«También se los llama hongos psicodélicos: la revelación del alma», dice una de las instructoras.
A la mañana, llega por mensaje privado la dirección en la que por la tarde se llevará adelante el curso. El lugar de encuentro es un PH húmedo en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires que, puertas adentro, funciona como centro cultural. Pasados cinco minutos de las seis de la tarde, más de veinte personas se acomodan en el piso sobre almohadones, deseosas de aprender los secretos del psilocybe cubensis, también conocido como “Cucumelo”, uno de los pocos hongos de esta especie que crece en nuestro país.
“Los consumían los mayas y los aztecas en ritos y ceremonias para conectar con la naturaleza, con ellos mismos, con los dioses”, interviene una de las dos instructoras del curso a modo de apertura, sentada en el fondo, detrás del proyector. “De hecho, el término ‘enteógeno’ -utilizado para describir sus propiedades- significa: ‘Dios dentro de uno’ –explica-. También se los llama psicodélicos: la revelación del alma». Durante la introducción, uno de los asistentes asegura haber dejado el tabaco gracias a estos seres vivos. Otro, iniciado en el uso de ácido lisérgico -LSD-, busca incursionar en algo más orgánico. Una chica aclara que solo le interesa aprender a cultivar como experimento científico.
Las organizadoras del taller se conocieron en Capilla del Monte, Córdoba, en una ‘casa medicina’ o ‘comunidad de plantas’: así se denominan las pequeñas sociedades de la zona donde algunas personas acuden para servirse del mundo vegetal con el objetivo de sanar o expandirse. “Yo llegué de casualidad -asegura E.- o, más bien, causalidad. Me enamoré de la gente, tenían un tipo de vida totalmente diferente a lo que conocemos: del amor, del no juicio, de la no estructura, te sentís muy libre”. Allí conoció a L., nativa del lugar, con ocho años de experiencia en autocultivo y doce en una búsqueda espiritual por medio de otras especies como el San Pedro -cactus que contiene una sustancia psicoactiva llamada mezcalina- y la Ayahuasca, una bebida hecha de plantas en la que predomina el compuesto dimetiltriptamina, conocido como DMT.
A principios de 2019, E. y L. se animaron a compartir sus saberes sobre hongos mágicos en distintas ciudades mientras recorren el país. Dejaron atrás la comunidad en Córdoba porque consideraron que su estadía había cumplido un ciclo. Por ahora no tienen residencia fija.
Una síntesis a dos voces ocupa los primeros diez minutos de las dos horas de duración de la clase. El prólogo abarca una breve historia de los hongos, la polémica en torno a su origen –“no se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”- y sus propiedades terapéuticas. No lo dicen públicamente ante la audiencia, pero las chicas conocen a una persona que dejó atrás 20 años de adicción a la cocaína, sin quererlo, luego de ingerirlos. Agregan que el padre de una de ellas pudo controlar su bipolaridad gracias a microdosis periódicas.
En el primer tramo del encuentro los saberes técnicos se engarzan en estructuras complejas con conceptos espirituales y filosóficos. Una descripción precisa de cómo la psilocibina actúa en el cerebro humano se va articulando con un paneo sobre cómo las personas nos protegemos detrás de nuestra personalidad, entendida como una máscara construida a partir de estímulos externos. Hacia el final de la introducción, los hongos afloran como un camino para conectar con el ser que tenemos dentro, percibir el mundo como un campo unificado, destruir el ego y perder el miedo a la muerte.
“No se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”, introducen las talleristas.
Juan Acevedo Peinado, psicólogo argentino descendiente de guaraníes mbyá, es autor del libro Plantas Sagradas, que lleva publicadas dos ediciones. En los 90 fundó, junto con otros profesionales, la institución Mesa Verde, dedicada al estudio de algunas especies del reino vegetal y su potencial terapéutico en occidente. Desde su consultorio en Recoleta señala que efectivamente los hongos psilocíbicos fueron usados por los mayas en rituales y también se utilizan en nuestros tiempos. Menciona el caso de la curandera María Sabina de la etnia mazateca en México, conocida por su tratamiento ceremonial de estos organismos.
