Abr 7, 2021 | Entrevistas
“¿Qué me importa más, que se declare culpable o que vaya preso? Yo soy la única que pone el cuerpo. Pero, ¿qué se supone que es reparación? ¿Olvidar, soltar, dejar atrás? ¿Se puede reparar un cuerpo como se repara una taza rota? ¿Se verán las fisuras? Los surcos que deja el pegamento seco, por fuera y por dentro, las marcas en la mente”, se pregunta la autora en Donde no hago pie, su nuevo libro de no ficción.
Periodista, escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación e integrante del colectivo Ni una menos, Belén López Peiró se cuestiona sobre los alcances de la reparación, que encuentra más en la literatura que en el Poder Judicial. Luego de siete años de la denuncia contra su tío, tras interrogatorios, audiencias y declaraciones, todavía no hay veredicto y el abusador sigue en libertad. Pero através de su escritura, la autora logra hacer de la causa un problema político y social y exponer que los tiempos del Poder Judicial no contemplan los de la víctima.
Si en su primer libro, Por qué volvías cada verano, publicado en 2018, sacó a la luz el abuso sexual que sufrió en la adolescencia a manos de su tío, en esta nueva obra vuelve sobre el tema, pero ella misma ya no es la “buena víctima” de antes. “Muchas veces pasa que después de muchos años la víctima se presenta empoderada y eso no sirve. El jurado te tiene que ver como la nena inocente de 13 años”, dice en un pasaje de Donde no hago pie.
¿Qué querías contar en este segundo libro?
Es una crónica judicial y sucede a partir de la elevación a juicio de la causa penal. Quería narrar todos los procedimientos y las audiencias, plasmar mi investigación sobre qué es un juicio por jurados en casos de abuso sexual, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, también contar qué pasa en un juicio abreviado, cuando el acusado se considera culpable y la pena es menor. Consideraba que debemos empezar a preguntarnos: ¿qué buscamos al denunciar? ¿Por qué denunciamos? ¿Qué es la reparación? Me di cuenta que había muchas cosas que no sabía y probablemente muchas otras personas tampoco cuando se embarcan en una causa judicial.
¿Qué sucede cuando se denuncia?
Eso es lo que cuento en mi libro, muchas veces se habla de la justicia argentina con eufemismos o se dice “bueno, viviste una situación y denunciá”. Que está bien, pero es importante que tengamos información sobre lo que va a suceder después. Y eso no tiene que ver con que no denuncies, sino con contar lo que va a pasar, en donde no hay una única salida, sino que hay muchas opciones. No considerar que la única reparación es el veredicto de un juez. Empezar a preguntar qué justicia queremos. Si queremos una que repare, pero también pensar qué es reparación para nosotras, esto puede ser acompañamiento, escucha, liberación, es decir, encontrar la manera en que nos sentiríamos mejor.
¿Encontraste en la literatura una forma de reparación?
Sí, la escritura es una forma de registro, una manera de contar parte de nuestra historia y me sirvió en ese momento para recordar, enumerar y darme cuenta la gravedad de los hechos. Sin dudas, la memoria y la experiencia son la materia central de mi escritura y es ahí, en la palabra, donde encontré un lugar donde apoyarme, y sentir que eran mis tiempos, que eran mis formas y era mi voz.
¿Por qué hay prejuicios hacia la víctima que denuncia?
Cuando denunciamos tenemos cierta esperanza, y creo que, en mi caso, después de tantos años ya no soy la misma, pude encontrar la reparación en la escritura y en mis afectos. La persona que se encuentra en un juicio después de tantos años no es la misma que cuando denunció. Sumado a que la cifra de que en la mayoría de los juicios por jurado en donde hubo una condena, las víctimas eran menores de edad o estaban muertas, entonces cuando somos mayores de edad aparecen los descréditos, pensar que se denuncia por venganza. Hay toda una serie de prejuicios que también están asociados a los estereotipos que es necesario romper.
«Sentí vergüenza, miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás», dice.
Tu historia es personal pero también colectiva…
Sí, totalmente. Tanto en Donde no hago pie como en Por qué volvías cada verano, pongo de manifiesto que mi causa es una más de todas las que atravesamos, y que no tiene que ver con una familia, con un vínculo, sino que son estructuras de poder que se repiten y tienen en común que hay un victimario con cierto poder, cierta confianza, que se abusó de esa confianza, esa es la estructura que hay que desnaturalizar.
¿Pensaste que la publicación de tu primer libro podía influir en el juicio?
No. De hecho, tenía miedo a las cosas negativas, tenía temor, pero no el pensamiento de saber que me podía traer algo bueno. Al contrario, sentí que me estaba exponiendo, que me daba vergüenza, sentí miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás.
¿Qué desafíos enfrentaste a la hora de escribir tu propia historia?
Uno de los principales desafíos que tuve como escritora fue ser investigadora y a la vez objeto de investigación. Lo que me pasó en Donde no hago pie fue investigar y crecer en cuanto al conocimiento a la par de los lectores, ir de a poco, también incluir infografías, búsquedas en Google, anotaciones en un cuaderno, pensando colectivamente. Todas las preguntas que me hacía en ese momento, las trataba en todas las reuniones de la comisión. En nuestra formación como periodistas y como comunicadores está ese requisito de objetividad, de poder distanciarnos de alguna manera, eso fue lo más difícil, por eso utilicé palabras del ámbito judicial –juez, acusado, denunciante y defensa–, para de alguna manera entender que la causa era mía, pero a la vez no, era una causa más del sistema penal que tenía que investigar, correrme y hacer a un lado las emociones para poder trabajar, editar y publicar.
