Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Una bicicleteada desde el Congreso de la Nación hasta la puerta sur de la Reserva Ecológica en defensa de la costanera y los humedales, frente a la amenaza de un proyecto inmobiliario del grupo IRSA con el Gobierno de la Ciudad, convocó el domingo último a más de 1.500 personas.
En la sesión ordinaria del jueves pasado, la Legislatura aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 37 votos a favor y 20 negativos. La propuesta denominada Costa Urbana, impulsada por el Gobierno de la Ciudad junto al grupo IRSA, viola las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para este tipo de proyectos.
Ante este avance, diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una reserva ecológica. Este proyecto de ley se titula “Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río” y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos. Además, desde la ciudadanía, se convocó un abrazo simbólico y una bicicleteada el domingo pasado para recuperar la Costanera Sur.
“El fin de semana anterior fuimos a la Reserva Ecológica a pedalear y nos pararon para firmar. Y obviamente estamos de acuerdo con un tema ecológico: la ciudad tiene una cantidad de m2 de espacio verde está por debajo de la media mundial”, comenta Luciano, arquitecto que, junto a su familia, desde Avellaneda, se encontraban frente al Congreso esperando el inicio de la bicicleteada.
Este emprendimiento de construcción de mega torres de 145 mestros de altura en la Costanera Sur, en un predio que se encuentra ubicado al lado de la Reserva Ecológica, es un contrasentido ambiental, urbano y social. La ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, explica: “De concretarse, va a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la ciudad y en particular para la Reserva Ecológica. Va a modificar las condiciones de asoleamiento, la circulación de los vientos y el escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas. Además de generar todo tipo de impactos sonoros que van a poner en riesgo la biodiversidad de la reserva”.
Leila, jubilada y escenógrafa que cautivaba la atención de las personas con su bicicleta, expresa: “Vine porque soy ciudadana de Buenos Aires y amo mi ciudad” sosteniendo su cartel: “Carpincho diputado”. “Voy desde hace muchísimos años a la Reserva Ecológica, incluso antes de que se hiciera Puerto Madero. Y la verdad, no quisiera que se construya más nada, sobre todo porque serían torres que en su mayoría estarían desocupadas, nadie las habitaría. Estoy cansada de los negocios para unos pocos, porque ni siquiera va a vivir gente ahí”. Este predio de 72 hectáreas, es uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires. La construcción de este nuevo Puerto Madero vendría a consolidar una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires ribereña, destinada al 5% de la población de mayores recursos, y una Buenos Aires de espaldas al río, sin derecho al horizonte.
“Nos llama la atención este proyecto inmobiliario porque está totalmente en contra de lo que la Ciudad se propone en cuanto democracia ambiental”, dice Zoe, militante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La organización se encarga de verificar que las políticas públicas se encuentren acorde a lo que ellos definen como los derechos a la ciudad, que son garantizar el acceso igual a los derechos que implican vivir en Buenos Aires: salud, transporte, vivienda digna, ambiente, entre otros. “El proceso ya en sí, de la evolución de la política pública está en contra de la Constitución de la Ciudad, Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú que se firmó el año pasado. Privatizar la costanera vulnera todos nuestros derechos de acceder al espacio público, a los espacios verdes y de tener una ciudad sana que se pueda disfrutar en igualdad”.
Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante por eso es necesario defender el humedal y recuperar este predio para transformarlo en una nueva reserva ecológica. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, comenta que la convocatoria excedió la previsión y que llamarán a nuevas actividades esta semana. Todavía falta una segunda lectura, una audiencia pública y realizar el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto inmobiliario continúa en pie.
Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Nuestro país es uno de los ocho del mundo en donde se está llevando a cabo el estudio MOSAICO para la investigación de una vacuna preventiva contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), actualmente en fase III. Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia aportan también a los 57 centros de investigación en los que se está desarrollando el proyecto.
Fundación Huésped y el Hospital Ramos Mejía son los centros de investigación de nuestro país en los que se realiza el estudio. En él participan alrededor de 3.800 personas de todo el mundo VIH negativas con un rango etario de entre 18 a 60 años, con alto riesgo de contraer el virus.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana afecta el sistema inmunológico y puede generar la aparición de otras enfermedades, en donde en una etapa avanzada la infección pasa a ser SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). Es importante señalar que no todas las personas que tienen VIH tienen SIDA, pero sí pueden transmitirlo. Según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación actualmente hay 139.000 personas con VIH en nuestro país. El 83% conoce su diagnóstico y el 17% lo ignora.
Marcelo Losso, jefe de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía, responsable del Área de Investigación en Enfermedades Emergentes en el mismo hospital, señala: “Nuestro grupo de investigación forma parte como centro de las redes de investigación HPTN (Red de Ensayos de Prevención del VIH) y HVTN (Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH) del NIAID (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas), NIH (Institutos Nacionales de Salud – Estados Unidos). Es el único hospital público del país, y uno de los pocos de Latinoamérica, que forman parte de estas redes de excelencia en investigación en HIV a nivel mundial. El estudio MOSAICO es uno de los proyectos, entre otros, que llevamos adelante en colaboración con estas redes”.
