Rafael Nahuel: crónica de un asesinato estatal

Rafael Nahuel: crónica de un asesinato estatal

“Cuando los policías vieron que se cayeron heridos, inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos: dispararon a matar y se fueron”. Es el relato de María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que el sábado fue asesinado con un balazo de plomo, por la espalda, disparado por un prefecto del Grupo Albatros. El sábado pasado, esta fuerza en conjunto con  la Policía Federal, reprimió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lago Mascardi. Las mismas fuerzas ya habían protagonizado el jueves un desalojo en el que violentaron y detuvieron a cuatro mujeres y cinco niños, luego del cual unas diez personas lograron escapar y refugiarse en la espesura del bosque. Durante dos días estuvieron internados en la montaña, sin comer y sin dormir, hasta que finalmente el sábado fueron sorprendidos por un grupo de uniformados que, camuflados entre los árboles, les comenzaron a disparar balas de plomo cuando estaban descansando. Una de esas balas fue la que ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael Nahuel y terminó con su vida. Fausto Jones Huala y Lautaro González terminaron detenidos cuando bajaron el cuerpo de Nahuel, y recién ayer a la noche fueron liberados. En diálogo con ANCCOM María Nahuel, tía de Rafael; Romina Jones, vocera del Pu Lof Cushamen; la abogada Sonia Ivanoff y el periodista de Bariloche, Santiago Rey, reconstruyeron lo que ocurrió durante la última semana en en esa localidad patagónica.

Jueves

El proceso de recuperación del territorio en las cercanías del Lago Mascardi comenzó hace dos meses y medio. Durante todo ese período, Rafael Nahuel estuvo presente en Lafken Winkul Mapu junto a su prima, a su tía y a otros compañeros y amigos. “Rafael era una persona muy tranquila, buena y con un buen corazón –recuerda María Nahuel, que también forma parte de la comunidad-. Llegó a nosotros porque quería ayudar, quería hacer su casa allá, vivir en el campo, tener animales; quería vivir vida mapuche. Y también quería trabajar, porque era una persona que trabajaba. Cuando nos instalamos en el campo estuvo con nosotros. Sólo que estaba yendo y viniendo porque trabajaba en Bariloche de distintas cosas”.

En este territorio, los mapuches estaban llevando adelante el desarrollo y la formación de una autoridad ancestral que denominan “machi”: Se trata de la principal figura médica, religiosa, consejera y protectora del pueblo mapuche. “Estaban haciendo una recuperación totalmente pacífica”, subrayó por su parte Romina Jones, vocera de la comunidad Pu Lof Cushamen, de Chubut, que se solidarizó con la recuperación del territorio Lafken Winku Mapu. “Después de la Conquista del Desierto y de las diferentes campañas genocidas que sufrió el pueblo mapuche se encargaron de desaparecer principalmente a nuestras autoridades, entre ellas a los machis –agregó-. Hacía muchos años que de este lado de la cordillera no se levantaba una machi”. Para llevar adelante ese proceso, detalló Jones, el territorio es fundamental, ya que no es posible realizar ese tipo de actividad en la ciudad. “Ningún Gobierno se ha ocupado en cumplir lo que dice su propia Constitución: garantizarnos un territorio amplio y suficiente para desarrollarnos”, agregó.

La recuperación de Lafken Winkul Mapu seguía su curso hasta que, alrededor de tres semanas atrás, comenzaron a merodear por el territorio personal de Parques Nacionales, de la Policía Federal y de otros organismos estatales. El jueves de la semana pasada, la zona fue completamente militarizada e ingresaron al territorio decenas de uniformados de la Federal y del Grupo Albatros. En este primer operativo se llevaron detenidas a cuatro mujeres y nueve niños: un bebé de un año, uno de dos, otro de tres y dos chicos de diez años.  El periodista de Bariloche, Santiago Rey, que cubrió los hechos para el diario Página 12, explicó que “lo que hicieron el jueves antes del desalojo fue cortar la ruta bastantes kilómetros antes, de un lado y del otro, para que no haya testigos ni presencia de nadie que no fueran las propias fuerzas de seguridad. Fue imposible pasar esas barreras, con lo cual desde el punto de vista de la cobertura nos vimos muy limitados para contar lo que pasaba”.

