“Lo primero que voy a comprar es leche y yogurth para mi bebé»

“Lo primero que voy a comprar es leche y yogurth para mi bebé»

Una de sus medidas gubernamentales más urgentes para responder a la emergencia alimentaria es la tarjeta AlimentAR, una herramienta para aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como los niños.  Es por ello que su rápida implementación, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre,  resulta muy importante para sobrellevar la crisis. La localidad de Moreno, uno de los municipios más golpeados por la  situación económica, fue también uno de los primeros en donde se desarrolló la iniciativa.

La tarjeta  se lanzó con un propósito general:atacar el problema de la inseguridad alimentaria.  En los operativos de entrega, tales como el que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Moreno, las  beneficiarias y los beneficiarios  reciben la tarjeta que les permitirá adquirir alimentos esenciales y, a su vez, asisten a una charla en las que se les brinda información sobre qué alimentos son recomendados para tener mayor valor nutricional en las comidas.  De la movida participan, aparte de la universidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el encargado de implementar el programa,  ANSES y RENAPER, entre otros organismos.

Con más de 600 mil habitantes y por la dura situación económica que se ve en los barrios, Moreno fue uno de los primeros municipios del Conurbano en donde se hizo efectivo este beneficio, con la entrega de más de 26 mil tarjetas. Fueron distribuidas entre madres y padres de niños y niñas menores de 6 años;  el monto de gasto que cada plástico permite es de cuatro mil pesos para quienes tienen un hijo y por seis mil pesos para quienes tienen dos o más. “Lo primero que voy a comprar es leche y yogurth para mi bebé, también cereales. Estoy muy contenta, más por ellos. La chiquita de cinco años es la que más me pide”,  comenta Lucy, de 35 años, con tres hijos, que vive en el barrio La 25.

“Vamos a poder comprar más nutrientes o más cantidad. Recibo otras ayudas, como la AUH, pero igual no alcanza. Voy a poder comprarle más cosas a los chicos, porque antes tenía que prohibirle y decirle ‘esto a la tarde, esto dejalo para mañana’ pero esta ayuda me va a permitir comprar un poquito más”,  dice Lorena, que tiene siete hijos y vive en el barrio Villa Anita, de Moreno. Limitar comidas o comprar productos más baratos no es nada nuevo en las mesas de los argentinos pero esto se agrava aún más cuando se pregunta a una persona de bajos recursos. Muchas veces, para estirar las comidas o para realizar más raciones,  dejan de lado el valor nutricional. Se posterga la idea de calidad para privilegiar la cantidad. Esta tarjeta viene a ayudar a que los alimentos que estas familias consumen puedan ser más variados y de mejor calidad.

El uso de la tarjeta alimentaria es exclusivo para compra de comida, es por ello en que se pone el foco en que las personas que reciben el plástico tengan en claro esta premisa. “Tengo una nena de cuatro años, con esto voy a poder comprar leche, frutas y verduras,  lo que sea más saludable para ella. Antes no tenía ningún medio para comprarle cosas, mi marido trabaja, pero hay cosas que aun así no se pueden. Yo sólo tengo una, pero en el barrio hay mujeres que tienen cuatro o cinco chicos, ¿cómo haces para alimentarlos? Esto va a ser de gran ayuda”, dice Daiana, de 18 años que vive en el barrio Zapiola.

“Recién nos dieron una charla sobre lo que podemos comprar, sobre todo alimentos como carne y leche, se excluyen los productos de limpieza. Con esto voy a poder comprar un poco más de frutas y verduras porque está muy cara”, explica Laura,  del barrio Villa Anita, que tiene dos hijos menores de seis años.

La  inmediatez con la que se aplicó la medida sirve para ayudar a las personas con una complicada situación económica, en especial en municipios habitados por poblaciones vulneradas, como el de Moreno. La articulación entre diferentes eslabones del gobierno y la comunidad fue la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Natalia Cabral, docente de la UNM  y convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para esta acción, resalta: “En mi caso,  como soy de Moreno, pienso que tiene una importancia muy relevante. Esta medida tiene un alcance de 26. 356 tarjetas que vamos a entregar en dos semanas de operativo. Vienen a garantizar, en un contexto de crisis y de recesión económica, el derecho a la alimentación, en este caso priorizando una población específica que son los niños y niñas menores de 6 años, las embarazadas a partir de los tres meses y las personas que cobran Asignación Universal por Hijo por discapacidad”.

