Mar 12, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía de archivo.
El alegato de la querella unificada en el juicio de lesa humanidad conocido como Contraofensiva Montonera finalizó ayer con las palabras del abogado Pablo Llonto en una jornada histórica. La querella intentó evidenciar en su exposición la coautoría que imputa a los acusados en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1981. Llonto pidió perpetua en cárcel común para todos ellos.
Los crímenes cometidos contra los militantes políticos que participaron de la Contraofensiva Montonera descansaron, hasta este momento, en la impunidad. Las treinta y seis familias de los montoneros desaparecidos continúan pidiendo justicia y rastreando información que les indique dónde están sus seres queridos. La investigación solo fue posible gracias a la búsqueda implacable de todos los documentos que pudieran probar lo que había ocurrido. Durante todos estos años los acusados vivieron sus vidas en sus casas, muchos de ellos en countries y barrios privados.
Uno de los rasgos más destacados de este juicio es la implicancia de las cuatro piezas de la maquinaria del Ejército: La Jefatura 2 de Inteligencia, el Batallón 601, el Destacamento 601 y la Inteligencia del comando del Instituto de Militancia. El Juicio de las Juntas fue el único en el que estuvieron involucradas todas anteriormente.
13º audiencia del Juicio en 2019.
Llonto explica cómo funcionaba esta maquinaria: “Todas estas piezas encrestaban perfectamente como los engranajes de un reloj y se alimentaba con información. Si no era preciso el funcionamiento, el reloj no podía andar”. Usaban como energía las órdenes y la logística que permitía el accionar: autos, armas, municiones, dinero, pasajes. Siempre avalados por la impunidad y muy organizados.
Los acusados son seis, aunque faltan muchos otros por investigar. Uno de ellos, Jorge Apa, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista» entre 1979 y 1980. Cuando fue interrogado había declarado ser solo un órgano asesor, pero su nombre se encuentra involucrado en varios documentos sobre tareas específicas confirmando que eso no era cierto.
El Batallón 601 se encargaba de proveer los interrogadores y toda la información que utilizaban las Fuerzas Armadas. Aquí estaban involucrados Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas quien, entre otras tareas, difundía en medios de comunicación las operaciones de prensa. Y Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad en el Batallón.
Todos los secuestrados de la Contraofensiva Montonera eran trasladados al centro de detenciones Campo de Mayo. Allí se esperaban Jorge Bano y Eduardo Ascheri quienes integraban la Sección Operaciones Especiales (SOE) y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
De todos los acusados, solo Courtaux y Firpo se encuentran detenidos en centros penitenciarios. Este último por haber sido descubierto violando la prisión domiciliaria el año pasado, en Mar del Plata. El resto se encuentra en su casa mirando el desarrollo del juicio por computadora y solo Ascheri está sentado en el tribunal de manera presencial.
Las historias que forman parte de este Juicio son rememoradas por el abogado. Muchas de ellas con elementos comunes: hombres sin identificarse que entran a la fuerza a las casas y secuestran para torturar y desaparecer a los “subversivos” y trasladarlos junto a algunos de sus familiares a Campo de Mayo.
Llonto señala que uno de los acusados, Cousteaux, estuvo involucrado en una de las historias más fuertes que se han relatado durante el juicio. Es el caso de la familia Lanuscou, integrada por el matrimonio de Roberto y Amelia y sus tres hijos: una nena de cuatro años, un niño de seis y una bebe de seis meses llamada Matilde. Hombres armados entraron a su casa el 4 de septiembre de 1976 y allí mismo asesinaron a la niña mayor, al niño y a sus padres. Matilde aún continúa desaparecida. Cousteaux había sido nombrado por otro militar en su relato de lo que ocurrió esa fatídica noche.
Por este caso y todos los relatados se pide prisión perpetua efectiva en un centro penitenciario, sin goce de domiciliaria. Los motivos que sustentan este pedido y los hace coautores son cuatro para Llonto. Primero el hecho de que todos tenían el mismo objetivo: “El exterminio de la subversión”. También el diseño de un plan común que facilitaba todo el trabajo. A la vez que estaban todos al tanto de los hechos que se iban a realizar. Los imputados tenían el claro propósito de que el plan de exterminio tuviera éxito y no fracasara. Día a día hacían algo por este objetivo.