¿Te imaginabas que Por qué volvías cada verano iba ayudar a muchas mujeres a romper el silencio?
Me parece que abrió paso a esta nueva literatura, donde las mujeres podemos poner temas que nos interpelan, que nos duelen, que son nuestras realidades cotidianas. Además, el género “no ficción” en Argentina está muy asociado a la denuncia, a la identidad, una larga tradición que también estoy formando parte. A su vez fue algo recíproco, porque hubo una red de mujeres que me ayudó a llevar adelante esta causa judicial. Desde la abogada a la Comisión de Abogadas Penalistas, las periodistas, comunicadoras, se unieron de alguna manera para acompañarme y pensar una causa judicial.
¿Qué importancia tiene la ESI en relación a los abusos?
Con mis libros me ocupo del durante y del después. En Por qué volvías cada verano cuento lo que fue para mí denunciar, contarlo en la familia y todo lo que sucede con romper el silencio, pero sí es importante que empecemos a ocuparnos de los temas antes. La única manera de ocuparnos es con la Ley de Educación Sexual Integral, porque se necesita información y la palabra de les niñes, poder darles voz. Fue muy importante para mí presentar el libro en las escuelas, donde les adolescentes puedan preguntarme las dudas que tengan, que puedan entender que ellos también pueden escribir, acercarlos a la palabra y además informarlos. Me parece que es una de las cosas más valiosas que podemos hacer por elles.
«Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral», advierte.
¿A qué hace referencia el título del libro Donde no hago pie?
Por un lado, priorizo que sea un título literario, y que, aunque sea una historia real y un asunto fuerte que interpela, no deja de ser literatura donde hay todo un trabajo literario detrás. Por otro lado, Donde no hago pie hace alusión a todos esos espacios, laberintos judiciales y profundidades donde nos sentimos ahogadas y sin aire.
¿Cómo está hoy la causa judicial?
La pandemia entorpeció la causa como también entorpeció todas las causas del país. Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral. El libro termina con el inicio de la pandemia porque me pareció que estaba bueno hacer un recorte, poder hablar de un período de tiempo y no tenía ni por qué terminar con la pandemia ni con un veredicto.
¿Qué otros trabajos estás haciendo?
Dicto talleres de no ficción con perspectiva de género, también estoy haciendo talleres de lectura y escritura en el centro cultural de España en Buenos Aires, es un lugar donde elijo autoras contemporáneas, que estén dando sus primeros pasos en la literatura, donde se narre Latinoamérica desde estas voces de mujeres con temas que nos interpelan de forma regional. Además, voy a dar un taller en junio para les alumnes de todas las carreras de Sociales de la UBA.
Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
May 16, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Las tres manzanas en disputa están delimitadas por las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza.
La jueza Paola Cabezas Cescato, al frente del Juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras conocidas como “los campitos» de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, al reconocer que la venta fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice.
La magistrada, que en febrero había frenado las obras del club en los terrenos de Casa Amarilla, ahora hizo lugar al amparo colectivo firmado por la agrupación barrial La Boca Resiste y Propone (LBRP), con patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esa organización había denunciado que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, vendió los terrenos públicos al club que preside Daniel Angelici por más de 180 millones de pesos sin la autorización de los dos tercios de los legisladores porteños, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución local.
Para las organizaciones del barrio el fallo representa una victoria. “Esta sentencia es la más importante porque las anteriores eran medidas cautelares, orientadas a resguardar la protección de estos predios hasta que se decida si nosotros teníamos razón, o si la tenía el Estado o Boca Juniors. La decisión que se dio a conocer ahora es definitiva, resuelve el conflicto y nos da la razón”, indicó Jonathan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las tres manzanas en disputa están comprendidas entre las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza y habían sido adjudicadas en 2016 al club para construir un estadio-shopping. Sin embargo, la Ley N° 2.240, que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de La Boca, definió que las tierras debían convertirse en un gran parque público para el barrio.
«Esta sentencia le da la razón a las organizaciones barriales», dice el abogado Jonathan Baldiviezo,
Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, expresó: “Hay un gran problema: la tierra pública que se vende ya no va a estar disponible para nada de lo que necesitemos los vecinos”. Además, Quinto dijo que espera que prontamente el club retire el alambrado que puso ya que los vecinos utilizan este espacio abierto para realizar campeonatos de fútbol, ensayos de murgas y festivales locales.
Por su parte, Emiliano Acosta, de la Agrupación Vecinos de La Boca que integra la asamblea por «los campitos» de Casa Amarilla, recordó que las tierras pertenecían al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales. “El planteo del IVC en los últimos gobiernos es que no hay espacio para hacer vivienda y acá el primer proyecto que hubo fue habitacional y un proyecto educativo que no se cumplió”, manifestó Acosta.
En 2005, el IVC había planificado en ese sector la construcción de 1.200 viviendas. Pero sólo construyó 438 casas en Casa Amarilla y en 2010 cedió el predio al Ejecutivo porteño que, mediante el Decreto 723 firmado por Mauricio Macri, aceptó esa cesión y transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur. Así, este organismo oficial se encargó de beneficiar, según la Justicia de forma ilegal, el negocio del club xeneize en perjuicio del barrio.
De todos modos, el Club Boca Juniors, al día siguiente de ser notificado del fallo de Cabezas Cescato, presentó el recurso de apelación y con posterioridad también lo hicieron la Corporación Buenos Aires Sur y el Gobierno de la Ciudad. “Vamos a seguir sosteniendo la ilegalidad de las ventas y denunciando públicamente como el Gobierno se atreve a violar la Constitución para favorecer negocios de privados”, aseguró Baldiviezo.