Nicolás Ávila tiene 28 años y es estudiante de Economía. La convocatoria le llegó por redes sociales y ahora es uno de los voluntarios que forma parte del estudio MOSAICO en el Hospital Ramos Mejía: “Descubrí que Argentina formaba parte de los ocho países en donde se está llevando a cabo y que tienen alrededor de 500 voluntarios en nuestro país. La verdad que fue algo que me motivó mucho y me dieron ganas de poder participar y poder ayudar poniendo el cuerpo a la ciencia para que pueda avanzar en una vacuna preventiva del HIV”, asegura.
Este año se cumplieron los 40 años de los primeros casos de VIH. Ávila resalta la importancia que tienen los avances en estudios contra el VIH ya que en este sentido la información con la que contamos hoy de esta enfermedad es muy distinta de la que teníamos hace un tiempo. “Creo que es clave una vacuna preventiva para poder ponerle fin a la pandemia del VIH-SIDA. Además, todo el estigma que hay alrededor del VIH y que tiene la comunidad homosexual respecto a esta enfermedad. Como homosexual me parece también una forma para militar respecto a eso”, agrega.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en más del 98% de los casos la manera de transmisión del virus fue por relaciones sexuales sin protección. En el caso de los varones un 56,3% se da por relaciones sexuales sin protección con varones y un 42% con mujeres. En el caso de las mujeres, por su parte, un 97,1% se da por relaciones sexuales sin protección con varones.
Guillermo Tapia tiene 25 años, es de Quilmes y actualmente es parte del estudio MOSAICO en Fundación Huésped. Su recorrido hasta llegar al voluntariado de la vacuna preventiva contra el VIH comenzó en realidad mientras buscaba ofrecerse para probar una de las vacunas para el covid 19. “Me enteré sobre la iniciativa que estaba llevando adelante la Fundación y me interpeló casi al instante porque pensaba: covid 19 puede agarrarle a cualquiera ¿no? Igual que en el VIH, pero ¿qué circula en el imaginario colectivo? Se relaciona a minorías sexuales generalmente y a personas que su único sustento es el trabajo sexual. Por eso me sentí identificado con minorías que son excluidas. Al menos por ser parte de la comunidad”, sostiene.
Tapia manifiesta que no tenía conocimiento que se encontraba en desarrollo una vacuna preventiva contra el VIH y decidió interiorizarse al respecto. Fue a una entrevista y asegura que la manera en la que se manejaron y la consideración que le mostraron a la hora de programar las citas fue un factor fundamental para que se sumara al proyecto, además de que éste se encuentre en fase III.
“Como en todo estudio de investigación, el proceso de consentimiento informado es crucial, se trata de poner a disposición toda la información necesaria para que el voluntario comprenda la naturaleza del proyecto en todos sus detalles y pueda tomar una decisión libre para participar o elegir no hacerlo. En este caso, se trata de personas que no están infectados con VIH, pero tienen un riesgo elevado de infectarse en el futuro próximo”, asegura el Losso.
Leandro David Sandoval tiene 26 años, es estudiante de enfermería y trabaja en el Hospital de Ituzaingó. Se enteró de la campaña en redes al inicio del 2020 cuando apenas habían comenzado a convocar voluntarios. Se inscribió en un formulario y a los pocos días le llegó un correo electrónico en donde le hicieron la convocatoria para su primera entrevista. Lo que lo llevó a participar fue su compromiso con la comunidad LGBT. Forma parte de un frente de diversidad en su localidad donde arman jornadas solidarias. Desde hace unos años era aportante de Huésped a través de donaciones mensuales.
“Cuando yo me sumé al programa MOSAICO fue pleno marzo del 2020, me acuerdo que la primera entrevista la tuve el 16 de marzo, fue todo pre-pandémico. En la reunión charlamos sobre qué era lo que yo esperaba también del estudio porque es algo que uno hace sin esperar nada a cambio, solamente formando parte para contribuir de forma altruista, es algo personal”, explica Sandoval.
Losso asegura que el seguimiento que se realiza es exhaustivo y durante dos años, incluyendo la administración del producto de investigación. “En este caso, los diferentes componentes de la vacuna, en un régimen de cuatro dosis a lo largo del primer año y controles frecuentes de seguridad más otros parámetros”.
Guillermo Tapia explica que uno de los síntomas que tuvo luego de las aplicaciones -ya lleva dos- fueron un poco de temperatura que no llegaba a ser fiebre, sino febrícula, y un poco de dolor de cabeza: “Se soluciona con un analgésico convencional como con cualquier vacuna”, agrega. Por su parte, Ávila comenta que solo tuvo un poco dolor de cabeza y decaimiento.
Sandoval considera que si esta investigación concluye de manera positiva lo único que espera es que se puedan seguir salvando vidas como hasta ahora han hecho con los tratamientos de alta efectividad. “Esta tampoco es la cura para los que ya conviven con el virus, sino una forma de prevenir que otros sean objetivos de su transmisión, pero es un paso que puede ayudar bastante al desarrollo de otras vacunas a futuro en donde se lo pueda erradicar”.