Tal como explica Llonto, los delitos de lesa humanidad no pueden entenderse con la teoría del delito individual. El abogado adelantó lo que la defensa iba a alegar al respecto: el principio de legalidad y la retroactividad. Al respecto aclaró que la desaparición forzada de personas es un crimen permanente que no cesa hasta conocerse el verdadero destino de la persona. Y es aun hoy que todos los acusados se niegan a revelar información sobre el paradero de las víctimas. Es un delito que continua cometiéndose todos los días.
“Pretenden ocultarse bajo la máscara de la cordura, tratar de dar lastima a los jueces para manejar información y controlarla porque son fríos y calculadores -expresó Llonto-, se los transforma en enfermos y en abuelitos para que los jueces no vean los delitos. Se marginan los crímenes y se logra una suerte de empatía”.
El Juicio se transmite en vivo a través de La Retaguardia.
La posición de la querella es que los acusados que tengan dolencias tratables en hospitales penitenciarios tienen que estar en prisión condenados por los crímenes de lesa humanidad y no en sus casas. Llonto advierte: “¿Quienes piensan que van a celebrar una sentencia condenatoria si escuchan que no se revocan las prisiones domiciliarias?”.
Finalmente, luego de una larga exposición Llonto terminó su discurso emocionado aclarando que la justicia no es utópica. “Queremos que sepan que atrás, en este camino hacia la justicia, vienen nietas y nietos, otras juventudes, otro pueblo que va a seguir reclamando por esos jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, que tenían esperanza y apelaron a la resistencia, por esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la igualdad. Ellos pedían lo mismo que nosotros: justicia”.
Dic 18, 2020 | DDHH, Novedades
Una nueva etapa de audiencias de alegatos del juicio Contraofensiva Montoneros se llevó a cabo ayer en el Tribunal Federal N° 4. Fue la última audiencia del año y se pidió justicia por Gervasio Guadix, quien fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar. Su pareja Aixa Bona, sobreviviente, también fue secuestrada con su hija Dolores Guadix, ellas fueron quienes impulsaron insistentemente el pedido de justicia que hoy llega a sus instancias finales.
Luego de 40 años, los imputados Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtax se conectaron desde las computadoras de sus casas para escuchar el alegato del abogado querellante Rafael Flores. Los acusados cumplen prisión domiciliaria preventiva y solo Courtax se encuentra en una cárcel especial.
“Estos sujetos, ahora ancianos y de aspecto inofensivo, fueron los cerebros y autoridades que organizaron estos y muchos otros crímenes en la última dictadura militar”, expresó Flores. Mientras el abogado relataba los tormentos que vivió la familia de Guadix durante su búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido, fue interrumpido debido a que el acusado Dambrosi se estaba quedando dormido en la silla. Fue necesario llamarle la atención: “Le pido que no se duerma por favor, es un momento importante sobre su destino y futuro”, señaló el presidente del Tribunal.
El asesinato de Guadix fue uno de los más comentados durante el transcurso del juicio. La última vez que fue visto con vida por su pareja y su hija fue el 26 de agosto de 1980, cuando salió de su casa para encontrarse con unas personas. En realidad, la cita nunca se llevó a cabo porque fue secuestrado y mantenido cautivo, cerca de un mes, en Campo de Mayo. Al día siguiente su pareja Aixa Bona también fue secuestrada junto a su hija.
La niña fue liberada en la calle, donde quedó sola al cuidado de una vecina. Mientras Bona era interrogada en el Centro Clandestino de Detención, el ejército fue a buscar a su hija horas más tarde. La menor fue trasladada a una comisaría donde familiares directos de Guadix la fueron la buscar: “Se llamó al teléfono de una tía que encontraron colgando del cuello de Dolores, este número solo lo pudo haber dado Guadix, ya que Aixa no lo conocía”, detalló el abogado estableciendo que en ese momento Gervasio seguía con vida.
