Sep 4, 2020 | Géneros, Novedades
Aime Cardozo, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).
El aislamiento social, preventivo y obligatorio ocasionó cambios en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los colectivos sociales, entre ellos la comunidad trans. Su vida cotidiana, la salud, la economía, la educación, el trabajo y, particularmente, el acceso y sostenimiento de los tratamientos hormonales también se vieron alterados.
La Ley 26.743, que establece el derecho de identidad de género a las personas, fue promulgada el 23 de mayo del 2012. Por primera vez, el Estado reconoce a las personas trans como sujetos de derecho, sin patologizarlas ni judicializarlas.
Cabe destacar los puntos de mayor importancia que dispone la Ley: la rectificación registral en el documento de identidad, el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
Cuando hablamos de tratamientos hormonales nos referimos al adecuamiento del cuerpo de una persona a la identidad y género auto percibido. De esta manera, se desarrollan rasgos femeninos o masculinos, según se desee; y se suprimen los del sexo asignado al nacer, mediante la administración de hormonas, a partir de la supervisión y seguimiento de profesionales de la salud.
Los consultorios de hormonización están dispuestos a lo largo de nuestro país, en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Corrientes, entre otras.
Valeria Pavan, Coordinadora de las Políticas de Salud Inclusivas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad y Género del Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, afirma: “Estamos delineando políticas que tienen que ver con el reforzamiento de los consultorios existentes, que son más de 170 en todo el territorio nacional. Queremos hacerlo sobre todo en aquellos que todavía no cuentan con una mirada integral de salud, que no sean sólo lugares donde se expendan tratamientos hormonales, esa es nuestra mirada.”
Ante el contexto del aislamiento, Pavan cuenta: “También estamos atendiendo las situaciones particulares que nos llegan, y además estamos realizando un mapeo nacional para las personas travestis-trans.” Agrega que, desde la Dirección de Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, “el 6 de abril se publicaron una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a la salud para las personas trans, travestis y no binarias.”
En la localidad de José C. Paz, el funcionamiento del consultorio no se vio afectado, según Aime Cardozo, directora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) en José C. Paz. No están recepcionando solicitudes para iniciar tratamiento, pero “el consultorio está asistiendo a 100 personas, las mismas retiran las hormonas todos los meses. Hubo faltantes de la testosterona, pero dentro de todo está funcionando bien.” Y amplía: “Las actividades sólo tuvieron una reducción de días de atención y se trasladaron de espacio físico. Pero el consultorio en el Municipio continuó siendo accesible, ya que somos conscientes que no se puede suspender un tratamiento médico de esta magnitud.”
Aime comenta que en José C. Paz tiene una organización llamada Jóvenes Paceños, y agrega: “Nos encargamos de difundir toda la información pertinente para que la población trans tenga acceso a la salud, educación y el trabajo.”
Lautaro Giménez señala la importancia de la construcción de redes en la comunidad.
Por su parte, Lautaro Giménez, actor y activista trans, relata su experiencia como paciente: “Yo llevo tres años con hormonas y a mí me cambió un montón, es increíble la Nebido.” La Nebido es una solución que contiene testosterona y se administra con una inyección intramuscular (1 ampolla corresponde a 1.000 mg. de undecanoato de testosterona).
Y continúa: “Fue un proceso lento, costó mucho que la hormona se adapte a mi cuerpo, también demoró en irse mi periodo, que era lo que más me preocupaba en principio. Mi cuerpo de a poco empezó a tomar otra forma, me salieron algunos vellos, comencé a cambiar la voz, entre otras cosas.”
En cuanto al transcurso del tratamiento hormonal, comenta que “hay muchas organizaciones a nuestra disposición, no se trata sólo de ir a buscar mi hormona y ya. También existen espacios en donde encontramos contención o actividades, porque muchos y muchas no tienen la contención familiar, y ahí pueden encontrar el empuje para realizar el tratamiento.”
Con respecto a la pandemia por el Covid-19, Giménez cuenta: “Se generó una red de todo el colectivo de diversidad para ayudarnos entre compañeros. Hay muchas personas en situación de calle que se les lleva mercadería o lo que necesiten para atravesar esta situación que estamos padeciendo.”
La eficacia de las políticas públicas respecto de la salud para la comunidad trans es sumamente importante. Al día de hoy, los lineamientos dirigidos a los equipos de salud intentan favorecer el acceso a todas las personas con una atención integrada e integral de la salud, mediante un trato digno y respetuoso.
