A los charrúas les meten el perro

A los charrúas les meten el perro

Se reabre el debate en torno a las carreras de galgos. Desde diciembre del año pasado se encuentra en vigencia la Ley 27330 que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio argentino, sin embargo los galgueros han encontrado dónde desarrollar la actividad prohibida en el país: los canódromos de Uruguay. Hace un mes se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron exponentes argentinos y del país vecino para tratar esta problemática y discutir un proyecto de ley para prohibir las carreras de perros también del otro lado del Río de la Plata.

Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina, considera que la ley 27330 es de vanguardia y de suma importancia en tanto que busca proteger la integridad física y psíquica del animal, como así también acabar con otros delitos asociados como el trabajo infantil, la ludopatía, las drogas y las apuestas clandestinas. Por este motivo propuso apelar a los convenios de cooperación jurídica internacional, frente a las migraciones de galgueros argentinos para continuar con el negocio en los países limítrofes.

La ley argentina establece que están prohibidos tanto el desarrollo de las carreras como las actividades previas, es decir su organización y la promoción de las mismas. “Esto se debe a que los perros no solamente son explotados en la carrera en sí”, agregó López. La abogada explicó que aquellos que van a correr al país vecino ya están incurriendo en un delito, porque todo el planeamiento y logística para viajar con sus galgos se está llevando a cabo en la Argentina, es decir la organización. “Esto es muy difícil de investigar, por eso los convenios de cooperación jurídica internacional deben buscar acuerdos para combatir estos delitos trasnacionales”. La penalista hizo un paralelismo con compra de marihuana, que en Uruguay es legal. “Pongamos el ejemplo de la legalización del cannabis en Uruguay para quienes son ciudadanos. Los argentinos que viajan a dicho país no tienen permitido comprar la droga. Esto se debe a que no se busca favorecer el turismo canábico, ya que en nuestro país está prohibido. Lo mismo debería ocurrir con las carreras de galgos. Aquellos galgueros que evaden la ley argentina compitiendo en Uruguay deberían ser sancionados”.  

En contraposición, Leonardo Del Río, integrante de la Asociación Uruguaya de Galgueros y Organizadores Unidos, se manifestó a favor de la migración de los competidores. “Los galgueros argentinos que compiten en Uruguay van a desarrollar un deporte y a ejercer un derecho que les quitaron en su país”, dijo.

Por su parte, el diputado uruguayo por el Partido Nacional, Gastón Cossia, autor del Proyecto de Ley de Prohibición de Carreras de Perros en Uruguay, se manifestó solidario con el pedido de la abogada López y Proyecto Galgo Argentina. “Sabemos que costó mucho trabajo la sanción de la ley en Argentina. Por eso nosotros, como legisladores del país hermano, tenemos la enorme responsabilidad de evitar la violación de dicha ley en nuestro territorio. No podemos permitir que en nuestro país se desarrollen actividades por las cuales en su país están penados legalmente. Este aspecto es uno de los caminos que tenemos que explorar en tema de colaboración internacional”, dijo.

En concordancia con lo dicho por el diputado Cossia, la Senadora Magdalena Odarda, autora de la ley, contó que si bien en Argentina la norma fue aprobada en el Senado casi por unanimidad, tuvo mayores obstáculos en la Cámara de Diputados. Además, recordó que luego de la sanción tuvieron inconvenientes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien cuando los galgueros fueron a pedirle explicaciones acerca de la prohibición de su negocio, Larreta los mandó a la casa de la senadora Odarda a buscarlas. Ellos siguieron su consejo: “Lamentablemente fueron, nos amenazaron con incendiar la casa y el auto”, agregó. Sin embargo, ella no se arrepiente de los esfuerzos hechos, junto con la ONG Proyecto Galgo Argentina, porque ha tenido la propia experiencia de haber rescatado a un galgo, una perrita llamada Ley Quimey, abandonada en una estación de servicio que según la senadora es la alegría de su casa. “Es muy importante dejar de considerar a los animales como objetos que podemos tener, torturar y matar. Ellos son seres sintientes. Y en ese sentido una ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina significó un gran hito en esta lucha”, agregó Odarda. 

