Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas, ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno. El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.
Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”, indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.
Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.
Sep 20, 2018 | Novedades, Trabajo
Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.
La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.
Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.
Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo. “En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.
La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.
En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.
“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.
En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.
La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.
Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.
Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.
También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.
Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.
Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.
Sep 14, 2018 | Comunidad, Novedades
Bajo el sol de la mañana de ayer, los principales sindicatos de la educación a nivel nacional y provincial se manifestaron bajo la consigna «La educación pública está en peligro». De la masiva movilización, que coincidió con una nueva jornada de paro nacional, participaron docentes de diferentes provincias, privados y universitarios, agrupados en diferentes gremios, entre los que estaban Ctera, Suteba, Conadu, Sadop y Fatun.
La marcha comenzó en el Ministerio de Educación para finalizar frente al Congreso de la Nación. En el Parlamento se comenzará a tratar en pocos días el Presupuesto nacional para el año 2019 y allí, se prevé entre otras aristas, el ajuste en educación. Los sindicatos denuncian que no se va a incluir por primera vez en muchos años el incentivo docente que el gobierno nacional pretende transferir a las provincias, lo cual repercutirá en menos dinero para infraestructura escolar y programas socioeducativos, y eliminación de becas escolares, entre otros recortes.
En paralelo, mientras se manifestaban los gremios, a los diputados de la oposición les faltaban sólo siete legisladores para conseguir el quorum necesario para avanzar en la discusión de distintos proyectos de ley vinculados a la educación.
El acto sirvió además para repudiar el secuestro y tortura de la maestra Corina de Bonis del Centro de Educación Complementaria 801 de Moreno, quien fuera secuestrada en un auto y luego torturada ayer por la tarde, lo cual se suma a las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por una explosión en una escuela del mismo distrito. Un panorama desolador. Al respecto, SUTEBA y CTERA convocaron para hoy viernes a una marcha de antorchas en todas las plazas del país, en repudio a lo sucedido.
Tienen la palabra
Con el telón de fondo del Congreso, los principales dirigentes sindicales le hablaron a los manifestantes. Sonia Alesso, secretaria general de Cetera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), agradeció el apoyo de legisladores de diversas bancadas como el Frente Para la Victoria, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Movimiento Evita, y el interbloque Argentina Federal, que escucharon los reclamos y presentaron en el Congreso los proyectos de ley que finalmente no pudieron tratarse al no conseguirse la habilitación de la sesión. “El legislador que no acompañe estos proyectos va a cruzarse en su provincia con un maestro y una maestra que le va a demandar por lo que hizo durante la votación de hoy”, advirtió Alesso.
“Éste es un día de dolor y bronca, como el que sentimos con la muerte de Sandra y Rubén. Ayer (por anteayer) secuestraron a una compañera, Corina, por cometer el pecado de estar junto a padres, madres y abuelas en una olla popular. Han sembrado un lenguaje de odio, y somos maestros y maestras que enseñamos valores, defendemos la ciudadanía, marchamos en paz, y no queremos que los pibes se nos mueran de hambre”, agregó la dirigente.
Los trabajadores no docentes de universidades nacionales también participaron de la movilización. Walter Merkis es el secretario general de FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales), y se encargó de enfatizar que la lucha es por el presupuesto universitario, ya que, dijo, “vimos en el Boletín Oficial cómo 1.600 millones de pesos desaparecían del presupuesto de Educación para pasar a Seguridad”.
Sobre el gobierno nacional, expresó que “quiere volver al 1900, donde unos pocos dueños de la tierra accedan a todo y el resto miremos cómo nos sumergimos día a día en la miseria”. Tuvo además un espacio para la reflexión de cara al próximo año electoral: “Es la hora en que todos unidos marchemos y nos unifiquemos para poder llevar adelante un trabajo que realmente nos permita enfrentar en 2019 este castigo que nos ha tocado, con toda la fuerza para poder superarlo”, manifestó.
Los docentes universitarios son otros de los actores duramente castigados. A una paritaria postergada (que se cerró hace días, con acuerdo de CONADU, FEDUN, UDA y FAGDUT en un 26% de aumento más dos cláusulas de revisión) se le suma la crisis presupuestaria, con universidades que no cuentan con el dinero necesario para pagar sueldos, tarifas de serviciso públicos, insumos para investigación ni mantenimiento de edificios. Quien tuvo la palabra en su representación fue Carlos de Feo, secretario general de CONADU, (Federación Nacional de Docentes Universitarios). “En el marco de un imponente paro federal, miles de argentinos nos manifestamos contra una política que promete terminar con el Estado tal como lo conocíamos: el Estado que piensa en los más desposeídos, en soberanía, en trabajo, en salud y educación para todos los argentinos”, afirmó con nostalgia.
