“Esta gente solo tiene lealtad con el dinero”

“Esta gente solo tiene lealtad con el dinero”

Como cada jueves, desde hace dos años y medio cuando comenzó el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA -el 6 de agosto de 2015-, asistieron a la última audiencia familiares y amigos de víctimas, e integrantes de las querellas. Entre ellos estaba Diana Malamud, referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, quien perdió a su marido Andrés aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

A casi 24 años del peor atentado terrorista cometido en suelo argentino, pocas son las certezas de lo que ocurrió ese día en que el edificio la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, cuando quedó reducido a una pila de escombros, humo y cenizas tras una explosión que le arrebató la vida a 85 personas. Hasta el día de hoy, los autores materiales de la masacre continúan libres luego de que el juicio por el atentado, en el que 22 ciudadanos argentinos fueron acusados por complicidad finalizaran, en septiembre de 2004 todos absueltos. Los imputados habían sido señalados como la “conexión interna” que, según la principal hipótesis, habría colaborado con funcionarios del gobierno iraní y un miembro operativo libanés del Hezbollah para ejecutar el ataque. Una investigación plagada de irregularidades, tanto por parte de las fuerzas policiales como de los servicios de inteligencia, así como el accionar de las propias autoridades judiciales del caso fueron los causantes de que el juicio fuera declarado nulo, de que los criminales nunca fueran identificados, y de que el atentado aún permanezca impune.

Daiana Malamud posando frente a un mural con un pájaro verde detrás

Daiana Malamud sigue reclamando verdad y justicia por la muerte de su marido en el atentado a la AMIA.

Ahora, aquellos encubridores deben rendir cuentas por su repudiable proceder durante el transcurso de la causa AMIA, en un nuevo juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, junto con otros integrantes de los Servicios de Inteligencia, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Carlos Telledín, último propietario de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, completan la lista de los acusados.

Memoria Activa es una de las 31 querellas reunidas en seis cabezas de querella que participan en el juicio por encubrimiento junto con las asociaciones de familiares 18J y Apemia, la Dirigencia comunitaria judía AMIA – DAIA, Policías Bonaerenses y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Argentino. Todos ellos buscan que los autores del atroz crimen, así como los funcionarios que los encubrieron, sean juzgados.

O por lo menos eso es lo que parecía al principio. A contracorriente del resto de los querellantes, la Unidad AMIA –que ya había pedido la absolución del ex Comisario Palacios- decidió en su alegato no solicitar penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes aparentemente tendrían vínculos cercanos con el Ministro de Justicia, Germán Garavano. El alegato fue anunciado por el abogado Juan José Console, recientemente elegido para que represente al Estado en reemplazo de Enrique Ventos (desplazado aparentemente por no estar de acuerdo con librar de penas a los fiscales imputados). Console había sostenido en relación a la culpabilidad de Mullen y Barbaccia: “No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”.

Pero aun cuando el polémico abogado fue apartado del caso por el Tribunal Oral Federal Nº 2 en la última audiencia con el argumento de que su participación en el juicio “resulta incompatible” con el cargo que ocupa en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dieron igualmente por válido el alegato presentado por la querella del Ministerio de Justicia, al que se oponen las demás querellas, y que generó repudio y malestar entre los familiares de las víctimas.

Tras el cuarto intermedio de la etapa de alegatos, Diana Malamud dialogó  con  ANCCOM para comentar los avances –o más bien, los retrocesos- del juicio por encubrimiento.

Los jueces del TOF 2 finalmente decidieron apartar a José Console, abogado de Unidad AMIA designado por el Gobierno. ¿Memoria Activa está satisfecha con esa decisión?

A medias en realidad, porque concretamente estaba inhabilitado, eso era obvio, y no debió haber presentado el alegato. El tema es que para nosotros tampoco era válido el alegato que presentaron, ya que hubo una denuncia de los demás abogados de que eso no constituía lo que pensaba la querella. Pero esa es una decisión del tribunal.