El acercamiento del diputado Cossia con el proyecto de ley surgió de un caso clínico, mientras trabajaba como médico veterinario. En 2008 conoció a un galgo hembra, “Negra”, que venía de un circuito de carrera. Presentaba muchos problemas crónicos por lo que Cossia junto a sus colegas decidieron estudiarla. En 2016, Cossia inició una serie de denuncias a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) en contra de la carrera de galgos y argumentó la prohibición de la actividad porque consideraba que violaba la normativa de Bienestar Animal sancionada en 2009, al no haber control sanitario de ningún tipo sobre los ejemplares que participaban y debido a que las competencias daban lugar a apuestas clandestinas.

Sin embargo, COTRYBA rechazó la propuesta de prohibición argumentando que esa Comisión regularía la actividad e impondría el control de bienestar animal. Cossia afirmó que esta regulación nunca se llevó a cabo y esto los motivó a elaborar el proyecto de ley para prohibirlas. «Nuestro país está muy hermanado culturalmente con Argentina y vimos, a través de los medios de comunicación, el trabajo que se hizo desde Proyecto Galgo Argentina. Al mismo tiempo observamos que en Uruguay, lo que empezó como una actividad amateur que se desarrollaba al interior del país de forma esporádica, se había convertido en la industria de la carrera de galgos. Entonces empezamos a conocer los aspectos no visibles de esa actividad, como la punta de un iceberg, porque uno lo que ve son los perritos corriendo, en un aparente buen estado y no advierte todo lo que hay detrás”.

En la misma dirección Evelyn Segredo, activista uruguaya de la Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Aptéha), denunció que en su país existe una ley de Bienestar Animal pero que en la práctica no se hace nada. “No tenemos registros documentales fácilmente accesibles de qué canódromos hay en Uruguay, dónde están, quiénes los llevan adelante, cómo son regulados, cómo se seleccionan los galgos ni quiénes son los galgueros de nuestro país”, dijo. Sin embargo, Del Río afirma que hay una nueva ley que obliga a los dueños de los animales de competencia a colocarles un chip de identificación. Por lo cual se podría conocer fácilmente quién es el responsable de cada galgo.

 

¿Por qué cuesta conseguir donantes de órganos?

¿Por qué cuesta conseguir donantes de órganos?

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) registró 2.663 trasplantes realizados durante el 2016, 276 menos que en el 2015. Mientras que la conducción de este organismo afirmó que transitan este año un “camino favorable” para revertir dicha situación, asociaciones civiles y médicos especialistas insisten en la necesidad de incrementar la formación de la comunidad médica, las políticas de salud y la educación en la comunidad civil en la temática de la donación de órganos. La situación de Justina, la nena que necesita con urgencia un corazón, puso en evidencia -una vez más- esta problemática.

Si bien el relevamiento del 2016 muestra una tendencia declinante en relación con los años anteriores, el estancamiento en la cantidad de donaciones y, como consecuencia, trasplantes se produjo a partir del 2013. “Más allá del efecto del número, en realidad la preocupación es qué pasa en nuestro medio que no podemos tener una tasa de donación, por lo tanto de trasplante, como para dar satisfacción a toda esa gente que está esperando su tratamiento”, declaró a ANCCOM Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).

Por un lado, para María Del Carmen Bacqué, presidenta del INCUCAI, el declive fundamentalmente se atribuye a que los modelos de gestión implementados empiezan a tener cierta lentitud o deben ser renovados y reforzados. Por lo tanto, se deben aplicar nuevas estrategias que mejoren la detección del posible donante y también la comunicación y la entrevista a la familia para la donación de los órganos.