“A pesar de contar con tratamientos antirretrovirales de alta eficacia que no solo permiten controlar la infección en el largo plazo, sino que evitan la transmisión de la infección, y de los enormes avances que implican el uso de estos fármacos en la modalidad de la PrEP (profilaxis previa a la exposición), es decir que previenen la infección en personas de alto riesgo, todos coincidimos en que la solución definitiva para la epidemia de HIV/SIDA es, sin duda, contar con una vacuna eficaz y segura”, cierra Losso.
Ávila considera que en el caso de que el estudio MOSAICO concluya de manera positiva sería una buena noticia a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino para todo el mundo: “Poder pensar que el día de mañana con una vacuna preventiva junto a que todas las personas que están infectadas de VIH reciban el tratamiento adecuado y que sean indetectables -lo cual signifique intransmisible- teniendo a la población que está infectada indetectable y la población no infectada con una vacuna preventiva quizás el día de mañana podemos hablar del fin de esta epidemia y me parece muy esperanzador”.
Tapia se encuentra optimista y afirma que ya es algo positivo que nos encontremos hablando de VIH. “Creo que lamentablemente se va a seguir relacionando enfermedades de transmisión sexual con minorías sexuales. En relación a eso creo que ese va a ser mi aporte. Un aporte chiquito de construir entre todos una sociedad más justa e inclusiva”. Además, expresa que para la discriminación la única vacuna es la educación y la información “esa nos demostró que es 100% efectiva. Alguien quien no tiene estas dos dosis, aunque existan todas las vacunas y demuestren que son efectivas, no va a poder curarse de su espíritu de excluir a las demás personas. Para construir una sociedad más inclusiva y justa con las minorías sexuales”, cierra.
Ago 23, 2021 | Comunidad, Novedades
Verónica Garri junto a su familia.
El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .
En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.
Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”.
Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.
En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global.
Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”
En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local.
Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.
Ago 19, 2021 | Comunidad, Novedades
El helipuerto Baires Madero se encuentra en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, a metros de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires y al lado del barrio Rodrigo Bueno. El camino a la entrada parece no tener final, las veredas comienzan a achicarse, el humo de los camiones inunda el ambiente. Se observan montañas de basura y unos cuantos autos abandonados. Desde Avenida España al 3200, se llega a ver la central Helicenter, y allí, subiendo una escalera, está el despacho donde se alojan los médicos y operarios del Escuadrón Aéreo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
La tripulación está formada por el piloto Eduardo Forgan; Javier Revilla, técnico operativo que durante el vuelo y en la escena colabora con el médico al momento de la asistencia; Pablo Martínez, médico emergentólogo, y la médica aeroevacuadora María Sol Budic. Además, de cada operativo participa Juan Noir, uno de los coordinadores del SAME, jefe del equipo médico y, a la vez, enlace del Escuadrón Aéreo con el resto del SAME. Es el encargado también de la programación de los servicios, el control de las habilitaciones y licencias del personal, la realización de los cursos, la documentación y el contacto entre otras áreas o instituciones para que la operación sea fluida y sin inconvenientes. El equipamiento con el que cuentan incluye capacidades de Unidad de Terapia Intensiva Móvil y asistencia primaria para el paciente politraumatizado.
El SAME se creó en 1991 como una fusión entre lo que era el Centro Informativo y Permanente para Emergencias y Catástrofes, la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención a la Salud (coordinación médica). Hoy depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, específicamente del Área de Emergentología. El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y desde ese momento a la actualidad realizó más de 3.500 auxilios. Dispone de dos helicópteros que pertenecen a la empresa privada Modena Air Service –que brinda mantenimiento y tripulación–, mientras que el SAME aporta equipo médico, insumos y combustible.
Asimismo, posee bases operativas para aterrizar en diversos hospitales porteños: Santojanni, Pirovano, Tornú, Fernández, Rivadavia, Argerich, Penna, Vélez Sarsfield y Durand. Sin embargo, la idea de operar con helicópteros sanitarios en la Ciudad no fue fácil: muchos establecimientos no tienen todos los elementos para asistir a un paciente, el recurso humano es escaso y los problemas de tránsito complejizan todo. “Llegábamos a un incidente en la autopista y no nos identificaban como un recurso sanitario, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando y se los fue capacitando, al punto que hoy cortan el tránsito para que podamos bajar”, cuenta Juan Noir.
La mayor virtud del SAME aéreo es la rapidez de los helicópteros: el tiempo promedio entre el ingreso del llamado hasta el despegue es de tres minutos y el máximo para cruzar la Ciudad de extremo a extremo es de cuatro, o sea que en un máximo de siete minutos arriba al lugar del incidente.
El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y ya realizó más de 3.500 auxilios.
Un día de trabajo
Son las 7 y la tripulación chequea el helicóptero. Se comprueba el equipamiento médico y se verifica qué hospitales cuentan con todas las condiciones para recibir traslados ese día. La misión comienza con el llamado de auxilio al 107, la central operativa interroga sobre todos los datos y ubicación mientras, en simultáneo, se transmite el requerimiento a la Base Baires Madero. Se activa la alarma, el piloto pone en marcha la nave, el técnico geolocaliza el punto de aterrizaje y el médico recaba datos del auxilio pertinentes para la operación. “Tiene que estar en vuelo dentro de los tres minutos que se hace el llamado. A partir de ese instante, el personal presente en la escena corta el tránsito y allí descienden el médico y el técnico para atender a la persona. Pasa de todo: aparecen motociclistas que ayudan a parar el tráfico, gente que no se corre cuando ve que estamos por aterrizar y hasta pacientes que se han negado a subir, todo ocurre en cuestión de minutos”, comenta Eduardo “Bugy” Forgan, el piloto de helicóptero con más experiencia del país.