Entre las mujeres que fueron detenidas durante esa jornada se encontraba María Nahuel: “Yo trataba de proteger a mi gente y me ponía adelante de las armas –relató-. Me cruzaban las balas por las patas; nos disparaban por ser mapuches. Yo creo que en ese momento los pu newen (energía del territorio sagrado) me estuvieron cuidando. Los lamien me dicen que arriba de la montaña le decían a mi hija: ‘A tu mamá la habrán matado’, porque veían que las balas me cruzaban por todos lados. Yo gritaba: ‘¡Hay niños, hay niños! ¡No disparen!’. Pero no les importó nada. A los niños los agarraban como muñecos, los tenían colgando”.

Sábado

Cuando el jueves se llevó a cabo el desalojo, Rafael Nahuel no se encontraba en el territorio. “Había ido a Bariloche a ayudar a la casa de su mamá y su papá porque él siempre los iba a ayudar a cargar leña, a hacer diferentes cosas –contó su tía-. Sobre todo volvía a Bariloche a trabajar. Por eso iba y venía. Cuando se enteró de lo que había pasado en Winkul Mapu, decidió a la noche volver para acompañar a los lamien que habían quedado en la montaña”. Los compañeros que quedaban en el territorio se resguardaron en un lugar elevado del cerro, y las horas que pasaron hasta el siguiente operativo fueron precarias. Jones describió que “el ataque del sábado se dio después de dos días en los que ellos estaban corriendo y escondiéndose por la montaña, resguardando sus vidas, sin comer, muy cansados y sin dormir. No sé de qué enfrentamiento están hablando los medios de comunicación y el Gobierno”.

Según contaron las dos mujeres, pasadas las 14 del sábado, la decena de personas que había quedado atrapada en la montaña estaba descansando, cuando se comenzaron a escuchar ruidos entre las ramas, gritos, y luego disparos. “Nuestros compañeros venían bajando, entre ellos estaba Rafael, hasta que fueron sorprendidos por efectivos del grupo Albatros que estaban camuflados en el bosque. Empezaron a gritar ‘¡Al piso, al piso!’ y abrieron fuego con balas de plomo”.

Nahuel relató que los uniformados “decían que tenían una orden de Buenos Aires o del juez, pero no tenían nada escrito. Les tiraron a matar y Rafael cayó. Empezó a sentir un dolor muy fuerte, me contaron los lamien. Otras dos personas cayeron al suelo por el impacto de las balas: Johana y otro lamien más. Cuando los policías vieron que se cayeron heridos inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos. Dispararon a matar y se fueron”. Asustados, sus compañeros no sabían qué hacer y trataron de reanimar a Rafael, pero no lo conseguían. “Como no querían que pase lo que pasó con Santiago Maldonado decidieron bajarlo. Todos opinaron que había que bajarlo, nadie quería que muera, entonces ellos mismos lo bajaron corriendo el riesgo de que les meta otro balazo algún policía escondido”. Jones completó con el relato de esos minutos y detalló que “Fausto (Jones Huala) y Lautaro (González) bajaron con el cuerpo de Rafael a pedir ayuda, porque todavía aparentemente tenía signos vitales. En ese momento la policía les dijo que lo dejen en el piso y los esposaron”. Estuvieron detenidos hasta ayer por la noche, cuando fueron liberados. “La justicia decía que ellos habían abandonado a Rafa y es mentira –aseguró María Nahuel-. Ellos trataron de ayudarlo porque nosotros a nuestra gente la cuidamos”.