En tanto, de Feo aclaró que el reclamo excede lo salarial. “El Ministerio de Educación nos quiso hacer creer que esto es solamente un reclamo corporativo y salarial, por eso firmamos la paritaria y cerramos un acuerdo: pero seguimos luchando porque no queremos universidades elitistas. La calle es nuestra y de ahí no nos vamos a mover”, sostuvo.
Para finalizar, habló el secretario general de Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Roberto Baradel. Recién llegado de Moreno, donde acompañó a la comunidad educativa tras los graves hechos ocurridos el día anterior, sus palabras fueron las más encendidas de la mañana, y las más celebradas por los manifestantes. “Nosotros dijimos cuando empezó este conflicto en la provincia de Buenos Aires, que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no nos van a doblegar. No vamos a resignar derechos ni salarios a la baja, ni decirles que queremos escuelas seguras o comedores escolares”, aseguró .
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires sigue sin concretarse el acuerdo salarial, ya que en la última paritaria del pasado 23 de agosto, el gobierno propuso un aumento del 19% y el pago de material didáctico, con lo cual elevaba la mejora al 20,7% hasta septiembre, propuesta que fuera rechazada por los gremios.
Ya sobre el cierre, Baradel le exigió al gobierno nacional y provincial que se respete a los docentes y a la educación pública, se los convoque al diálogo y no sean tomados como enemigos. Y remató: “Si algo tiene fecha de vencimiento no son los docentes; son los funcionarios y sus políticas públicas”.
Ago 31, 2018 | Comunidad, Novedades
Ni el diluvio pudo parar a la masiva movilización de miles de docentes, investigadores, estudiantes que marcharon bajo la lluvia del Congreso a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y en firme rechazo al ajuste del gobierno de Cambiemos en la educación. La marcha convocada por las 57 Universidades de todo el país en la cuarta semana de conflicto por una paritaria salarial dilatada e inconclusa sumó el respaldo de trabajadores no docentes, organizaciones sociales y políticas y ciudadanos “sueltos”. Los organizadores calcularon que más de 400 mil personas salieron ayer a las calles contra lluvia y viento helado para sumarse al grito en defensa de la universidad pública.
“La única forma de enfrentar a estos señores empresarios empecinados en bajarnos los sueldos y en achicar el presupuesto es con la más amplia unidad y con la lucha. ¡Estamos diciendo basta! ¿Cuál es la parte que no se entiende? ¡Basta de ajuste y basta de políticas antipopulares!”, subrayó Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica desde el escenario central montado de espaldas a la Casa Rosada. Eran las 19:00 y la tormenta había dado apenas un poco de tregua a los manifestantes.
En el final de una jornada signada también por una nueva y brusca devaluación del peso, Walter Merkis, secretario de Hacienda de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), ironizó: “Se preocupan por unos bolsos pero no por 52.000 millones de dólares que acaban de llevarse del país. Quieren echar abajo los derechos que se consiguieron a través de la lucha”.
El movimiento estudiantil se expresó a través de un breve discurso de un delegado de la Federación Universitaria Argentina (FUA) quien describió la movilización como una “rebelión universitaria a la que el gobierno le tiene miedo” e instó a profundizar la organización estudiantil.
Ya sobre el final, Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, se dirigió directamente al presidente Mauricio Macri, advirtió que docentes y estudiantes no aceptarán sumisos el ajuste y exigió que se realice una paritaria nacional docente.
“Nos quieren hacer creer que esta movilización es una disputa por el salario. Lo que está en disputa hoy es la educación pública, laica e inclusiva, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo”, sumó el titular de Conadu, Carlos De Feo.
Junto a docentes e investigadores, se sumaron también los estudiantes. Las largas y nutridas columnas incluyeron, entre otras, a las Universidades de Buenos Aires, Cuyo, Tucumán, La Plata, Luján, Salta, Litoral, Mar del Plata. También a todas las del Conurbano bonaerense, amenazadas desde el inicio del gobierno de Cambiemos.
El reclamo de la comunidad educativa lleva meses, pero recién en las últimas semanas comenzó a ser visibilizado por la agenda mediática con las clases públicas en la Plaza de Mayo. Las 57 universidades nacionales de todo el país finalizaron el primer cuatrimestre de forma irregular y ninguna inició con normalidad el segundo. Esta es la cuarta semana consecutiva sin clases. El conflicto también afecta a los colegios secundarios preuniversitarios.