Si bien se busca minimizar los tiempos y atender a todas las vidas humanas, los helicópteros pueden transportar dos pacientes y uno para asistir en el momento. La tripulación pone en riesgo su vida. “Uno de los eventos más fuertes fue la explosión de la perfumería Pigmento en Villa Crespo: dos bomberos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos, esa fue la que más nos afectó porque las víctimas eran parte de nuestro equipo”, recuerda María Sol Budic. Según Javier Revilla, copiloto del equipo, “la tragedia de Once en 2012 fue muy complicada también”. En aquel accidente, 52 personas murieron, hubo más de 600 heridos y muchos de los pasajeros atrapados fueron trasladados por el SAME aéreo. Fue un antes y un después para el escuadrón ya que los centros asistenciales más cercanos estaban ocupados y se vieron obligados a organizar a los pasajeros. La rapidez con la que llegó el equipo de rescate fue vital.
Ese miércoles 22 de febrero, a las 8.29, entró la llamada del 107. “Base aérea ¿me escucha? –dijo el operador–. Tenemos un accidente en la terminal de Once, parece haber colisionado una formación de tren con principio de incendio y gente atrapada”. “Estamos yendo con varias unidades”, respondió un minuto después el director del SAME Alberto Crescenti. Automáticamente, desde el Móvil 1 se cursó la alerta roja a todos los hospitales porteños y las camas se agruparon para atender los heridos. “Nos encontramos con múltiples víctimas en el hall, en los andenes de la terminal, pero fue peor cuando entramos: el grueso de los heridos, 120 personas atrapadas en 6 metros”, rememoró Revilla. De inmediato, colocaron en la estación una bandera roja para pasajeros de atención inmediata, amarilla para monitoreo hasta el lugar de traslado y verde para equipos de psicólogos y psiquiatras. A las 8.36, llegó el SAME aéreo.
Desde el llamado de emergencia hasta que llega al lugar del incidente, el helicóptero tarda como máximo siete minutos.
La pandemia intensificó el trabajo de la tripulación. “Es más incómodo por el equipo de protección personal y el trabajo invade parte de nuestras vidas. Hubo médicos que prefirieron no convivir con la familia por temor a contagiarse, pero se trabajó igual”, afirma Noir. Durante el año pasado, el SAME se adaptó a nuevos protocolos: se asistió a pacientes en hospitales y ambulancias y se evacuaron geriátricos con las medidas de higiene, pero no estando vacunados. El emergentólogo Pablo Martínez menciona que se incorporó la telemedicina: “Es una asistencia mediante video que puede valorar signos del paciente para darle solución a su necesidad, se pueden dar instrucciones hasta el arribo del móvil, indicaciones de RCP, asistencia psicológica, o en casos de incidentes con múltiples víctimas, dar un mayor panorama a la central operativa para el manejo de la escena”. Según la página oficial del SAME, en 2020 recibieron cerca de 800 mil llamados de los cuales 296 fueron derivados al servicio de telemedicina.
En los primeros 100 días de 2021, con un promedio diario de llamadas de entre 2200 y 4500, el escuadrón aéreo realizó más de 100 operativos asistenciales, aunque más allá de los números que avalan la alta capacitación de sus integrantes, hay que destacar su calidez humana. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Suena el teléfono y el equipo tiene que salir volando.
Ago 18, 2021 | Comunidad, Novedades
“¿Qué tan lejos le queda la escuela a cada alumno de Argentina?”, se pregunta la Fundación Bunge y Born a partir del interrogante sobre cómo mejorar el acceso a las escuelas en las zonas rurales.
Esa entidad, en alianza con la Fundación Perez Companc, lleva adelante, desde hace años, distintas iniciativas para potenciar la educación rural argentina a través del Programa Sembrador, el cual busca fortalecer a las escuelas de zonas rurales de todo el país. Una de las propuestas de este programa fue la de elaborar el Mapa de accesibilidad a las escuelas argentinas, cuyo principal objetivo es poder dar cuenta de la distribución geoespacial de la oferta educativa en el país para analizar en detalle las características del acceso al sistema educativo.
Es una herramienta que abre el juego a pensar nuevas soluciones a viejos problemas. Esto quiere decir, mostrar las oportunidades de acceso a los establecimientos educativos de niños, niñas y adolescentes en su lugar de residencia. A partir del relevamiento de todas las unidades educativas y su ubicación en los más de 52.000 radios censales en los que se encuentra dividido el territorio argentino, se observó en detalle el tiempo que deben recorrer a pie los estudiantes para concurrir al establecimiento más cercano.