Cuando a María le avisaron que habían matado a su sobrino viajó lo más rápido que pudo al territorio en conflicto. “Llegué y vi que después de muerto a mi sobrino lo siguieron maltratando –denunció-. Los efectivos lo seguían pateando. A mí me volvieron a detener y me cagaron a palos. Vi que les estaban pegando a mis lamien y vi que a mi sobrino lo seguían moviendo de un lugar a otro. Cada vez que lo movían se les caía una prenda o algo y lo pateaban”, añadió.

Rafael murió por el tiro que entró por un glúteo, dañó órganos internos y causó una hemorragia letal. La autopsia realizada el domingo determinó que la bala que lo mató era de 9 mm, el tipo de proyectil que utiliza Prefectura. Pero en su cuerpo, según contó su tía, aparecieron otras lesiones. “Cuando lo bajaron tenía solo un balazo, pero una vez abajo la policía le seguía pegando; no sé con qué le dieron pero le rompieron la parte de atrás de la cabeza. Fue muy duro ver todas esas cosas, ver los golpes que le daban a mi sobrino que ya estaba muerto”.

El accionar de la “justicia”

El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Gararvano, dieron una conferencia de prensa en Casa Rosada donde principalmente defendieron el accionar de la Prefectura: «El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no –dijo Bullrich-. El Gobierno ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial». El miércoles, el presidente Mauricio Macri, desde Tucumán, respaldó a la ministra, cuando tras reiterar sus prédicas en torno al “trabajo en equipo”, y al “diálogo”, dijo: “Todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto cómo grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda. Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina”.

Bullrich y Garavano también subrayaron que había sido un “enfrentamiento”, en el que los mapuches tenían «armas de grueso calibre», y terminaron por definirlos como «grupos violentos que han escalado esta situación; grupos que no respetan la ley”. En cuanto a esta conferencia de prensa, el periodista Santiago Rey señaló que le impactó lo dicho por los representantes del gobierno ya que, mientras transcurría esa conferencia, él se encontraba en el velorio de Rafael Nahuel. “Mientras los funcionarios del Gobierno nacional hablaban de la RAM, de enfrentamiento, de grupos tácticamente preparados para una guerra, yo estaba en el velatorio de Rafael, en una casilla muy humilde, en un barrio muy pobre de Bariloche. La distancia que había entre la realidad y lo que se estaba diciendo en esa conferencia de prensa era enorme”. El periodista destacó, además, que mientras en todos los canales transmitían en vivo la conferencia de prensa, en el velorio sólo estaban él y dos periodistas más de medios independientes. “Me parece que había una desmesura enorme en las posibilidades de comunicación”, subrayó.

La causa por el asesinato de Rafael quedó a cargo del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. Romina Jones explicó que “es el mismo juez que mantiene ilegalmente detenido a Facundo Jones Huala. También es uno de los responsables de la desaparición de Santiago y el mismo que dio la orden de desalojo, y el que llevó a toda estas fuerzas armadas al territorio de Winkul Mapu. Él es el responsable de la represión que terminó con la vida de Rafael. Pero a la vez es él el que está investigando su muerte. O sea que se está investigando a él mismo”. La vocera opinó que “se están manejando con toda la ilegalidad porque tienen el aval del Gobierno nacional. Nosotros ya no sabemos cómo defendernos; todos los argumentos legales que podamos tener, con cualquier ilegalidad los echan para atrás”.

Por su parte, la abogada de Jones Huala y González, Sonia Ivanoff, señaló: “Ellos se entregaron con el cuerpo de Rafael y quedaron vinculados con la causa por ocupación ilegítima del territorio. Las dudas del juez eran acerca de si ellos habían sido responsables de la muerte de Rafael, por lo cual el expediente fue caratulado en principio como ‘NN muerte por causa dudosa’”. La abogada apuntó que “las personas que terminaron detenidas fueron las que se entregaron espontáneamente para ayudar a bajar a Rafael con una camilla improvisada con palos y algunas de sus prendas de vestir debido a que le habían pegado un tiro”. Sumado a esto, Ivanoff denunció que ambos detenidos fueron víctimas de múltiples hostigamientos: “El primer día, cuando se entregaron, estuvieron esposados cuatro horas al lado del cuerpo de Rafael ya fallecido. Esa es sólo una parte de la tortura que vivieron”.