El especialista expresa algunos reparos sobre el consumo de psicotrópicos en el contexto de hoy: “El tema es la administración y cuándo. Los psilocibos tienen un correlato con la etnomedicina, cierta cuestión de búsqueda. Cuando caen en occidente estamos en medio de un despropósito porque -por las características de esta sociedad- una vez que tengas los medios para cultivar, probablemente no dejes de consumirlos. La persona tiene que estar capacitada para poder llevar adelante esa experiencia y tener un conocimiento en esas áreas, alguien que con larga data y probadamente sepa generar una situación terapéutica. La sustancia en sí -ese líquido violáceo que queda cuando le pasás la uña o exprimís un hongo- sirve para muchas cosas. Por algo le llaman ‘La Maravilla’”.
Si bien no desacredita las posibilidades terapéuticas de la psilocibina aún en el mundo actual, el psicólogo advierte acerca de su ingesta en casos de individuos con trastornos de ansiedad muy fuertes: “Existen también personas con disfunciones renales o psicóticos compensados que no saben de su condición. No somos originarios, vivimos con altos niveles de estrés, paranoia y neurosis. El tema no es para ser tratado con liviandad. Nada es un milagro, todas son herramientas”, concluye.
En la clase sobre hongos del Posgrado en Toxicología de la Universidad de Buenos Aires hablan de ‘florecillas de los dioses’. Las diapositivas que se exhiben en el aula postulan que generan dependencia psíquica, tolerancia, psicosis tóxica, midriasis (dilatación de la pupila del ojo), hiperreflexia (respuesta excesiva a los estímulos). En el peor de los casos, alteración sensorial, náuseas, vómitos, dolor abdominal. La experiencia, según el punteo, es de una hilaridad incontrolable, visiones coloreadas caleidoscópicas, demoníacas, alucinaciones auditivas, viajes a otros mundos de hasta doce horas de duración.
Uno de los libros que acompaña la cursada –Toxicología Clínica– provee un párrafo con instrucciones sobre intoxicación por hongos alucinógenos: «En general no es preciso utilizar medidas de eliminación o extracción. El tratamiento es sintomático: tranquilizar al paciente, evitar estímulos sensoriales y administrar sedantes del tipo de las benzodiacepinas». En el Manual de Emergencias Toxicológicas de Goldfrank, uno de los favoritos de los especialistas, dice que “puede promover reacciones secundarias de miedo extremo con percepción distorsionada, particularmente en usuarios inexpertos”.
“Los que llegan a las guardias son individuos que consumen sin informarse”, indica una médica que cursa un posgrado.
En la guardia, los médicos no consideran con gravedad a los casos de personas que llegan en medio de un mal viaje. “Son individuos que consumen sin informarse, pero no es muy diferente de alguien que acude porque se comió un frasco entero de aceitunas”, indica una alumna del posgrado.
Desde el punto de vista estrictamente normativo, la prohibición es absoluta, tanto de la tenencia para consumo como de la comercialización. «La ley 21.704, que aprueba el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas adoptado en Viena en 1971 por la Conferencia de las Naciones Unidas, como la ley 23.737 -de tenencia y tráfico de estupefacientes- y sus normas reglamentarias, contemplan el caso de los hongos», aporta el abogado penalista Fernando Leone (matricula T°110 F°677 CPACF). La psilocibina figura en la clasificación internacional entre las más peligrosas y con alto riesgo de abuso dentro de un listado muy cuestionado que agrupa al cannabis y sus derivados, cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y hoja de coca.
«En nuestro país hay bastante jurisprudencia sobre el tema, tanto con especies autóctonas como extranjeras –sostiene Leone-. Hay bastantes casos, todo el tiempo. De hecho, hay una división de la Policía Federal que se encarga solo de psicotrópicos y precursores. En este momento hay gente detenida, mayoritariamente en prisión preventiva, esperando un eventual juicio oral por tenencia de plantas en su casa que contenían sustancias psicotrópicas y ni siquiera lo sabían».
Existe un caso de conocimiento público relacionado con los hongos que fue bandera del operativo antinarcótico de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: en 2016 arrestaron a un productor luego de encontrar más de 500 gramos de hongos psilocibos en su casa de Castelar. Desde entonces se encuentra procesado, a la espera de juicio oral, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante una hora y media, el taller de hongos se centra en el autocultivo en términos técnicos: esterilización, inoculación de esporas en arroz yamaní, armado del sustrato, colonización, riesgos de contaminación, oscuridad, calor, ventilación, luz, humedad, esterilización, esterilización, esterilización, esterilización, mililitros aquí y allá. Las instructoras aclaran desde el principio que toda la información será suministrada luego del curso en manuales digitales. Atenderán todas las dudas que vayan surgiendo en un seguimiento vía grupo de WhatsApp.