En este sentido, uno de los principales resultados que arrojó el estudio fue que, a nivel país, mientras un alumno que vive en el ámbito urbano debe caminar, en promedio, 10 minutos para acceder a una escuela primaria, y 12 minutos a un establecimiento secundario; en el ámbito rural, en promedio, un alumno debe caminar 87 minutos para llegar a una escuela primaria y 138 a una secundaria. Hablamos de una diferencia de más de una hora para acceder al nivel primario y de más de dos horas para el nivel secundario en el ámbito rural.
De allí se desprende, según los investigadores, la necesidad de conocer en profundidad la oferta educativa existente y analizar las causas relacionadas con el abandono escolar, especialmente en el nivel secundario en zonas rurales.
Clara Gonzales Chaves, psicopedagoga y analista de la Fundación Bunge y Born, precisó que “el mapa es parte de un proyecto más grande en contextos rurales”. Manifestó que el abandono escolar en el contexto rural se produce, especialmente, luego del primer año del secundario: “El 19.8% en la ruralidad versus el 2.3% en la urbanidad”. A partir de estos datos, según explicó Gonzales Chaves, una de las hipótesis del proyecto es que “los alumnos abandonan la escolaridad por la distancia que tienen hasta las escuelas”. Explica que la forma de traslado que tomaron para medir las distancias fue la caminata porque es la realidad más igualitaria y representativa de todos los alumnos.
La investigadora asegura que “la inversión de tiempo y de dinero es mucho más grande en contextos rurales que urbanos”. Agrega que hay una distancia del doble o triple en el acceso al nivel secundario con respecto al primario. Por otro lado, señala que en la primera instancia del proyecto fue la de “mapear el acceso a los establecimientos educativos pero, en una segunda instancia, necesitamos empezar a profundizar en las necesidades de cada zona específica donde, muchas veces, el abandono no tiene que ver con la distancia sino con incentivos educativos, condiciones económicas, transportes y el valor que se le da al aprendizaje en cada lugar”.
María Ofelia Ferreyra, directora y docente de una escuela primaria en Villaguay, municipio de la provincia de Entre Ríos, se pregunta por el incentivo y el lugar que les dan los propios docentes a sus alumnos para que ellos puedan y quieran acceder a la escuela: “¿Qué estamos haciendo nosotros, como docentes, para que los alumnos lleguen a la escuela?”, manifestó. La docente rural cree que las condiciones de accesibilidad no son favorables y propicias para impulsar a los chicos a no abandonar su escolaridad, pero también hace énfasis en la falta de compromiso de algunos docentes en la educación de sus alumnos: la ausencia a clase sin previo aviso y el maltrato escolar son dos de las razones que, según Ferreyra, no ayudan a que los alumnos puedan continuar con sus estudios.
Ella contó la experiencia en la escuela rural a través del relato detallado del recorrido que debe hacer todos los días uno de sus alumnos para poder acceder al colegio secundario más cercano: “Leonardo tiene 11 años, vive a 20 kilómetros de la estancia Rancho Grande, donde queda el colegio. Se levanta a las 3 o 4 de la mañana, toma su caballo y cabalga tres kilómetros por camino de tierra (cuando no está embarrado por la lluvia y se puede transitar) hasta la parada de la Traffic que está justo en frente de su ex escuela primaria, amarra su caballo y espera la Traffic”.
La camioneta debe recorrer, luego de la parada de Leonardo, otras estancias en busca de otros niños y niñas que viven a 20 kilómetros de distancia de Leonardo. En total, entre todas las paradas, él viaja 80 km para llegar a su colegio secundario, al que ingresa a las 8 de la mañana. Es decir, este alumno tiene su primera clase del día, si es que su profesor no faltó, con varias horas de viaje encima.
“¿Cuál es la motivación de ellos para ir a la escuela?”, cuestiona Ferreyra al describir la odisea que significa para sus alumnos acceder al establecimiento de nivel medio. Con la pandemia esta situación se agravó aún más ya que el transporte público tiene capacidad reducida, por lo que la posibilidad de trasladarse se ve aún más limitada, los alumnos deben turnarse para asistir a clase.
La labor de un docente rural va mucho más allá de lo educativo, las escuelas funcionan como una red de contención para las familias, cuentan con un servicio interdisciplinario que da respuesta a las demandas de salud, económicas, sociales y psicológicas de los alumnos. Los docentes tienen el compromiso de especializarse en áreas y temáticas que exceden lo netamente pedagógico.
Carlos Aguilera, por otra parte, es docente de una escuela rural itinerante en el paraje El Ocultar, ubicado en Rivadavia Banda Sur, una localidad de la provincia de Salta. A la escuela asisten, además, alumnos de otros cuatro parajes lindantes: Pozo Verde, Pozo del Tigre, El Divisadero y San José. En cada paraje no habitan más de diez familias que están a 12 km de distancia, aproximadamente, del paraje donde se encuentra la escuela, la que cubre la formación y educación de un extenso territorio de salteños.