Ayer a la noche, pasadas las 22, Jones Huala y González fueron liberados. Entre los estudios que se hicieron en el marco de la investigación, los especialistas no encontraron rastros del uso de armas de fuego en las manos de ninguno de los dos detenidos. “Hay una enorme coincidencia del manejo comunicacional del Estado en el caso Maldonado y en el caso de Rafael”, reflexionó Rey. “El silencio por una parte; la intención de desacreditar los testimonios y las fuentes directas de la comunidad por otra, y la instalación de la idea de convertir en victimarios a los propios integrantes de la comunidad donde estaban oportunamente Santiago y, en este, caso donde estaba Rafael”.

Actualizado 30/11/2017

“Hace trece mil años que habitamos esta tierra”

“Hace trece mil años que habitamos esta tierra”

Este miércoles, tras cinco días de acampe frente al Congreso de la Nación en vísperas al tratamiento en Senado por la prórroga de la ley 26.160, los representantes de más de cuarenta comunidades indígenas finalmente escucharon con alegría y esperanza la respuesta de los legisladores a sus reclamos: habrá prórroga que los proteja de los desalojos de sus tierras. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.

Desde el pasado sábado 23 de julio, decenas de referentes de Pueblos Originarias provenientes de distintos puntos del país habían instalado una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe que se extendió hasta el miércoles 27, en espera del resultado del debate por la aprobación o el rechazo de la prórroga a la Ley de Emergencia 26160 en la Cámara de Senadores. Esta ley, sancionada en noviembre de 2006, establece la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ancestrales ocupadas por los pueblos originarios. Y a pesar de que el plazo para su renovación vence el próximo 23 de noviembre, en un principio el Senado –con votos de parte de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición- había rechazado el tratamiento de la ley que tenía previsto llevarse a cabo el 7 de septiembre. Por este motivo, referentes de más de 40 organizaciones de pueblos originarios, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, decidieron viajar cientos de kilómetros para instalarse frente al Congreso para que sus voces sean escuchadas y su lucha se haga visible. Decenas de personas, incluyendo familias con niños, pasaron cinco días a la intemperie en una improvisada carpa, bajo las inclemencias del clima y las cambiantes condiciones de la primavera, entre jornadas calurosas, noches heladas, fuertes vientos y lluvias torrenciales.

En diálogo con ANCCOM, Amaru Choque, referente de la comunidad Aimara, originario de las redes del Tahuantinsuyo, explicó las razones que motivaron la medida: “Decidimos instalarnos frente al Congreso para visibilizar nuestra lucha y mostrar nuestra unidad, mostrar que diferentes comunidades y diversas etnias estamos acá unidos por una misma causa. Nos trae acá el compromiso y el trabajo unido de todas las comunidades. Muchos hermanos tienen que darse cuenta de que si la ley 26160 no se prorroga, van a ser desalojados. Y no puede ser que nos saquen de nuevo de nuestro territorio, como ya lo hicieron hace cientos de años. Estamos con el compromiso de luchar por esta ley. Somos millares, porque somos el pueblo argentino. Todas las comunidades a nivel nacional estamos acá: Mapuches, Tonokoté, Wichís, Qom, Aimara, Kolla, entre otros. Muchos hermanos vinieron de distintas regiones, aun cuando no tenemos ningún tipo de financiamiento. Somos auto-convocados y esta lucha sale de nosotros. No somos una gran organización pero tampoco somos unos cuantos indios locos: somos toda una nación haciendo su reclamo.”

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.