En el operativo, además de la entrega de la tarjeta, se realizan otras actividades como la tramitación del DNI, o del certificado de antecedentes penales en el RENAPER  o la actualización de datos en el ANSES. Además, la municipalidad local estableció un puesto de vacunación

Cabral continúa: “La respuesta de la gente es muy buena, hay predisposición y además tenemos comentarios de agradecimiento sobre el buen trato y sobre el poco tiempo que tienen que estar acá para obtener la tarjeta. La espera es muy poca y el trámite está muy agilizado. No es una solución última a los problemas, pero es inmediata,  acá las personas se van ya con el plástico cargado, listo para comprar alimentos y viene a saldar esta necesidad que está surgiendo ahora. Creo que es una respuesta muy rápida del gobierno nacional.”

Por su parte,  Marisol, del Barrio Reja Grande,  que tiene tres hijos, cuenta: “Ahora voy a poder adquirir muchos lácteos que están muy caros para darle a los chicos,  voy a tener prioridad en comprar eso. En cuanto a la situación económica,  se vive el día a día, en el barrio está muy complicado, hay muchos chicos que tienen que recurrir a merenderos”. El uso del monto asignado en las tarjetas sin duda es necesario para suplir las necesidades básicas insatisfechas que muchos hogares de la Argentina han desarrollado en los últimos años debido a la dura crisis económica.  Al menos, es un primer paso.

Las medidas de Alberto para apagar el incendio

Las medidas de Alberto para apagar el incendio

“El Gobierno tomó la delantera y estableció las prioridades con una batería de políticas progresivas”, dice Mazzola.

La realidad socioeconómica que deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri no solo se ve representada en los peores indicadores económicos en los últimos trece años, sino también -y sobre todo- en la vida diaria de millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Al cumplirse una semana de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, el nuevo gobierno anunció una serie de medidas orientadas a cierta recomposición económica de la sociedad y a un restablecimiento del esquema tarifario. La mayor parte de esta batería de políticas están pensadas con vigencia de 180 días, es decir, hasta el 30 de junio del 2020.

La primera medida fue implementada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU),  y consistió en el establecimiento de doble indemnización por despidos sin causa, no aplicable para las contrataciones posteriores al decreto. También se estableció un bono adicional de 5.000 pesos para jubilados que perciben un solo haber mínimo, a cobrar en diciembre y enero; y otro de 2.000 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) -también alcanzados por el Plan Alimentar-, por única vez en diciembre.

A esto se le sumó un anuncio por parte del presidente de la reducción en un 8% en el precio de los medicamentos y un congelamiento hasta febrero -tras un acuerdo con los laboratorios-, junto con la gratuidad de los mismos para jubilados que reciban el monto mínimo previsional. Así mismo, el miércoles 18 se dio a conocer un acuerdo entre los empresarios supermercadistas y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas, a partir del cual los supermercados venderán una canasta navideña a 199 pesos, consistente de seis productos: sidra, pan dulce, turrón, budín, garrapiñadas o similar y confites o similar.

“Las medidas muestran un cambio: ahora el eje está en resolver las necesidades de los trabajadores”, dice Putero.

Sin embargo, el grueso de las medidas económicas fueron incluidas en el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, presentado en el Congreso el 17 de diciembre para comenzar a hacerle frente a lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, denominó como una “situación de desocupación, pobreza, indigencia, inseguridad alimentaria y hambre.” “Lo que buscamos es proteger a sectores que están en situación de gran vulnerabilidad, al mismo tiempo que restablecemos las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina”, sostuvo Guzmán en conferencia de prensa.