Sobre el final ofrecen algunas recomendaciones para el consumo: una calculadora online para las dosis -aproximadamente 2,5 gramos cada 50 kilos de peso-, la aclaración de que la intensidad de los efectos depende, entre otras cosas, del PH de cada estómago, la recomendación de meditar, cantar, ayunar, estar en la naturaleza, tomar jugo de naranja, transitar la experiencia en buena compañía y permitirse por lo menos veinticuatro horas para procesar la vivencia.
“No quiero asustarlos, pero los viajes fuertes pueden ser muy intensos. Yo la primera vez me salí del cuerpo y no podía volver”, advierte E. mientras pasa de diapositiva en la habitación a oscuras. El comentario da pie a hablar del ‘derrumbe’, un fenómeno que suele darse durante las primeras ingestas: “Caen todas las estructuras con las que la mente define el sentido. El mal viaje es la resistencia, hay que entregarse”. No hay preguntas. Antes de finalizar, los asistentes le piden a L. que relate su primera vez con San Pedro: “La tierra me fue agarrando de la espalda, la habitación se fue haciendo raíces, dos manos grandes de abuela me mecían”, narra en un gesto de evocación.
Sobre los efectos psicológicos, el manual de Goldfrank confirma que las alucinaciones dependen del tipo de dosis, el estado mental de la persona, sus emociones y expectativas al momento de la exposición y el contexto del consumo. “Frecuentemente, los usuarios de alucinógenos relacionan un sentido de despersonalización y separación del entorno, comúnmente llamado una experiencia ‘fuera del cuerpo’. (…) Los efectos adversos psiquiátricos agudos incluyen ataques de pánico, psicosis y reacciones disfóricas de depresión mayor. Pánico agudo -el efecto adverso más común-, junto con ilusiones aterradoras, enorme ansiedad, miedo y un sentimiento terrible de pérdida de control”.
Cada tallerista se retira del lugar con una jeringa de esporas para dar inicio al cultivo en su casa. Una de las especies disponibles es la Thai Pink, que nace en las heces de un búfalo rosado de Tailandia. “Dame la más fuerte”. “Yo quiero la que sea más fácil salir”. “A mí dame la más terapéutica”, pide alguien, y E. le aclara que el efecto en ese sentido depende de uno y no de la cepa.
Esa noche, las chicas regresan a su residencia temporaria en una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde tienen agendada otra clase en pocos días. A la mañana siguiente activan el grupo de WhatsApp: “Psiconautas Palermo”. Durante días, quizás meses, los talleristas compartirán a diario en el grupo sus fotos, dudas y experiencias antes, durante y después de dar con La Maravilla.
“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.
¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.
Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.
No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.
Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.
Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.
Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.
Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.
Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.
En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.
¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.
Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.
Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?
Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.
¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.
No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.
A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.
En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario,quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.
“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa.Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.
En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.
“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.
En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absolutade la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.
Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.
Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.
El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.
El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.
Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.
Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.
La protesta del perejil
La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.
En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.
Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.
“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.
Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Excepto los imputados y su defensa, todos en la sala sintieron el impulso de aplaudir con furia y saltar de sus asientos. Pero se contuvieron. El juez Alfredo Ruiz Paz había sido claro al inicio de la jornada: “Esta presidencia no va a permitir ningún tipo de manifestación a favor ni en contra. Ni silbidos ni aplausos ni nada por el estilo. Si no se respeta esta indicación, aunque sea por una sola persona, procederé a desalojar la totalidad sala”. Nadie en el público quería perderse el último capítulo de una historia que comenzó hace treinta y ocho años, el 6 de octubre de 1978, cuando José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit –embarazada de ocho meses- fueron secuestrados y llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en ese entonces a cargo del comodoro Luis Trillo, uno de los imputados. Por esos hechos también estaban acusados Omar Rubens Graffigna –Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ese año- y Francisco Gómez, quien se apropió del hijo menor de la pareja, nacido en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada un mes después.