¿Qué repercusión tiene para ustedes como querellantes y familiares de víctimas el hecho de que quienes fueron asignados para investigar el atentado contra la AMIA sean juzgados por encubrimiento?

Es difícil, porque es como el mundo del revés. Uno confiaba en estas personas -tanto el ex juez Galeano como los ex fiscales Mullen y Barbaccia, los miembros de los Servicios de Inteligencia y de la Policía- que eran los que tenían que investigar, y en cambio nos mintieron, encubrieron a los perpetradores, e hicieron todo tipo de maniobras delictivas para hacer negocios y para que nosotros nunca tengamos verdad ni justicia. De hecho, son los culpables de que a tantos años del asesinato de nuestros familiares todavía no tengamos nada. Ni siquiera sabemos bien qué sucedió ese día. Pero por lo menos los encubridores están siendo juzgados y esperamos que haya condenas firmes y duras para ellos.

¿Y qué significa para ustedes que entre los acusados estén Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, e importantes figuras políticas como el ex Presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros?

Eso habla de hasta dónde llegó esto, de todo lo que son capaces de hacer porque tienen el poder y en definitiva de lo poco que les interesa la gente. Muchas veces se llenan la boca de que gobiernan y hacen las cosas para los ciudadanos, pero en estas cosas uno se da cuenta de que no es así, sino que tienen otros intereses. Y lo que aprendí en estos años es que, generalmente, estos intereses están atados al tema dinero y no a otra cosa, ni siquiera a otro tipo de lealtades. Esta gente solo tiene lealtad con el dinero.

¿Por qué creen que la querella que representa al Estado no solicitó penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia?

Fundamentalmente porque Mullen y Barbaccia son amigos del Ministro de Justicia, Germán Garavano. Esta decisión tiene que ver con la relación de los ex fiscales con Garavano y vaya a saber qué otras cosas que uno desconoce.

¿Cree que desde el Ministerio de Justicia se busca lograr la impunidad para los acusados?

Por lo menos para Mullen y Barbaccia sí, absolutamente. Esto ni siquiera se ha escondido, lo han hecho público.

El año pasado, a raíz de la renuncia de dos abogados de la Unidad AMIA –querella del Estado-, Memoria Activa publicó una carta abierta al Presidente Mauricio Macri en la que sostenía: «Lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados desde agosto de 2015».

Así es, y esto viene a ser como la frutilla del postre. Lo que acaban de hacer es muy vergonzoso. La verdad es que uno piensa: «Si el Ministro de Justicia hace eso, ¿qué nos queda a los argentinos?» Es algo muy tremendo y muy doloroso, porque uno piensa que pueden hacer cualquier cosa solamente porque uno es ministro de tal cosa o tal otra, o pertenece a este Gobierno. Pero las cosas no son eternas y este juicio precisamente demuestra eso, que quienes acusaban en ese momento ahora están en el banquillo de los acusados.

Daiana Malamud casi de perfil mirando hacia adelante.

Daiana cree que desde el Gobierno están encubriendo a dos ex fiscales por su vínculo cercano al ministro Garavano.

¿Qué estrategia tienen para evitar que en este juicio se cometan las mismas irregularidades que hicieron que el juicio por el atentado fuera declarado nulo?

La única estrategia que tenemos nosotros es la lucha que siempre hemos hecho, la denuncia constante y tratar de que se haga justicia y de que tengamos algo de verdad. Es nuestro único interés. Y esta ha sido nuestra estrategia, tener claro siempre qué es lo que queremos, y lo que queremos es justicia para nuestros familiares.

¿Cuál cree que será el resultado final del juicio?

Tenemos la esperanza de que haya condenas para todos, y condenas duras, efectivas y ejemplificadoras. Que quede claro que no porque alguien haya sido juez o tenga un puesto en el Gobierno pueda hacer cualquier cosa. Sería educativo, de alguna manera, además de que delinquieron. Cometieron un montón de actos que el Código Penal marca como delitos, y eso es punible. Esperamos que el Tribunal los condene a todos.