El 2 de noviembre de 1980, un hombre se hizo pasar por Guadix en el Paso de los Libres, la frontera con Brasil. Luego de gritar “me autoelimino, soy montonero”, bebió lo que suponía ser cianuro líquido y cayó al suelo. En su alegato, Flores no solo cuestiona lo poco verídico de las supuestas palabras finales, sino que destaca que en esa época la agrupación montoneros ya no usaba el cianuro y mucho menos en estado líquido, porque no se distribuía. Durante la investigación se encontraron muchas irregularidades en los distintos documentos. Las fechas no coincidían y se contradecían.
La autopsia del cuerpo de Guadix fue otro documento muy estudiado. Allí figuraban las firmas de distintos profesionales, entre ellos el médico del Ejército Gabriel Salvador Matharan quien ya testificó anteriormente. En el documento se especificaba que no se habían encontrado señales de violencia o golpes. El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en agosto de 2009 una segunda autopsia y certificó que había una fractura en el brazo derecho de Guadix, que no había sido notificada anteriormente. A pesar de que figuraban las firmas de distintos profesionales, ninguno de ellos admitió recordar absolutamente nada del procedimiento.
La noche anterior a que se montase el suicidio, algunos militares se encontraban cumpliendo servicio en Paso de los Libres. Uno de ellos confirmó haber estado allí porque le habían avisado que un hecho iba a ocurrir al cual debía estar atento. Le ordenaron que permaneciera toda la noche observando a una persona en el puente. Flores comenta al respecto que “llama la atención la capacidad adivinatoria para saber que algo iba a suceder antes de que sucediera”.
Este montaje fue, para el abogado, un intento de evitar que se siga buscando el cuerpo de Guadix. Las luchas por la verdad y justicia que los familiares de las víctimas y los organismos de Derechos Humanos llevaban a cabo en esa época ejercieron un papel importante: “Habían logrado que la comunidad internacional tomara conocimiento de lo que pasaba con la represión en Argentina”, dijo Flores. Por lo que la desaparición de Guadix no pasó desapercibida: “El caso fue pensado de manera secreta para exhibirlo como el suicidio de un subversivo por el que se había presentado un recurso de habeas corpus y se habían realizado denuncias”, recordó.
Flores afirma que es necesario tener en cuenta, a la hora de determinar culpables, que se trató de un plan sistemático de exterminio: “El asesinato de Guadix no fue el resultado de un delito aislado cometido por uno o varios, sino diversas instancias de un mismo proceso represivo”. Los cuatro implicados fueron nombrados uno por uno mientras se detallaban los delitos por los que estaban siendo juzgados. Mientras Flores pedía que cumplan prisión perpetua y que el privilegio de disfrutar de cárcel domiciliaria fuese revocada por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio, Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtaux observaban inmutables.
Antes de que la emoción le quiebre la voz pidiendo una vez más que se haga justicia, Flores solicitó que también se condene a Luis Angel Firpo. A pesar de contar con evidencia sobre su participación en el homicidio, este no se encuentra imputado. En una audiencia anterior huyó de la sala luego de que Dolores Guadix se parara a mostrarle una foto de su padre. Más tarde Dolores declaró para La Retaguardia: “Fue producto de la indignación que le provocaba que siga sosteniendo la misma mentira con tanta evidencia. Con el tiempo transcurrido podrían haber aportado desde otro lugar”, sentenció la mujer.
El momento es emocionante, luego de años poder acercarse a una justicia, aunque tardía, para la familia de Guadix es un momento reparador e histórico. Dolores declaró: “Fue un camino tortuoso de muchísimos años. Si hay tantas pruebas es porque queríamos que se sepa la verdad, que no se pueda seguir diciendo que mi papá se suicidó”.
