapone a lo que efectivamente sucedió en el lugar de los hechos. «Hace mucho tiempo que el Estado se había corrido del rol de regular entre dos derechos que colisionan. Y en realidad es el único que lo puede hacer, porque si no estamos en la ley de la selva, y entonces el más poderoso o patotero termina imponiéndose sobre el resto», subrayó. «Si se vuelve a cortar la ruta –agregó-, se vuelve a trabajar de la misma manera, siempre intentando hacerlo a través del diálogo, pero cuando no haya diálogo del otro lado, se actuará como se actuó hoy».
En ningún momento de la jornada, el tránsito había sido interrumpido de manera total. De acuerdo con declaraciones del trabajador Carlos Mansilla, que también presenta heridas, ayer se había acordado que los manifestantes podían ocupar dos carriles y dejar uno libre para que se liberara el acceso al aeropuerto. La versión del ministro de Trabajo es algo distinta: asegura que llegó una orden del juez que establecía que había que abandonar los carriles ocupados, y la agrupación de trabajadores se negó a cumplirla.
«No nos pagan el sueldo hace un mes, tampoco el aguinaldo, no me mandaron telegrama de despido, ¿a quién le tengo que reclamar?», se pregunta Javier, trabajador de Cresta Roja desde hace diecinueve años, que se encuentra reunido junto a sus compañeros desde hace una semana a la espera de una resolución al problema.
El conflicto comenzó hace dos años cuando la compañía comenzó a bajar el nivel de producción y atrasarse con los pagos tanto a proveedores como a empleados, pero recrudeció en las últimas semanas, cuando los dueños de la empresa se negaron a abonar los salarios de sus 3500 empleados.
Al reclamo por los sueldos se suma la incertidumbre laboral de los trabajadores. La empresa aún cuenta con maquinaria pero hace meses que no compra los insumos necesarios para producir de manera adecuada, empezando por el alimento balanceado para los animales. «A los dueños solo les interesa llevarse los subsidios que les entrega el gobierno, no les interesa que la empresa funcione. Estaban acomodados durante el menemismo, después se acomodaron al siguiente gobierno, y ahora lo único que quieren es que les sigan dando plata del Estado, ¿Dónde están los subsidios que les dieron hasta acá?», insiste Javier.
Al ser interpelado acerca de la posibilidad de continuar reprimiendo, el Ministro de Trabajo respondió que se encuentra “abierto al diálogo” y que no hace falta cortar las rutas. No obstante, no explicó por qué recién recibió a los trabajadores después de la represión.
Triacca agregó que el problema fue heredado del gobierno anterior y que se investigará acerca de la mala gestión de los fondos destinados a Cresta Roja durante ese mandato, como también el uso que los dueños de la empresa hicieron del dinero otorgado por el Estado. Por el momento, la firma queda bajo control del juzgado, y se adelantó que hay varios interesados en adquirirla, pero no se hizo mención concreta a la continuidad laboral de los trabajadores.