Las estrategias propuestas por el INCUCAI apuntan, por un lado, a “la capacitación de los equipos de salud reforzando la atención del paciente crítico con cuidado hacia el final de la vida”, y por el otro, a las “maniobras de comunicación sobre el deceso junto a la solicitud o propuesta de donación”, según Bacqué. No obstante, matiza: “Ninguna estrategia tiene un rápido efecto”. Y aunque el primer semestre del 2017 haya mostrado estadísticas superiores al del año pasado -692 trasplantes contra 616 realizados en 2016-,  la actual presidente del INCUCAI manifestó: “Esto no alcanza en nuestras metas, pero por lo menos nos permite decir que hemos invertido la tendencia que teníamos”.

Entre otras causas de la escasez de órganos, Díaz destacó: “No toda la comunidad médica es consciente de esta opción de tratamiento. Así como tampoco todos tienen un conocimiento básico de a quién derivar en estos casos y el impacto que eso tiene”.

Tanto para Díaz como para María Eugenia Vivado, médica y directora de Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR), un caso ilustrativo de las deficiencias en el cuerpo médico es el de la enfermedad crónica renal: “Hay casi 30 mil pacientes que están haciendo diálisis en nuestro país y es relativamente baja la proporción de esos pacientes que han sido dirigidos a programas de trasplantes para poder resolver su problema con un trasplante renal”.

A pesar de las medidas implementadas por el INCUCAI, organizaciones sin fines de lucro reciben diariamente pacientes en lista de espera y familiares que solicitan asistencia y ayuda en la transición del operativo de procuración de órganos. “Los médicos del interior siempre mandan a los pacientes a los hospitales de acá. Nos ha pasado que han venido pacientes de Jujuy, por ejemplo, con muy poquita plata sin saber ni a dónde tenían que ir”, declaró Miriam Tejeda De Rossi, presidenta de la Asociación Civil Florencia Rossi que acoge diariamente pacientes del interior y se ocupa de asistirlos. “De la misma forma que tenemos una distribución de la población muy asimétrica y concentrada en las grandes urbes también ocurre con los centros de trasplantes”, explicó Díaz.

Otra de las problemáticas que acarrean estos pacientes es la incertidumbre de no saber cuándo van a ser trasplantados. “Yo tuve que esperar 13 años -reveló Vivado-, estuve todos esos años haciendo diálisis hasta que llegó el trasplante”. Vivado también criticó con dureza el desempeño del INCUCAI en los últimos dos años: “Nosotros, que formamos parte del Consejo Asesor de Pacientes, teníamos una comunicación muy fluida con la gestión anterior del INCUCAI. Con el cambio de gobierno y toda la nueva reorganización que eso conlleva el diálogo se hizo más difícil”.

Tanto Vivado como Tejeda de Rossi, insisten en la necesidad de una campaña continua que informe la importancia de la donación de órganos en Argentina así como también la incorporación de esta temática en la educación primaria: “Quiero que todos los días se hable de donaciones. Así es como vamos a informar a los chicos, así van a aprender los chicos”, expresó De Rossi. No obstante, Díaz señaló que si bien la educación ciudadana es importante, “le estamos dando toda la responsabilidad a la gente en un momento de dolor. La consciencia está en el sistema de salud y los médicos como primera línea”.

Aunque desde el 22 de enero del 2006 la Ley del Donante Presunto (ley 26.066) establece que cualquier persona capaz y mayor de 18 años puede ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, el círculo familiar sigue teniendo en última instancia la decisión, en caso de no existir manifestación expresa ni a favor ni en contra. “Cuando muere una persona, la familia, por el dolor de la muerte, está afectada y cuando se le habla de la donación, obviamente la mayoría dice que no. Hay que hacer educación en el cuerpo médico porque son los primeros que tienen la relación con un posible donante”, dijo Vivado. Díaz coincidió en que “la discusión de la donación debería hacerse cuando la persona está bien. Esto generaría un alivio de esa responsabilidad enorme que en un momento de dolor uno podría llegar a tener” y concluyó con una fórmula contundente : “Por un donante, se puede salvar a ocho personas”.

Actualización 07/11/2017