En la misma línea, Gerónimo Campos, representante de la Comunidad Indígena de Pozo Mosoj de Santiago del Estero, manifestó: “Es un gran sacrificio para nosotros venir hasta aquí desde tan lejos sin que nadie nos dé una mano. Es costoso, pero esto es tan importante que no podemos dejar de hacerlo, porque el territorio es parte de nuestra vida. Es la única ley que nos protege a las comunidades indígenas de todo el país. Sin esta ley no tenemos ninguna protección, y más allá del abandono que ya de por sí sufrimos, volvemos a la situación de que nos ninguneen y nos pasen por encima con los desalojos. Nosotros venimos como representantes de todo un pueblo, detrás de nosotros hay miles de familias con chicos, hay toda una población. Por suerte siempre recibimos el apoyo de organismos de Derechos Humanos. No estamos buscando ningún interés particular, sino que se cumplan nuestros derechos, marcados por la Constitución Nacional.”

Por su parte, Otolina Zamora, referente del Pueblo Wichí de Salta, aseguró que de no aprobarse la prórroga, miles de familias de comunidades indígenas correrían el peligro de perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales. “A raíz de la negativa de prórroga (el pasado 7 de septiembre), armamos un colectivo, el Colectivo Tierra y Territorio, conformada por distintos referentes de pueblos indígenas, por medio de la cual reunimos a las organizaciones indígenas históricas de Buenos Aires y los referentes de pueblos originarios del interior y convocamos a realizar este acampe. Me encuentro acá, en esta lucha por la vida, porque si no se prorroga la ley 26160, muchos de nosotros corremos el peligro de perder nuestra vida, porque perder el espacio territorial para nosotros es perder la vida. Es muy triste llegar hasta la instancia de tener que venir a instalarnos en una plaza por un territorio que sabemos que es nuestro y pidiéndole a los invasores un poco de clemencia hacia nuestros pueblos. Nosotros vamos a resistir y nos vamos a defender con sus propias leyes. En esta lucha están acusando a los pueblos indígenas que se organizan de ser terroristas. Yo creo que no hay más terrorista que el mismo gobierno que deja sin trabajo a la gente, que permite la desnutrición dentro de las comunidades indígenas y en los barrios carenciados, que quiere ponerle cambios a la educación de los jóvenes. Esos son actos terroristas”, denunció Zamora, mientras cortaba fruta en la pequeña e improvisada cocina de la carpa para alimentar a decenas de manifestantes. Y agregó: “Estamos viviendo un proceso de un gobierno «disque-democrático» que en realidad es un gobierno dictatorial sin botas. Por eso estamos acá los referentes y las organizaciones, luchando y haciendo visible la persecución que sufrimos día a día los pueblos indígenas y los sectores marginados de la sociedad por parte del gobierno. Este acampe es una manera de visibilizar la lucha, pero también es una reacción ante las persecuciones y las amenazas de desalojo, que es la muerte para la población indígena. Nosotros no lo vamos a permitir ni nos vamos a quedar en silencio ante un gobierno que nos promete pasado por presente, cuando sabemos que el pasado significa invasión, desalojo, despojo, aniquilamiento, sometimiento y genocidio hacia nuestros pueblos; también es falta de trabajo y miseria. Ese es el pasado que prometen y no vamos a permitir que esa promesa se cumpla.”

Entre las exigencias de los representantes del Colectivo Tierra y Territorio, también estuvo permanentemente presente el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado, a quien consideran un hermano por su solidaridad con la causa indígena y que permanece desaparecido desde el 1° de agosto tras un operativo de Gendarmería contra manifestantes mapuches.

Las consignas siempre presentes: el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y de Julio López.

Sobre este punto, Zamora declaró: “Pensamos que lo que paso con Santiago Maldonado es una manera de amedrentar a los hermanos no indígenas solidarios con nuestro pueblo, para que no se solidaricen con nuestras luchas. Se la agarraron con él como una cuestión emblemática, prácticamente como un trofeo de guerra para hacer temer a los demás. Aparte de pedir por la liberación de los hermanos wichís que fueron detenidos en Formosa por reclamar sus derechos territoriales, pedimos también por la aparición del hermano Santiago porque corresponde que en un Estado, supuestamente democrático, no haya desapariciones por cuestiones políticas.”