Rosa Tarlovsky –madre de Patricia- secaba sus lágrimas con un pañuelo. Sentados a su lado, sus nietos Guillermo y Mariana contenían su emoción, mientras tomaban de la mano a sus respectivas parejas. Los tres familiares son querellantes en la causa, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
El presidente del Tribunal acababa de afirmar la condena a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Graffigna “por resultar co-autor del delito de privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia o amenaza”. El magistrado interrumpió su discurso. “¿Hay un bebé llorando en la sala? –inquirió fastidiado- . Y al saber que era el hijo de un familiar de la familia Pérez Roisinblit le indicó, confundido, a la madre del chico: “No, no se lo lleve. Disculpen, voy a volver a leer esta sentencia”. Así fue como todos pudieron volver a escuchar ese veredicto inédito: por primera vez se condenaba a uno de los jerarcas de las juntas militares que había logrado sortear todas las instancias judiciales en las que había estado involucrado hasta el momento. Más temprano, cuando el imputado tuvo la oportunidad de decir unas palabras finales antes de la sentencia, prefirió discurrir una vez más acerca de la Guerra de Malvinas, homenajeando a oficiales y suboficiales de la fuerza como ex comandante y en nombre de todo el pueblo argentino.
Los otros dos imputados prefirieron no emitir palabra cuando tuvieron su turno para hablar, a las diez de la mañana. Ambos tienen información acerca del destino final de Patricia y José Manuel, que prefirieron no revelar en esta causa. A Trillo, el Tribunal le otorgó la misma pena que a Graffigna, mientras que a Gómez le asignaron doce años de prisión por considerarlo partícipe secundario del crimen.
Por primera vez en todo el proceso, se presentaron decenas de medios nacionales e internacionales para realizar la cobertura periodística. Apenas cabían las cámaras y trípodes en la sala de audiencias. Solo tenían autorización para quedarse algunos minutos previos al comienzo de la jornada, luego debieron esperar afuera. Adentro, el juez enumeraba otros aspectos del veredicto que, además de las penas a los acusados, incluía el pedido de investigación por la posible comisión de delitos de la que habrían resultado víctimas Mariana Eva Pérez –al ser sustraída junto a su madre en el momento del secuestro-, los testigos que declararon haber sido secuestrados en la RIBA y las personas que ellos indicaron que también fueron detenidos en la misma época en la zona Oeste. El tribunal también ordenó que se investigue la posible comisión de delitos por parte del vicecomodoro Raúl Pírez Apolonio, el suboficial Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2002-, el ex miembro de la Fuerza Aérea Jorge Cóceres y los NN apodados “el Oso”, “Patón” y “El gringo”. Al mismo tiempo, la sentencia solicita indagar la posible participación de Graffigna y Trillo en el delito en la sustracción de Guillermo Pérez Roisinblit -por el que oportunamente fuera juzgado y condenado Gómez- y también pide realizar actuaciones para saber quienes fueron los responsables del saqueo del negocio de cotillón perteneciente a José Manuel Pérez Rojo.
Casi cien personas aguardaron durante más de tres horas la lectura del veredicto, que tomó poco más de diez minutos. Entre ellos se encontraban familiares y amigos de los querellantes, representantes de organizaciones sociales y militantes por los derechos humanos. Una de ellas, Marcela Bublik, es la autora de la biografía de Rosa Tarlovsky, publicada en 2013. “Una de las cosas que siempre guió a Rosa como luchadora fue este juicio, además de la lucha por encontrar a todos los nietos, no solo al suyo, a quien pudo recuperar hace quince años“, dijo.
La autora estaba sentada en la puerta del Tribunal, a la espera de que abrieran el acceso al público para presenciar la lectura de la sentencia, anunciada para las dos de la tarde. El reloj todavía no marcaba la una y ya se había armado una fila de veinte metros. El ingreso era por orden de llegada y quienes quedaron afuera debieron seguir los acontecimientos a través de una pantalla ubicada en la sala contigua. La acompañaba Estela Elijis, quien fuera compañera de colegio y de facultad de Patricia: “Durante la dictadura todos estábamos distanciados de todos por el terror que se vivía –explicó-. Yo temía, en el transcurso de todo lo que fue pasando, que Patricia hubiera estado muy comprometida en su integridad. Cuando apareció el primer listado de desaparecidos en el año 83 la busqué y vi su nombre. Después la fui a buscar a su mamá”. Más tarde conocería a Bublik –recomendada por Rosa-, quien la entrevistó para la biografía. Hoy son amigas.