Víctor Bracuto, trabajador social, a cargo del área de Diversidad Sexual y Géneros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comenta: “El impacto de la salud en los cuerpos travestis-trans es una deuda que el Estado, las instituciones y las organizaciones tenemos con esta población. Porque todavía no hay una respuesta, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, sobre los aceites que se colocan en los cuerpos.”
Asimismo, afirma que “el gran núcleo de la población travesti-trans no pasa por los “consultorios amigables”, es decir, cinco consultorios amigables, o diez, o veinte, si existieran en el país, no cubriría la necesidad de la población trans. Estos consultorios son espacios en hospitales públicos especialmente preparados para atender a la población de la diversidad sexual. Bracuto sostiene que “las necesidades de esta población pasan principalmente por los hospitales públicos y, en aquellas personas que accedieron al trabajo formal, a través de sus obras sociales.”
Nadir Cardozo, coordinadora de las promotoras pares de Salud Trans de la Fundación Huésped, realiza una aclaración respecto de los “consultorios amigables”: “Pensamos que no tendrían que existir, en realidad: a los hospitales no vamos a hacernos amigos, sino a que nos atiendan.” Y afirma: “Obviamente esta palabra es por el momento, por la coyuntura que nos toca vivir en este proceso de sensibilización a la sociedad. Porque creemos que no haría falta de esos consultorios para que nosotras vayamos a un hospital y nos brinden una atención digna, libre de estigma y discriminación.”
Cardozo, a su vez, es promotora de salud y de Derechos Humanos de ATTTA, y cuenta que “durante tantos años ha sido una barrera el acceso a la salud, por eso se daba la auto hormonización, estamos informando y brindando recursos a nuestras compañeras de lo mal que hace.” Explica, además, que desde la Asociación “les informamos que tienen que acceder a un tratamiento hormonal, seguido por un profesional, una médica endocrinóloga y médicos clínicos. Recalcamos la importancia de hacer el tratamiento bajo supervisión médica para que cada une pueda realizarlo de forma segura.”
En cuanto a la situación actual, los consultorios de hormonización se ven afectados por la pandemia. Nadir Cardozo informa que “por el momento, a todas las compañeras que nos llaman para comenzar su tratamiento hormonal, les estamos diciendo que no.”
El Covid-19 vino a dejar en evidencia las condiciones del colectivo trans, las barreras de acceso en cuanto a la educación, el trabajo, la vivienda y la salud que esta población debe afrontar diariamente.
Jul 28, 2020 | Comunidad, Novedades
El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercute en todos los trabajadores, y las personas con discapacidad no son la excepción. Debido a la interrupción de actividades de los talleres protegidos, se complejiza la situación de los concurrentes (así se denomina a los trabajadores de las instituciones) del Conurbano.
Las personas con discapacidad que asisten a los talleres no lo hacen solo por una cuestión laboral, también reciben allí el desayuno y el almuerzo, además los establecimientos funcionan como espacios de contención y esparcimiento.
En el marco de la Ley 26.816, sancionada en el año 2012, se organizan, a través de una norma específica, los talleres protegidos de producción, que son entidades estatales bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica. Tienen como objetivo principal la capacitación laboral y el empleo significativo para personas con discapacidad física o mental.
Jaqueline Sánchez, trabajadora del Taller Protegido de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APyAD), más conocido como “San Cayetano”, de la localidad de Merlo, comenta: “Los talleres protegidos venimos teniendo un impacto negativo hace muchos años. Realmente es difícil poder sostener un espacio de trabajo real. Y las normativas que los regulan no están funcionando: los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, no tienen ART, no tienen un sueldo digno y no podemos entrar a los programas de empleo porque pertenecemos a asociaciones civiles.”
Hasta abril, cada asistente a un taller protegido recibía un peculio de 1.800 pesos. Ahora, reciben 3.300 pesos mensuales.
La situación en el Conurbano bonaerense se intensifica con la pandemia; Virginia Ventriglia, responsable del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) afirma que “desde el 16 de marzo, los trabajadores no asisten a la institución. Empezamos a hacer una vinculación a través de llamados telefónicos, video llamadas y se planteó una asistencia de alimentos”. Y agrega: “Ayudamos también a acceder a los trámites de ANSES o a diferentes trámites ante las necesidades de la familias, hay una contención más allá del concurrente.”
La presidenta del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (COMUNIDIS), perteneciente al Partido de Moreno, Rocío Scotto, explica: “Está muy complicada la situación social, familias que antes no necesitaban ninguna asistencia, están necesitando asistencia, sobre todo alimenticia. Se están dando situaciones de violencia intrafamiliar con más frecuencia que antes.”