Jun 20, 2020 | DDHH, Novedades
Las audiencias por el juicio denominado Contraofensiva Montonera se reanudó ayer con el testimonio de la antropóloga Verónica Almada y del médico del Ejército Nacional Gabriel Matharan, quién prestó servicio durante 14 años, incluidos los que gobernó la dictadura. Almada, que investigó archivos de las Fuerzas Armadas, reveló documentos que dan cuenta del funcionamiento del terrorismo de Estado en su “lucha contra la subversión” y que echan luz sobre el accionar represivo, mientras que Matharan prefiere no recordar.
El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.
En la sala se encontraban presentes las fotografías de los militantes desaparecidos, ocupaban el lugar que en tiempos de normalidad utilizaba el público. Se trataba de los retratos de quienes participaron de la Contraofensiva Montonera entre 1979 y 1980. Esta operación, a cargo de Roberto Perdía y Mario Firmenich, convocó a miembros de la organización que se encontraban en el exilio para resistir al terrorismo de Estado y presionar para que la dictadura cívico militar terminara.
El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Documentos que hablan
Almada investigó y relevó información de documentos de las Fuerzas Armadas durante años. Su recorrido incluye el trabajo en el Ministerio de Defensa, en colaboración con organismos de Derechos Humanos. A partir del Decreto 4/2010, que estableció la desclasificación de la documentación que pueda tener valor histórico o judicial sobre el terrorismo de Estado, se crearon equipos para cada Fuerza Armada, la antropóloga se integró y se abocó al Ejercito Nacional.
En su testimonio, que duró cerca de seis horas, Almada advirtió que la cantidad de documentación trabajada fue bastante grande, pero que se trató de un relevamiento cualitativo antes que cuantitativo. En este tipo de búsqueda, los documentos más interesantes eran los legajos de personal retirado, los recibos de haberes, la actuación de la justicia militar, los registros de accidentes, los reclamos, las felicitaciones y los manuales y reglamentos. Una de las tareas más importantes que realizó junto a su equipo fue intentar entender el funcionamiento interno del Ejército, que la antropóloga definió como una “cadena jerárquica bien organizada”. En la organización existían dos divisiones bien definidas: Planes e Inteligencia y Contrainteligencia.
La división Planes e Inteligencia -relató- se encargaba de elaborar estrategias, actualizar y procesar la información, también determinar las debilidades del enemigo. La de Contrainteligencia, en cambio, se abocaba a evitar la ejecución de operaciones de inteligencia del enemigo, reunía información específica, coordinaba las tareas de ejecución y buscaba detectar los puntos débiles de penetración física o de espionaje que el enemigo podía usar. Los reglamentos dan cuenta de las funciones de esta sección aunque en palabras de Almada, lo hacen “de manera un poco abstracta”, se habla de contra-sabotaje, contra-espionaje, contra-subversión.
A su vez había otra división que no aparecía delimitada tan claramente como las otras dos: la sección de Operaciones Especiales (SOE). En los reglamentos figuraba como la encargada de desarrollar tareas de ejecución, distintas al resto de las actividades, la ambigüedad en la descripción dificulta comprender cuál era su función específica: “Entender de quién dependía la SOE fue una de las metas del informe, lo cierto es que a lo largo del relevamiento de información vemos que hay periodos de superposición entre la división de Contrainteligencia y la SOE”, señaló Almaa y agregó que se cree que por momentos el mismo jefe de contrainteligencia es quien firma como jefe de la SOE.
Los documentos donde aparecen las actividades específicas de la SOE o los Centros Clandestinos de Detención son muy poco frecuentes. Para esclarecer estas operaciones, Almada hace referencia a papeles que encontró en su investigación. En uno de ellos un oficial, que formaba parte de esta Área de Inteligencia, explicaba que: “Había tenido que desarrollar funciones que llevó hasta las últimas consecuencias, pese a las implicaciones religiosas, morales y espirituales que conllevaban”. No dio detalles de las actividades que relevó, pero nombró a varios jefes y compañeros que podían dar cuenta de ello, entre ellos mencionó al jefe de Inteligencia, al del Batallón del 601 y al jefe de Aviación de Ejército. Otra referencia que encontraron fue un reclamo del fallecido represor Eduardo Francisco Stigliano que en su legajo explicaba cómo se eliminaban a las personas que estaban ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos “se les inyectaba droga Ketalar, se los subía a los aviones y se los tiraba al mar”. También existió un documento del oficial Martín Rodríguez, quien reclamó un ascenso y remarcó como mérito haber estado a cargo de uno de los Centros Clandestinos. Otro oficial también pidió en 1980 un ascenso y resaltó haber desarrollado operaciones militares, interrogatorios, detenciones, allanamientos y control de población.