Este establecimiento de nivel medio convive en el mismo edificio que una escuela primaria y eso le da su carácter, entre otras características, de “itinerante”. La diversidad del alumnado no sólo se debe a los lugares de donde provienen sino, también, a la heterogeneidad cultural y étnica, como la comunidad wichí que tiene una fuerte presencia en esta región del país. “La idea del colegio itinerante es que el chico tenga el menor desarraigo posible”, explica Aguilera. Esta novedad beneficia y ayuda a mejorar el acceso de los chicos y chicas a las escuelas. La mayoría concurren en moto y algunos pocos a caballo, entre los parajes no hay transporte público que los traslade, pero, cuenta Aguilera, las limitaciones en el acceso son mucho menores que hace varios años atrás cuando él era alumno de la escuela rural.
La otra voz que intenta reflejar los datos marcados en el mapa que trazó Bunge y Born es la de Estela Ledesma, docente de tres escuelas urbanas de nivel medio de la provincia de Santiago del Estero. Ledesma estima que una de las causas de deserción en su localidad es que muchos alumnos comienzan su edad laboral de forma prematura ante la necesidad de ser un sustento económico más en su marco familiar. El Bachillerato N°1 Perito Moreno, ubicado en la ciudad capital de la provincia, es un ejemplo de esta realidad donde muchos de los chicos y chicas que asisten son de zonas vulnerables y no tienen la posibilidad de sostener su educación secundaria.
Cada una de estas escuelas tejen su propio color en el entramado educativo de la Argentina, pero si buscamos un denominador común podríamos definirlo como el desafío de acceder a una educación que contemple la particularidad de cada comunidad y de cada región.
Los docentes coinciden que la pandemia dejo vislumbrar posibles soluciones a los problemas de accesibilidad, con un buen equipamiento y formación digital la educación a distancia es una opción más que efectiva para los alumnos que por distancia o ingresos no pueden asistir a la escuela. Si el mapa sirve como disparador para encontrar nuevas soluciones, que éstas contemplen la diversidad de experiencias que hoy coexisten en nuestra sociedad.
Ago 11, 2021 | Comunidad, Novedades
“No sería la primera vez que se hacen exploraciones sísmicas en Argentina, ya se han realizado y como ellos (Equinor, compañía de origen noruego) bien dijeron, esto se hace en muchos países del mundo, pero eso no es una justificación válida”, afirma Belén Silva, que es ingeniera química y escribe sobre ciencia, medio ambiente y cambio climático. “Las cosas que se hacen hace mucho tiempo y en muchos lugares son las que están generando la situación climática que tenemos hoy. Quieren descubrir nuevos pozos de petróleo cuando los que ya están descubiertos ni siquiera se terminaron de usar. Esta empresa tiene más de seis proyectos en Argentina, offshore y onshore en Vaca Muerta. La Agencia Internacional de Energía dijo que con los pozos que hay en explotación ya nos alcanza. Hoy esa plata tiene que ir a proyectos de energías renovables o, al menos, limpias”, señala.
La Agencia, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró en un reporte de mayo de este año que para alcanzar emisiones cero netas para 2050 no debe haber inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen en más de un 70% de su uso para la producción de energía, sostienen Daniela Keesler y Gabriel Blanco en el informe “Lo ambiental debe ser política de Estado” de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El equipo de investigación del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) plantea la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la vida económica y productiva, pero también repensar el modelo de desarrollo para mitigar el cambio climático.
Con intereses en Vaca Muerta y en la plataforma continental nacional, Equinor lleva adelante actividades de exploración de hidrocarburos y extracción no convencional en Argentina desde 2017. En mayo de 2019, tras el llamado a Concurso Público de la entonces Secretaría de Energía de la Nación, se adjudicaron permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en 18 áreas del ámbito Costa Afuera. Uno de los espacios menos explorados del territorio nacional hacía brillar los ojos de los funcionarios del Ministerio, luego convertido en Secretaría, que avizoraban una lluvia de inversiones, funcionarios que casualmente habían ocupado cargos gerenciales en empresas petroleras.
Equinor, compañía de capitales noruegos con presencia en 30 países, obtuvo permisos para cinco bloques como operador y para dos más en los que se asoció con otras empresas. Entre ellas, YPF, con la que en 2019 firmó un acuerdo para adquirir el 50% de la titularidad del bloque CAN 100, que habilita un período exploratorio de cuatro años en un área de 15 mil kilómetros cuadrados. Posteriormente, YPF y Equinor se asociaron con Shell para su exploración. En total, fueron ocho los bloques de exploración que adquirió la compañía noruega repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN) y en las Cuencas Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO).
Dando lugar a la instancia participativa que forma parte del procedimiento para identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto puede causar al ambiente, en junio de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a una audiencia pública. Con el objetivo de que la ciudadanía ejerza su derecho de conocer y expresarse respecto a la documentación que presentó Equinor sobre su proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, la audiencia se extendió a lo largo de tres jornadas. Allí expusieron 350 personas, algunas en representación propia, otras como parte de una organización, y en representación de personas jurídicas. Además, se sumaron 23 personas que dieron su opinión de forma escrita.
De los 373 participantes, sólo 12 se expresaron a favor: representantes del rubro petrolero como YPF y Equinor que plantearon las consabidas ideas de “generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento” y “bienestar económico”. “Los que defienden esto son los que tienen intereses y a quienes se les llenan los bolsillos. Es momento que el Estado demuestre que va a defender a la gente que está del otro lado pidiendo que cuide nuestro país. Los mismos interesados dijeron que esto va a traer la soberanía que necesitamos, que es para todos los habitantes. La verdad es que no, porque tenemos más de 50 pozos en explotación en el sur onshore y no somos un país que brilla por su riqueza. Este modelo de extracción de recursos naturales de empresas extranjeras evidentemente no funciona”, manifiesta Silva.