Ante esta coyuntura, Scotto comenta que “las instituciones son su espacio de referencia, son todo para los discapacitados. Si bien los talleres protegidos están orientados hacia lo laboral, también se trata de garantizarles otro tipo de recursos y actividades que, por su situación social, no acceden.” Y añade: “No es que ellos salen de ahí como si cumplieran un trabajo y después tienen una vida normal. Realmente ellos no acceden por una cuestión de falta de inclusión en la sociedad o por una cuestión principalmente económica.”
Los talleres protegidos están enmarcados en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual, los trabajadores perciben un peculio, es decir, un salario que, hasta marzo de este año correspondía a 1.800 pesos y a partir de abril subió a 3.300 mensuales. Jaqueline explica que “una parte la cobran con una tarjeta del Ministerio y otra parte la cobran en el banco por ventanilla, como para complejizar aún más la situación.”
Ante esta realidad de los talleres protegidos, en marzo se creó la Red Federal de Emergencia porque, según Sánchez, “ya no podían pagar los sueldos ni las cargas patronales” y aclara que “hay un petitorio que está destinado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo la acción urgente en beneficio de los talleres protegidos.”
«Los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, ART, ni ingresan a programas de empleo», dice Sánchez.
En el Municipio de Merlo, la Subsecretaría de Educación contrata los servicios de los APyAD para los eventos. “La experiencia siempre fue muy buena, no solo para los trabajadores del taller, es un avance para la inclusión”, según Victor Padula, a cargo de la Dirección de Discapacidad. En cuanto cómo volverán a vincularse con los talleres protegidos, comenta que “cuando esto retorne a la nueva normalidad, veremos cómo incluirlos nuevamente, pero no es una tarea fácil.”
Desde el Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Héctor Fillippa, comunica que “el objetivo central de este organismo consiste en monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, salud, accesibilidad y empleo.” Y cuenta que ante los acontecimientos “solicitamos al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ser incluidos en la tarjeta alimentaria, y también pedimos accesibilidad en cuanto al IFE.”
El Observatorio está integrado por grupos de trabajos de salud, vivienda, deportes, género, entre otros. Fillippa afirma: “Nosotros tenemos que ver el grado de cumplimiento que tiene la Convención en Argentina y realizar recomendaciones al Estado. Hoy el tema del Covid-19 está en el centro de la cuestión en todas las áreas.”
En materia sanitaria, Scotto afirma que COMUNIDIS, conformada por 30 instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Moreno, elaboraron un protocolo específico para abordar casos de Covid-19 positivos de personas con discapacidad.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta al empleo significativo en numerosos aspectos: por la disposición del cierre de los talleres protegidos y el cese de actividades productivas, genera que las empresas que volvieron a funcionar empiecen a trabajar con otros comercios, por lo que, después de la pandemia, no es seguro que continúen solicitando sus productos y/o servicios.
Tampoco es sencillo sostener las instituciones, que perciben gastos fijos de servicios, la mayoría sin subsidios, como luz, telefonía y gas, sin las ganancias que contribuyen al sostenimiento de los mismos. Además, las personas con discapacidad cuentan con dificultades mayormente, de salud que hace que los cuidados sanitarios sean máximos.
Por último, hay que contemplar de la situación particular de cada concurrente, que está atravesada por cuestiones económicas y sociales, y asiste diariamente al taller protegido para trabajar por 3.300 pesos al mes.
Jul 23, 2020 | Entrevistas
Héctor Amichetti. apodado el “Gringo”, es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y uno de los principales representantes de la Corriente Federal de Trabajadores. Ante la pandemia del Covid-19, responde sobre la situación general de los trabajadores y cómo afecta al sector gráfico en particular, a la vez que opina sobre los nuevos horizontes laborales y el Proyecto de Regulación del Teletrabajo.
¿Cuál era la condición de la clase trabajadora antes de la pandemia?
Es una situación muy complicada, porque antes de entrar en este periodo de aislamiento, el mundo del trabajo ya estaba en una situación difícil. Por la recesión que nos dejaron los cuatro años de política económica del gobierno de Macri, que dejó una economía destruida. En el sector industrial lo llamamos “industricidio”.
¿Cómo percibe, en cuanto al plano económico, la gestión de Alberto Fernández?
Entendemos que es un Gobierno que empezó su gestión en una situación de debilidad, logró la fortaleza de haber ganado una elección, pero en una realidad que no está determinada por la democracia. Me refiero a esa enorme concentración de poder de los sectores de privilegio que controlan todo: el sistema financiero, el comercio exterior, los medios de comunicación y buena parte del Poder Judicial. Todo eso es un poder inmenso que no se revierte ganando una elección.