El proyecto presentado consiste de 86 artículos y, en primer lugar, plantea establecer la emergencia económica, financiera, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Sus objetivos son estimular la formalización de la economía y mejorar el poder adquisitivo de los que perciben menores ingresos. En ella se propone un nuevo gravamen (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria), aplicado a la tenencia de activos en el exterior y a la compra de divisas extranjeras en un 30%. El mismo estará destinado en un 70% a financiar la seguridad social y el sistema previsional, y el 30% restante para vivienda social y obras de infraestructura.

Así mismo, la ley establece el congelamiento de tarifas -mientras se debate un nuevo marco general tarifario-, y la suspensión de la movilidad jubilatoria por un plazo de 180 días. Esto último no afecta el incremento de 8,7% correspondiente a diciembre; y establece aumentos trimestrales a decisión del Poder Ejecutivo Nacional, con prioridad para los ingresos más bajos.

Las Pymes, muy golpeadas por las políticas económicas del macrismo, también son consideradas dentro del paquete de medidas: se proponen planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social a partir de moratorias y de eximición total o parcial de contribuciones. Otro anuncio referido a este sector fue el lanzamiento de un sistema masivo de créditos no bancarios y a tasas bajas, también orientado a las familias.

“Se trata de medidas indispensables, acertadas y enérgicas que hablan del temple de Fernández», opina Susani.

“Se trata de medidas indispensables, acertadas y enérgicas que hablan del temple de Alberto Fernández y su gobierno que enfrenta un desafío considerable dada la tragedia económica que vive el país”, sostiene el doctor en Ciencias Económicas Bruno Susani, para quien contener la contracción de la economía es el primer paso para lograr una reactivación económica.

En la misma línea, Roxana Mazzola, magíster en Administración y Políticas Públicas y coordinadora de la Diplomatura en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO, opina que el gobierno “está tomando la delantera y lidera cuáles son las prioridades de agenda con una batería de políticas progresivas.” Y agrega: “Lo que está mostrando ahí es un rol activo y en varios frentes a la vez. Cada medida claramente tendrá un impacto diferencial, pero tienen es un rol progresivo que pretende salvar las consecuencias negativas de la agenda del gobierno anterior. Están orientadas a favorecer a aquellos sectores que están más perjudicados en su situación socioeconómica por las políticas internas previas.”

Lorena Putero, economista especializada en economía social e investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), también considera que los anuncios económicos del gobierno “demuestran una línea de cambio, ya que el eje está en recuperar un modelo económico centrado en resolver las necesidades de los trabajadores.”

El mayor impacto en cuanto rapidez y visibilidad será en lo que respecta a las jubilaciones bajas y a las ayudas sociales, sectores determinantes para la eficacia de las medidas económicas. “Los sectores a los que llega la AUH y los jubilados son sectores de consumo postergado por lo cual el incremento de sus ingresos será un incremento del consumo. Así mismo, la economía popular se verá favorecida por el ingreso extra y también por el aumento del nivel de compra en sus territorios”, explica Putero. Asimismo sostiene que “las indemnizaciones dobles son relevantes como medida de freno frente al aumento de la desocupación.”

Susani también coincide en la relevancia de estas medidas en cuanto a su impacto en el incremento de la demanda; y considera significativa la supresión de los aumentos tarifarios en los servicios públicos ya planificados por el gobierno de Cambiemos: “Esto hace que se limite el impacto negativo de los gastos obligatorios en el presupuesto familiar y que las familias puedan disponer de un incremento relativo del ingreso que contribuye a aumentar la demanda de otros bienes.” El economista añade: “La reactivación del consumo es esencial en tanto constituye alrededor del 80% de la demanda global. Esto quiere decir que cuando se aumenta 1% el consumo el producto global, el PIB se incrementa en 0,8%. Estamos hablando de un consumo responsable y ético y no de un consumo en cual se derrochen los recursos naturales como el consumo ostentoso”.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que los primeros resultados a nivel estadísticos se verán al finalizar el primer trimestre de 2020, en forma de un cese del decrecimiento. En un panorama optimista, el crecimiento comenzaría -tímidamente- en el segundo trimestre.