La ingeniera química subraya el descontento que compartió con el resto de los disertantes: la instancia pública se convocó con el proyecto de Equinor bastante avanzado, y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se presentó a tan sólo tres semanas de la audiencia, un tiempo insuficiente para verificar datos, revisar la bibliografía y poder dar argumentos sólidos. El procedimiento evidencia conflictos de interés y pone en cuestionamiento la objetividad del estudio, ya que es la misma compañía la que contrata a otra empresa para que elabore el EsIA sobre la adquisición sísmica.
“Las exploraciones son la primera etapa en lo que va a ser la explotación del pozo en sí. El objetivo principal es verificar la posición exacta de los combustibles fósiles para que una vez que tengan la localización puedan hacer las perforaciones. Un barco con diez cables de ocho mil metros -ocho kilómetros, son larguísimos- que tienen sensores, van a captar las ondas cuando el mismo barco vaya lanzando tiros de aire comprimido hacia el suelo marino. De esa manera, van detectando distintas señales de onda y en función de las que reciban, van a poder determinar la posición donde se encuentran los combustibles para después hacer los pozos”, detalla Silva.
Equinor estima que la prospección sísmica puede durar de tres a cinco meses y funcionaría de manera ininterrumpida. “La frecuencia de las emisiones sonoras que se van a generar es el triple de lo máximo que podemos detectar en nuestro oído. Están diciendo que eso no va a afectar a los animales y que para prevenirlo van a ir aumentando las emisiones acústicas progresivamente. Pero están en su hábitat y por más que se alejen un poco los van a dañar en su sistema auditivo. Los peces se van a alejar obviamente y esto va a afectar la actividad de la gente que se dedica a la pesca en las costas de Mar del Plata. Estas exploraciones se hicieron en Chubut y allá los pescadores estuvieron sin actividad casi un año. Imaginate un barco bombardeando el suelo marino tres meses durante 24 horas, siete días a la semana”, grafica Silva.
Como puntualiza Equinor sobre el relevamiento previsto de sus licencias, se haría costa afuera a 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata. Darío Socrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), comenta que lo que generan no está identificado porque se han hecho exploraciones pero no se hizo ningún estudio del estado previo al inicio de las actividades. “Existen referencias concretas de que ha generado inconvenientes en otros lugares del mundo. Lo que pretendemos como sector no es oponernos a la actividad petrolera, sino que se analice cuál es el impacto que se va a generar sobre la pesca”.
La preocupación se centra en el impacto sobre los peces ya que son la materia prima de la cual depende su actividad, que involucra millones de dólares de exportación anuales, 23 mil empleos y alrededor de 200 empresas. “Nosotros cuestionamos la falta de estudio y de participación del sector en la discusión de este proyecto antes de su inicio. En el bloque de al lado al que está en estudio, en la misma Cuenca Argentina Norte, se trabajó el año pasado haciendo sísmica sin haber hecho la audiencia pública. Nadie se tomó el trabajo de ver cuál fue el impacto que hubo efectivamente sobre las poblaciones de peces que existen en esa zona. En 2009, Pan American Energy hizo tareas similares dentro del Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza sufrieron la desaparición de su materia prima por largos meses. Como resultado, la provincia de Santa Cruz prohibió las exploraciones sísmicas dentro del golfo”, remarca Socrate.
“Como sector no hemos sido considerados ni tenidos en cuenta en esta discusión y le hemos pedido al Estado en montones de oportunidades participar, contar con información, y las respuestas han sido prácticamente nulas. Pretendemos que haya información más concreta sobre la zona en donde se va a desarrollar la actividad y sobre este tipo de mar. Porque el impacto que provoca en peces depende de un montón de variables: el tiempo de exposición, la profundidad, la salinidad del mar, la temperatura del agua, la época del año, qué tipo de especies hay y en qué etapa evolutiva. Abajo del mar las comunicaciones son básicamente por sonido. Por lo cual, la aparición de un sonido extremo fuerte en lugares donde no existía, por lo menos genera perturbaciones y en algún caso espantamiento. No hay estudios para los datos de nuestro mar. Lo que presentó la empresa se ha hecho con una recopilación bibliográfica, no con información del terreno”, se queja el representante de CEPA.
Socrate explica que, en teoría, cuando se va a realizar una actividad que puede generar un impacto en el ambiente, se tiene que hacer un estudio previo para ver las condiciones dadas antes de empezar, un estudio durante para ver cómo está impactando, otro posterior y, en caso de resultados negativos, análisis periódicos ulteriores. “Nada de eso está previsto. Estamos muy preocupados y vemos que por parte del Estado hay una doble vara. Cuando se hace un análisis de impacto ambiental que produce la pesca, que existe y estamos dispuestos a dar la discusión, el enfoque es ecosistémico. Pero con las exploraciones, que no se sabe qué impacto tienen, no hay un mismo interés ambiental. Hoy está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación de un área marina protegida que se llama Agujero Azul. Los propios redactores dijeron en una reunión informativa que el proyecto fue modificado reduciéndolo precisamente para contemplar la exploración petrolera. No se puede pescar en el área marina protegida, bajo ningún concepto, pero sí se puede achicar para desarrollar estas exploraciones. Creemos que no se está aplicando el mismo criterio”, dice el gerente de CEPA.