¿Teme que la causa por encubrimiento del atentado pueda terminar con todos o algunos de los acusados impunes, como ocurrió en el juicio por el atentado?

Uno siempre tiene miedo, pero la realidad es que nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Iremos a la Cámara en protesta si eso ocurre e iremos a otras instancias. Ojalá eso no pase.

A casi 24 años del atentado, ¿tiene expectativas de que los autores del crimen sean juzgados?

En lo personal, no. Creo que si de algo son culpables todos estos delincuentes que están siendo juzgados hoy es precisamente de haber impedido eso, de habernos alejado de la posibilidad de que los verdaderos autores del crimen, los que pusieron la bomba y mataron a mi marido y a otras 84 personas algún día estén entre rejas. Yo, a esta altura, lo veo imposible.

¿Cree que es posible llevar a cabo un nuevo juicio por el atentado?

No hay contra quién iniciar un nuevo juicio porque no existen pruebas. No hay nada, no sabemos nada. Es una causa vacía. Y después de tantos años, es muy difícil empezar una investigación. Esto es consecuencia de la mala investigación que hicieron en primera instancia. Cada año que pasó nos alejó más de la posibilidad de obtener verdad y justicia.

¿Cómo piensan seguir adelante una vez que finalice el juicio por encubrimiento?

Nosotros tenemos todavía la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguimos denunciando todo tipo de maniobras de encubrimiento que siguen ocurriendo. Y seguimos con la expectativa de que la Unidad Fiscal que ahora está a cargo va a seguir trabajando, que se pueda llegar a algo y se puedan realmente desclasificar toda la información que hoy está clasificada y que aún no pudimos ver. Vamos a ver qué pasa. Ya son muchos años, casi 24 años. Yo creo que ya es casi imposible descubrir la verdad, lamentablemente.

 

Los caballos y el antidoping

Los caballos y el antidoping

La industria hípica Argentina, cuya calidad de razas y trabajo de criadores, cuidadores, médicos veterinarios y un gran número de amantes de los caballos, la sitúa en tercera posición mundial, recientemente comenzó a verse amenazada por una propuesta de origen europeo que busca eliminar cualquier competencia: la iniciativa doping cero. Esto pone en peligro a las familias de peones, cuidadores, criadores, veterinarios y partícipes indirectos, que subsisten gracias al diario trabajo que aportan a la industria.

“Este es un tema exclusivamente veterinario”, aclara el médico veterinario Federico Pont Lezica, profesional asesor del haras El Paraíso, un importante centro de producción de caballos de Argentina. “Hay que pensar, antes que nada, en la salud animal. A partir de ahí comienza la discusión. Hay que definir qué es un doping y diferenciarlo claramente de un tratamiento terapéutico que se le receta a un deportista, sometido a importantes esfuerzos y en la mayoría de los casos a una edad en que no ha finalizado su desarrollo.”

Según la ley 24819 de antidopaje, que regula todas las disciplinas deportivas, incurre en doping quien utilice en su entrenamiento, antes, durante o después de una competencia deportiva sustancias y/o medios prohibidos. En el caso de la hípica abarca al turf (carreras), al polo y al salto. El control establece no sólo las sustancias prohibidas, como es el caso de los estimulantes, narcóticos y anfetaminas, entre otros; sino que también instaura ciertos límites tolerables de medicamentos que son aceptables y sustancias sujetas a ciertas restricciones. Como explica el veterinario Federico Pont Lezica, los límites se establecen porque los animales que corren, muchas veces animales aún en desarrollo, padecen afecciones que son resultado del ejercicio, y necesitan un tratamiento médico, lo que evita dolor, incremento de la lesión o roturas irreversibles en la competencia. Esto no solo implica proteger la salud animal, sino también al jockey que lo monta, por el peligro de caídas.

Caballos corriendo una carrera

«Hay que definir qué es un doping y diferenciarlo claramente de un tratamiento terapéutico que se le receta a un deportista», aclara el veterinario Federico Pont Lezica.