Durante el cuarto intermedio, el bar de la esquina del Tribunal se quedó sin mesas ni asientos libres. Rosa y sus nietos esperaron ansiosos, rodeados de sus abogados, amigos y familiares. Las meseras repartían café y medialunas de acá para allá. Leandro Despouy, abogado defensor de los derechos humanos, ex presidente de la Auditoria General de la Nación, estuvo charlando largo rato con Guillermo y se quedó hasta el final de la jornada. Antes de volver a la sala de audiencias, el hijo menor de Patricia y José Manuel salió a tomar aire a la puerta del bar. “Todavía esperaba que Gómez dijera algo, diera alguna información, pero no lo hizo. El abogado defensor mintió cuando afirmó que yo alguna vez dije que ese hombre era ‘un pan de Dios’. Nunca podría haber dicho eso”, señaló en alusión a la audiencia de alegatos de la semana anterior.
No fue posible conocer los gestos de los imputados cuando conocieron el veredicto. La cantidad de agentes penitenciarios que los rodeaba se había multiplicado para esta ocasión. Guillermo Javier Miari y Sergio Díaz Dalaglio, sus defensores, no hicieron ningún gesto mientras oían la sentencia. Apenas los jueces y las querellas abandonaron la sala, estallaron los abrazos en medio de un aplauso que duró varios minutos. “José Manuel y Patricia, ¡presentes!”, gritaron los asistentes a coro.
A la salida, Rosa Tarlovsky se halló circundada de micrófonos, cámaras y grabadores. La vice-presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aclaró que estaba dispuesta a hablar y sacarse todas las fotos que hiciera falta. Recordó que todavía resta encontrar cuatrocientos nietos, que a su vez hoy probablemente ya tengan hijos que tampoco conocen su identidad. “Todos estos años que viajé al exterior con esta causa, encontré solidaridad, respeto. ¿Qué más puede pedir un ser humano? Estoy muy agradecida”, concluyó. La respaldaban sus nietos a ambos lados, que también respondieron preguntas de los periodistas. “No obtuvimos ninguna respuesta en este juicio acerca de adonde están nuestros padres, pero al menos tres de los responsables recibieron su condena”, afirmó la hija mayor de Patricia y José Manuel. “¿Estás conforme con los doce años para Gómez?”, preguntó alguien. Ella y su hermano intercambiaron miradas y respondieron al unísono: “No, es muy poco”. “No por una cuestión de que se pudra en la cárcel o no –completó ella-. Sino porque la cantidad de años es la medida de la gravedad del delito en el que incurrió. Vamos a apelar”.
“Mi hermana y yo coincidimos en que lo correcto sería haberlos juzgado por desaparición forzada de personas, y no por la privación ilegítima de la libertad, porque si solo los hubieran privado de su libertad, tendrían que seguir con vida, lógicamente. Pero la cantidad de años para Trillo y Graffigna en cierto modo puede llegar a reparar el daño que nos hicieron”, expresó Guillermo en su declaración y recordó que Gómez “tiene información precisa no solo de lo que sucedió con mis padres, del calvario que tuvieron que vivir, sino seguramente sobre dónde están sus restos. Y además tiene información de tres o cinco nietos más que están apropiados y no tienen su identidad, y van por la calle viviendo una mentira. Todo esto lo sé por boca de él”.
Los amigos y militantes permanecieron en la vereda del Tribunal durante una hora más a la salida de la sala. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban. Se sacaban fotos con Guillermo, con Mariana, con Rosa. Se abrazaban. Antes de despedirse, la prensa tomó una foto de la familia unida, y luego otra que incluyó a sus abogados y los de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación, también muy emocionados con el resultado del proceso judicial.
La lectura de fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el 6 de octubre, exactamente treinta y ocho años después de la desaparición de José Manuel y Patricia.