El conflicto tiene doble cara: la situación salarial docente, por un lado, y el presupuesto destinado a educación y ciencia y técnica, por el otro.
Luis Tiscornia, de CONADUH.
El lunes las gremiales docentes se reunieron con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro y recibieron la oferta de un 15% de aumento salarial, muy lejos del reclamo del 30% de aumento con cláusula gatillo para adecuarse a la inflación. La reunión se pospuso en cuarto intermedio hasta el miércoles con la promesa de parte del gobierno de mejorar la propuesta. La respuesta fue escasa: 15% de aumento más dos cuotas no remunerativas – una de $456 y otra de $228 – a pagarse en noviembre y diciembre, respectivamente. Las gremiales docentes no aceptaron la oferta y ratificaron la convocatoria a la jornada de protesta.
La comunidad educativa también lleva meses manifestando su preocupación en relación al presupuesto. Junto con los paros, ese reclamo también se manifestó en abrazos multitudinarios. El presupuesto destinado a educación ha disminuido en términos reales un 12% desde el año 2015, y de los tres mil millones de pesos que se destinaron a principios de año para inversión en construcción sólo se ejecutó un 6%.
El reclamo también incluye a los investigadores nacionales que denuncian escasez presupuestaria. El año pasado, la inversión en Ciencia y Técnica llegó al segundo nivel más bajo desde el año 2004, superada por el año 2016.
La concentración de las gremiales docentes comenzó a las 16:00 en el Congreso de la Nación donde los principales referentes de las distintas confederaciones se apostaron para coordinar la movilización y atender a la prensa. Alrededor de las 18:00 la mayor parte de los grupos ya se habían incorporado a la movilización central que confluyó a las 19:00 en la Plaza de Mayo. Allí, los dirigentes de las gremiales docentes y estudiantiles dieron inicio al acto que contó con la presencia de sindicatos, agrupaciones populares y referentes políticos. Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el secretario general de SUTEBA), Roberto Baradel; y un delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), que sostuvo un cartel denunciando los despidos en Télam, se sumaron a la columna principal. El escenario estuvo rodeado por una valla circular que permitió que la Plaza se colmara de gente. La columna principal se apostó sobre la avenida De Mayo y fue tan extensa que llegó hasta la Avenida 9 de Julio.
Hoy, el gobierno vuelve a reunirse con los gremios docentes para intentar conciliar el aumento salarial. Los universitarios llegarán a ese encuentro con el envión de una movilización multitudinaria y pacífica –hubo incidentes con la Policía dos horas después de la desconcentración- en defensa de la educación pública.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Ago 31, 2018 | Comunidad, Novedades
Pese a las lluvias y el mal tiempo, paraguas, pilotos y una infinidad de banderas, carteles y pañuelos coparon la zona de Congreso. Miles de estudiantes, graduados y docentes de las 57 universidades públicas nacionales, que se encuentran de paro por tiempo indeterminado, acompañados por gran parte de la sociedad, salieron a las calles manifestando su absoluto repudio frente a la inmovilidad salarial y al recorte presupuestario que el Gobierno nacional está llevando a cabo contra la comunidad educativa. La marcha en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad se sintió a lo largo y ancho del país.
Las diferentes organizaciones gremiales, junto con toda la comunidad educativa se concentraron a partir de las 17 frente al Congreso para comenzar la marcha por Avenida de Mayo. “No estamos perdiendo clases, estamos perdiendo la educación pública”; “Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida.” “¡Mira si no voy a salir a marchar por ellos!” “La educación pública es un derecho no un privilegio”, fueron algunas de las frases que repetían los manifestantes, muchos de ellos no pertenecientes al sistema educativo universitario, quienes a pesar de ello, mostraron su apoyo a la educación superior frente a la situación crítica que está atravesando.
No se vende, se defiende
Victoria González, de 28 años, es médica recibida en la UBA y trabaja actualmente en el hospital Garrahan: “Hoy vinimos acá con compañeros de la residencia, porque la mayoría se formó en la educación pública. Le debo lo que hoy soy un poco al esfuerzo que hicieron mis padres, y otro poco al Estado que pone presupuesto para que los jóvenes puedan convertirse en profesionales, y tener un futuro”, sostiene. “Más allá de que uno está por fuera del sistema educativo universitario, es importante venir a apoyar la marcha de hoy porque el recorte de presupuesto es significativo, y es un avasallamiento muy grande sobre la educación. Estamos desprotegidos por parte del Estado. El tiempo no nos ayuda, pero salimos igual a las calles a luchar”, concluye González.