A su vez, el reglamento táctico expresaba que una de las fuentes de información más provechosas eran los “prisioneros subversivos”. Los interrogatorios estaban a cargo de “personal especialmente capacitado”. Aunque en los manuales no hay información específica de los métodos, en el reglamento de Operaciones Psicológicas se establecen estrategias. Dos de ellas eran la persuasiva y la compulsiva, esta última “apela a lo instintivo del ser humano”. Para sortear la ambigüedad de los manuales, Almada recuerda un informe en el que un oficial realizó un reclamo solicitando que sus problemas psicológicos fusen considerados como una enfermedad adquirida en actos de servicio, en este documento resaltaba que: “Sabe que el único método de extraer información a un delincuente subversivo es el interrogatorio, pero que hay que presenciar la tortura”.
En el reglamento Contra Elementos Subversivos se establecen tres objetivos “Reestablecer el orden, aniquilar a la delincuencia subversiva y ganar el apoyo de la población”. Para lograrlos había operaciones militares directas y otras de apoyo. Estas últimas son las cívicas y las psicológicas y tenían tres públicos objetivos: la tropa, la población civil y los “delincuentes subversivos”. El manejo de los medios de comunicación era de suma importancia para lograrlo, había que establecer un control y evitar que se difundiese información desfavorable a las Fuerzas Armadas. En el manual se especificaba que: “Son actividades enfocadas a actuar sobre la racionalidad, las emociones y el pensamiento de las personas y el objetivo era intentar modificar su comportamiento y actitudes”.
Almada encontró en un legajo la explicación de cómo se eliminaban a los desaparecidos.
“No recuerdo señor”
Gabriel Matharan se desempeñó como médico jefe de Enfermería en el Regimiento 5 de Infantería. También declaró ayer a través de una videollamada desde Paraná. La importancia de su testimonio se vincula con la muerte del militante Gervasio Martin Guadix. En la autopsia, donde figura su firma, se estableció que fue un suicido, ya que Guadix habría tomado la pastilla de cianuro tras presentir su inminente detención. Pero en realidad se trató de una puesta en escena de los servicios de inteligencia.
Luego de jurar decir la verdad Matharan negó recordar muchas de las cosas que ocurrieron mientras prestó servicio en el Ejército. Negó saber si alguna vez realizó una autopsia y aún menos si estuvo presente en la investigación del cuerpo de Guadix. Las preguntas sobre lo que ocurrió y sobre nombres de compañeros, médicos y jefes se siguieron reiterando, pero la respuesta de Matharan también se repitió una y otra vez: “No me acuerdo nada de aquella época”.
Fue consultado por cuestiones puntuales, pero también sobre su conocimiento médico, no supo responder a ninguna de ellas e incluso su respuesta por momentos se adelantó a la pregunta. Luego de que le hubiesen recordado que brindar falso testimonio incluye ocultar información, Matharan aclaró que las fallas en su memoria se debían a su avanzada edad, ochenta años, y que la confusión se profundizó debido a la cuarentena, pero descartó padecer alguna enfermedad mental.
La autopsia donde se podía apreciar la firma de Matharan junto a su nombre tipografiado fue exhibida por el Tribunal. Luego de algunos minutos intentando que Matharan pudiese visualizar correctamente el documento, continuó negando reconocer su firma y tampoco distinguir su nombre. El abogado querellante le preguntó si estaba al tanto de que las vísceras de Guadix habían sido puestas en formol y que esta sustancia puede esconder el cianuro. Si bien Matharan admitió que el formol tiene esta capacidad, no pudo establecer cuál era la cantidad necesaria, ni si alguna vez realizó este proceso. Tras la insistencia del abogado, nuevamente pidió “por favor, no me haga esas preguntas, no me acuerdo”.
Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades
Verna relató que su padre sedó a cuatro desaparecidos que viajaban en un auto para que su muerte parezca un accidente.
En la última audiencia llevada a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, que juzga a nueve militares por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980 contra 94 militantes que participaron de la denominada “Contraofensiva montonera”, fue el turno de Pablo Verna, hijo de un médico militar que participó de secuestros y asesinatos durante la dictadura. El testigo reveló el rol que su padre tenía en los vuelos de la muerte.
Pablo es hijo de Julio Verna, ex capitán del Ejército quien fuera subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Atilio Bianco. La defensa de los acusados planteó su rechazo a que Pablo preste testimonio contra su padre bajo la figura de “protección de la familia”, presente en el artículo 242 del Código Procesal Penal.
El abogado querellante Pablo Llonto dijo a los jueces que, como representantes del Estado argentino, debían abrir nuevas posibilidades en busca de la verdad y la justicia. “Pablo Verna viene a declarar como integrante de la humanidad porque los delitos que se están juzgando refieren a la violación de los derechos humanos para el mundo, no sólo para la Argentina. Hoy se va a decidir la suerte de los hijos e hijas de genocidas que quieren declarar para contar lo que hicieron sus padres”.
Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados dieron la palabra a Verna. “Mi padre fue el anestesista de los vuelos de la muerte entre 1978 y 1983”, se presentó y completó: “Era el encargado de aplicar sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar e incluso subía a los aviones por si despertaban antes de tiempo para reforzar la dosis. Las personas quedaban despiertas pero paralizadas”.
Varios integrantes de Historias Desobedientes, que reúne a hijos de represores, acompañaron a Verna en su declaración.
En 2013, a causa de la insistencia de Pablo, su padre le confesó los crímenes que había cometido, entre ellos el asesinato de cuatro militantes montoneros en 1979, a quienes inyectó con Pentotal (o “Pentonaval”, tal cual lo rebautizó el “Tigre” Acosta) y los subió a un auto que luego fue tirado al río, para que pareciera un accidente. Entre esas cuatro víctimas estaba Susana Solimano, la mamá de Martín Mendizábal, quien escuchó el relato de Pablo en la sala de audiencias. Y también Julio Suárez, cuya hija, María Monserrat Suárez Amieva, declaró un rato después.
Pablo Verna contó que recién de adulto pudo saber la verdad sobre su padre. “Fui criado en la ideología del exterminio y tardé tiempo en descubrir de qué se trataba”, remarcó. En 2017, en ocasión del fallo del 2×1 de la Corte y la contundente respuesta de la sociedad, Pablo se incorporó al Colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas, hijos de genocidas que repudian el accionar de sus progenitores. Varios de ellos siguieron atentos y en primera fila el relato de su compañero.
A continuación declaró Luciana Milberg, quien detalló la desaparición de su tío Raúl Milberg. Citando a Todorov –“Un muerto es una tragedia, un millón una información”–, se refirió al proceso de reconstrucción de la memoria, imprescindible para alojar las singularidades de cada una y cada uno de los desaparecidos. ¨Mi tío fue parte de la militancia montonera, entró en la clandestinidad muy joven y luego fue víctima del secuestro, la tortura y del pillaje de los represores. Se ha probado el aniquilamiento de una forma feroz”, expresó.
Pablo es hijo de Julio Verna, excapitán del Ejército y subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo
La siguiente testigo fue Verónica Seisdedos, ella misma secuestrada junto a su hermano, su madre y el compañero. Narró su cautiverio junto a su hermanito Manuel, de dos años, y los hijos de Sara Zermoglio, Benjamin Ávila y Diego Mendizábal. La mamá de Verónica, su compañero y Sara Zermoglio aún permanecen desaparecidos. El último testimonio fue el de María Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas precisamente del médico Julio Verna.
Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.
Verónica Seisdedos se abraza con su hijo Manuel, tras dar su testimonio.