Mirá el video que ANCCOM preparó con testimonios exclusivos de Mariana, Guillermo y Rosa:
Falta media hora para que comience la penúltima audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de José Manuel Pérez y Patricia Roisinblit durante la última dictadura cívico militar. Se prevé que los abogados defensores soliciten la absolución de Omar Rubens Graffigna, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; Luis Trillo, a cargo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -donde estuvo secuestrada la pareja-; y Francisco Gómez, quien trabajaba en la Regional en ese entonces y se apropió de Guillermo, hijo menor de la pareja. En la sala vacía, una sola persona aguarda la extenuante jornada: Mariana Eva Pérez, quien fuera secuestrada junto a su madre el 6 de octubre de 1978. Recién pasadas las diez y media de la mañana, el juez Alfredo Ruiz Paz da comienzo a la sesión, con la vista cansada.
El primero en alegar es Javier Miari, defensor de Trillo y Graffigna, su escritorio está atestado de carpetas y libros con señaladores. Durante su exposición, invoca a las llamadas leyes del perdón, desestima la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad para tratar el caso y cita, fuera de contexto, a Estela de Carlotto y a Eugenio Zaffaroni para apoyar su argumentación. En medio de su alegato, acusa al kirchnerismo de haber puesto presión sobre los ministros de la Corte en lo que denominó un “insólito vuelco en la jurisprudencia” durante la década anterior en las causas de derechos humanos.
Omar Rubens Graffigna.
Alan Iud, Pablo Lachener y Carolina Villella- abogados querellantes por Guillermo, Rosa Tarlovsky y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo-, escuchan con indiferencia las palabras del abogado, quien a priori cuestiona la validez de todo el proceso. El defensor apela continuamente a distintas causas, juicios, años, nombres de carátulas y leyes para fundamentar el pedido de absolución de ambos acusados.
En cuanto a las pruebas y testimonios presentados por la querella durante el debate “por la supuesta privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit” –así lo expresa-, Miari las desestima por completo por resultarle tendenciosas y contradictorias. Se refiere a la testigo sobreviviente de la ex ESMA –Miriam Lewin- como una “profesional de la declaración testimonial” y acto seguido se queja de que “esta causa ha sido novelada” y asegura que ninguno de sus defendidos tuvo nada que ver con la “subversión”. Utiliza todas las artimañas posibles para llevar arena a su costal: que Trillo y Graffigna están demasiado ancianos para ser juzgados, que ambos son hombres pobres que viven sencillamente de su retiro militar, que han demostrado buena conducta, no solo al asistir a todas las audiencias -pese a su edad avanzada-, sino al no haber sido acusados de ningún otro crimen desde 1978 hasta la fecha. Antes de finalizar, se queja de que la defensa solo cuenta con dos abogados, mientras que las querellas está compuesta por trece si se suman los representantes de Guillermo y Abuelas, Mariana Eva, la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y Nación; sumando a la fiscalía, a cargo de Martín Niklison. Acalorado y exhausto, decide permanecer de pie frente a su escritorio durante el cuarto intermedio posterior a su alegato.
Francisco Gómez
Luego es el turno de Sergio Díaz Dalaglio, abogado defensor de Gómez, quien aclara de antemano que adhiere al planteo de prescripción de los delitos de los que se acusa a los imputados, planteado por Miari. Recupera algunas frases que ya se han escuchado en declaraciones del apropiador de Guillermo: “Gómez sólo sabía usar el pico y la pala”, “Para él criar un hijo ajeno era hacer el bien”, “Es mentira que Guillermo conoció la RIBA”. Repite una y otra vez que considera que la declaración testimonial de Guillermo fue falsa y fantasiosa: “A mí una vez me dijo que pensaba que su padre era un hombre bueno”, asegura y así concluye que su cliente es “absolutamente ajeno a la acusación que se le hace”.
A las cinco y diez de la tarde, el juez da por finalizada la jornada; recuerda que el próximo lunes tendrá lugar la audiencia por las réplicas y que la sentencia será el siguiente jueves, 8 de septiembre, a las 10 de la mañana.
La última en abandonar la sala es Mariana, acompañada por su tía. “Cuando yo lo conocí a Guillermo estaba sometido a Gómez, que no era un ‘pan de Dios’ como recién dijo su abogado”, recuerda la querellante, cansada y a la vez contenta de que el juicio esté llegando a su fin. “A mí no me hace mal lo que dicen los abogados. Tienen derecho a tener una defensa y está bien que eso se cumpla, aunque mis viejos no hayan tenido esa oportunidad –afirma-. Dijeron lo que esperábamos, pero yo la verdad esperaba una defensa más sólida, al menos para Graffigna por ser un jerarca de las Juntas”.
«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
