Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue suspender la pauta publicitaria oficial, una acción que atenta contra el derecho ciudadano a la información y obtura la transparencia de los actos de gobierno. Los medios comunitarios son los más perjudicados.

El pasado martes 12 de diciembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció, en su segunda conferencia de prensa, la suspensión de la pauta publicitaria oficial de la Nación en los medios de comunicación, por lo menos por un año. El funcionario dio a conocer la medida aclarando que ya se había adelantado la medida durante la campaña electoral. Serán pocos los medios que no se verán afectados.

La pauta publicitaria oficial es el dinero que el Gobierno destina a los medios de comunicación a cambio de dar a conocer sus políticas gubernamentales a través de la publicidad. Las publicidades pueden, por ejemplo, difundir distintas políticas e informaciones consideradas de interés público: la fecha de cobro de la jubilación, las obras públicas realizadas y las que están en proceso, las campañas de concientización sanitaria (los cuidados ante el covid-19 o el dengue), los trámites para solicitar subsidios a ciertos servicios, las prestaciones de la ANSES, entre muchas otras. Por ello, “más allá de la publicidad de los actos de gobierno, también es un servicio necesario para la población y hay que ponerlo en valor”, sostiene Yair Cybel, comunicador de El Grito del Sur e integrante de la Red de Medios Digitales.

Ante la suspensión, el principal actor afectado es la ciudadanía argentina. Esta verá vulnerados sus derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, que están contemplados en la Constitución Nacional desde la incorporación de distintos tratados internacionales en la reforma de 1994, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver artículo 13). La medida, por tanto, perjudica el acceso al conocimiento de los actos, políticas y campañas de interés público, que deberían garantizarse para el pleno ejercicio de los derechos mencionados y para sostener el debate público.

Grandes versus comunitarios

El otro actor profundamente afectado serán los medios medianos y pequeños, ya sean privados, comunitarios o autogestivos. Si bien estos pueden tener diversos auspiciantes, como el gobierno local, sindicatos, bancos cooperativos o cooperativas de consumo, el gobierno nacional es “un auspiciante de peso dentro de las estructuras de los medios, que se suma al resto de actores y a la venta de publicidad online, como Google Ads”, sostiene Cybel. Es decir, el gobierno nacional, a través de la pauta publicitaria, puede no ser el mayor auspiciante pero es uno de los principales. “Para el empleo digno y bien pago, las condiciones laborales que garanticen nuestra subsistencia y sobre todo para contenidos de calidad, la pauta es una de las variables necesarias”, sentencia el comunicador.

El pluriempleo es una categoría que hace años define el trabajo periodístico. Si la pauta oficial, en el caso de los medios comunitarios, era parte del financiamiento de los salarios laborales y de los equipos técnicos, el trabajo periodístico se degradará aún más.

Del otro lado, en las empresas mediáticas de mayor envergadura como Clarín, La Nación, Indalo o Grupo Octubre, la pauta oficial representa un porcentaje ínfimo de los ingresos. A pesar de que “muchos de estos medios privados con fines de lucro venían cobrando pautas altísimas, eso después no lo traducían en, por ejemplo, el respeto del Estatuto del Periodista”, comenta Lucas Molinari, periodista de Radio Gráfica e integrante de la mesa del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Molinari destaca que, en cualquier caso, “todo esto obviamente hoy está desdibujado porque se está llevando al límite de discutir la supervivencia”, ya que la medida afectará directamente la mera existencia de medios cooperativos y comunitarios. “Incluso muchos medios provinciales privados van a cerrar porque se sostienen básicamente a partir de la pauta publicitaria, como Perfil por ejemplo”, agrega Cybel. Cabe aclarar que la pauta no debe entenderse como subsidio, sino como un acuerdo entre un auspiciante y un medio, como los que pueden resultar con otros auspiciantes públicos y privados.

Tanto Cybel como Molinari comparten otra reflexión: “Hay una confusión en ciertos dirigentes nacionales del campo popular que nos preocupan precisamente por ser dirigentes de un movimiento nacional”, aludiendo a los dichos de un ex candidato a la presidencia en las PASO, Juan Grabois, quien planteó que se vuelva a poner sobre la mesa la discusión de la pauta como subsidio.

Primera ausencia

“Lo que venimos planteando con la Confederación de medios cooperativos y comunitarios es la democratización y federalización de la pauta pública publicitaria”, explica Molinari. En marzo de 2021 distintas federaciones y sindicatos de prensa, diario y radio de Argentina presentaron 12 puntos para la creación de una ley que regule la asignación de pauta a partir de distintos criterios.

Con respecto a aquellos que rigen la distribución, uno de los puntos menciona que la misma debe ser “transparente, justa y equitativa” para garantizar “la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo”. Otro demanda que “la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. […] El Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos”.

Con respecto a porcentajes y cupos, hay tres puntos claros: primero, que la ley establezca un máximo de 3% del monto total de la pauta nacional para asignar a un medio o a los medios de un mismo grupo económico; segundo que, con un criterio federal, existan cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios con que se asigna la coparticipación federal de impuestos; y, por último, que se “establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro”. Este porcentaje se equipara al porcentaje del espectro radioeléctrico que corresponde a los “sin fines de lucro”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su Artículo 89.

Segunda ausencia

La discusión sobre la regulación de las plataformas digitales en Argentina data desde hace, al menos, una década. Pero es un debate que “no está solamente en Argentina, y obviamente es paradójico porque nosotros como medios también utilizamos las redes, ¿no? Producimos contenidos para redes y sabemos que estas cumplen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la información”, advierte Molinari, periodista de Radio Gráfica. La suspensión de la pauta también juega con eso: si no hay regulación sobre plataformas y tampoco una ley que regule la asignación de pauta, el acceso a la información y el derecho a la comunicación se verán doblemente afectados.

“Esto favorece a las plataformas. Cuanta más plata se ingrese a las plataformas, más se alimentará a empresas multinacionales que no están radicadas en el país y que ya están absorbiendo la publicidad privada y pública”, agrega Molinari.

Una de las propuestas de los medios sin fines de lucro es generar un gravamen a las plataformas que se destine a un fondo de fomento a la comunicación popular, “como tienen por ejemplo los clubes de barrio o las iglesias”, explica Cybel. Este, distinto del FOMECA, tendría como destinatario a aquellos medios comunitarios y cooperativos que producen contenido y comunican a través de redes sociales. El comunicador de El Grito del Sur agrega: “No hay políticas específicas para nosotros, y eso nos pone en una situación de gran vulnerabilidad. No de dependencia de la pauta, porque muchos de los medios cooperativos y comunitarios existimos desde antes de percibir pautas y vamos a seguir existiendo aunque no percibamos pauta, ya que hemos diversificado nuestra fuente de financiamiento. Pero sí nos afecta, a todos, en nuestra capacidad de planificar y en la disputa por una comunicación democrática, que es la discusión de fondo”.

La suspensión de la pauta publicitaria nacional, anunciada sin preámbulos y sin agregados posteriores, abre muchas ventanas. Primero, afecta tanto a la población entera como a los pequeños y medianos medios de comunicación privados, comunitarios y cooperativos. Segundo, retoma el debate sin fin por la democratización de la pauta y la federalización de las comunicaciones, además de vulnerar las condiciones laborales de los trabajadores en medios. Por último, va en concordancia con otras actuaciones del gobierno nacional con los medios, al vetar la presencia de los reporteros gráficos en el acto de asunción presidencial y no permitir el ingreso de medios en la jura de ministros. Si esas decisiones arbitrarias son consideradas como libertad, queda muchísimo por discutir.