El panorama es complejo, y las medidas anunciadas por el nuevo gobierno, si bien encaminadas y coherentes con la situación de emergencia que se vive en el país, no son suficientes para reconstruir la economía y la sociedad. Otras políticas serán también necesarias, y así lo entienden los especialistas. Putero insiste en este punto: “Para que este crecimiento del consumo no se traduzca en aumento de consumo superfluo y redunde en un plan de desarrollo a largo plazo debemos pensar en los sectores generadores de empleo y de satisfacción de necesidades: construcción de vivienda, fortalecimiento del desarrollo socioeconómico territorial (educación, la salud, la cultura y el deporte en los territorios) y producción de alimentos. Estos sectores productivos son estratégicos en la satisfacción de necesidades, de baja demanda de dólares y mano de obra intensiva. Resuelven varios de los problemas de nuestra sociedad.”

Para  Susani, “es importante recrear una estructura fiscal y reintroducir la progresividad del impuesto a las ganancias, a la herencia y al patrimonio.” Por ello entiende que es necesario no sólo aumentar las retenciones a las exportaciones, sino también el impuesto a las transacciones financieras y sus ganancias. “En el corto plazo debemos otorgar una importancia mayor a subsanar las consecuencias de la miseria y la miseria misma. En Argentina existen alimentos para todos pero hay que instalar un marco para que los más necesitados puedan acceder a ellos. Es una medida transitoria porque no se debe permitir que la urgencia sea la norma. De allí la necesidad de una estructura fiscal adecuada. Es necesario crear una dinámica de expansión de la demanda que se traducirá inevitablemente en una disminución del desempleo y en una nueva inclusión social”, opina.

Una política integral de cuidados con enfoque de género -en relación con la seguridad social- y obras de infraestructura que generen y potencien espacios comunes apropiados por el conjunto de la ciudadanía también son cuestiones centrales a tratar en el futuro, según Mazzola. Y agrega: “Hay que ver cuán rápido se puede salir del estado de emergencia y a partir de ahí implementar políticas de fondo, pensadas a futuro, para que sea algo que contenga e integre al conjunto de la sociedad, para que todos los sectores se sientan representados por las políticas. Pero lo urgente es resolver el corto plazo.”

“Generar trabajo, desarrollo local y restituir derechos”

“Generar trabajo, desarrollo local y restituir derechos”

 

 

«La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna», dice Arroyo.

Las transitorias oficinas de Alberto Fernández, ubicadas en Puerto Madero, son el escenario de múltiples reuniones en las que se definen los lineamientos de la nueva gestión. En el séptimo piso del imponente edificio ubicado en Encarnación Ezcurra 365, el protagonista es Daniel Arroyo, quien recibe allí a los especialistas y técnicos que conforman el plan “Argentina contra el Hambre”, anunciado el pasado 7 de octubre por el Presidente electo. 

Si bien al cierre de esta nota no hay ningún integrante del gabinete confirmado, en una entrevista radial, el propio Alberto Fernández expresó que “difícilmente” Arroyo no ocupe el cargo de Ministro de Desarrollo Social. El actual diputado nacional tiene amplia experiencia en el área, de hecho entre 2003 y 2007 fue viceministro de esa cartera. 

El diagnóstico es impactante: según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Macri terminará su mandato con un 38% de pobres, es decir más de 17 millones de personas. Son cinco millones que en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Los más golpeados son las niñas y niños de hasta 14 años: el 52,6% de ellos son pobres. El estudio “Pobreza Multidimensional 2010-2018″, también publicado por la UCA, consigna además que el 7,9% de la población padece de inseguridad alimentaria severa.

Arroyo, quien también fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2013, dedicó buena parte de su vida a investigar sobre la pobreza y el hambre en la Argentina. Politólogo de profesión, una de sus principales tesis es la división de la Argentina en cuatro esferas sociales: “En primer lugar, hay una Argentina de la pobreza estructural, que tiene un piso del 25%. Luego se encuentra la Argentina vulnerable, muy asociada a los sectores de la construcción y el textil, que cuando se cae la economía se ve extremadamente afectada. En tercer lugar está la clase media, la Argentina del trabajo formal. Y por último la clase alta, que es menos del 5% y tiene altos niveles de consumo”. El gran problema, sostiene, es que las cuatro esferas están desintegradas y desestructuradas y “el gobierno de Macri profundizó la brecha entre ellas”. 