¿De qué forma puede articular el Estado con los trabajadores?
Entendemos que el movimiento trabajador tendría que llevar al Gobierno el reclamo y el respaldo. Que se puedan tomar decisiones que permitan al Estado más apoyo económico a las fuentes de trabajo. Sabemos que hay complicaciones de tipo político, de los sectores de la economía concentrada. Una muestra de ello es que todavía no ha salido el impuesto a la riqueza, que es por única vez, y aún así, está resultando difícil sacar esa medida.
¿Cuál es la forma certera de avanzar por parte del Gobierno nacional?
El Gobierno tiene que apresurar una alianza con los trabajadores, es posible que así pueda confrontar y sacar las medidas que hacen falta. Tiene un gran respaldo popular: la clase trabajadora, más con la situación complicada que está viviendo, acompañaría estas decisiones, también el sector mayoritario del empresariado nacional, el sector cooperativo. Entendemos que algún tipo de voluntad ha habido cuando se le dijo “nunca más” al neoliberalismo, pero esperemos que eso se dé en la práctica.
¿Cómo considera al acuerdo entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA?
Sería muy valioso que, desde la conducción de la CGT, cuando discute con el sector empresario y luego dialoga con el Gobierno, en una situación tan delicada como la que está viviendo la clase trabajadora, tuviera la opinión del conjunto de las organizaciones, y eso no ocurre. De repente, ese acuerdo reduce un 25% el salario de los trabajadores. La crítica nuestra es: un sector empresario que no es total, porque la UIA representa a las grandes empresas, y una dirigencia de la CGT que no nos consulta, deja un vacío muy grande que tenemos que enfrentar en el convenio.
Ante las alteraciones que trae la pandemia del Covid-19, ¿cómo describiría la situación actual del sector gráfico?
Tendríamos que dividir en dos partes: todo lo que es envases de alimentos, de medicamentos y de productos de limpieza, fue declarado como trabajo esencial desde el primer momento. Otra rama es la casa de moneda, los medios de comunicación gráfica: diarios y revistas; y un sector que produce libros y folletería para el programa del Ministerio de Educación. Ahí hay una cantidad de empresas que nunca dejaron de producir. La otra parte, la más golpeada, es la imprenta comercial, y el sector libro y las encuadernadoras. Su actividad se encuentra completamente congelada.
¿Es posible resumir esta descripción en valores porcentuales?
Si tuviera que traducirlo en porcentuales diría que un 50% del gremio se ha mantenido en actividad, aunque no en parámetros normales; y un 50% muy paralizado, casi totalmente paralizado.
El proyecto de Ley de Regulación del Teletrabajo aprobado en Diputados, a debatirse en la Cámara de Senadores, es una regulación que innova en cuanto a condiciones laborales. ¿Su elaboración contó con participación gremial?
Realizamos un aporte muy significativo. Hubo un protagonismo muy fuerte de los diputados sindicales, la mayoría de ellos pertenecen al sector que integramos como gráficos, la Corriente Federal de Trabajadores. Fue muy democrático, porque en las reuniones de comisión se consultaron a todos los sectores y realmente nosotros respaldamos esa media sanción.
¿De qué forma beneficiaría a los trabajadores este proyecto?
Básicamente, establece una regulación general que le da protección al trabajador, impide los posibles abusos en horarios y requerimientos de la patronal. Lo encuadra claramente dentro de la legislación laboral. Es decir, es una modalidad de trabajo pero no es otro trabajo. Y remite a los convenios, que esto es lo más importante. Por lo tanto, da una regulación general y, después, la particularidad de Teletrabajo en cada rama de actividad, de producción, o de servicio debe ser encuadrada con los detalles que corresponde dentro de cada convenio.
El proyecto ha resultado polémico. ¿Desde dónde se generan estas discrepancias?
Notamos que hay una fuerte ofensiva de un sector patronal que, en general, son las grandes empresas que abusan del teletrabajo, que lo utilizan con trabajadores de otros países y que para ellos solamente la valoración la hacen desde la reducción del costo laboral. Es precisamente a lo que nosotros nos oponemos: el trabajador debe estar en su hogar realizando las tareas, pero esto genera infinidad de complicaciones que deben ser tenidas en cuenta y esto implica que la empresa se haga cargo de esos mayores gastos, costos y limitaciones. Defendemos, en síntesis, esa nueva sanción y hemos hecho llegar nuestra posición a los senadores para que se apruebe definitivamente, más allá de las presiones que están recibiendo.