Los gremios universitarios que organizaron la movilización fueron las federaciones docentes (Conadu, Conadu Histórica y Fedun), las organizaciones estudiantiles (la FUA y sus federaciones regionales) y de trabajadores no docentes (la Fatun), que hasta el momento están llevando a cabo medidas de fuerza en todo el país. Y es que la propuesta salarial ofrecida a los docentes es del 15% en cuotas, quedando muy por debajo de la inflación, estimada en un 30%.
Sosteniendo el paraguas y acompañada por sus dos compañeras Maitena, egresada y docente de la Universidad Nacional de las Artes comenta: “Estamos marchando por los conflictos en relación a la universidad. Nuestras paritarias docentes están congeladas. La oferta del Gobierno fue rechazada y luego se volvió a ofrecer lo mismo. Seguimos cobrando lo mismo que el año pasado. Además de eso, la partida presupuestaria de este año está subejecutada, el 80% de nuestras sedes son alquiladas y no hay presupuesto para sustentarlas. Estamos en emergencia edilicia”, describe. Su compañera Érica, agrega: “Somos primera, segunda y tercera generación de universitarios en la familia. De no haber tenido educación pública jamás hubiéramos tenido acceso a ella. Si hubiera sido arancelada nuestro destino hubiera sido otro. Nosotros queremos que otros tengan nuestro mismo destino y no se queden en el camino. Hay que pelear por las generaciones que vienen”.
Luis Tiscornia , secretario general Conadu Historica.
Sin terciarios no hay docentes
Marcela Felice cursa en el instituto superior docente del 105 de Ciudad Evita el Profesorado de Educación Especial: “Estudio en La Matanza, donde hay un montón de escuelas que no comenzaron las clases, de las que se está haciendo cargo el municipio. Ediliciamente están en condiciones pésimas, y esto nos dejó lamentablemente sin dos compañeros, hablo de Sandra y Rubén”, explica Felice. “El compañero Rubén, de la escuela 49 de Moreno, aparte de ser auxiliar en la escuela, era instructor en formación profesional y daba cursos de carpintería; tuve el gusto de conocerlo, una gran persona. A pesar de lo que pasó, ellos siguen ajustando. El Gobierno nacional y provincial tienen que hacerse cargo de las paritarias, de la inversión en infraestructura y de las condiciones en general de las escuelas y universidades. Eugenia Vidal dice que las familias se están inclinando a enviar a sus hijos a escuelas privadas. ¿Y los que no podemos hacerlo? ¿No les damos educación? Está en la Constitución Nacional que la educación es un derecho. Es lo principal. Si no hay educación, no hay nada”, concluye la estudiante.
Un derecho del pueblo, no un privilegio de clase
Bombos y platillos resuenan mientras la muchedumbre avanza. Entre banderas del centro de estudiantes está Diego Riquelme, estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales: “Hay que marchar, porque tenemos que defender nuestra universidad pública. Ella es un valor fundamental, es algo que necesitamos, es la posibilidad de que todo el pueblo pueda estudiar. Si no defendemos la educación, es un ir para atrás”, reflexiona. Diego destaca la masividad de la convocatoria, atravesada por cada historia personal: “Hoy hay una cantidad enorme de compañeros, que están acá de pie en la calle, con la lluvia, para que el Gobierno vea que nosotros defendemos la educación. A mí se me hubiese dificultado mucho poder pagar una universidad privada. Mi papá y mi mamá son universitarios, se recibieron casi a los 50 años, un gran ejemplo para mí. Eso me da más fuerza para querer estudiar”. Luego analiza cómo a la crisis universitaria se suma la económica y social en cada estudiante: “Ya hoy con el ajuste general, por más que la universidad sea gratuita, hay compañeros que no están pudiendo venir, porque uno tiene que viajar, comer, pagarse los apuntes. Imaginate si le sumas una cuota, sería muy difícil. Por esos compañeros, por los que estamos y por todos los que queremos que vengan. El reclamo es general, por el presupuesto universitario, pero además acompañamos a los docentes, en la negociación paritaria de su salario”.
Los carteles de “La escuela pública es de todos y para todos”, “A un pueblo educado, es difícil que lo engañen corruptos y mentirosos”, acompañaron la mayoría de las banderas que flamearon durante tres horas por Avenida de Mayo. El canto más escuchado sintetizó la crisis que enfrenta el Gobierno y la determinación de una sociedad que defiende sus derechos contra viento y lluvia: “Traigan al gobierno ajustador/ para que vea/ que este pueblo no cambia de idea/ pelea, pelea por la educación”.
Jorge Luis Nuñez, secretario adjunto UDIUN.
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.