“El hermano Santiago Maldonado fue a conocer sus tierras, porque son de todos nosotros, y se encontró con una causa, una motivación que lo conmovió. Conoció la historia de los mapuches y se afilió a su lucha, igual que los hermanos que están acá. Por eso queremos la aparición con vida de nuestro hermano”, expresó Choque, y añadió esperanzado: “Ojalá en el Parlamento haya una conciencia de adhesión a nuestra causa como la del hermano Maldonado. Esperamos que les cambie la mirada, que es lo que nos ha enseñado Santiago.”

Las expectativas de los acampantes y los pueblos a los que representan se cumplieron: el Senado aprobó con 62 votos a favor y cero en contra el proyecto para prorrogar la ley 26160 por un plazo de cuatro años. Ahora sólo resta esperar si se ratifica su sanción definitiva en la Cámara de Diputados. De aprobarse en esta instancia, la medida tendrá vigencia hasta noviembre de 2021.

“Si bien la ley no es perfecta, por lo menos nos ampara frente a los desalojos. Se tienen que cumplir las leyes que nos han otorgado, porque están dentro de la Constitución. El artículo 75 habla de los territorios indígenas, y en muchos casos no se respeta. No es algo que estamos inventando nosotros, son tratados que se hicieron entre las comunidades indígenas y a sociedad occidental, y esos tratados se tienen que respetar. Queremos convivir todos juntos, y lo estuvimos haciendo. Pero, ¿qué pasa? Como nuestras tierras, hoy en día, son fértiles y tienen recursos naturales que nosotros hemos cuidado mientras que otros terrenos fueron deforestados y atacadas por la minería y las petroleras, nos las quieren sacar”, aseguró Choque.

“Necesitamos que se prorrogue la ley de relevamiento territorial, con un presupuesto acorde al trabajo que hay que realizar y en lo posible que sea renovable para no tener que estar cada tres meses luchando de nuevo por la renovación de esa ley. Necesitamos trabajar sobre la ley de propiedad comunitaria. El resto de los argentinos quizá no sabe que nosotros somos pueblos milenarios, pero lo dice la historia, los técnicos y los científicos. Hace más de 13 mil años que habitamos esta tierra mientras que el pueblo argentino tiene 200 años. Somos pueblos preexistentes y por esa razón peleamos por nuestra casa”, concluyó Zamora.

Actualizada 28/09/2017

A la espera de la prórroga

A la espera de la prórroga

Comunidades indígenas originarias de distintos puntos del país instalaron, el pasado 23, una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe de vigilia que se extenderá hasta el miércoles 27. La concentración se da en vísperas de la sesión del Senado en la que se tratará la prórroga de la Ley 26160 que prohíbe los desalojos de los pueblos originarios de los territorios en los que viven. Referentes de más de cuarenta organizaciones, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, se reunieron para pasar cinco días a la intemperie a merced del cambiante clima –bajo intensos rayos de sol, lluvias torrenciales y temperaturas que por momentos se acercaron a los 30 grados y a las pocas horas apenas superaba los 10- con la esperanza de que sus reclamos sean escuchados.

La prórroga de la Ley de Emergencia, que suspende «la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas», será debatida en la Cámara de Senadores este miércoles luego de que su tratamiento, previsto en principio para el 7 de este mes, fuera rechazado tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición. De no aprobarse la prórroga, miles de familias de Pueblos Originarios podrían perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales.

A través de un comunicado de prensa, los representantes de las comunidades indígenas exigieron “el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios, consagrados en la Constitución Nacional, Leyes y Convenios Internacionales”. También reclamaron el cese de las persecuciones de los integrantes de las comunidades, que son procesados, presos, muertos y desaparecidos en la Defensa del Territorio. Exigieron: “Basta de estigmatización del movimiento indígena en los medios hegemónicos de comunicación”. Además, reclamaron por la aparición con vida de Santiago Maldonado, considerado un hermano por su solidaridad con la causa indígena y desaparecido en medio de un operativo de la Gendarmería Nacional contra manifestantes mapuches.

Actualizada 26/09/017