Silva explica que las consecuencias directas recaen sobre los animales y también sobre los microorganismos, problemática que estuvo ausente en el EsIA. “Hablan sobre los animales que habría en la zona, todo es hipotético pero no fueron a ver exactamente cuáles hay en ese lugar. Todo lo hicieron a nivel teórico, no práctico. Les faltó analizar los microorganismos que hay en el océano marino porque son los responsables de almacenar gran parte del dióxido de carbono que emitimos por los combustibles fósiles. Los océanos almacenan el 30% del dióxido de carbono generado a partir de fuentes fósiles”, señala Silva y explica que, de esta manera, se está afectando directamente la capacidad del suelo de almacenar CO2, lo que derivaría en un aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera.
Si las exploraciones sísmicas se realizan, el paso siguiente para la compañía consiste en analizar los datos recolectados y preparar, en función de estos, el equipo que van a instalar para las perforaciones. “Se trata de plataformas offshore que capturan el petróleo desde el fondo marino, perforan el suelo y con presión bombean el petróleo para conducirlo a la superficie. Después, con cañerías o barcos, lo transportan hacia la costa. Un estudio de la Universidad del Centro afirma que en este tipo de operaciones el riesgo de derrame es de un 100%. Si existe este riesgo, que seguro va a afectar a la flora y la fauna, es algo que no podemos aceptar. Cuando ya conocemos fuentes de energías limpias, cuando ya sabemos que los combustibles fósiles no van más, es un riesgo innecesario. El Estado tiene que empezar a representar los intereses de los que vivimos acá”, dice Silva.
La noticia reciente sobre una fuga de gas en un oleoducto del golfo de México que provocó una combustión en el medio del mar, dejó indicios de los efectos que este tipo de operaciones puede producir. El daño ambiental, producto de negligencias o de accidentes contemplados, con frecuencia es negado por las compañías responsables y los gobiernos avalan y apañan sus acciones. “El problema es que hoy este tipo de delitos ambientales que afectan a la naturaleza, no son penalizables. En la mayoría de los derrames o accidentes de este tipo no se ha nombrado a los culpables, que en muchas ocasiones no han tenido ni que pagar porque siempre salen impunes. No hay una ley internacional que avale a los derechos del planeta por sobre los intereses de estas empresas. Lo que pasó en México pasa todo el tiempo, incluso hay accidentes en los que mueren personas que están trabajando en esas plataformas porque es una actividad muy riesgosa. Así como también hay derrames de petróleo que han dejado islas turísticas completamente devastadas, que han acabado con toda la flora y la fauna de la zona costera, pasó en la Isla Mauricio el año pasado”, cuenta Belén Silva.
Para cumplir con la meta de ser un mundo de cero emisiones de carbono en 2050, Silva explica que es necesario plantear un modelo de transición energética, lo que implica invertir en nuevas formas de producir energías. “En teoría se está haciendo, pero con mucha lentitud. Eso no significa que no emitamos nada, pero lo que emitamos lo vamos a tener que compensar si queremos evitar que esto sea una catástrofe, que ya lo está siendo, pero que sea muchísimo peor de lo que nos esperamos”. Una prueba más de la inconsistencia de los documentos presentados por Equinor es que no mencionaron acciones para mitigar las emisiones que van a generar sus combustibles fósiles.
Silva refiere que se siguen destinando presupuestos a la investigación de tecnologías para la explotación de petróleo y a evaluaciones de impacto, en lugar de estudiar las fuentes de energías renovables. “En Argentina lo que tenemos es energía eólica, solar, hidráulica renovable, biomasa, biogas y también se está investigando la tecnología del hidrógeno. Lo importante es diversificar la matriz y no depender de un único combustible como hoy del petróleo”.
El modelo extractivista de nuestro país no conduce a la riqueza. Por el contrario, genera un pasivo ambiental que tiene consecuencias desastrosas también en el aspecto económico. “Los daños a mediano y largo plazo son muchísimo más caros que la retribución que estos proyectos puedan dar en el momento. El cambio climático está afectando a todo el mundo. En Argentina estamos luchando para que no dejen pasivos ambientales como derrames de petróleo en el medio del mar, aguas contaminadas con cianuro por las mineras y glaciares derretidos, campos con soja transgénica que dentro de cinco años ya no van a servir para cultivar porque van a estar destruidos. Como las tierras que quieren usar para hacer las mega granjas factorías de China”, concluye Silva.
Después de un mes donde la participación ciudadana y los reclamos de la sociedad se multiplicaron en defensa de la biodiversidad y de un planeta que pueda ser habitable para el presente mismo, se espera una toma de decisión por parte del Ministerio de Ambiente, que podría solicitar mayor información a Equinor, otorgar la autorización para la ejecución del proyecto o finalmente rechazarlo.