Así, Pont Lezica aclara que “todo fármaco que se suministre a un animal debe ser instaurado con criterio y responsabilidad del médico veterinario actuante, el que respalda el diagnóstico y el tratamiento con la receta médica”. Por su parte, Gustavo Ruzzante, médico veterinario a cargo de los caballos de Nero y de Pablo Mac Donough, integrantes de La Dolfina, aclara en diálogo con ANCCOM: “Hay drogas que se dan con concepto médico”. Desde el punto de vista médico, hay tres categorías de caballos: el que puede correr sin nada, el que no puede correr, y el que necesita un tratamiento determinado para correr. Esta última categoría, siempre decidida bajo criterio médico, debe ser defendida.

Según publicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Argentina se ha posicionado como tercer productor de caballos de carrera y primer productor de caballos de polo del mundo, permitiendo no sólo una influencia mundial como país, sino también brindando innumerables puestos de trabajo en los hipódromos y haras. “Yo, como de esto”, explica Rubén, cuidador. “No soy veterinario, ni polero, ni nada. Yo cuido al caballo, si me sacan el caballo, no tengo trabajo.”

El conflicto comenzó hace unos meses, a raíz de una serie de detecciones no del todo clarificadas en los aspectos de límites permitidos y sustancias prohibidas. Si bien las disposiciones varían, siendo diferentes las formas de sancionar y de exigir el doping entre el hipódromo de Palermo, de San Isidro y La Plata, como explica el médico veterinario Dante Valenti, presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina (AAVE): “Existe un reglamento de carreras, pero dicho reglamento no vale más que la Ley Nacional de Antidopaje. Hay que regirse por ello”.

Un cuidador bañando a un caballo

“No soy veterinario, ni polero, ni nada. Yo cuido al caballo, si me sacan el caballo, no tengo trabajo”, explica Rubén, cuidador.

La iniciativa doping cero, que propone niveles de tolerancia cero en todas las sustancias, sean con concepto terapéutico o no, es promovida y ponderada por Francia, un país cuya industria hípica se ha ubicado siempre en las más altas categorías, junto con Argentina. Louis Romanet, quien fue presidente de la International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) y cuya familia ha trabajado en la industria hípica durante generaciones, es uno de sus promotores, defendiendo una industria ecuestre francesa “elitista”, aclara Federico Pont Lezica. Como explica el médico veterinario, ellos se basan en un caballo que no necesita tratamiento terapéutico para correr. Esto no solo es una idealización médica -ya que el ejercicio intenso, al igual que un jugador de fútbol, conlleva sí o sí a lesiones-, sino que además una masa equina de alto valor genético y costo de crianza es descartada al matadero, lo que se hace insostenible para una industria productiva sustentable de alto hándicap.

La lucha es política -aclaran- los criadores. Los veterinarios expresan por unanimidad que ellos no tienen peso en la decisiones, que se toman por influencias y poder económico. “La lesión del animal es algo real, hay que tratarla”, explica Valenti. “Hay que defender la vida del animal.”

Los veterinarios que hoy trabajan en el Hipódromo de San Isidro comenzaron a elaborar una iniciativa para fijar los límites aceptables de las drogas de tratamiento necesarias y cuidar la salud del equino. Además de insistir en que el médico veterinario puede y debe realizar receta médica y tratamiento. Esta nota será elevada a las autoridades para poder comenzar a discutir con basamentos científicos.

Los médicos veterinarios aseguran que darán batalla porque la industria hípica Argentina va más allá del deporte de alcurnia, de las clases altas, o de las apuestas. Es una industria de calidad, que ha estado al resguardo de un cuerpo médico veterinario de excelencia, y que ha impuesto a la Argentina como un país de referencia.

Un jockey montando un caballo

Según publicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Argentina se ha posicionado como tercer productor de caballos de carrera y primer productor de caballos de polo del mundo.

Actualizada 18/07/2017