«Hay que atacar el hambre, desendeudar a las familias y vincular a los planes sociales con el trabajo», señala Arroyo.

¿Qué balance realiza de la gestión de Cambiemos?

Implicó un gran retroceso en la política social. Lo que sucedió fue un ajuste brutal, con más pobreza, desocupación y desigualdad. Se le sacó a los que menos tienen y se benefició a los que más tienen. Se redujeron becas, apoyos, créditos, microcréditos y redes de comercialización: estos sistemas se desarmaron y, en cambio, se entregaron bolsones de alimentos. La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Durante la gestión de Cambiemos hubo un retroceso a lo primero, dar pescado: es decir, entregar bolsones de alimentos, lo que generó situaciones más críticas. De esta forma, se agravaron tres problemas: el hambre, hoy muchas personas se saltean comidas; la malnutrición, sobre todo los alimentos que se comen en los comedores, que generalmente son harinas, fideos y arroz, y se profundizó el problema de la educación nutricional respecto a la promoción de productos saludables. La medida del gobierno de quitar el IVA, en medio de una devaluación del 30%, provocó que todavía nadie sepa la influencia que tuvo en los precios. Además, el programa “Precios Esenciales”, 64 productos que conformaban una minicanasta básica, no tenía carne, fruta ni verdura. Tampoco era federal. 

Usted afirma que “en la gestión hay cosas que hacés de entrada o no las hacés”, ¿cuáles son las medidas más urgentes?

Son tres. La primera es que todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos, y aquí la iniciativa “Argentina contra el hambre” cumplirá un rol fundamental. La segunda es desendeudar a las familias. Hoy las familias deben plata. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo para tirar para adelante, pero con un 170% de interés anual se vuelve imposible. Esto se puede solucionar con un sistema de crédito no bancario a tasas bajas, del 2% ó 3% anual, para que puedan desendeudarse. Y la tercera es vincular planes sociales con trabajo, para lo cual es vital enfocarse en los cinco sectores que van a generar mano de obra intensiva y mover la economía desde abajo: la construcción, la producción de alimentos, el textil, el reciclado y la economía del cuidado. Estas cinco cadenas productivas van a generar el vínculo entre planes sociales y el trabajo. En conclusión, nuestros tres pilares serán generar trabajo, desarrollo local y restituir derechos.

Mencionó la economía del cuidado, un sector compuesto mayormente por mujeres, ¿qué políticas se pueden implementar para mejorar su situación?

La economía del cuidado tiene varias dimensiones: una es el cuidado de personas, de adultos mayores o personas con discapacidad. Constituye gran parte del desarrollo de la industria de servicios y requiere capacitación. Hay un montón de gente que lo está haciendo en Argentina y hay que apoyarla. La segunda dimensión está constituida por las actividades comunitarias: jardines maternales, comedores, merenderos. Las trabajadoras de estos lugares son  principalmente mujeres. Se debe fortalecer y capacitar para generar los instrumentos y dar cobertura. Necesitamos cubrir el jardín maternal y los primeros años de la infancia en todo el país. El gobierno de Macri había planteado crear tres mil jardines. Construir tres mil edificios. Pero el tema no es hacer los edificios sino tomar lo que hay, que es mucho, fortalecerlo y cuidarlo, mejorando la infraestructura que ya existe y formulando nuevos protocolos. 

«No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer», exige arroyo.

¿Qué desafíos le esperan a la nueva gestión? 

Alberto Fernández tiene dos características que lo van a convertir en un gran presidente: es un hombre de diálogo, está en su ADN, y tiene capacidad de gestión e integración. Argentina tiene que ponerse las medias y después los zapatos. Ahora Alberto está pensando en ponerse las medias, que sería solucionar el problema del hambre, este es el principal desafío. Otro desafío será reconstruir la matriz productiva y generar trabajo. Es una situación muy difícil en la que tenemos que trabajar todos. Vamos claramente hacia un gran gobierno, integrado, que va a ser para las cuatro Argentinas.

¿Cómo va a funcionar “Argentina contra el Hambre”? 

La iniciativa tiene el objetivo que todos puedan comer y acceder a la canasta básica. La principal herramienta será una tarjeta de alimentos destinada a las madres y padres con hijos menores de 6 años. La tarjeta no permite extracción de dinero sino solamente comprar alimentos, de la manera que prefieran. Vamos a realizar una campaña, un acompañamiento para determinados rubros y productos, relacionada con la educación nutricional-saludable. Esto va a suponer un apoyo a las economías populares, a la agricultura familiar, a las redes de comercialización, a mucha gente que produce alimentos y que hay que acompañar en cuestiones de inocuidad y en incrementar el volumen de comercialización de sus productos. El Consejo Federal “Argentina contra el Hambre” está formado por múltiples protagonistas de la sociedad: los que producen alimentos, las entidades del agro, las universidades, los supermercados, las iglesias, las organizaciones sindicales y sociales. De ahí se desprende, en primer lugar, un Observatorio que efectuará un seguimiento nutricional junto con un control de peso y talla, con la particularidad de que por primera vez en la Argentina se ejecutará un plan en tiempo real. Y en segundo lugar, todas las estructuras científico-técnicas: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Banco de Alimentos, colegios de nutricionistas, Red Solidaria, quienes generan investigación, estudios o acciones en torno al tema nutricional. 

¿En cuánto tiempo se verán los resultados?

Se han anunciado demasiadas metas:pobreza cero”, “el segundo semestre”… El plan arrancará el 10 de diciembre, aunque ya tuvimos las reuniones previas. Tenemos claro que en la Argentina no puede existir el hambre. Esto tiene que trascender al gobierno de Fernández. No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer.

Durante los últimos 40 años la pobreza en el país se ha mantenido en cifras cercanas al 25%, ¿se puede perforar este piso?

La pobreza estructural quiere decir tres cosas. Uno, es intergeneracional: alguien es pobre, sus padres fueron pobres y sus abuelos también. Es una estructura que se reproduce y permanece en el tiempo. Dos, significa la no movilidad social, que una parte de la población no logra entrar al mundo del trabajo. Y tres, está asociada a problemas serios de infraestructura, como no tener piso de material o servicios básicos. Partimos de que la Argentina tiene 25% de pobreza estructural como base. El actual gobierno descuidó brutalmente la actividad económica y termina con un 38%. A su vez, la pobreza estructural se debe a tres causas. La principal es que el esquema de desarrollo económico no genera la cantidad de trabajo que necesita y, en consecuencia, crecen los planes sociales. La segunda es el grave problema de infraestructura: se necesitan más de tres millones de viviendas. La tercera tiene que ver con definir qué sectores productivos son socialmente relevantes. En mi opinión, esto lo definen los rubros donde trabajan jóvenes y mujeres. Estimular esas áreas rompería la pobreza estructural. Por ejemplo, la industria del textil, donde hay un 30% de desocupación. Hay que generar empleo a través de la obra pública para resolver estos problemas.

A lo largo de su trayectoria política, usted siempre ha ocupado cargos relacionados con políticas sociales, ¿por qué? 

Vengo de la militancia católica desde que era muy chiquito pero me metí rápido en la política. Nací en Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense. Crecí en una familia de clase media e iba a misionar en los barrios populares de Castelar. En ese proceso, lo conocí al obispo (Jorge) Novak, que me llevó a Villa Itatí. Cuando conocí ese lugar dije: “Nunca había visto esto”. Ahí llegué a la conclusión de que debía trabajar sobre la pobreza y la exclusión social en la Argentina. Por eso, después del secundario me decidí a estudiar Ciencia Política. Después me especialicé, estudié y escribí sobre el tema. Hay una clave para entender lo que me lleva a seguir trabajando: a mí me duele el dolor del otro.